Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74662
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Costas por su orden, atento a la naturaleza de la pretensión (arts. 60 inc. 1, CCA; 68, seg. párr. y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.662, "Fariseo, Alejandro G. contra Instituto de Previsión Social (IPS). Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Pettigiani, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocó el pronunciamiento de primera instancia y rechazó la pretensión deducida (v. fs. 336/339).
Disconforme con esa decisión, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 343/351), el que fue concedido por la Cámara actuante a fs. 353/354.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 360) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El actor promovió demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), solicitando la nulidad de las resoluciones 531.887 de 26-VIII-2004 y 780.265 de 18-XII-2013, ambas dictadas por el Directorio del organismo.
Explica que mediante resolución 255.895 del año 1981, el IPS le acordó la prestación jubilatoria sobre la base del sueldo y bonificaciones del cargo de Maestro en Educación Física. Posteriormente, dice, solicitó el reajuste de su jubilación mediante la incorporación de servicios nacionales cesados en el año 2002, petición acogida por el ente previsional mediante resolución 531.887 del 26-VIII-2004.
Refiere que en esta última se determinó una jubilación a partir de tres cargos, cuando a su entender le correspondían cuatro, además de aducir que se le liquidaron incorrectamente la antigüedad y porcentajes respectivos. En virtud de ello, interpuso un recurso de revocatoria el 18 de octubre de 2004.
Comenta que en el año 2005, a través de la resolución 547.875, el IPS volvió a expedirse sobre su jubilación -esta vez oficiosamente- sin resolver el recurso que había presentado. Menciona que en esta oportunidad se efectuó una nueva liquidación otorgando los cuatro cargos que le correspondían, pero computando de manera errónea tanto la antigüedad como los porcentajes para cada uno. Ante esta nueva resolución hizo una presentación solicitando que se diera tratamiento al recurso pendiente y se liquidara correctamente su haber previsional.
Dice finalmente que a través de la resolución 780.265 de 8-XII-2013 se resolvió el mentado recurso, no obstante lo cual, a su criterio, se volvieron a computar erróneamente los servicios prestados.
Por ello, en su demanda pidió que se le reconozca el derecho al 70% del cargo de Maestro Especial de Educación Física con veintidós años de antigüedad (cargo 1); 21% de Preceptor con veintidós años de antigüedad (cargo 2); 70% de Profesor doce horas cátedra con veinticuatro años de antigüedad (cargo 3); y 70% de Maestro Especial con veinticuatro años de antigüedad (cargo 4).
Consecuentemente, requirió que se condene al Instituto demandado a que reconozca el reajuste previsional pretendido con retroactividad a la fecha de cese de los servicios incorporados en último término (28-II-2002), con su respectiva actualización e intereses hasta la fecha del efectivo pago.
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda, declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas y ordenó al IPS que abone la prestación previsional del actor tal como éste lo había solicitado: 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de Maestro Especial de Educación Física con veintidós años de antigüedad; 21% de Preceptor con veintidós años de antigüedad; 70% de Profesor doce horas cátedras con veinticuatro años de antigüedad; y 70% de Maestro Especial con veinticuatro años de antigüedad, con retroactividad al 28 de febrero de 2002. Ello, con más un interés compensatorio equivalente a la tasa que pague el Banco de la provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta (30) días, a través del sistema Banca Internet Provincia (v. fs. 308/315).
Para así decidir, destacó en primer lugar que no existía controversia en cuanto a los cargos desempeñados por el actor y la antigüedad en ellos, habiendo solamente una discrepancia en punto a los porcentajes correspondientes a cada cargo y la antigüedad reconocida.
En virtud de ello, tras poner en cabeza del IPS la carga de demostrar que la liquidación practicada por sus áreas técnicas era como se afirmaba -esto es, mejor en términos pecuniarios para el actor- y notar que de accederse a lo propuesto por este último no le generaría ningún perjuicio ni desequilibrio económico al Estado, juzgó que una sentencia favorable a la parte actora devenía ajustada a los principios vigentes en la materia, que imponían la máxima prudencia antes de denegar un beneficio, atento los fines de subsistencia que informan a las normas previsionales.
III. Contra esa sentencia la demandada dedujo recurso de apelación (v. fs. 318/323), el que fue acogido por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, la que revocó el pronunciamiento de primera instancia y rechazó la pretensión deducida (v. fs. 336/339).
Para así decidir, consideró que la sentencia impugnada padecía de un error de juzgamiento, puesto que la conjetura en la que asentaba su decisorio el juez de grado -basada en la capacidad financiera del IPS- era insuficiente para sostener la procedencia de una pretensión que el actor debió respaldar con prueba relativa al mal cálculo o al error de cómputo que le endilgaba a la conducta administrativa.
Indicó así que la carga procesal de demostrar el yerro en el que habría incurrido la Administración pesaba sobre él, no bastando el mero descontento respecto del cálculo jubilatorio, sino que era menester un aporte probatorio que acreditase esa afirmación y revelase la equivocación. Todo ello, antes de finalizar resaltando que el magistrado no fundamentó por qué razón se apartaba de los informes técnicos que sustentaron la decisión del IPS.
IV. Contra esto último se alzó el accionante mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denunciando errónea aplicación de la ley, de la doctrina legal y absurdo (v. fs. 343/351).
Tras efectuar una síntesis de los servicios prestados, funda su reclamo en lo dispuesto en los arts. 41 y 47 del decreto ley 9.650/80 y lo que considera su correcta interpretación.
En apoyo, cita la doctrina sentada por esta Corte en la causa B. 56.108, "Munafo", sentencia de 23-IX-1997, cuyos antecedentes fácticos considera idénticos a los que se ventilan en el sub lite .
Remarca que la demandada admitió que los cuatro cargos fueron considerados, pero que finalmente le reconoció sólo tres ya que la línea de uno de ellos fue desmembrada y usada para aumentar el porcentaje de otro cargo, sin posibilidad de formar una cuarta línea con su residuo.
Insiste con que su fórmula es la correcta y que se trata de una cuestión que no ofrece mayor dificultad, susceptible de resolverse como de puro derecho. Por eso, denuncia que el modo con el que la Cámara repartió las cargas probatorias fue absurdo.
V. El recurso no prospera.
Los argumentos introducidos por el recurrente no se muestran hábiles para revocar la sentencia impugnada. En el caso, ninguno de los agravios expuestos conlleva una réplica eficaz a los fundamentos que estructuran el fallo de la Cámara (doctr. causas Ac. 83.653, "Provincia de Buenos Aires", sent. de 12-XI-2003 y C. 90.421, "CICOP", sent. de 27-VI-2007).
V.1. Adviértase que tras reputar insuficiente el fundamento basado lisa y llanamente en la capacidad de pago del IPS, el Tribunal de Alzada sostuvo que, para que proceda un reclamo como el impetrado por el actor, éste debió respaldar con prueba útil el mal cálculo o error de cómputo que le atribuía a la conducta del ente demandado, algo que reputó omitido. Juzgó entonces que su postura no era más que un descontento con la decisión de la autoridad previsional, pero no una crítica tendiente a demostrar el apartamiento de la legalidad administrativa y, con ello, lo incorrecto de haberle denegado el reajuste.
Así las cosas, considero que los fundamentos plasmados en la sentencia no resultan alterados por las manifestaciones del recurrente, que se limita a disentir con la valoración realizada por el a quo , evitando atacar de modo directo y eficaz las premisas y conclusiones que le dan sustento a la solución puesta en crisis (doctr. causa A. 71.843, "Pelizzari", sent. de 3-XII-2014; e.o.).
En efecto: el actor insiste con reiterar el cómputo que considera ajustado a derecho, olvidando en el camino exponer el supuesto vicio o error en las resoluciones impugnadas. Como poco esfuerzo hace en explicar acabadamente su posición -a tal punto que insistió con la declaración de la cuestión como de puro derecho-, en ningún momento queda claro que la fórmula avanzada por el señor Fariseo se apegue a los lineamientos del art. 47 del decreto ley 9.650/80, ni que el monto resultante de ella supere al de la ecuación seleccionada por el IPS. Que vale resaltar, proyectó tres y se quedó con la que más beneficiaba al reclamante, afirmando que la elaborada por éste es contraria a sus propios intereses.
Puede observarse, entonces, que lo que intenta el recurrente es imponer su criterio personal en la interpretación de las normas en las que se han subsumido los hechos, sin lograr demostrar que haya existido una errónea aplicación de ellas. Y esto obliga a desestimar el recurso en esta parcela (art. 279, CPCC).
V.2. En cuanto al denunciado absurdo relativo a la imposición de la carga probatoria en cabeza del accionante, sin perjuicio de recordar la entidad de semejante vicio cuyo acogimiento siempre deviene excepcional (doctr. causa A. 74.556, "Suárez", sent. de 11-IX-2019), cabe poner de resalto que el criterio seguido por la Cámara se enrola en inveterada doctrina según la cual incumbe a la parte actora la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustenta su reclamo, especialmente frente a la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública (doctr. causas B. 55.874, "Alderete", sent. de 15-III-2002; B. 57.232, "Cosuco", sent. de 23-IV-2003; B. 56.502, "Fittipaldi", sent. de 13-VIII-2003; B. 60.905, "Diez", sent. de 22-XII-2004; B. 60.346, "Schell", sent. de 3-XI-2004; B. 60.535, "A., V.", sent. de 5-X-2005; B. 62.840, "A., R.", sent. de 27-III-2008; B. 63.335, "M., G.", sent. de 5-V-2010; B. 67.135, "Delconte", sent. de 19-XII-2012; B. 60.515, "Gearty", sent. de 22-V-2013; e.o.).
De allí que resulte inatendible el argumento esbozado por el recurrente a fs. 347 vta., de que el hecho de que su fórmula efectivamente arroja un monto superior se infiere por la simple razón de que el IPS se la rechazó; sugerencia que injustificadamente desconoce la obligada sujeción de la Administración al ordenamiento jurídico.
V.3. Tampoco ha de prosperar la impugnación sustentada en la violación de doctrina legal de la causa "Munafo" (sent. de 23-IX-1997).
El Tribunal tiene dicho que solo será suficiente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (doctr. causas A. 71.888, "Díaz", sent. de 25-II-2015 y A. 71.706, "Fernández", sent. de 20-V-2015).
Al respecto, el descuido en el que incurre el accionante a la hora demostrar con algo de plausibilidad que el método seguido por el IPS es ilegítimo y al mismo tiempo, que el suyo es válido y resulta en un incremento en el haber jubilatorio, se contagia a este tramo del embate donde no se logra patentizar la analogía o el paralelismo con el precedente invocado y, con ello, su indefectible extensión a la presente controversia.
VI. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Costas por su orden, atento a la naturaleza de la pretensión (arts. 60 inc. 1, CCA; 68, seg. párr. y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Como pone de relieve el distinguido colega, doctor Soria -a cuyas conclusiones adhiero- no resulta claro si efectivamente la fórmula propuesta por el recurrente para la determinación de su haber previsional supera la elegida por el organismo demandado, lo cual constituye un aspecto esencial para estar en condiciones de dar una respuesta de fondo al asunto.
Obsérvese, en este sentido, que en ninguna de sus presentaciones el accionante cuantificó la suma que debiera percibir en comparación a la que efectivamente se le venía abonando ni, mucho menos, ofreció prueba tendiente a demostrar el perjuicio que le ocasionaba la liquidación efectuada por el Instituto de Previsión Social, limitándose a señalar que con las constancias del expediente administrativo podía resolverse la litis (ver, por ej., las manifestaciones recaídas en la audiencia preliminar -art. 41, CCA- a fs. 294).
Por lo demás, es dable recordar que en el responde la representación fiscal afirmó, con respaldo en las constancias administrativas que individualizó, que la "pretensión del actor de que se liquide su haber en la forma deviene improcedente e inconveniente a sus propios intereses, atento que -conforme lo señalara el IPS mediante la Oficina Técnica correspondiente- la forma de liquidar el haber que le aplica [...] es la que mayor haber le arroja" (fs. 284; v. también fs. 207 y sigs., en especial fs. 220 vta.), lo cual tornaba todavía más imperioso que el actor pusiera en entredicho esa circunstancia mediante la producción de la contraprueba pertinente (conf. arts. 77 inc. 1, CCA y 333, CPCC).
En definitiva, el quejoso -en sintonía con una errada concepción de que esta causa podría resolverse como si fuera de puro derecho (v., por ej., fs. 349 vta.)- no ha procurado demostrar cuál es su interés en promover el pleito, en un defecto que se extiende a esta instancia extraordinaria, pues, como es evidente, los jueces sólo están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal en tanto exista un real interés del accionante (causas B. 57.233, "Empresa Abel y Marcial García S.A.", sent. de 12-X-2005 y B. 64.314, "Castagnari", sent. de 14-XI-2007, con cita de Ihering).
En este particular escenario, reitero mi aquiescencia con el doctor Soria cuando señala que los argumentos expuestos en el recurso no son suficientes para revocar las conclusiones de la sentencia impugnada que rechazó la pretensión básicamente por considerar que el actor no ha justificado -como era su carga (art. 375, CPCC)- el error de cálculo por parte del organismo demandado.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Costas por su orden, atento a la naturaleza de la pretensión (arts. 60 inc. 1, CCA; 68, seg. párr. y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 19/10/2020 12:32:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/10/2020 17:02:49 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 15:03:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2020 12:58:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2020 17:00:39 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia