Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121961
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.961, "Paz, Sergio Miguel contra Interpack S.A. y otros. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Pettigiani, de Lázzari , Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 699/711 vta.).
Se interpuso, por Federación Patronal Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 738/742).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa destacar a fin de responder el interrogante planteado, el tribunal de origen admitió la acción instaurada por el señor Sergio Miguel Paz contra Federación Patronal Seguros S.A. mediante la cual procuraba la reparación de los daños y perjuicios derivados de la disminución de su capacidad laborativa con fundamento en el art. 1.074 del Código Civil y, subsidiariamente, las prestaciones de la ley 24.557.
Rechazó, en cambio, la pretensión dirigida al empleador en los términos del art. 1.113 segunda parte del Código Civil. No obstante resolver que las tareas bajo la modalidad en que fueron desempeñadas por el trabajador operaron en el caso como nexo de causalidad adecuado con el daño que lo aqueja, determinó que el cotejo de los regímenes en pugna no arrojaba una diferencia "confiscatoria" a la luz de la doctrina de este Tribunal aplicable al caso (causas "Britez y Cardelli"; "Aburto"; "Farias"; "Rodriguez"; "Quiroga"; "Castro"; "Abaca"), así como también de las directrices sentadas por la Corte nacional en el precedente "Arostegui".
Descartada la responsabilidad civil del empleador y ante el reclamo subsidiario de las prestaciones sistémicas, examinó las imputaciones dirigidas a la aseguradora demandada.
En ese orden, acreditado el grado de minusvalía y los presupuestos de responsabilidad civil de Federación Patronal Seguros S.A. por los incumplimientos de las obligaciones a su cargo, el a quo rechazó los planteos de falta de acción y defensa de prescripción articulados por la aquí recurrente.
Mensuró los importes de condena, estableciendo que la suma de doscientos sesenta y siete mil novecientos sesenta pesos ($267.960) correspondiente a los daños y perjuicios (moral y material) comprendía (en razón del subsidiario pedimento) la prestación del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 por un valor de doscientos cuatro mil ochocientos tres pesos con sesenta y cinco centavos ($204.803,65).
Con apego a la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), dispuso que al capital de condena se le aplicaran intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a través del sistema "Banca Internet Provincia" a treinta días, desde la fecha de toma de conocimiento de la enfermedad (5 de agosto de 2011) hasta la de la sentencia.
II. Contra el fallo de mérito, se alza Federación Patronal Seguros S.A. mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 44 de la Ley de Riesgos del Trabajo; 505, 705, 1.074, 1.113 y 4.037 del Código Civil; 1 de la ley 24.432 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que cita.
II.1. Cuestiona la decisión concerniente a la defensa de prescripción.
Considera absurdo que el juzgador de origen resolviera la cuestión al amparo de la Ley de Riesgos del Trabajo y no bajo la directriz del art. 4.037 del Código Civil.
Desde otroángulo, objeta la fecha que se determinó como de inicio del plazo prescriptivo (el día 5 de agosto de 2011).
Con apoyo en la pericia médica y el telegrama enviado por el trabajador en el que adujo hallarse incapacitado para prestar servicios, postula que el término debió contarse a partir del año 2009.
II.2. Se agravia del rechazo de la acción instaurada contra Interpack S.A. en los términos del art. 1.113 segundo párrafo del Código Civil, y que se juzgara que su parte era la única responsable en términos de la normativa común.
Cuestiona el desarrollo que justificó marginar de responsabilidad al empleador. Postula que teniendo en cuenta la normativa civil, el a quo debió exonerar a ambas codemandadas o condenarlas de forma solidaria.
Añade que la sentencia también recae en el vicio de absurdo en cuanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo y condenó con basamento en la normativa civil, cuando dicha posibilidad se encuentra vedada.
II.3. Señala que el órgano judicial de grado transgredió los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 505 del Código Civil -según el art. 8 de la ley 24.432- y 730 del Código Civil y Comercial, así como también la doctrina que este Tribunal estableció -entre otras- en la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002), en tanto las costas impuestas a su parte exceden del 25% (v. rec., fs. 739 vta./740 vta.).
Bajo esa premisa, sostiene que en el caso la cuantía de las costas representa el 32,51% del monto de la condena, quedando -a su juicio- evidenciada la violación del referido tope.
II.4. Por último, censura la alícuota empleada por el a quo para calcular los intereses moratorios, denunciando apartamiento de la doctrina de las causas Ac. 43.858, "Zgong" (sent. de 21-V-1991); C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Como ilustra el relato de antecedentes, el tribunal de origen declaró procedente la demanda instaurada contra la recurrente condenándola al pago de la indemnización por daños y perjuicios con fundamento en el art. 1.074 del Código Civil ($267.960,65), y de la prestación reclamada al amparo de la ley 24.557 ($204.803,65), que juzgó comprendida en aquella mayor estimación.
Ahora bien, en el presente recurso no surge cuestionamiento alguno sobre la responsabilidad establecida con fundamento en la Ley de Riesgos de Trabajo.
En ausencia de otras explicaciones conducentes por parte de la interesada, no se observa -aun considerando los restantes cuestionamientos traídos- que el valor económico de los agravios traídos por única destinataria de la condena supere el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VII-2010); razón por la cual la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015; L. 119.077, "B., C. A.", sent. de 14-XII-2016; L. 119.402, "M., L. E.", sent. de 20-XII-2017 y L. 119.599, "Silveira Ros", sent. de 11-IV-2018).
III.2. En este marco de análisis, las objeciones planteadas en torno al rechazo de la defensa de prescripción -desde las distintas vertientes argumentadas- o la pretensión de condena solidaria del empleador resultan inadmisibles. Ello, porque además de concitar el examen de típicas cuestiones de índole fáctica ajeno al estrecho marco de revisión que provee el citado art. 55, la recurrente no cita ni individualiza doctrina alguna vinculada a la decisión que es motivo de censura (causas L. 89.830, "Fleitas", sent. de 2-XI-2011; L. 92.472, "Gnemmi", sent. de 30-XI-2011; L. 118.013, "Osorio", sent. de 15-VII-2015 y L. 120.327, "López", sent. de 29-V-2019; e.o.).
III.3. Por razones de método debe examinarse el cuestionamiento sobre el cálculo de los intereses moratorios.
Y en ese orden, la crítica que refiere a la alícuota empleada para efectuar su estimación no puede prosperar a tenor de las directrices sentadas por esta Corte a partir de las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), a cuyos fundamentos remito por motivos de brevedad.
III.4. Sentado lo anterior, corresponde analizar la denuncia de apartamiento de las directrices que dimanan de la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002) y demás antecedentes citados por el agraviado como fundamento del recurso (v. fs. 202 y vta.).
Cabe referir que el art. 8 de la ley 24.432 -aplicable en el ámbito provincial- establece una limitación respecto del alcance de la responsabilidad por las costas (25% del monto de condena, laudo o transacción, receptado en iguales términos por el art. 730 del Código Civil y Comercial), y no sobre los honorarios profesionales que resulta un capítulo dentro de ese rubro, más no el único (causas L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011 y L. 105.296, "Rodríguez", sent. de 4-IV-2012).
Entonces, la normativa en cuestión no se refiere ni modifica en modo alguno el procedimiento con el que se conducen los juicios. La disposición está dirigida a la responsabilidad del deudor, a la extensión con la que debe indemnizar los gastos hechos por su acreedor para forzar el cumplimiento de la obligación, lo que es un tema típico del derecho de fondo.
Consecuentemente, no existe imposibilidad de regular los honorarios por los trabajos profesionales conforme a las disposiciones locales (como aconteció en la especie), sino que frente al actual articulado legal, se infiere una cuestión de medida respecto del porcentual posible de afectación al deudor, en lo vinculado a su deber de reparación integral con consecuencias razonables para éste, ya que su responsabilidad por las costas estará acotada a parámetros coherentes con el carácter accesorio que estas representan (causas L. 73.148, "Sciandra" y L. 75.196, "Santillán", sents. de 12-III-2003).
En la sentencia, el tribunal estableció las pautas para la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes citando al efecto el art. 730 del Código Civil y Comercial y las normas arancelarias respectivas. No obstante, a la hora de mensurar tales emolumentos -que fueron notificados a todos los interesados- soslayó prorratear los valores comprendidos en la disposición aplicada en el pronunciamiento. Con ese alcance corresponde atender la crítica y devolver la causa a la instancia de origen para que se obre en consecuencia.
IV. Con el alcance indicado, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas en el orden causado, atento la procedencia parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en los dos primeros párrafos del punto III.1. de su voto.
Luego, y aun considerando -como indica mi distinguido colega- los restantes agravios que contiene el recurso, se advierte que el valor de lo cuestionado por la impugnante no supera el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VII-2010), razón por la cual, la admisibilidad del medio de impugnación deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, debiendo efectuarse el análisis con arreglo a lo expuesto en el punto III.1. cuarto párrafo del voto del ponente.
I.2. Sentado lo anterior, comparto lo manifestado por el colega ponente en los puntos III.2. y III.3. de su voto.
I.3. Con relación al agravio por el que se denuncia que el juzgador excedió el límite en la responsabilidad por el pago de las costas (con cita de los arts. 505, Cód. Civ. -art. 730, Cód. Civ. y Com. de la Nación- y 277, LCT, t.o. ley 24.432), también considero que se verifica en el caso la violación de la doctrina legal de esta Corte y, a los efectos de abordar el tratamiento del presente recurso, habré de remitir como indiqué al emitir mi voto en la causa L. 118.223, "Cáceres" (sent. de 26-X-2016) a los términos de la adhesión que efectuara al votar en la causa L. 91.884, "Arzamendia Rolón" (sent. de 18-VIII-2010).
Lo expresado en dicho precedente, entre otros, se encuentra en la misma línea de ideas ya volcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Abdurraman" (CSJN Fallos: 332:921) y "Villalba" (CSJN Fallos: 332:1276), ratificados en recientes fallos dictados por el Alto Tribunal, en las causas "Canosa, Javier Eduardo c/ Canal del Este S.A. y otros s/ despido" y "Malynowyc, Ignacio Javier c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y otros s/ despido" (sents. de 6-VIII-2015) y en "Tarantino, María de los Ángeles c/ Refinería del Norte S.A. y otro s/ accidente acción civil" (sent. de 15-X-2015).
Así las cosas, la responsabilidad de la condenada en costas ha de tener como límite el establecido por la normativa (25%). Por ende -y como lo pone de manifiesto el doctor Genoud en el punto III.4. de su opinión-, el tribunal deberá, en el momento procesal oportuno, obrar de conformidad con lo allí dispuesto (art. 277, LCT, texto según ley 24.432).
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance indicado en el punto IV del voto inaugural.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo manifestado por mi distinguida colega doctora Kogan en el punto I.1. de su voto, en cuanto señala que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el límite previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
I.2. Luego, comparto lo expuesto por mi distinguido colega doctor Genoud en el punto III.2. de su voto.
I.3. En lo que atañe a la tasa de interés moratorio que aplicó el tribunal a quo al monto de condena, ante la consolidación de la doctrina legal al respecto debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y sus modificatorias, también habré de compartir -dejando a salvo mi opinión- la propuesta decisoria del colega ponente.
I.4. En lo relativo a la limitación de la responsabilidad por el pago de las costas, con la aclaración de que los honorarios fueron fijados en atención a la actuación que realizaron en cada una de las etapas del proceso y la índole, mérito y naturaleza de los trabajos efectuados (con fundamento en el decreto ley 8.904/77 y la ley 14.967), considero que acierta la quejosa cuando denuncia que el judicante se apartó de lo que -en la materia- disponen los arts. 505 del anterior Código Civil (que fuera receptado en idénticos términos en el art. 730 del ordenamiento de fondo) y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (modif. ley 24.432). Al respecto, comparto la propuesta decisoria del doctor Genoud, para lo cual habré de remitirme -por razones de brevedad- a los fundamentos que he manifestado -entre otros- en las causas L. 89.569, "Farías" y L. 84.950, "Cadez" (sents. de 15-VI-2011); L. 97.549, "Marini" (sent. de 30-XI-2011) y L. 117.724, "Recalde" (sent. de 26-X-2016).
II. Por todo lo dicho, propongo hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído conforme se resuelve en el punto IV del voto emitido en primer término.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. En primer lugar, adhiero a lo manifestado por la doctora Kogan en el punto I.1. de su voto, en cuanto señala que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el límite previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
I.2. Luego, comparto lo expuesto por mi distinguido colega doctor Genoud en el punto III.2. de su voto.
I.3. Por otro lado, no es de recibo el reproche a la tasa de interés (pasiva en su modalidad "digital") establecida por el tribunal de grado.
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016, como en la causa C. 119.176, "Cabrera", con sentencia de la misma fecha (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (v. causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
En función de lo dicho, propongo el consecuente rechazo de este aspecto del remedio deducido.
I.4. Finalmente, considero que tampoco le asiste razón a la agraviada cuando denuncia que el tribunal de origen, al practicar las regulaciones de los honorarios profesionales, se apartó de la doctrina legal que emerge de la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002), entre otras citadas.
Siempre he entendido que la doctrina que se desprende del señalado precedente, que fuera reiterada en otros pronunciamientos posteriores, indica que lo prescripto por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (o el art. 505, Cód. Civ. -ley 340-) no resulta una restricción a la facultad de los jueces para aplicar las reglas locales sobre, por ejemplo, los honorarios que pudieran regularse, sino un límite a la responsabilidad del deudor (condenado en costas), a quien no puede serle exigido un pago que supere el porcentaje fijado por la ley.
Así, si se instruye con ella que la ley no fija una restricción a la regulación de honorarios según la ley local (o a cualquier otro rubro que integre las costas), no ocurre violación de aquella doctrina si los miembros de un tribunal estiman regulaciones que superan aquel límite, como sugiere la recurrente. En todo caso, tal transgresión ocurrirá si luego se hace lugar a una ejecución por el total de los honorarios porque, según nuestro criterio, lo que se ha limitado es la responsabilidad del deudor que quedará eximido de responder cuando el total de lo que se le reclama por costas supere el 25% del monto definitivo del juicio.
En consecuencia, en tanto no se haga un reclamo por el pago total de las costas no habrá violación de esa doctrina legal ni habrá razón para modificar el pronunciamiento.
II. Por todo lo expuesto, en mi opinión, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.