Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122472
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.472, "Appendino, Pablo Sebastián contra Transportes La Perlita S.A. y otro. Despido y accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, de Lázzari.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 847/864 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24 de septiembre de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓN
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen admitió la demanda promovida por Pablo Sebastián Appendino y condenó a Transportes La Perlita S.A. y Talleres Don Pedro S.R.L. al pago de la suma que estableció por las diferencias indemnizatorias derivadas del despido, con más las sanciones contempladas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 16 de la ley 25.561. En cambio, rechazó el reclamo por el cobro de horas extras, francos y feriados, multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, como también la acción interpuesta con fundamento en el derecho común y, subsidiariamente, en la ley 24.557 (v. fs. 847/864 vta.).
I.1. Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor ingresó a trabajar para Talleres Don Pedro S.R.L. el 3 de marzo de 2003 y que, luego de renunciar (el 28 de febrero de 2005), continuó prestando servicios en forma ininterrumpida como "oficial mecánico" en el mismo establecimiento, a favor de Transportes La Perlita S.A. También, que el vínculo se extinguió por decisión inmotivada de la empleadora el 13 de agosto de 2007 (v. vered., fs. 847 vta./851 vta. y 851 vta./852).
Sin embargo, juzgó que el reclamante no había demostrado la extensión de la jornada invocada en su demanda (nueve horas en horario nocturno, de 22 a 7 hs.), ni tampoco que hubiese cumplido horas extraordinarias o trabajado los días domingo, francos o feriados (art. 375, CPCC; v. vered., fs. 850 vta./851 vta.).
I.2. Por otro lado, evaluó las dolencias denunciadas por el accionante (lumbociatalgias, discopatías, hipertensión, dermopatías y neurosis reactiva) y su relación con la actividad desarrollada para las codemandadas (v. vered., fs. 852 vta./856).
Señaló que el experto médico designado en autos había concluido que el actor presentaba un cuadro de "lumbalgia con severas manifestaciones clínicas y radiográficas, dermatitis crónica recidivante con remisión de más del 50% ante medidas terapéuticas y suspensión de exposición al agente en ambos brazos y manos". Asimismo, que tales afecciones podían enmarcarse en el concepto de "enfermedad accidente" o "enfermedad profesional" si las tareas alegadas al demandar (v.gr. fuerza, postura estática, posiciones inadecuadas, trabajos repetitivos) eran acreditadas. Fijó la incapacidad global parcial y permanente del 28% del índice de la total obrera (v. fs. 478/489), porcentaje éste que, ante la impugnación del actor, elevó al 36,96% de acuerdo a los factores de ponderación previstos en la ley 24.557 (v. fs. 571/572 vta. y vered., fs. 852 vta. y 853).
Evaluó que en su informe (v. fs. 512/513), la perito psicóloga concluyó que el demandante padecía un daño psíquico del 30% debido al estrés postraumático vinculado estrictamente a su despido (v. vered., fs. 853).
Refirió el a quo que, ante las impugnaciones formuladas por las partes a dichos dictámenes, se había dispuesto la remisión de los autos a la Asesoría Pericial de La Plata (v. medida para mejor proveer ordenada a fs. 735) para que los peritos médicos traumatólogo y dermatólogo, informaran sobre las lesiones traumatológicas y dermatológicas padecidas por el accionante que guardasen adecuada relación de causalidad con sus tareas de oficial mecánico para Transportes La Perlita S.A. y, en su caso, el porcentaje de la minusvalía (v. vered., fs. 853 y vta.).
En ese orden, refirió que el médico traumatólogo de la Asesoría Pericial explicó que de los antecedentes, examen físico, radiografías y estudios complementarios obrantes en la causa, surgía que el actor presentaba un cuadro de lumbalgia que le ocasionaba una incapacidad parcial y permanente del 8% del índice de la total obrera; no obstante, por tratarse de una enfermedad crónica y de tipo degenerativa, no le era posible establecer con estricto rigor científico que dicha patología hubiera sido ocasionada exclusivamente por la actividad laboral o que fuera ajena a ésta, informando que los puntos periciales relativos a la presunta incapacidad laboral y su relación con las tareas debían ser evacuados por un médico laboralista (v. fs. 788/790 vta. y vered., fs. 853 vta. y 854).
A continuación, ponderó el informe del laboralista de la misma dependencia (a quien se dio oportuna intervención; v. fs. 795/805 vta.), que daba cuenta de que el actor presentaba en su columna dorsolumbar signos de una enfermedad degenerativa osteoarticular compatible con espondilólisis, y que su limitación, confirmada en el examen físico y presente en los estudios realizados, a la que el traumatólogo le había otorgado una incapacidad física estimada en el 8%, no podía ser vinculada etiológica o cronológicamente como generada en el ambiente de su trabajo, resultando su origen de carácter inculpable y por causa ajena a sus tareas (v. vered., fs. 854 y vta.).
El juzgador tuvo en cuenta que a idéntica conclusión había arribado el experto sobre las potenciales lesiones dérmicas del demandante objetivadas en su oportunidad durante su presencia en el ambiente laboral descripto en la empresa Transportes La Perlita S.A.; ello en tanto no se observaban lesiones actuales en los estudios dermatológicos (se comprobaba una hipersensibilidad alergénica global asociada con antecedentes familiares directos o de primer grado) y por haber sido descartado el diagnóstico de hipersensibilidad a hidrocarburos por el profesional alergólogo/dermatólogo (v. vered., fs. cit.).
Resaltó además que el perito médico laboralista había respondido acabadamente las impugnaciones formuladas por la parte actora (v. fs. 821/825 vta.). En tal sentido, destacó los fundamentos científicos aportados por el galeno acerca del carácter degenerativo de la dolencia lumbar del señor Appendino, y sobre la distinción entre los "factores desencadenantes" de un cuadro de lumbalgia (obesidad-sobrepeso) y el concepto de causa de "patología degenerativa osteoarticular" que apunta a la causalidad de la afectación estructural de la columna vertebral, traducida clínicamente como lumbalgia (v. sent., fs. 854 vta. y 855).
Expresó entonces el juzgador que a la luz de los fundamentos científicos en los que se apoyaba el médico laboralista de la Asesoría Pericial, el exhaustivo y detallado análisis que efectuara sobre la patología que padece el accionante y las extensas y fundadas consideraciones plasmadas en el dictamen pericial y sus ampliaciones, debía concluirse que las dolencias denunciadas por el actor revestían el carácter de patologías inculpables, por lo que no podían vincularse causalmente con las tareas desempeñadas ni con el medio ambiente laboral en el que prestó sus servicios para las firmas demandadas. Con tal fundamento, desestimó las indemnizaciones reclamadas con sustento en el derecho común y las subsidiariamente pretendidas en el marco de la ley especial (v. vered., fs. 855 vta. y 856 y sent., fs. 862 vta. y 863).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 11, 12, 44 incs. "d" y "e" y 48 de la ley 11.653; 36 inc. 2, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 10, 63 y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 24 de septiembre de 2018).
II.1. Se agravia por el rechazo de la acción fundada en el derecho común.
Sostiene que la decisión del a quo en cuanto desestimó la indemnización reclamada por la incapacidad sobreviniente derivada del daño psíquico padecido por el actor proviene de la errónea apreciación de la prueba testimonial y de las pericias psicológica y técnica producidas en la causa. Refiere además que esa afección no constituyó materia de consulta a la Asesoría Pericial.
Cuestiona la definición del fallo vinculada a sus lesiones traumatológicas y dermatológicas. Afirma que se incurrió en un equívoco al consignar la edad del accionante como de treinta y nueve años al momento del despido (cuando en realidad tenía veintinueve años), circunstancia que considera absolutamente esencial para descartar la presencia de cambios "degenerativos" en su columna en el 2007.
Aduce que la discopatía -hernia de disco- que ocasiona su lumbalgia fue diagnosticada en el año de su egreso (2007), es decir, a sus veintinueve años, según consta en el certificado médico y estudio radiográfico agregado a fs. 33. Postula además que el médico desinsaculado en autos concluyó (pasados cinco años del despido) que su afección columnaria se relacionaba causalmente con las labores de esfuerzo realizadas en el trabajo. Refiere que todos estos datos no fueron tenidos en cuenta en el dictamen pericial emitido por los expertos de la Asesoría Pericial (pasados diez años del egreso).
Alega que el juzgador se apoyó en las conclusiones de los peritos de la Asesoría Pericial, sin considerar los errores y observaciones destacados por su parte en las distintas impugnaciones formuladas.
Insiste en que el galeno de la Asesoría Pericial no consideró la edad del actor (veintinueve años) ni los estudios médicos contemporáneos a su egreso, incluso el que dio fundamento a la pericia del médico de lista. Argumenta que, en el caso, debió descartarse el factor "crónico" y "degenerativo" asociado a la edad. Refiere que se encontraba sano al momento del ingreso.
Objeta además que el juzgador no ponderara el informe pericial técnico y las declaraciones testimoniales que dieron cuenta de las tareas de esfuerzo realizadas por el trabajador. Manifiesta que su patología columnaria fue causada por el trabajo.
En lo que respecta a las lesiones dérmicas sufridas por el demandante, aduce que el propio perito de la Asesoría Pericial remitió a la demostración de "los procesos de tareas descriptas por el actor". Postula que la pericia técnica de autos y el informe obrante a fs. 682 han corroborado la exposición del trabajador a contaminantes sensibilizantes de la piel (v.gr. aceites y gasoil), además de que dichas lesiones fueron constatadas por el médico de lista designado en autos.
II.2. Por otro lado, impugna la decisión vinculada a su horario de trabajo, horas extras, trabajo en días sábado, domingo, francos y feriados.
Cuestiona que no se tuviera por demostrada la jornada laboral denunciada por su parte. Aduce que los recibos y planillas mensuales con horario de entrada y salida acompañadas a la causa y la prueba testimonial acreditan la realización de horas extra que eran abonadas fuera de recibo.
Expresa que las demandadas no exhibieron sus libros laborales, por lo que debieron tenerse por ciertos los datos denunciados por su parte (conf. art. 39, ley 11.653 y 55, LCT).
III. El recurso no prospera.
III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen prioritariamente efectuar una aclaración sobre la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, particularmente en lo referido al valor del litigio.
En atención a que los cuestionamientos traídos por la recurrente versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), se constata que una de ellas -la vinculada al reclamo por el cobro de horas extras, francos y feriados (v. liquidación de fs. 59 vta. y 60)- no alcanza el monto mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial; por lo que la impugnación a su respecto debe ser analizada en el marco definido en el art. 55 de la ley 11.653, conforme lo ha resuelto este Tribunal en análogas situaciones (causas L. 119.351, "Martínez", sent. de 6-IX-2017; L. 119.112, "Pérez", sent. de 9-V-2018 y L. 121.225, "Corani", sent. de 27-VII-2020).
Por consiguiente, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.402, "M., L. E.", sent. de 20-XII-2017; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018 y L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019).
III.2. Bajo tales premisas, cabe anticipar que no se configura en autos el supuesto de excepción examinado.
Centrado en la determinación de la extensión de la jornada laboral, el recurrente pretende la revisión de una típica cuestión de hecho que, como tal, se encuentra excluida del reducido ámbito de revisión contemplado en la norma antes citada (causas L. 118.652, "Lo de Martín S.R.L.", sent. de 20-V-2015 y L. 108.255, "Paz", sent. de 27-V-2015).
Para más, cabe señalar que si bien invoca la doctrina elaborada por este Tribunal en la causa identificada como L. 113.518, "Capris" (sent. de 29-X-2014), en modo alguno se detiene a explicar en qué consistiría dicha doctrina y -obviamente- cómo habría de resultar transgredida en el caso.
III.3. En lo concerniente al fragmento de la impugnación que supera el umbral de la admisibilidad, destinado a refutar el rechazo de la indemnización peticionada con fundamento en el derecho común, entiendo que tampoco resulta procedente.
III.3.a. Conforme surge de la lectura del fallo impugnado, el tribunal de grado descartó que el menoscabo psíquico padecido por el accionante pudiera ser resarcido en el marco de la acción civil intentada; ello, habida cuenta de que la perito psicóloga determinó en su informe que dicho daño derivaba estrictamente del estrés postraumático sufrido como consecuencia del despido.
Tal definición no es objeto de réplica por el compareciente, quien se limita a verificar el asunto desde otra perspectiva que la del tribunal de origen, tratando de lograr ante esta sede judicial modificar el fallo, más sin evidenciar que el razonamiento del a quo se encuentre viciado por absurdo.
III.3.b. Los agravios orientados a rebatir las definiciones del órgano de grado relativas a la inexistencia de nexo causal entre el trabajo y sus afecciones columnarias y dermatológicas, tampoco merecen respuesta favorable.
Tiene dicho esta Corte que determinar si existe relación causal entre las tareas desempeñadas por el trabajador y las dolencias que lo afectan y, en general, el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, constituyen potestades privativas de los jueces de grado y exentas de censura en casación, salvo absurdo (causas L. 118.090, "Mayer", sent. de 27-IX-2017; L. 120.198, "Pérez", sent. de 7-XI-2018 y L. 121.164, "Cardozo", sent. de 27-XI-2019).
Bajo tales premisas, es posible advertir que el recurrente se aparta de la línea reflexiva y de la apreciación que llevó a los magistrados a la solución que impugna, e intenta infructuosamente un nuevo análisis del material probatorio, según su propio y particular criterio valorativo, sistema impropio para patentizar el vicio de absurdo (causas L. 119.859, "Benítez", sent. de 9-VIII-2017 y L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018; e. o.).
En efecto, dirigido a neutralizar la aptitud probatoria conferida por el a quo a los peritajes médicos producidos en la causa, pretende usar las conclusiones expuestas por el perito médico designado en estas actuaciones (doctor Ramos) que resultarían beneficiosas para su postura. Ello, patentiza, en rigor, la pretensión de disputarle al tribunal de grado el ejercicio de potestades que le son propias.
En este aspecto, cabe consignar que el juzgador explicitó las razones por las cuales asentó su decisión en el dictamen realizado por el médico laboralista de la Asesoría Pericial La Plata (doctor Tineo), sin que el recurrente logre desvirtuar la validez probatoria conferida a dicho elemento de juicio.
Lejos de tal cometido, se mantiene en el plano del mero disentimiento con el razonamiento del juzgador de grado, limitándose a reiterar los argumentos expuestos ante la instancia ordinaria al objetar dicho dictamen, método que no conforma un adecuado sustento de la impugnación y denota la insuficiencia del recurso (causa L. 114.957, "Balverdi", sent. de 15-XI-2017). Para más, desatiende que el a quo ponderó las respuestas dadas por el experto a las impugnaciones del actor, reputándolas satisfactorias.
En rigor, el compareciente sólo pone en evidencia su intención de sustituir el criterio de los juzgadores de origen en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva que en forma privativa ejercen (causas L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 118.733, "Merlo", sent. de 17-VIII-2016 y L. 120.028, "Estigarribia", sent. de 16-V-2018).
Luego, no consigue el recurrente descalificar los fundamentos expresados en el fallo a partir del análisis de la evocada experticia médica, la cual -como es sabido- constituye el elemento probatorio hábil por excelencia para determinar la etiología de las dolencias y, consecuentemente, la existencia de relación causal entre las condiciones del desempeño laboral a las que se encuentra expuesto el trabajador y el quebranto de su salud (causas L. 84.092, "Rodríguez", sent. de 24-VIII-2005 y L 94.424, "Correa", sent. de 6-X-2010; e. o.).
En este contexto, carecen de significación para conmover lo decidido los datos que el compareciente extrae de la experticia elaborada por el técnico en seguridad e higiene, habida cuenta de que el perito médico determinó el origen inculpable de la dolencia columnaria del trabajador y descartó que sus lesiones dérmicas pudieran haber sido causadas por la exposición a hidrocarburos (v. fs. 795/805 y fs. 821/825 vta.).
De igual manera, devienen inhábiles los cuestionamientos atinentes a la prueba testimonial, toda vez que su valoración queda reservada a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia" tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 117.459, "G. J., L." sent. de 21-VI-2017 y L. 120.636, "López", sent. de 18-VIII-2020).
En definitiva, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para descalificar el decisorio. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 119.492, "Geiser", sent. de 29-XI-2017; L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019 y L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020).
Dable es recordar que no cualquier equívoco o disentimiento autoriza a tener por acreditado el absurdo. No basta alegar sobre lo simplemente opinable o discutible, pues se requiere algo más: un error grave, grosero y manifiesto, concretado e
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