Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121272
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.272, "F., G. E. contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Indemnización por muerte (art. 248, LCT)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Kogan, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda deducida, imponiendo las costas -con el beneficio de gratuidad- a la actora vencida (v. fs. 389/395 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 399/409).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 427/431 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen desestimó la demanda promovida por la señora G. E. F. -por sí y en representación de su hija menor de edad, J. V. F.- contra Provincia ART S.A., mediante la cual procuraban el cobro en un único pago del importe correspondiente a la indemnización prevista en el art. 18 de la ley 24.557, por el fallecimiento del señor O. D. V. -personal policial, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires- quien en vida fuera conviviente y padre, respectivamente, de las accionantes.
En lo que aquí interesa, consideró que no se encontraba controvertido que el deceso ocurrió, como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió, el día 28 de junio de 2011, mientras desempeñaba sus tareas de policía adicional (horas POLAD). Tampoco, que el trabajador se hallaba amparado por la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo en los términos de la ley 24.557, reconociendo a la fecha del siniestro la cobertura del evento dañoso (v. vered., primera cuestión, fs. 389 vta.).
Del mismo modo, tuvo por acreditado en el fallo de los hechos, que, de la prueba pericial contable obrante en el exhorto agregado por cuerda a la causa, surgía que la demandada había liquidado anticipos de renta vitalicia e indemnización por el fallecimiento del causante, cuyos beneficiarios resultaban ser los derechohabientes del trabajador siniestrado, entre los que se encontraban las accionantes (v. vered., segunda cuestión, fs. 390 y anexo exhorto, fs. 29/58).
En la etapa de sentencia, se detuvo inicialmente a brindar tratamiento a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Provincia ART S.A. al contestar su demanda. Señaló al respecto, que la accionante consintió el resolutorio de fs. 227, por el cual difirió el tratamiento de la defensa articulada para el momento de la sentencia definitiva (v. sent., fs. 392 y vta.).
En ese camino, el a quo manifestó que, a la fecha del infortunio, la Provincia de Buenos Aires se hallaba autoasegurada conforme los decretos 3.858/07 y 849/08 y resoluciones conjuntas 33.034/08 y 578/08 (v. sent., fs. 392 vta.).
Sobre la base de tales premisas, concluyó que el reclamo impetrado por las accionantes, solicitando las prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo por el accidente sufrido por el occiso el día 28 de junio de 2011, se encontraba comprendido dentro de las previsiones del citado plexo normativo provincial, resultando entonces la Provincia de Buenos Aires, el único sujeto pasivo de la contienda y -en definitiva- hacia quien debió dirigirse la demanda, a través de la citación del Fiscal de Estado o los letrados en quienes dicho funcionario sustituya su mandato (conf. dec. 3.858/07; v. sent., fs. 393 vta.).
En consecuencia, el tribunal de grado hizo lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la accionada y desestimó la acción deducida contra Provincia ART S.A., por no revestir la calidad de sujeto idóneo o habilitado por la ley para discutir sobre el objeto del litigio (v. sent., fs. 393 vta.)
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de las normas y la doctrina legal que identifican (v. fs. 399/409).
II.1. En primer lugar, sostiene que el fallo en crisis vulnera los arts. 2, 3, 7 y 1.067 del Código Civil y Comercial de la Nación; 34 incs. 4 y 5 "d", 163 incs. 3, 4, 5; 6 y 345 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 400 vta.).
En su presentación, denuncia que el pronunciamiento de grado resulta incongruente, pues desinterpretó el material fáctico de la causa y se apartó visiblemente del objeto del pleito, el cual se encontraba inequívocamente definido por un reclamo vinculado a que los saldos de la indemnización por la muerte del causante -ya acordados por las partes- no se efectuaran en una compañía de seguros de retiro, a fin de evitar que el pago se realice en cuotas, sin intermediarios y -además-, que fueran abonadas en un único pago (v. fs. 400 vta. y 401).
Expone que la confusión del a quo se manifiesta en el párrafo en el que señala erradamente que la pretensión de las accionantes consistía en el reclamo de las prestaciones del art. 18 de la ley 24.557, cuando éstas -alegan- ya las tenían acordadas con la demandada, limitándose la pretensión a la forma de hacerlas efectivas (v. fs. 401 y vta.).
Aduce que resulta incuestionable la legitimación pasiva de Provincia ART S.A. en la presente causa, desde que dicha compañía administraba el seguro y se aprestaba a entregar las prestaciones debidas a una empresa de seguros de retiro (v. fs. 401 vta.).
A su vez, indica que -en su actuación previa y jurídicamente relevante- la accionada no había efectuado oposición alguna al reclamo actoral, motivada en el contrato de desafiliación como aseguradora de la Provincia de Buenos Aires. Señala que dicho planteo fue formulado recién -y sorpresivamente- al contestar su demanda, lo que violenta el principio de confianza y la doctrina de los actos propios (v. fs. cit.).
II.2. En segundo término, manifiesta que el pronunciamiento impugnado infringe lo normado en los arts. 375, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y 44 inc. "d" de la ley 11.653, en tanto apreció de forma absurda e irrazonable la prueba rendida en autos (v. fs. 402).
En tal sentido, alega que de las misivas remitidas entre las partes y del informe pericial contable obrante en el exhorto agregado por cuerda, surge que la aseguradora demandada era la responsable de brindar las prestaciones previstas en la ley 24.557, a punto tal que requirió la información adicional previo a aceptar el siniestro, efectuó los pagos de anticipo de renta vitalicia, solicitó la elección de la compañía de seguros en la cual se iba a depositar el saldo de la indemnización y -añade- "por si fuera poco, hasta liquidó las sumas peticionadas por la actora consignándose en la planilla adjuntada por el perito contador (v. fs. 30)" (fs. 402 y vta.).
Por todo ello, explica, surge que la accionada se consideró sujeto responsable de la atención del siniestro, así como de efectuar a las víctimas los pagos correspondientes (v. fs. cit.). Una conclusión contraria pone de manifiesto una valoración absurda e irrazonable de la prueba (v. fs. 403 vta.)
II.3. Por otro lado, aduce que el juzgador de grado interpretó erróneamente el decreto 3.858/07, pues su aplicación importa un obstáculo al particular reclamo impetrado por la parte actora recurrente (v. fs. 403).
Siguiendo esa línea, manifiesta que, una vez rescindido el contrato de afiliación con la Provincia de Buenos Aires, ésta le otorgó a "PROVART" la administración del autoseguro, por lo que la demandada debía atender los siniestros ocurridos a partir del 1 de enero del año 2007 y rendir cuentas al Estado provincial (v. fs. cit.).
Añade que, en virtud de lo establecido en el fallo "Milone" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recibido pacíficamente por la jurisprudencia y luego por la ley 26.773, la aseguradora demandada bien pudo entregar los montos indemnizatorios directamente a los derechohabientes del causante, tal como fue requerido extrajudicialmente y así evitar el presente reclamo. En ese orden, indica que, una vez demandada judicialmente, la administradora no puede eludir su responsabilidad amparándose en ese convenio de desafiliación, dado que, a través del mismo, continuó con la administración de las prestaciones (v. fs. cit.).
Por estas razones, considera que la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por Provincia ART S.A. resulta improcedente, puesto que -sin perjuicio de las acciones internas que hubiere entre la administradora y el administrado- se encontraba obligada por el propio contrato de administración (v. fs. 403 vta.).
Destaca, asimismo, que -a pesar de haber intervenido y otorgado prestaciones como administradora- la aseguradora demandada no requirió la citación a juicio del administrado (v. fs. cit.).
II.4. Posteriormente, a modo de síntesis, aduce que, de haberse ponderado en su conjunto todo el material probatorio aportado, el juzgador de grado hubiera advertido que la posición asumida por la aseguradora demandada en el litigio, resultaba totalmente opuesta y contraria a sus conductas relevantes anteriores, de modo tal que, por aplicación de la doctrina de los actos propios y el principio de buena fe, la defensa de legitimación pasiva debió rechazarse (v. fs. 404).
Relacionado con esto último, reputa infringida la doctrina legal que fluye del precedente L. 118.719, "Vega", sentencia de 2-IX-2015 (v. fs. 404/406).
II.5. Finalmente, postula que el fallo de grado transgrede lo normado por arts. 12 inc. 2 de la Convención de Derechos del Niño; 12, 17, 18, 42 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 1, 2, 3, 7, 26 y 1.092 al 1.095 del Código Civil y Comercial de la Nación; 1, 2, 4, 37, 52 y 67 de la ley 24.240; 27 de la ley 13.133 y Capítulo 3, Sección 1, incs. 1, 2, 3 y 4 de las 100 Reglas de Brasilia (v. fs. 406 y vta.).
Sobre el particular, refiere que -en el caso- no se dio oportuna intervención al Ministerio Público (Asesor de Incapaces) respecto de la defensa opuesta por la accionada al contestar la demanda, motivo por el cual la menor reclamante sufrió un menoscabo en sus derechos que podría haberse evitado. Sostiene, además, que tratándose de una relación de consumo, el tribunal de origen debió aplicar la normativa sobre derechos del consumidor, confiriéndole vista al Agente fiscal (v. fs. cit.).
III. En el caso, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. dictamen, fs. 427/431 vta.), el recurso debe prosperar.
III.1.a. Haré, para comenzar, un corto resumen de las actuaciones que, en razón de lo resuelto por el tribunal y del recurso contra ello deducido, considero relevantes.
En tal sentido, anoto, en primer lugar, que al promover la acción contra Provincia ART S.A., la señora F. reclamó -para sí y para su hija menor- que las prestaciones correspondientes por la muerte de su compañero y padre de la menor, acordadas entre las partes en sede administrativa, se realizaran sin intermediarios y en un pago único (v. fs. 154 vta.). No se discute que tal muerte se ha considerado un accidente laboral y que ocurrió el día 28 de junio de 2011.
Para respaldar su pretensión adjuntó cierta documentación; de ella, por ahora, me interesan algunas cartas documento que la actora recibió de la nombrada aseguradora (v. fs. 15/17 y 19), y que remitió a la misma (v. fs. 20 y constancia de recepción de fs. 18). Lo dicho no hace que ignore la aportación de otras presentaciones, como las dirigidas a la aseguradora de riesgos del trabajo de fs. 27 y 28, pero debe quedar claro que se trata de misivas que revisten carácter privado, y que han sido desconocidas (suponemos que su recepción y, con ello, su contenido) por la demandada (v. fs. 215).
Al tiempo de contestar tal demanda, el apoderado de Provincia ART S.A. opuso (entre fs. 211 vta. y 215) la excepción previa de falta de legitimación pasiva, alegando que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires no se encuentra asegurado en dicha firma, recordando que desde el día 1 de enero de 2007, la Provincia de Buenos Aires ha reasumido la responsabilidad de la cobertura íntegra, total y oportuna de todo el personal de la administración pública, lo que -obviamente- incluye a la policía. Luego, al impugnar la liquidación practicada por la actora, refirió a la muerte del agente como "producto de un hipotético accidente in itinere que habría sufrido" desconociendo, inmediatamente, que tal infortunio se hubiera producido o que tornase procedente la indemnización pretendida.
La actora dio su respuesta a la excepción a fs. 223 denunciado que la defensa articulada resulta volver sobre los propios actos, que fueron los que justificaron la promoción de la demanda basada en la cobertura que ahora se niega.
El tribunal actuante dispuso postergar el tratamiento de la excepción hasta el momento de dictarse la sentencia, tuvo por auténticas y recepcionadas (sic) las piezas de fs. 15 a 20, y devolvió a la actora la documentación con que pretendía respaldar su respuesta a la excepción.
Ya en la sentencia, los magistrados intervinientes declararon que la Provincia de Buenos Aires debía considerarse autoasegurada a partir de enero de 2007, por lo que, habiendo ocurrido el fallecimiento del conviviente y padre de las actoras en el año 2011, la aseguradora demandada no revestía la calidad de sujeto idóneo o habilitado por la ley para discutir el objeto de litigio (v. fs. 393 vta.) En tales términos, se hizo lugar a la excepción y la demanda fue rechazada.
Nada se dijo en este pronunciamiento sobre la presunta violación de sus propios actos por parte de la accionada, circunstancia que fuera específicamente esgrimida por la actora, y que podría considerarse esencial para la resolución del litigio.
III.1.b. En su recurso extraordinario, el apoderado de las reclamantes, arguye, entre otros argumentos que desarrolla, que ha sido ignorada la prueba pericial contable mediante la cual se podía comprobar cómo la aseguradora asumió, en el proceso, una conducta totalmente opuesta y contraria a sus actos relevantes anteriores, y que ello implica que el fallo ha violado lo dispuesto por el art. 44 de la ley 11.653 y que se ha incurrido en absurdo.
Veamos la prueba pericial a la que se alude, reclamada mediante exhorto a la justicia de la ciudad de Buenos Aires (por lo que aparece en un cuadernillo aparte). En ella se verifican algunas conclusiones que, entiendo, son de marcada importancia: a fs. 47, por ejemplo, se dice que el causante, "por pertenecer laboralmente al Ministerio de Seguridad provincial gozaba de cobertura en la compañía de riesgos del trabajo Provincia ART S.A."; y luego, a partir del agregado (entre fs. 28 y 45) de documentación fotocopiada, suministrada por la aseguradora al experto, en donde aparecen un resumen del siniestro, una evolución del trámite del reclamo, diversas liquidaciones por anticipos de renta vitalicia, etcétera, concluye el perito (v. fs. 47 vta.) en que la cobertura había sido reconocida.
De esto tampoco se ha dicho nada en la sentencia, ni se ha considerado la relevancia que estos extremos pudieran haber tenido para resolver la cuestión.
III.2. Las dos cuestiones que antes he desarrollado me llevan a concluir que, en la sentencia atacada, se ha incurrido en absurdo al valorar la prueba, y ello ha impedido a los jueces advertir que, como mínimo, hay una notoria violación de la conducta esperada por una de las partes a partir de sus comportamientos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces.
III.2.a. Empiezo por anotar que el absurdo al que me estoy refiriendo, según la doctrina de esta Suprema Corte, remite a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica formal o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. La parte que denuncia su comisión, para lograr su cometido, debe ponerlo en evidencia de manera concreta y contundente.
Esto quiere decir que ni la demostración de un error de apreciación, ni una evaluación opinable, ni la posibilidad de interpretaciones diferentes, ni la invocación de otros contextos donde el aserto fuera discutible, etcétera, alcanzan para configurar tal absurdo; es necesario, por el contrario, que se demuestre que ha ocurrido un importante desarreglo -una anomalía extrema, una falla palmaria- del proceso mental seguido por el juez, de manera que resulte evidente la irracionalidad de la conclusión a la que ha arribado, y que -además- ello haya resultado decisivo en la suerte del pleito (v. causa L. 35.922, "Torrebruno", sent. de 8-IV-1986). En definitiva: al recurrente no le alcanza con argumentar que las constancias de autos pudieron ser aquilatadas de otra manera o derivar en otra conclusión, tanto o más aceptable; en cambio, le resulta indispensable demostrar que, de la manera en que se lo hace en la sentencia, no puede ser (causas C. 97.885, "Cáceres", sent. de 12-VIII-2009; C. 105.234, "Villegas", sent. de 17-II-2010; e.o.).
Entiendo que, en este caso, el recurrente ha cumplido con largueza con tales recaudos, y ha demostrado que el tribunal de trabajo ha desechado, sin causa que lo explique, la valoración de la prueba pericial contable -no impugnada por las partes-, que tan importantes elementos aportaba (a saber, que la aseguradora había reconocido la cobertura y había dado los pasos necesarios para proceder al cumplimento de su obligación). En tal sentido, es doctrina de esta Suprema Corte que el prescindir, o restar eficacia irrazonablemente, a una prueba esencial obrante en la causa, constituye un típico supuesto de absurdo (causas Ac. 72.341, "López", sent. de 20-VI-2001; C. 98.151, "Borroni", sent. de 26-VIII-2009; C. 117.878, "Espósito", sent. de 1-IV-2015; e.o.), al tiempo que representa una trasgresión de lo normado por el art. 44 inc. "d" de la ley 11.653 (causa L. 102.040, "Brea", sent. de 10-X-2012).
III.2.b. A partir de la falta de ponderación, por parte del tribunal a quo , de lo acreditado con la experticia agregada y de haber, por ello, incurrido en absurdo, puedo ahora aquilatar debidamente los argumentos de la actora referidos a la violación de la doctrina de los propios actos.
Lo dicho se explica porque también es doctrina de esta Corte que, determinar si corresponde la aplicación de la doctrina de los actos propios supone el análisis de las conductas observadas por las partes; ello constituye una cuestión de hecho ajena, en principio, a la revisión de la instancia extraordinaria, salvo claro está, la existencia del vicio del absurdo (entre muchas, y por recientes, causas L. 119.582, "Dam", sent. de 3-V-2018 y A. 73.780, "Dávila", sent. de 26-XII-2018)
La doctrina de los propios actos aparece como una derivación necesaria e inmediata del principio general de buena fe (ahora específicamente subrayado en el art. 9 del Código Civil y Comercial) y establece que resultan inadmisibles las alegaciones de una de las partes que importan ponerse en contradicción con sus propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (causas Ac. 82.557, "Banco de La Pampa", sent. de 8-VI-2005; C. 92.207, "Feltrin", sent. de 10-VIII-2011; C. 118.142, "Galban", sent. de 8-IV-2015; L. 106.363, "Mourlas", sent. de 15-VII-2015; C. 121.223, "Riquelme", sent. de 6-VI-2018; e.o.).
Que quien resulta demandada oponga su falta de legitimación pasiva (ya sea como defensa o como excepción) y niegue el fallecimiento del causante o el accidente ocurrido, después de haber intercambiado con la actora las cartas documento de fs. 15/1
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