Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122842
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.842, "Registro de Contratos Públicos nº 4. Partido de Lincoln. Ilharreborde, Javier Eduardo. Juzgado Notarial de La Plata", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Pettigiani, Genoud.
La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la sentencia del Juzgado Notarial que, a su turno, destituyera al escribano Javier Eduardo Ilharreborde (v. fs. 953/957).
Frente a ello, el letrado apoderado del notario vencido interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 959/983 vta. y 984/1.013, respectivamente), los que denegados por la sala interviniente (v. fs. 1.014/1.015 vta.) motivaron la articulación de la queja por la parte (v. fs. 1.404/1.432), a la que esta Suprema Corte hizo lugar admitiendo los recursos extraordinarios deducidos (v. resol. fs. 1.435/1.438 vta.).
Oído el señor Procurador General (arts. 296 y 297, CPCC; v. fs. 1.458/1.460), dictada la providencia de autos (v. fs. 1.461) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley también deducido?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Contra la sentencia reseñada en los antecedentes el letrado apoderado de Javier Eduardo Ilharreborde interpone recurso extraordinario de nulidad con invocación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en cuyo marco denuncia la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales.
Alega que la Cámara "...a partir de la falta de ponderación de cuestiones esenciales, ha arribado a una sentencia injusta, producto de la propia voluntad de los magistrados, desprovista de fundamentos jurídicos, fácticos y probatorios" (fs. 968).
Previo a ingresar al fondo del reclamo, advierte que -a diferencia de lo afirmado por el Tribunal de Alzada- un juzgado notarial no es una autoridad administrativa y sí un órgano jurisdiccional que integra plenamente el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 970/971).
En lo concreto, denuncia la omisión de tratamiento de las siguientes cuestiones esenciales:
I.1. La primera de ellas se refiere a la crítica sobre el régimen legal aplicable a la responsabilidad de los notarios por mal desempeño de sus funciones. Aduce -esencialmente- que la Cámara incurrió "...en una absurda interpretación y aplicación de la normativa aplicable al caso ya que convalida ilegalmente que un supuesto inconstitucional de responsabilidad objetiva en materia sancionatoria justifica nada menos que la destitución e inhabilitación de un Escribano Público" (fs. 971 vta.).
Afirma que el régimen sancionatorio notarial ostenta indisputable naturaleza penal y agrega que no en vano la legislación supletoria establecida en el decreto ley 9.020/78 es el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 971 vta. y 972). Luego invoca disposiciones específicas de este -arts. 1, 209 y 371 del Código Procesal Penal- que considera compatibles con el régimen notarial vigente (v. fs. 972 vta. y 973).
Concluye que las normas que rigen el procedimiento disciplinario notarial evidencian que de ninguna manera puede destituirse a un escribano por el solo hecho de constatar circunstancias fácticas que objetivamente no se compadecen con la normativa que rige el desenvolvimiento de la función notarial, debiendo además analizar la culpabilidad atribuible al encausado tanto para aplicar o no una sanción, como graduar su intensidad (v. fs. 974 y vta.).
I.2. Como segunda cuestión esencial omitida, denuncia que la Cámara "...ha soslayado el tratamiento individual de cada una de las infracciones [...] atribuidas a su poderdante [...] limitándose a señalar que aún cuando particularmente consideradas podrían dar lugar a sanciones menores, el análisis global del desempeño de [aquél] conduce a su destitución" (fs. 974 vta.).
Afirma que ello implicó un quebrantamiento de la garantía constitucional del doble conforme. En apoyo de su reclamo, cita el fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 975).
Alega que tanto en la instancia de origen como en el Tribunal de Alzada se han desconocido aspectos sustanciales del descargo y la prueba producida.
En particular, cuestiona que a partir del hecho objetivo relativo a que desde el 8 de agosto de 2017 habían cesado los motivos que llevaron a la suspensión de su mandante, la respuesta dada por el juez notarial acerca de que había otra imputación penal que justificaba la suspensión de su asistido es absolutamente infundada (v. fs. 975 vta.). Agrega que para verificar dicho cese hubiese bastado con oficiar al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 27 de la Capital Federal a fin de corroborar en qué estado se encontraba la causa penal donde se pronunció -hace más de tres años- el procesamiento de su poderdante (v. fs. 976).
Efectúa un repaso -en extenso- de las puntuales explicaciones brindadas por su mandante a fin de justificar cada una de las 16 faltas que allí enumera y concluye que la Cámara decidió confirmar la sanción sin tratar los agravios y sin decir una sola palabra sobre cada una de las explicaciones de su mandante (v. fs. 977/980).
Finalmente denuncia que lo así resuelto vulnera las garantías de debido proceso y defensa en juicio (v. fs. 980).
I.3. La última de las cuestiones que denuncia como preterida se relaciona con la solicitud de que se provea la prueba ofrecida y denegada por el juzgado notarial y el requerimiento de tener a la vista los protocolos del registro notarial n° 4 para dictar sentencia.
Sintetiza este tramo del recurso afirmando que la Cámara "...omitió el tratamiento de los agravios puntuales sometidos a consideración y resolución, tampoco se pronunció sobre la procedencia de una medida de prueba esencial que, denegada en la instancia de origen, fue replanteada en ocasión de deducirse el recurso de apelación y nulidad, ni sobre el pedido de que al momento de dictarse sentencia tuviera a la vista los protocolos del registro notarial número 4 materia de reparos, a fin de corroborar en forma directa la existencia de las infracciones atribuidas a [su] poderdante" (fs. 982 vta.).
II. Coincido con el dictamen del señor Procurador General en que el recurso extraordinario de nulidad no prospera (v. fs. 1.458/1.460).
III. Al respecto, no es ocioso recordar que la vía extraordinaria bajo examen solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; conf. doctr. causas C. 120.607, "Maidana", resol. de 1-VI-2016; C. 121.213, "Oberti", resol. de 23-V-2017 y C. 122.393, "S.I.G. GROUP S.A.", resol. de 18-IV-2018).
III.1. En el sub lite , la invocada omisión de cuestiones esenciales no es tal.
De los desarrollos argumentales expuestos en la sentencia recurrida a fs. 953/957 se observa que la Cámara se abocó al tratamiento de los agravios llevados a su revisión por parte del apoderado del notario destituido. Tal como se podrá corroborar al efectuar el análisis de los planteos canalizados a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad, las cuestiones que se dicen preteridas han recibido debido tratamiento o bien han resultado desplazadas por la decisión adoptada.
III.2. Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad si la cuestión que se dice preterida ha sido expresamente tratada y resuelta por el juzgador, siendo el acierto o profundidad con que lo hizo materia ajena al remedio en examen (Ac. 85.242, resol. de 17-VII-2002; e.o.).
Ha manifestado esta Corte -en reiteradas oportunidades- que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquella en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que esta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; e.o.).
Además, se ha dicho que temáticas esenciales son aquellas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que el fallo debe atender para la solución del litigio y no las que las partes consideren como tales. En virtud de ello, los argumentos de derecho o de hecho en los que los contendientes sustentan su pretensión no revisten aquel carácter, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones (conf. doctr. causas C. 120.221, "Parisi", resol. de 2-XII-2015; C. 120.744, "Del Vasto", resol. de 15-VI-2016; C. 121.440, "Agroservicios El Sauce S.R.L.", resol. de 23-V-2017; e.o.).
III.3. Sentado ello, los demás argumentos desarrollados en distintos tramos del carril extraordinario emparentados con la arbitrariedad de la sentencia, el deficiente análisis de la prueba y la forma de encarar la misma, la transgresión de garantías constitucionales, y la preterición de algunas constancias, son todos temas que por su naturaleza están excluidos del recurso extraordinario de nulidad. Tales asuntos se erigen en un cuestionamiento al acierto jurídico de la sentencia, los que resultan extraños a la vía intentada, pues reposan sobre el mérito de la decisión (conf. doctr. causas C. 119.932, "Varela", resol. de 1-VII-2015; C. 120.728, "Macovoz", resol. de 29-VI-2016; C. 121.609, "Sánchez", resol. de 28-VI-2017; e.o.).
Por último, cabe recordar que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires solo se vulnera cuando el fallo carece de todo fundamento jurídico, mas no cuando -como en el caso- la sentencia contiene mención de expresas citas normativas.
Por todo lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde rechazar la vía extraordinaria de nulidad interpuesta, con costas de esta instancia al recurrente vencido (arts. 68 y 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Inicialmente cabe señalar que esta Suprema Corte concedió los recursos extraordinarios deducidos en lo concerniente a los agravios de naturaleza federal involucrados, a tenor de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio"; "Barbarito", sent. de 19-VIII-2004; e.o.)
Desde esa perspectiva, los reclamos vinculados con la interpretación y aplicación del régimen legal aplicable a la responsabilidad de los notarios por mal desempeño en sus funciones, así como los de índole procesal, escapan a la consideración de esta Corte en tanto no involucran asuntos de dicha índole.
II.1. Sentado lo anterior, el recurrente denuncia que el fallo impugnado vulnera el derecho al doble conforme derivado de la ausencia de tratamiento a las justificaciones brindadas por su mandante con relación a cada una de las faltas que se le atribuyen a su desempeño (v. pto. VI; fs. 999 vta./1.005).
Ahora bien, los argumentos que apuntalan este tramo del escrito recursivo resultan ser una copia textual de los vertidos en el remedio extraordinario de nulidad para fundamentar la segunda cuestión esencial omitida (v. pto. I.2. de la cuestión anterior), a los que me remito en honor a la brevedad.
II.2. Luego, el recurrente denuncia absurdo y arbitrariedad con relación a los principios de proporcionalidad y razonabilidad en el ejercicio de la función sancionatoria notarial (v. fs. 1.008/1.011 vta.).
En ese discurrir, tilda de arbitrarios los fundamentos sobre los que el Tribunal de Alzada confirmó la destitución del notario, a partir de las razones documentadas de justificación que brindó el mismo y, en especial, por el hecho de que durante el trámite de este proceso Ilharreborde viene cumpliendo -incluso por un lapso superior al máximo legalmente previsto- una prolongada suspensión que debió ponderarse a la hora de mensurar la sanción a aplicarse en este trámite (v. fs. 1.008 vta.).
En tal sentido, aduce que durante dicho lapso no han existido nuevas denuncias, ninguna afectación de derechos de terceros ni condena penal en perjuicio de un notario que debía ser reinsertado en sus funciones tras haber cumplido una pena de suspensión de más de tres años de duración (v. fs. cit.).
Por último, argumenta que el exceso de punición se verifica en la circunstancia de que el mismo juez notarial que interviene en la presente, en un caso que el impugnante considera análogo, ha resuelto mediante la aplicación de una sanción de multa y que la misma fue confirmada por la Cámara -cuyos fundamentos transcribe-. Considera que tal criterio jurisprudencial debió constituir un norte que la Cámara de La Plata no pudo desconocer (v. fs. 1.009 vta./1.011 vta.).
III. La impugnación debe ser rechazada.
III.1. La decisión de la Cámara respecto del pronunciamiento del juez notarial, según se verá, cumple con los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal" y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió conforme los motivos de agravio que habían sido sometidos a su conocimiento.
En efecto, a poco que se analiza el contenido del decisorio cuestionado se advierte que el aludido tribunal -mediante el voto del señor juez doctor Torre que obtuvo la adhesión simple de la señora jueza doctora Bourimborde- dio respuesta a la totalidad de los reclamos del recurrente.
Así, comenzó por realizar una reseña de los mismos que se corresponde con la enunciación de agravios efectuada por el notario recurrente (v. copia del recurso de reposición y apelación en subsidio a fs. 1.349).
Tales se compendian en la denuncia de afectación al derecho de defensa por no haberse cumplido con la etapa esencial del art. 62 de la ley notarial, con el agravante de haberse realizado la inspección sin la presencia del escribano auditado -quien se hallaba cumpliendo una sanción de suspensión-; que no se habría cumplido acabadamente con el informe circunstanciado del art. 51 del decreto ley 9.020/78; que en la especie se ha omitido aplicar la normativa de los arts. 1, 209 y 371 del Código Procesal Penal; que no estarían probados con certeza los hechos constitutivos de las irregularidades que se le endilgan; que tampoco hubo atribución de responsabilidad penal alguna; que su descargo no ha sido tenido en cuenta en la resolución en crisis y que la resolución apelada en subsidio ha incurrido en un exceso de punición cuando bien pudo aplicársele una sanción menor como multa o suspensión, toda vez que la destitución no se compadece, por excesiva y desproporcionada, con los errores y faltas enumeradas en la sentencia en crisis (v. fs. 953 vta.).
De seguido, brinda los motivos por los que coincide con el resolutorio del juez notarial en punto a que ninguna disposición legal establece que el notario deba estar presente durante todo el tiempo que se realiza una inspección, como así también se refiere a todas las providencias y actos procesales que le permitieron al notario luego sancionado desplegar su defensa y producir la totalidad de la prueba que creyó pertinente para el resguardo de sus intereses. A partir de lo cual concluye que se encontraba desvalida de fundamentos cualquier alegación tocante a la conculcación del derecho a la defensa (v. fs. 953 vta. y 954).
Luego efectúa una reseña de las faltas que emergen de las citadas inspecciones, a saber: 1) Observaciones en certificados registrales, falta de certificados de dominio o inhibición, en diez (10) escrituras; 2) Observaciones en documentación, falta de documentación habilitante o falta autenticar, en más de treinta (30) escrituras; 3) Falta de sello autorizante en trece (13) escrituras; 4) Espacios en blanco en una escritura; 5) Falta salvar en cincuenta (50) escrituras; 6) Observaciones en notas de expedición de testimonio, falta de nota de inscripción en los Registros de la Propiedad, de Anotaciones Personales y en la Dirección de Personas Jurídicas, o falta de firmas en ellas, en más de trescientas cincuenta (350) escrituras; 7) Observaciones en errose/no pasó, en veintidós (22) escrituras; 8) Orden numérico alterado en diez (10) escrituras; 9) Una escritura con el orden cronológico alterado; 10) Observaciones relacionadas con la fecha en tres (3) escrituras; 11) Una escritura otorgada con vendedor inhibido; 12) Inscripciones fuera de termino en el Registro de la Propiedad en más de ciento diez (110) escrituras; 13) Observaciones en folios (faltan folio, folio en blanco y otras irregularidades) en más de ciento veinte (120) escrituras; 14) Faltan firmas en treinta y dos (32) escrituras; y 15) Falta autorizar en treinta y ocho (38) escrituras (v. fs. 954 vta. y 955).
Expresa que del confronte entre el pronunciamiento en crisis, el que considera preciso, puntual y rigurosamente ajustado a derecho, y los agravios vertidos en el recurso, surge que "...no se han refutado apropiadamente los fundamentos de aquel ni se ha impugnado la aplicación de las normas que le sirven de apoyo" y que "...al no ofrecer una crítica concreta y razonada del fallo, no satisface con plenitud la indispensable idoneidad técnica que exige el art. 260 1ra. parte del CPCC y bordea la declaración de deserción (art. 261 cit. cód.)" (fs. 955).
Continúa señalando que "...ante la numerosidad y gravedad de las irregularidades constatadas, siempre por acta de inspección con el debido resguardo de su derecho de defensa mediante la posibilidad producir descargos y el otorgamiento de vistas para que se expida y ofrezca pruebas, deviene insuficiente aducir sin más que en el 'sub examine' hubo afectación de su derecho de defensa, que el procedimiento disciplinario notarial muestra falencias a los fines de resguardar dicho derecho, que no se cumplió con las etapas y términos de los art. 51 y 62 de la ley notarial, que la acreditación de responsabilidad del notario no debe hacerse 'de cualquier manera', que por tanto debió subsidiariamente aplicarse la preceptiva básica del Código Procesal Penal, que no se abrió ninguna causa penal a raíz de la inspección, cuando esta contingencia no le quita entidad a las faltas cometidas, o que hubo un notorio exceso en punición" (fs. 955 y vta.).
En respuesta a la crítica acerca de la supuesta falta de equidad de la resolución en la aplicación de la máxima sanción, sostiene que "...dicha desproporción no existe, porque la persistente irresponsabilidad y ausencia de acatamiento de los preceptos jurídicos por parte del punido -probadas a lo largo de estos actuados- y que precisamente por su condición de fedatario público debió respetar escrupulosamente, no han dejado a la Sr. Juez Notarial otra opción para con quien ha vulnerado todas las normas funcionales y puede con su conducta desaprensiva perjudicar los intereses que la comunidad le con
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