Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 71551
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza la demanda.
Las costas se imponen a la parte actora en su condición de vencida (art. 68, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los abogados patrocinantes de la parte actora, doctores Adrián Bengolea, en la suma de doce mil cien pesos -$12.100- y Tomás Unsworth, en la suma de cinco mil doscientos pesos -$5.200-; de la letrada patrocinante de la misma parte, doctora Noelia Brito, en la suma de doce mil cien pesos -$12.100- y del señor Asesor General de Gobierno en la suma de treinta y dos mil pesos -$32.000- (arts. 9, 10, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 49 y 54, dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Acuerdo 3871, dictado el 25-X-2017), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/96) y la suma que corresponda, según sea la condición tributaria de los profesionales mencionados frente al Impuesto al Valor Agregado.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 71.551, "Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos contra Provincia de Buenos Aires sobre Inconstitucionalidad de leyes 12.396, 12.511, 12.575, 12.874, 13.002, 13.154 y 13.863", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Pettigiani, de Lázzari .
I. La Asociación Civil "Usuarios y Consumidores Unidos" promovió demanda originaria de inconstitucionalidad por sí y en representación de todos los usuarios del servicio de energía eléctrica de la Provincia de Buenos Aires que hayan abonado los impuestos creados por los decretos leyes 7.290/67 y 9.038/78 o los abonen en el futuro.
Solicitó que se declare la inconstitucionalidad de las leyes 12.396, 12.511, 12.575, 12.874, 13.002, 13.154 y 13.863, en tanto hayan dispuesto el desvío de los fondos recaudados en concepto de los mencionados gravámenes, fundando su reclamo en lo normado por el art. 51 de la Constitución provincial.
Complementariamente, peticionó que se condene a la Provincia a invertir en el cumplimiento de los fines específicos, previstos por los decretos leyes 7.290/67 y 9.038/78, todo el dinero que reputa indebidamente desviado por medio de las leyes antes indicadas y, en todo caso, requirió que se reintegren a sus representados las sumas de dinero abonadas con causa en los decretos leyes citados, que no hubieran sido destinadas conforme lo previsto por éstos.
También manifestó que, en el caso de comprobarse durante el curso del proceso que las finalidades en cuestión fueron satisfechas, las obligaciones tributarias referidas habrían perdido su causa y que por ende correspondería declarar la inconstitucionalidad de los decretos leyes 7.290/67 y 9.038/78 (v. fs. 329/351).
II. A fs. 364/370 contestó la demanda el señor Asesor General de Gobierno, solicitando su rechazo sobre la base de argumentos formales y sustanciales.
III. A fs. 377/378 la actora solicitó que la cuestión constitucional de fondo se resolviera como de puro derecho; lo cual -con aclaraciones- fue consentido por la Provincia (v. fs. 379 y 381).
IV. A fs. 382 se pusieron los autos para alegar, derecho del que la accionante hizo uso (fs. 383/395), mientras que a la demandada, ante su inacción, se le dio por perdido (fs. 397).
Emitido el dictamen de la Procuración General y dictado el llamamiento de autos para sentencia (v. fs. 398/406), la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es admisible la demanda?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El examen de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad es atribución que corresponde a esta Suprema Corte con independencia de las alegaciones de las partes (doctr. causas I. 1.499, "Fiscal de Estado", resol. de 5-III-1991; I. 1.329, "Playamar", sent. de 10-XII-1992; I. 1.465, "Las Totoras", sent. de 1-VI-1993; I. 1.322, "Industrias Ganaderas Inga", sent. de 17-X-1995; I. 1.631, "Labinca S.A.", sent. de 17-II-1998; I. 68.449, "I.G.T. 33 S.A.", resol. de 31-V-2006; I. 2.270, "VAGSA", sent. de 8-VII-2014; e.o.).
Y dado que compete al Tribunal practicar, aún de oficio, dicho análisis de admisibilidad, no habiéndolo realizado limine litis , cabe efectuarlo al momento de dictar sentencia (doctr. causas I. 1.191, "Hipódromo de La Plata", sent. de 5-III-1991; I. 1.579, "Miño", sent. de 10-XII-1992; I. 1.502, "Castilla", sent. de 30-III-1993; I. 1.617, "El Libertador", sent. de 16-VII-1996; I. 1.607, "Hidalgo", sent. de 13-IV-1999; I. 2.129, "A.DI.GRA.N.", sent. de 13-VII-2016; e.o.).
I.1. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución local, la Suprema Corte de Justicia ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada; de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por ende, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto (doctr. causas I. 74.191, "Antivari", resol. de 10-VIII-2016; I. 74.218, "Pardo Villarroel", sent. de 17-VIII-2016 e I. 2.129, cit.).
I.2. En lo que respecta a la alegada inconstitucionalidad de las leyes 12.396, 12.511, 12.575, 12.874, 13.002, 13.154 y 13.863, cabe advertir que no se presenta ni se ha invocado un supuesto de excepción a la vigencia del plazo previsto en la norma procesal aplicable para interponer la acción de inconstitucionalidad (conf. arts. 684 y 685, CPCC).
La acreditación de ese extremo resulta menester en la especie, puesto que la naturaleza estrictamente patrimonial del reclamo resulta indudable. Lo anterior, en tanto que la actora solicita la correcta aplicación o eventual devolución a sus representados de las sumas de dinero abonadas entre el año 2000 y la actualidad en concepto de impuesto al servicio de electricidad y adicional al consumo de energía eléctrica, que no habrían sido destinadas a los fines contemplados por los decretos leyes 7.290/67 y 9.038/78. Esto quiere decir que la disputa versa sobre materia tributaria, que involucra aspectos pecuniarios de esa relación, y de hecho son los intereses individuales de prácticamente todos los usuarios del servicio de energía eléctrica de la Provincia de Buenos Aires los que se han esgrimido para actuar.
Corresponde entonces analizar en esta primera cuestión la tempestividad de la demanda como uno de los recaudos esenciales de las pretensiones bajo estudio.
I.3. En tanto que los agravios a ser considerados se relacionan, como ya se dijo, a la afectación de derechos esencialmente patrimoniales, la observancia del plazo de caducidad de treinta días previsto en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial deviene aplicable. Según esta norma, dicho término debe computarse "...desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor".
Ahora bien, por principio y más allá del supuesto en que la pretensión se ejerce con finalidad preventiva, aquella afectación ha de verificarse, conforme lo ha entendido el Tribunal, cuando se produce la aplicación de la disposición cuestionada (conf. "Acuerdos y Sentencias", 1968, pág. 521; 1971-I-77; 1970-I-483; 1971-II-701; 1972-II-788; 1977-I-786; causas I. 1.513, "Merlo", resol. de 28-V-1991; I. 1.645, "Frigoni", resol. de 26-VII-1994; I. 1.691, "Genovese", resol. de 14-II-1995; I. 1591, "González", resol. de 20-X-1998; I. 2.270, cit.; e.o.).
La dilucidación de dicha circunstancia requiere, en cada caso, establecer si el menoscabo constitucional invocado por quien demanda se produce desde la vigencia de la norma, es decir, como efecto directo e inmediato de su promulgación o publicación, cuando se trata de una ley; o bien, si para ello deben mediar actos de aplicación pues la operatividad del precepto así lo exige (doctr. causa I. 2.148, "Mule", sent. de 21-V-2008).
Por ello esta Corte ha resuelto que, surgiendo del relato y antecedentes del caso que la afectación de la situación invocada por quien acciona se produjo con el dictado de la norma cuestionada, quedando sujeto el demandante al cumplimiento de sus disposiciones desde su vigencia, el plazo de caducidad ha de computarse desde ese momento (conf. causas I. 1.854, "Lamano", resol. de 11-X-1995 e I. 3.231, "Supermercados Norte", sent. de 15-XII-2010).
II.1. En la especie se impugnan, por un lado, los arts. 31 de la ley 12.396, 25 de la ley 12.575, 26 de la ley 12.874, 24 de la ley 13.002 y 30 de la ley 13.154, disposiciones correspondientes a los presupuestos provinciales de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, respectivamente, que destinaron a la jurisdicción "Obligaciones del Tesoro y Crédito de Emergencia" diferentes cantidades de recursos provenientes del impuesto al servicio de electricidad creado por el decreto ley 7.290/67 y del adicional al consumo de energía eléctrica contemplado en el decreto ley 9.038/78, con el objeto de financiar planes de obras públicas y otros conceptos.
Por su parte, la ley 12.511 se dedica a crear y regular el denominado "Plan Provincial de Infraestructura", pero en autos se discute de manera puntual su financiamiento, en tanto se le asignan, para distintos ejercicios, diferentes porcentajes del producido de los gravámenes creados por los decretos leyes 7.290/67 y 9.038/78 (v. art. 3 apdo. II incs. "b" y "c", ley cit.).
Finalmente, el art. 4 de la ley 13.863 dispone, en lo que aquí interesa, que a partir del año 2008 inclusive, los ingresos anuales y los remanentes de ejercicios anteriores correspondientes al impuesto al servicio de electricidad y al adicional al consumo de energía eléctrica, que al 31 de diciembre de cada período no hubiesen sido consumidos, se destinarán a la jurisdicción auxiliar del Ministerio de Economía "Obligaciones del Tesoro y Créditos de Emergencia" para el financiamiento de gastos del presupuesto general.
II.2. Según puede apreciarse, las normas reseñadas constituyen disposiciones dirigidas a brindar determinados destinos a los fondos recaudados por los impuestos en cuestión. Pues bien, es justamente esa asignación de recursos públicos, controvertida en autos por la actora, la que conforme el planteo que se hace en la demanda afecta los derechos patrimoniales en juego.
De allí que el plazo establecido por el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial deba computarse en la especie desde la entrada en vigencia de las leyes 12.396 (B.O., 3 a 7-I-2000), 12.511 (B.O., 26-X-2000), 12.575 (B.O., 8 a 12-I-2001), 12.874 (B.O., 16 y 17-V-2002), 13.002 (B.O., 30 y 31-XII-2002), 13.154 (B.O., 30-XII-2003) y 13.863 (B.O., 26-IX-2008), ocurrida en todos los casos varios años antes de la interposición de la demanda que dio origen a estas actuaciones, pues ella fue presentada recién el día 16 de mayo de 2011 (v. fs. 304).
II.3. Para más, cabe hacer notar que una vez radicada la causa ante esta Corte se le otorgó a la accionante un plazo de quince días para que adecuara su presentación inicial al proceso reglado en los arts. 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 310/311).
En el escrito elaborado a tal fin se abordaron diversas cuestiones (personería, objeto, hechos, legitimación, falta de necesidad de agotar la vía administrativa, e.o.), pero en ningún momento se realizó consideración alguna acerca del recaudo del plazo de caducidad de la acción, ni se brindaron argumentos en ese sentido, como tampoco se aportaron elementos tendientes a demostrar su eventual cumplimiento para el caso de así habérselo considerado (v. fs. 329/351).
III. Pues bien, es evidente que el término previsto en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial ha fenecido, por lo que corresponde declarar extemporánea la demanda. El vencimiento del plazo sella la suerte adversa a la posibilidad de ventilar en esta instancia un reclamo como el examinado (conf. causas I. 1.645, "Figoni", resol. de 26-VII-1994; I. 1.631, "Labinca S.A.", sent. de 17-II-1998; I. 1.616, "Marsiglia", sent. de 8-IX-1998; I. 1.591, "González", sent. de 29-X-1998; I. 1.593, "Paredes", sent. de 29-XII-1998; I. 1.587, "Montiel", sent. de 29-XII-1998; I. 2.160, "Parque Eterno", resol. de 27-IV-1999; I. 2.219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008; I. 1.995, "Sabatini", sent. de 5-XI-2008; I. 72.366, "Poy", resol. de 25-X-2017; e.o.).
IV. Por último, se tiene dicho que en el escrutinio constitucional de una ley o decreto dentro de este específico carril procesal resultan inatendibles -como regla- los agravios que no se asientan en el contenido normativo del precepto abstractamente considerado, sino en las alegadas aplicaciones inconstitucionales que la autoridad pública haya podido haber realizado de aquél (conf. causas I. 1.335, "Club Atlético Brown", sent. de 27-IX-1994; I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de mayo", resol. de 21-X-2005; I. 2.179, "Jaroslavsky", sent. de 30-XI-2011 e I. 72.580, "Florentin", resol. de 8-V-2013).
Sobre esa base, más allá de lo indicado en relación al vencimiento del plazo para promover la demanda, el embate contra los decretos leyes 7.290/67 y 9.038/78 encierra un planteo de la segunda índole, puesto que dichas normas son las que se ciñeron a crear, respectivamente, el impuesto al servicio de electricidad y el adicional al consumo de energía eléctrica, lo cual prima facie obsta a que por sí solas puedan hallarse en conflicto directo con el art. 51 de la Constitución provincial.
De ser viable la pretensión, esto último es lo que hipotéticamente ocurriría con las restantes normas que la actora descalifica, pues en rigor habrían sido las que desviaron el objeto de los tributos involucrados, o extendieron su aplicación más allá del tiempo necesario para redimir la deuda contraída para la construcción de las obras especiales. Pero como ya se dijo, tales planteos han sido traídos expirado el plazo que fija el art. 684 del ritual y, por ende, no pueden ser ventilados en esta instancia.
V. Conforme se desprende de lo expuesto en los puntos anteriores, la acción entablada resulta inadmisible.
Costas a la vencida (conf. art. 68, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oída la entonces señora Procuradora General, se rechaza la demanda.
Las costas se imponen a la parte actora en su condición de vencida (art. 68, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los abogados patrocinantes de la parte actora, doctores Adrián Bengolea, en la suma de doce mil cien pesos -$12.100- y Tomás Unsworth, en la suma de cinco mil doscientos pesos -$5.200-; de la letrada patrocinante de la misma parte, doctora Noelia Brito, en la suma de doce mil cien pesos -$12.100- y del señor Asesor General de Gobierno en la suma de treinta y dos mil pesos -$32.000- (arts. 9, 10, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 49 y 54, dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Acuerdo 3871, dictado el 25-X-2017), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/96) y la suma que corresponda, según sea la condición tributaria de los profesionales mencionados frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Registrada bajo el N° :
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/10/2020 11:17:27 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2020 12:31:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/10/2020 17:03:10 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2020 12:58:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2020 17:00:49 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia