Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120316
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.316, "Palacios, Avelino Sebastián contra Chimagro S.A. y otro. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial Quilmes acogió la acción deducida, imponiendo las costas a las demandadas (v. fs. 473/497 vta.).
Se interpusieron, por Experta ART S.A., recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 516/531).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 579/580 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, tras declarar la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, hizo lugar a la demanda promovida por Avelino Sebastián Palacios y condenó a Chimagro S.A. y Experta ART S.A. al pago de las sumas que estableció en la sentencia, en concepto de indemnización por la disminución de la capacidad laboral del actor derivada de las afecciones que padece como consecuencia de los trabajos realizados bajo dependencia de la primera de las coaccionadas.
Para así decidir, consideró acreditado que el actor sufrió lesiones en el nervio peroneo, mediano derecho e inferior y RVAN depresiva, que le generan una incapacidad del 47,5% del índice de la total obrera, y tiene relación causal con "las tareas desarrolladas en un ambiente expuesto a los agrotóxicos" (v. fs. 474 vta. y 475). También, que las empresas mencionadas habían celebrado un contrato de afiliación en los términos de la ley 24.557 (v. fs. 476).En la sentencia, el a quo analizó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 del referido cuerpo legal, y determinó -con sustento en lo resuelto por esta Corte en los precedentes L. 81.826, "Yaman" y L. 87.394, "V. d. C., M. C. y otros" (sents. de 11-V-2005)- la necesidad de comprobar en el caso concreto si dicha norma resultaba lesiva del art. 19 de la Constitución nacional, tomando como parámetro a ese fin la comparación de las cuantías resarcitorias a las que accedería el demandante según se atendiera a su reclamo conforme a las previsiones de la Ley de Riesgos del Trabajo o en el marco del régimen de responsabilidad del Código Civil (v. fs. 484 vta.).
En ese orden, cuantificó la prestación dineraria que debía afrontar la aseguradora -con arreglo a las pautas que proporcionan la ley 24.557 y el decreto 1.694/09- en la suma de $181.327,53 (v. fs. 485).
Luego, tras juzgar acreditados los presupuestos de la responsabilidad civil de la empleadora (v. fs. 486 vta./488), efectuó el cálculo del resarcimiento que de conformidad con el derecho común obtendría el accionante -en concepto de daño material y moral-, arribando al monto total de $728.994,41(v. fs. cit. y 486 vta.).
A partir de esa determinación de la cuantía de la indemnización brindada por la ley especial citada y su cotejo con el importe de la reparación integral proveniente de la aplicación de las normas civiles, el sentenciante declaró la inconstitucionalidad del mentado art. 39 (v. fs. 488/492).
Una vez establecida la obligación y la suma por la cual debían responder la empleadora y la aseguradora de riesgos del trabajo, el sentenciante se dispuso a analizar la responsabilidad atribuida a esta última en los términos del art. 1.074 del Código Civil. En esa faena, declaró verificados los incumplimientos de las obligaciones legales a su cargo en materia de higiene y seguridad en el trabajo, así como su relación directa con el daño sufrido por el actor (v. fs. 492/494 vta.).
Sobre esa conclusión juzgó que la aseguradora, al no haber observado los deberes de prevención y control dispuestos en los arts. 1, 4 y 31 de la ley 24.557, y 18 y 19 del decreto 170/96, debía ser condenada -en forma solidaria con la empleadora- al pago de la suma de $547.666,88 (v. fs. 494 vta./495 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento Experta ART S.A. interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio y propiedad (v. fs. 529/530 vta.).
Sostiene que el tribunal de grado omitió abordar cuestiones -a su criterio- esenciales para la resolución de la litis. En ese sentido, le reprocha haber invertido la carga de la prueba exigiéndole la demostración del cumplimiento de las obligaciones legales a su cargo en materia de seguridad.
También aduce soslayadas diferentes circunstancias (visitas, inspecciones y recomendaciones a la empleadora) que -en su opinión- surgen de la experticia técnica y evidencian la observancia de dichos deberes.
Añade que tampoco se consideraron las impugnaciones oportunamente formuladas al informe pericial médico y a las declaraciones testimoniales.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, opino que el recurso no puede prosperar.
La ausencia de una concreta denuncia de infracción de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial presagia la ineficacia de la impugnación.
Luego, sin perjuicio de que las cuestiones que se reputan soslayadas fueron abordadas por el tribunal de grado (v. fs. 479/480 del pronunciamiento), resulta evidente que los agravios traídos se encuentran dirigidos a objetar el acierto jurídico de la decisión, lo que resulta ajeno al ámbito de actuación del recurso deducido (causas L. 116.000, "Núñez", sent. de 5-III-2014; L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016 y L. 119.720, "Sánchez", sent. de 3-V-2018). También es extraña a este medio de impugnación la alegación fundada en la afectación de las garantías de defensa en juicio y propiedad (causa L. 98.699, "Juárez", sent. de 21-XII-2011).
IV. A tenor de lo señalado, corresponde desestimar el recurso extraordinario de nulidad. Con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley Experta ART S.A. denuncia absurdo y violación del art. 17 de la Constitución nacional.
Cuestiona la decisión de grado que tuvo por configurada su responsabilidad extracontractual con fundamento en el art. 1.074 del Código Civil. Sostiene que, existiendo en el caso un contrato de afiliación vigente, solo debe responder en la medida de la cobertura allí establecida conforme a la Ley de Riesgos del Trabajo.
Explica que el poder de policía es ejercido en forma exclusiva por el Estado, y que las aseguradoras de riesgos del trabajo no tienen facultades para obligar a los empleadores a realizar determinados actos sino que cumplen meras tareas de asesoramiento y evaluación.
Alega que los daños que sufre el trabajador como consecuencia del incumplimiento por parte del principal de las obligaciones legales a su cargo en materia de higiene y seguridad, se rigen por la ley 24.557 y deben ser resarcidos exclusivamente con las prestaciones allí establecidas.
Entiende que, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 39 de esta ley, no resulta factible escapar del régimen especial, ni aplicar el citado art. 1.074 debido a la ausencia de dolo.
Aduce que el fallo lesiona su derecho de propiedad porque, al no descontar las sumas de la reparación sistémica de la integral -proveniente de la aplicación de las normas civiles-, impone el pago de dos indemnizaciones de monto excesivo y desproporcionado.
Afirma que en autos no se acreditó la relación de causalidad entre la supuesta omisión que se le imputa y las enfermedades padecidas por el actor (v. fs. 521 vta.).
A su vez, expresa que el juzgador efectuó una absurda valoración de la prueba porque no tuvo en cuenta que la experticia técnica demuestra claramente que cumplió con todas las obligaciones que la Ley de Riesgos del Trabajo y su reglamentación le imponen. Destaca en ese sentido que dicho medio probatorio evidencia que realizó recomendaciones a Chimagro S.A. y la incluyó reiteradas veces en el Programa de Acciones de Prevención Específicas (PAPE).
Agrega que el tribunal invirtió erróneamente la carga de la prueba porque -en su opinión- correspondía al actor demostrar los incumplimientos de las obligaciones legales de prevención.
Asimismo, le reprocha haber valorado el informe pericial médico sin tener en cuenta las impugnaciones efectuadas en relación al examen físico de Palacios y al porcentaje de incapacidad reconocido.
También controvierte la eficacia probatoria de las declaraciones del testigo Mario Orlando Guias -para acreditar las tareas que prestaba el actor- por estar comprendido en las generales de la ley y desempeñar otras labores.
Por último, denuncia que el sentenciante, al regular los honorarios de los profesionales intervinientes, omitió aplicar la ley 24.432 estableciendo montos irrazonables.
II. El recurso no puede prosperar.
II.1. Inicialmente corresponde analizar las críticas que formula la recurrente respecto a la responsabilidad civil que le fuera atribuida.
II.1.a. No le asiste razón cuando objeta dicha decisión alegando que su obligación se encuentra limitada únicamente a las prestaciones de la citada ley 24.557, o que la acción civil es improcedente "por ausencia de dolo" del empleador.
Al respecto, resulta oportuno destacar que la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser eventualmente juzgadas en el marco del derecho común en virtud de incumplimientos de los deberes de prevención y control, ha sido admitida por esta Suprema Corte en el precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés" (sent. de 25-XI-2009), en una definición reiterada -entre muchas otras- en las causas L. 100.966, "Zapata" (sent. de 14-IX-2011); L. 103.075, "Vallejos" (sent. de 21-XII-2011) y L. 117.314, "Gorosito" (sent. de 16-VII-2014), todo ello en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios" (sent. de 31-III-2009) y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. s/ Accidente acción civil" (sent. de 26-III-2013).
Asimismo, cabe recordar que, a partir de la sanción de la ley 24.557, las aseguradoras se han convertido -en concurrencia con el empleador- en sujeto pasivo de la carga de prevención de los infortunios laborales, objetivo primordial que llevó a la sanción de este cuerpo normativo. En consecuencia, no resulta aceptable entender que aquellas sean meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, toda vez que, muy por el contrario, en el diseño normativo en examen se les ha otorgado un rol esencial para lograr los objetivos previstos (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013; L. 117.447, "Eyzaguirre", sent. de 29-IV-2015; L. 116.955, "Enriquez", sent. de 29-III-2017 y L. 120.712, "Perata", resol. de 15-XI-2017).
Por lo tanto, siendo que la decisión cuestionada encuentra basamento precisamente en dichas directrices y que la agraviada no ha aportado argumentos que configuren un embate directo y eficaz, el recurso en este aspecto se advierte insuficiente.
II.1.b. Por otro lado, esta Corte ha declarado que determinar si la aseguradora ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, como asimismo, establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el infortunio laboral o enfermedad profesional, constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado, en principio, irrevisable en casación, salvo demostración de absurdo (causas L. 116.862, "Rojas", sent. de 5-III-2014; L. 117.356, "Garriga", sent. de 23-V-2017; L. 117.634, "Savia", sent. de 25-X-2017; e.o.).
II.1.b.i. En ese orden, es menester destacar que el órgano judicial de grado, en el veredicto, ponderó que el perito ingeniero señaló que La Caja ART S.A. (hoy Experta ART S.A.) ha realizado visitas e inspecciones a la planta de Chimagro S.A., incluyéndola -desde el año 2006- en el programa de acciones de prevención específicas (PAPE) que agrupa a los establecimientos de alta siniestralidad laboral (v. fs. 479). También que, "de acuerdo a la consulta de detalle de denuncias ante la aseguradora enviada a S.R.T., Chimagro SA no registra anotaciones en el período 01/07/1996 al 23/09/2015" (fs. 479 vta.).
A su vez, advirtió que "pese a que el perito ingeniero adjunta con su informe documentación que hipotéticamente acreditaría un cumplimiento parcial de la ART de las normas de seguridad e higiene (ver fs. 552/554)" entendía "que la misma carece de toda virtualidad probatoria por emanar de registros unilaterales de la accionada y no encontrarse en modo alguno probada su autenticidad ya que no fue incorporada al proceso de modo regular (artículos 26, 29, y 63 de la ley 11.653 y 332 del CPCC y C) permitiendo al actor su debido control" (fs. 479 vta.).
Destacó entonces que Palacios trabajó "sin habérsele brindado la capacitación necesaria en materia de higiene y seguridad, sin que se le hubieren entregado los elementos de protección indispensables a fin de resguardar su integridad psicofísica y sin que se le realizaran los exámenes médicos periódicos" (fs. 480). Además, agregó que "tales incumplimientos de la empleadora eran los que la aseguradora debería haber tratado de evitar brindando el asesoramiento e indicando con precisión las medidas a adoptar, y, de haberse producido los mismos, haber hecho las denuncias pertinentes" (fs. cit.).
A partir de estas conclusiones, el tribunal consideró probado que La Caja ART S.A. (hoy Experta ART S.A.) "ha incumplido las principales obligaciones que la ley 24.557 pone a su cargo: efectuar controles e inspecciones oportunas en los lugares de trabajo, capacitación del personal y denuncias de los incumplimientos a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y que tales incumplimientos, específicamente el de falta de capacitación específica respecto de las tareas a desarrollar y la falta de control sobre la entrega de los elementos de protección personal, tienen relación concausal con las enfermedades padecidas por el actor en los términos de los arts. 512, 902, 904 y concordantes del Código Civil" (fs. 480 vta.).
II.1.b.ii. En el caso, la recurrente no logra demostrar la configuración del vicio de absurdo que denuncia (art. 279, CPCC).
Ello, atento a que la crítica que ensaya, se limita a cuestionar genéricamente la valoración que realizó el tribunal de la experticia técnica agregada a la causa, pero no se ocupa de rebatir el referido análisis que formó la convicción en el juzgador respecto al incumplimiento de las mentadas obligaciones legales de prevención y control, y a la verificación del nexo causal con las enfermedades padecidas por el actor (v. fs. 480 vta.).
Lo expuesto revela que la interesada, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que condujo al a quo a la solución objetada, intenta un nuevo examen de los hechos y la prueba pericial, según su personal criterio valorativo, sistema que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al vicio lógico denunciado (causas L. 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013; L. 117.399, "Rivera", sent. de 10-IX-2014 y L. 117.702, "Uboldi", sent. de 15-VII-2015).
En ese sentido, esta Corte ha declarado que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que solo exterioriza una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de la decisión que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en una propia versión sobre los hechos y el modo en que debieron apreciarse las pruebas adunadas a la causa (causas L. 108.918, "Hernández", sent. de 4-VII-2012; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013 y L. 116.866, "Transporte Automotor Plaza S.A.C.I. y otra", sent. de 4-VI-2014).
II.2. Por las mismas razones es inatendible el vago cuestionamiento a la valoración que hizo el tribunal de la experticia médica -para determinar el porcentaje de incapacidad del actor- y de las declaraciones brindadas en la audiencia de vista de la causa por el del testigo Guias en torno a las tareas que desempeñó.
II.3. Al quedar firmes las conclusiones que estableció el sentenciante sobre la acreditación de los incumplimientos de las obligaciones legales de la aseguradora de riesgos del trabajo en materia de seguridad, pierde relevancia el embate por el que se cuestiona la distribución de la carga probatoria.
Sin perjuicio de ello, he de destacar que no encuentro transgredido el precepto que rige la distribución de la carga probatoria, ya que solo se vulnera cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos que correspondían a la otra (causas L. 103.049, "Olivan", sent. de 24-VIII-2011 y L. 117.581, "Cabrera", sent. de 20-V-2015), circunstancia que no se verifica en el caso.
II.4. En este contexto, el lacónico planteo orientado a impugnar el monto final de condena -proveniente de la aplicación de las normas del Código Civil- y a postular que sea descontada la suma de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, se advierte notoriamente insuficiente por no estar acompañado en este tramo de la concreta denuncia de configuración del vicio de absurdo. Sin perjuicio de ello, es menester aclarar que el tribunal de grado al determinar aquel importe -contrariamente a lo que aduce la interesada- no consideró la reparación sistémica y, precisamente por esa razón, arribó a la suma de $547.666,88 (v. 495 vta.).
II.5. También es endeble el reproche a la estimación de los conceptos integrantes de la condena en costas.
En efecto, la agraviada al cuestionar la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes que realizó el a quo , se limita a denunciar que éste omitió aplicar la ley 24.432 estableciendo montos irrazonables (v. fs. 528/529), sin denunciar las normas específicas ni la doctrina legal infringidas vinculadas al tópico. Tampoco expuso argumentos o cálculos tendientes a evidenciar que las sumas correspondientes a los emolumentos que su parte debe abonar excedieran el límite de la responsabilidad por el pago de las costas procesales.
En tales condiciones la crítica ensayada es insuficiente, toda vez que corresponde a la parte que lo invoca -y no a esta Suprema Corte- demostrar el error en que se habría incurrido (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011 y L. 104.960, "Morales", sent. de 30-V-2012).
III. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.