Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121056
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.056, "Cardone, Sergio Daniel contra Transporte Alarcón S.R.L. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, de Lázzari, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 762/781).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 801/822).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 851/852), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Sergio Daniel Cardone y condenó a Transporte Alarcón S.R.L. al pago de salarios adeudados, vacaciones y sueldo anual complementario proporcionales, indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, y de las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así decidir, juzgó acreditado que el actor prestó servicios en forma subordinada para la accionada ejecutando tareas jerárquicas como encargado general y socio empleado, desde la constitución formal de la empresa (28 de octubre de 2003), hasta la extinción del vínculo acaecida el 4 de junio de 2013.
Asimismo, concluyó que el contrato se extinguió en forma justificada -art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo- por despido indirecto, a raíz del incumplimiento de la demandada que desconoció la existencia de la relación laboral (v. sent., fs. 775 vta. y 776).
Con apoyo en los elementos de juicio, el a quo precisó que la actividad de transporte de carga se remontaba al tiempo de la existencia de la empresa unipersonal de Raúl Aldo Alarcón, que continuó -por inhibición de su titular- con Transporte Alarcón S.R.L. (sin empleados registrados), integrada por los socios Sergio Daniel Cardone (10% del capital social) y Ana María Perruzza (esposa de Raúl Aldo Alarcón, con un capital social del 90%).
Concluyó que la relación examinada encuadraba en el supuesto del art. 27 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Contra dicho pronunciamiento Transporte Alarcón S.R.L. interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación del art. 168 de la Constitución provincial (v. fs. 809/811).
Alega que el tribunal de origen omitió evaluar las notas de subordinación entre el actor y la sociedad demandada, extremo que considera dirimente para la suerte de la acción instaurada.
Refiere que el demandante adujo recibir órdenes y directivas de un tercero -Raúl Aldo Alarcón-, situación que, a su juicio, define el rechazo de la pretensión dirigida contra Transporte Alarcón S.R.L.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
La denuncia de omisión de cuestión esencial no puede tener cabida. En el caso, el tribunal de trabajo examinó los extremos invocados en la demanda y la prueba obtenida en el proceso, concluyendo que el actor prestó servicios en forma subordinada para Transporte Alarcón S.R.L., bajo las condiciones y modalidades detalladas en el pronunciamiento.
Surge nítido entonces que lo argumentado encierra un cuestionamiento sobre la interpretación de los hechos litigiosos, el acierto jurídico de la decisión y el modo en que las cuestiones fueron resueltas por los magistrados de grado, aspectos que, por vincularse a la imputación de eventuales errores in iudicando, resultan ajenos al ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 102.098, "Llera", sent. de 16-II-2011 y L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014).
A todo evento y para sellar su suerte, resta aclarar que el fallo atacado -observando el mandato constitucional contenido en el art. 171 de la Constitución provincial- se encuentra fundado en ley, y no corresponde analizar -en el marco de la vía en tratamiento- su incorrecta o deficiente fundamentación jurídica (causas L. 72.860, "Ledesma", sent. de 5-XII-2001 y L. 99.688, "López", sent. de 22-II-2012; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido; con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores de Lázzari y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte demandada denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 9, 14, 22, 23, 27, 242, 245, 246 y 260 de la Ley de Contrato de Trabajo; 64 inc. b.1, 68, 70, 234 inc. 2 y 261 de la Ley General de Sociedades; 163.6, 278, 279 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; y 26, 29, 39, 44 incs. "d" y "e", 47 y 63 de la ley 11.653.
I.1. Señala que el tribunal de grado incurrió en el vicio de absurdo y en una clara contradicción al resolver que Cardone fue socio gerente con amplias funciones y al mismo tiempo un trabajador dependiente (v. fs. 811 vta. y 812 vta.).
Afirma que el accionante no alegó, y menos demostró, las notas de subordinación (técnica-económica-jurídica) con relación a la demandada y, por lo tanto, no resulta de aplicación al caso el art. 27 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 814 y vta.).
I.2. Denuncia transgresión del principio de congruencia por incluirse en la sentencia la figura de fraude laboral, a pesar de no haber sido planteado en la demanda y -por ende- no integrar la litis (v. fs. 812). Reprocha por absurda la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y alega menoscabo de las normas que receptan dicho postulado (v. fs. 815 y vta.).
I.3. A su vez, impugna el fallo por soslayar el comportamiento (abusivo, desleal, cuasi delictual) del actor, que -en su opinión- pone de relieve su único y excluyente carácter de socio gerente (v. fs. 816 vta.). Desde esa perspectiva, asevera que la decisión del juzgador, que declaró justificado el despido indirecto en los términos de los arts. 242 y 246 de la Ley de Contrato de Trabajo, carece del debido sostén fáctico (v. fs. 817 vta.).
I.4. Impugna que se atribuyera a la reserva remunerativa del gerente -prevista en el contrato social- como "una modalidad propia de una relación de trabajo" (v. fs. 818). Refiere que esa determinación es absurda e infringe los arts. 64 inc. b.1, 68, 70, 157, 234 inc. 2 y 261 de la Ley General de Sociedades (v. fs. 818). Agrega que lo establecido en el estatuto social "no es más que el apego estricto y cuidadoso a las disposiciones de la ley especial, de la que no es posible apartarse, y jamás podría extraerse de ese texto, la existencia de una relación de subordinación, por tratarse de normas uniformes para las SRL" (fs. 818 vta.).
I.5. A todo evento, cuestiona que, sin mediar declaración de inconstitucionalidad del precepto, el a quo no aplicara el tope indemnizatorio establecido en el segundo párrafo del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo o lo hiciera erróneamente (v. fs. 819 y vta.).
Refiere que en la especie se ha vulnerado el mencionado límite sin que, a su juicio, la sola remisión al precedente "Vizzoti" de la Corte nacional constituya fundamento suficiente para considerar que la disposición aludida ha sido descalificada constitucionalmente (v. fs. cit.). Añade que el tope indemnizatorio, en las circunstancias particulares de la causa, no vulnera norma constitucional alguna (v. fs. 820).
I.6. Por último, objeta -también por absurdo- que se concluyera que el demandante percibió durante toda la relación laboral cuarenta mil pesos ($40.000) mensuales (v. fs. 820 vta.). Expresa que el juzgador no individualizó los elementos de convicción que abonen el extremo antedicho (v. fs. 821).
Y en ese orden, alega que en el propio escrito de la demanda el señor Cardone denunció un haber inicial de $1.600 (v. fs. 821 vta.).
II. El recurso no prospera.
II.1. Inicialmente corresponde analizar las críticas que refieren a la existencia del vínculo laboral y las causas que motivaron su extinción.
II.1.a. El tribunal de origen examinó los términos en que quedó trabada la litis y con fundamento en la prueba producida, concluyó que el actor ostentaba la condición de socio gerente de Transporte Alarcón S.R.L -de la que tenía una participación minoritaria- conformada en 2003 en las circunstancias relatadas al tratar la primera cuestión.
Estableció que la socia mayoritaria, Perruzza, no tuvo participación activa en la empresa, a diferencia de lo que aconteciera con su cónyuge Raúl Aldo Alarcón (titular de la empresa antecesora), que concurría diariamente al establecimiento, tenía presencia jerárquica frente a los empleados y atendía asuntos propios del giro normal de la actividad.
Consideró que en la especie se verificaba una situación de apariencia en la dirección en la empresa -con Cardone a cargo de la administración y con tareas polifuncionales- que encuadraba en la hipótesis prevista en el art. 27 de la Ley de Contrato de Trabajo. Explicó que la norma en cuestión procuraba evitar el fraude laboral al disponer que el socio-empleado sea considerado como trabajador a los efectos de la aplicación de esa normativa, sin excluir la vigencia a su respecto de lo beneficios -distribución de utilidades- y responsabilidades gerenciales de la sociedad (v. fs. 770 y vta.).
En el contexto examinado, descartó que la suma abonada a Cardone como gerente ($12.000) -prevista en el contrato social- respondiera a la distribución de dividendos. Por el contrario, teniendo en mira la prueba testimonial que daba cuenta de la prestación personal y habitual del actor en tareas múltiples, consideró acreditado que el aludido importe tenía indiscutible naturaleza laboral.
De este modo y a tenor de las específicas circunstancias examinadas, concluyó el actor había prestado servicios en forma subordinada para Transporte Alarcón S.R.L., cumpliendo tareas de administración y representación desde la conformación de la empresa (28 de agosto de 2003), sin registrarse la relación de trabajo, "...percibiendo durante la relación de trabajo la suma salarial denunciada en la demanda $40.000 -ello, ante la inexistencia de recibos de haberes, art. 39 2° párr. ley 11.653..." (fs. 771 y vta.).
Descartó así los argumentos defensivos para contrarrestar el reclamo del trabajador, señalando que los eventuales excesos que hubiese cometido el actor en su calidad de socio gerente resultaba materia de otro fuero.
Finalmente, puesto a analizar las causas que motivaron la extinción del vínculo y el intercambio postal agregado al expediente, resolvió que la negativa de la demandada sobre la existencia del vínculo laboral -teniendo en mira, además, la situación de encubrimiento y evasión previsional por diez años-, constituyó injuria de suficiente entidad para impedir la prosecución del contrato de trabajo (arts. 242 y 246, LCT; v. fs. 773 vta.).
II.1.b. Es oportuno recordar que esta Corte tiene dicho que la evaluación del material probatorio y la determinación de las circunstancias fácticas que permitan definir -o no- la existencia de un contrato de trabajo y -en su caso- su extinción por justa causa constituye una atribución privativa de los tribunales de origen y sus conclusiones no pueden, en principio, ser reexaminadas en casación salvo absurdo (causas L. 94.183, "Giorello", sent. de 9-XII-2009; L. 99.036, "Ombrosi", sent. de 28-V-2010; L. 99.491, "Sacco", sent. de 4-V-2011; L. 118.669, "Cap", sent. de 21-IX-2016; e.o.).
II.1.b.i. En el caso la recurrente no logra demostrar la configuración del absurdo que denuncia.
Afincado en una supuesta contradicción del fallo al establecer la coexistencia de la condición de socio y empleado del accionante, la recurrente insiste en los argumentos esgrimidos para repeler la acción, sin controvertir las motivaciones fundantes del pronunciamiento para ser desestimadas. Tampoco rebate los elementos de juicio que cimentaron la subsunción del entramado fáctico en la hipótesis aprehendida en el art. 27 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En efecto, la interesada postula que la participación de Cardone en la sociedad demandada posee virtualidad suficiente para excluir su carácter de trabajador, al tiempo que predica orfandad probatoria en torno a las notas de subordinación en el cumplimiento de sus labores habituales.
Todo ello no supera el registro de una mera discrepancia de opinión sobre aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, y comporta un método ineficaz para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al vicio lógico invocado (causas L. 103.759, "Malaguti", sent. de 29-V-2013 y L. 116.981, "García", sent. de 13-V-2015).
La línea argumental traduce, en definitiva, un enfoque ya puesto a consideración del a quo y resuelto en forma adversa, sin aportar elementos que permitan revertir la decisión que queda firme por ausencia de crítica eficaz.
Igual déficit se observa en torno a lo resuelto sobre los presuntos incumplimientos del actor como integrante de la sociedad, cuya elucidación -se estableció en el fallo- resultaba ajena al fuero laboral.
II.1.b.ii. La denuncia de violación del principio de congruencia adolece de una insuficiencia notoria.
En efecto, la justificación ensayada en este tramo de la impugnación abreva en una distinta evaluación de la controversia y los hechos debatidos que denota la mera disconformidad en torno a la procedencia del reclamo sin lograr demostrar que hubiere mediado una absurda valoración de los escritos constitutivos del proceso.
II.1.b.iii. Tampoco puede tener cabida la crítica sobre la reserva remunerativa del gerente prevista en el contrato social.
Sin abdicar de la postura sostenida a lo largo de la pieza recursiva en torno a la inexistencia del contrato de trabajo, la agraviada tampoco rebate el tópico referido a la retribución.
Este aspecto de la impugnación exhibe un desencuentro con los fundamentos del fallo a los que alude en parcial, soslayando la referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, le otorgan debido sustento (causas L. 118.785, "Orellana", sent. de 9-III-2016; L. 119.659, "Pérez", sent. de 31-X-2016 y L. 119.828, "Puszko", sent. de 4-VII-2018).
II.1.b.vi. Luego, respecto de la injuria que legitimó el despido, la impugnante sostiene que el a quo descartó dogmáticamente el comportamiento abusivo, desleal y cuasi delictual del actor que pone de relieve su carácter único y excluyente de "socio gerente". Y esos argumentos aparentes que -afirma- fundan la sentencia "desvanecen" el carácter agraviante de la negativa de la relación laboral.
La propia estructura del agravio demuestra la ineficacia del intento revisor, a tenor de los defectos impugnativos ya mencionados, que aquí se reiteran bajo el mismo hilo conductor.
Cabe recordar que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no asume la exigencia de formular un cuestionamiento concreto y eficaz a las conclusiones esenciales del fallo, ni demuestra que la valoración de la injuria realizada por el tribunal de trabajo hubiere sido efectuada sin la prudencia que exige la citada norma legal (causa L. 83.451, "Pizzo", sent. de 25-IV-2007).
II.2. Sigue analizar los cuestionamientos sobre la remuneración que el a quo tuvo por acreditada.
El órgano judicial de grado en el veredicto declaró que el actor percibió "durante la relación de trabajo la suma salarial denunciada en la demanda $40.000 -ello, ante la inexistencia de recibos de haberes, arts. 39 2° párr. ley 11.653.-, hasta que aconteciera la extinción del vínculo de trabajo" (fs. 771 y vta.).
La crítica que esgrime la agraviada se advierte manifiestamente insuficiente porque no se detiene a explicar en qué consiste la infracción o errónea aplicación del precepto que aduce infringido. Tampoco indica cuáles serían los elementos probatorios soslayados por el juzgador que hubieran permitido desvirtuar la remuneración denunciada (art. 279, CPCC).
II.3. Igual suerte adversa ha de correr la parcela del recurso en la que se le reprocha al juzgador no haber declarado la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio establecido en el segundo párrafo del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya aplicación postula en la especie (v. fs. 819 y vta.).
Tras establecer la remuneración normal y habitual en la suma de $40.000, el a quo computó la incidencia del sueldo anual complementario ($43.332) y acudiendo a las directrices establecidas en el precedente de la Corte nacional "Vizzoti, Carlos A. c/ AMSA S.A. s/ despido" - que explicitó- redujo el valor resultante al 67%, fijando el módulo indemnizatorio a la suma de $29.032,44 (v. fs. 776 y vta.).
La metodología descripta demuestra que el tribunal de origen ajustó su proceder a los lineamientos de la doctrina legal sentada por esta Corte en los antecedentes L. 79.366, "Bravo Elizondo" (sent. de 28-VI-2006); L. 80.233, "Elizalde" (sent. de 11-IV-2007); L. 90.473, "Dolcini" (sent. de 23-IV-2008); L. 93.367, "Pascualino" (sent. de 10-IX-2008); L. 90.782, "Pérez" (sent. de 10-XII-2008) y L. 85.325, "Ricco" (sent. de 17-XII-2008) -entre muchas- siendo ello suficiente para desestimar el agravio traído (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III. Por todo lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en el punto II.1. y II.2. de su voto.
I.2. También comparto lo expuesto por mi colega en el punto II.3. de su propuesta.
Solo he de agregar -a mayor abundamiento-, que la objeción que plantea la demandada a la aplicación de los parámetros emergentes del precedente "Vizzoti" de la Corte Federal, por conducto de la denuncia de que el juzgador soslayó la expresa declaración de inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (planteada en el escrito de inicio; v. fs. 34); no es susceptible de ser canalizada por la presente vía (causas L. 118.589, "Sosa", sent. de 6-IV-2016 y L. 119.318, "González", sent. de 18-X-2017; e.o.).
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar íntegramente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/11/2020 14:10:53 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2020 18:10:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/11/2020 09:24:43
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.