Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63019
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 63.019 "Telefónica de Argentina SA contra Municipalidad de San Isidro. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani , Kogan , Genoud.
I. Telefónica de Argentina SA promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de San Isidro, solicitando la anulación de los decretos municipales 1.734/00 y 1.276/01 dictados en el expediente administrativo 13.729-T-99, con fecha 28 de junio de 2000 y 2 de mayo de 2001, respectivamente.
Por el primero de los mencionados actos se le denegó a la accionante la autorización para construir una torre tipo antena con instalaciones de transmisión y sala de equipos en el inmueble ubicado en el área de maniobras de la estación Boulogne, frente a la intersección de las calles Virrey Vértiz y Rivera de dicha localidad. Asimismo, se la intimó para que en un plazo de treinta días desarme y retire las estructuras que la inspección verificó construidas o emplazadas en el sitio de referencia.
Por el segundo se rechazó el recurso de revocatoria incoado por la interesada.
La demandante requirió, a título provisorio, que se ordene suspender la aplicación de los actos impugnados.
Ofreció prueba e hizo reserva del caso federal.
II. Mediante resolución de fecha 6 de agosto de 2003 este Tribunal denegó la medida cautelar solicitada, en virtud de no haberse acreditado en autos el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para su procedencia (v. fs. 68).
III. Corrido el traslado de ley, se presentó a juicio la Municipalidad de San Isidro y contestó la demanda. En ella defiende la legalidad de los actos cuestionados y, en consecuencia, solicita el rechazo de la pretensión anulatoria (v. fs. 76/80).
Ofreció como prueba únicamente las actuaciones administrativas.
IV. Agregadas -sin acumular- estas últimas (v. fs. 54/55); glosado el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 96/281) y el alegato por ella presentado (v. fs. 287/289), declarado por perdido a la demandada el derecho que tenía de alegar sobre el mérito de la prueba (v. fs. 290), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor juez doctor Soria, dijo:
I. Relata la actora que la Municipalidad de San Isidro, a través del decreto 1.734/00, le denegó la autorización para instalar una antena en el inmueble que ocupa la empresa Ferrovías, ubicado en el área de maniobras de la estación Boulogne, frente a la intersección de las calles Virrey Vértiz y Rivera.
Se agravia de que el aludido acto denegatorio, supuestamente sin fundamento legal, sustentó la decisión en el impacto negativo que el funcionamiento de aquella podía generar en la zona, con afectación del ambiente y el eventual perjuicio para la población que habita en los alrededores.
Destaca que el decreto 1.276/01 que denegó el recurso de revocatoria interpuesto contra el anterior tampoco habría efectuado precisiones en orden a la justificación de la decisión cuestionada.
Impugna ambas normas porque, según afirma, vulneran su "derecho subjetivo de carácter administrativo" a obtener la pretendida habilitación municipal a fin de prestar el servicio público de telecomunicaciones.
Asevera que, en el caso, la Municipalidad de San Isidro habría desbordado su competencia en el ejercicio del poder de policía, limitado a asegurar dentro de su jurisdicción territorial condiciones de salubridad, seguridad y moralidad.
En otro orden arguye que, al ser intimada a retirar la antena en cuestión, no se encontraba vigente ordenanza o decreto alguno que estableciera los requisitos exigidos por el municipio para la instalación de antenas en la ciudad.
Sostiene que los actos atacados carecen de una fundamentación mínima, son arbitrarios y que, asimismo, se contraponen con normas de mayor jerarquía que regulan el servicio público de telecomunicaciones afectando su normal prestación y, con ello, el comercio interjurisdiccional (cfr. art. 75 inc. 13, Const. nac.).
Concretamente, denuncia que el accionar comunal vulnera lo establecido en el art. 6 de la ley 19.798 en cuanto prohíbe a las provincias y municipalidades "suspender, obstaculizar o paralizar las obras o los servicios de jurisdicción nacional" y, con ello, la cláusula de la supremacía (art. 31, Const. nac.).
II. Al contestar la demanda, la Municipalidad de San Isidro niega que los actos impugnados posean vicios que los tornen nulos.
Explica que el rechazo de la habilitación decidido por el decreto 1.734/00 se basó en la zonificación del inmueble donde se hallaba montada la antena y el equipamiento de la accionante: una zona de uso residencial.
Siendo así, pone de relieve que el art. 1.2.2.12 del Código de Ordenamiento Urbano y el informe técnico producido a fs. 26 del expediente administrativo 13.729-T-1999 dan fundamento a la decisión cuestionada.
A su vez, en lo que respecta al decreto 1.276/01 señala que éste tiene sostén en el dictamen de la Asesoría Legal agregado a fs. 68 del expediente administrativo al que hace expresa referencia en sus considerandos.
Refuta que los actos impugnados afecten la prestación del servicio público que presta la empresa o le generen graves perjuicios tanto a ella como a los usuarios.
Desconoce que la decisión puesta en duda vulnere derechos constitucionales de la actora. Aclara en tal sentido que el hecho de reglamentar los requisitos que deben cumplirse en cada caso para proceder a la habilitación de algún establecimiento comercial -o, como en el caso, la instalación de una antena-, no implica vaciar de contenido el derecho a comerciar libremente (cfr. art. 14, Const. nac.).
Finalmente, en cuanto al argumento de que el municipio no puede intervenir en cuestiones propias de la prestación del servicio público de telecomunicaciones, plantea que fue la misma accionante quien legitimó su intervención al solicitar la habilitación para el emplazamiento de la antena, por lo que lo expresado en la demanda se pondría en contradicción con los propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces.
III. De la prueba producida resultan acreditadas las siguientes circunstancias útiles para decidir la controversia:
III.1. Expediente administrativo n° 13.729-T-99 s/ consulta instalación de estructura para comunicaciones:
III.1.a. A través de la nota de fecha 17 de diciembre de 1999, Telefónica de Argentina SA (en adelante, Telefónica) solicitó al Intendente de San Isidro autorización para instalar una "estructura para comunicaciones en inmediaciones de la estación Boulogne" (v. fs. 1/19).
III.1.b. Informe de la Dirección de Ordenamiento Urbano (v. fs. 24/26).
III.1.c. Acta n° 103.862B en la que se dejó constancia que el 27 de abril de 2000, en la calle Virrey Vértiz 288 de la localidad de Boulogne se comprobó en terrenos del ex ferrocarril General Belgrano la instalación de una antena y un grupo electrógeno sin permiso previo, infringiendo el art. 2.1.1.1. del Código de Edificación (v. fs. 29).
III.1.d. Decreto 1.734/00 de fecha 28 de junio de 2000 (v. fs. 35/38).
III.1.e. Recurso de revocatoria interpuesto por Telefónica (v. fs. 47/49).
III.1.f. Informe con relación al eventual impacto ambiental de la construcción a la que refieren las actuaciones (v. fs. 62).
III.1.g. Dictamen jurídico (v. fs. 68).
III.1.h. Decreto 1.276/01 de fecha 2 de mayo de 2001 (v. fs. 74).
III.1.i. Memorándum de fecha 22 de noviembre de 2000, mediante el cual el Juzgado de Faltas n° 1 de San Isidro solicitó a la Dirección de Obras Particulares que informe si Telefónica retiró las antenas y el equipamiento radioeléctrico del inmueble en cuestión y, en caso de seguir en infracción, ordenó la paralización de la obra (v. fs. 88).
III.1.j. Con fecha 8 de enero de 2001 la Dirección de Obras Particulares informó que el permiso solicitado por la empresa había sido denegado y que la antena permanecía en su lugar (v. fs. 89/90).
III.1.k. Acta n° 110.864B en la que se dejó constancia que el 10 de octubre de 2001 se comprobó que "...en la calle Virrey Vértiz en la intersección calle Rivera de la localidad de Villa Adelina [...] en predios del Ferrocarril Belgrano, concesión de la Empresa Ferrovías, la instalación de una torre antena, sin permiso previos, infringiendo art. 2.1.1.1. del CE y, 89 y 90 del C. Contravencional" (v. fs. 97).
III.2. Disposición 2.577/02 dictada el 21 de junio de 2002 por el Gerente de Ingeniería de la Comisión Nacional de Comunicaciones (v. fs. 104/108).
III.3. Informe de la Comisión Nacional de Comunicaciones (v. fs. 109).
III.4. Informe presentado por el perito ingeniero civil, que incluye fotos de la torre antena ya construida (v. fs. 114/119).
III.5. Informe presentado por el perito ingeniero en electrónica (v. fs. 253/267).
IV. Tal como han quedado expuestas las posiciones de las partes, la cuestión a decidir se centra en determinar si los decretos 1.734/00 y 1.276/01, en cuanto denegaron el permiso para construir una torre antena en el inmueble ubicado en el área de maniobras de la Estación Boulogne, frente a la intersección de las calles Virrey Vértiz y Rivera de la localidad de San Isidro, se ajustan a derecho.
IV.1.a. Es útil comenzar recordando que los gobiernos locales cuentan con atribuciones constitucionales y legales para expedir normas vinculadas al ordenamiento territorial y el desarrollo de actividades productivas, industriales y comerciales, dentro de sus jurisdicciones. En ese sentido, este Tribunal ha expresado que los municipios poseen potestades suficientes para regular variados aspectos referidos a las obras y actividades que se desarrollan en el espacio comunal, en bienes públicos o del dominio privado, en el interés urbano ambiental (cfr. arts. 41 y 123, Const. nac.; 190 y 192 inc. 6, Const. prov.; doctr. causas I. 2.043, "Masil", sent. de 15-III-2000; I. 1.992, "Aguas Argentinas SA", sent. de 7-III-2005; B. 65.508, "Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata Ltda.", sent. de 27-XII-2017 y B. 66.852, "Bartel", sent. de 10-VII-2019; e.o.).
IV.1.b. Por su parte, la Ley Orgánica de las Municipalidades (en adelante LOM; dec. ley 6.769/58 y modif.) dispone que "Las Ordenanzas deberán responder a los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, educación, protección, fomento, conservación y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen con las atribuciones provinciales y nacionales" (art. 25).
A su vez, establece que corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar "La radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales, en la medida que no se opongan a las normas que al respecto dicte la Provincia y que atribuyan competencia a organismos provinciales" (art. 27 inc. 1). Y, en lo que aquí interesa: "La instalación y el funcionamiento de establecimientos [...] de servicios públicos y todo otro de interés general en el partido, en la medida en que no se opongan a las normas que al respecto dicte la Provincia" (art. 27 inc. 9).
El mismo ordenamiento también dispone que atañe a los concejos deliberantes establecer "...las zonas industriales y residenciales del partido, imponiendo restricciones y límites al dominio para la mejor urbanización" (art. 28 inc. 7).
IV.2. Ligado a lo último, esta Suprema Corte ha sostenido que el gobierno local puede legítimamente adoptar medidas particulares referidas al emplazamiento de ciertas actividades, de modo de localizarlas en zonas específicas, adecuadas para los respectivos usos (doctr. causa I. 1.248, "Sancho", sent. de 15-V-1990; B. 65.508 y B. 66.852, cits.). Ello así, toda vez que las comunas cuentan con la potestad jurídica de limitar el ejercicio de determinados derechos individuales con el fin de asegurar el bienestar general (cfr. doctr. causa B. 59.197, "Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata Ltda.", sent. de 27-IX-2017).
El legislador provincial ha definido a la zonificación como un "instrumento técnico-jurídico tendiente a cubrir las necesidades mínimas de ordenamiento físico-territorial, determinando su estructura general, la de cada una de sus áreas y zonas constructivas, en especial las de tipo urbano, estableciendo normas de uso, ocupación y subdivisión del suelo, dotación de infraestructura básica y morfología para cada una de ellas" (art. 78, dec. ley 8.912/77). Su ejercicio recae principalmente en el nivel municipal (art. 70, dec. ley 8.912/77; doctr. causa I. 1.665, "Zanni", sent. de 23-VII-2008).
IV.3. Por su lado, se ha sostenido que la autorización constituye un acto administrativo de contenido preventivo mediante el cual se verifica el cumplimiento de las condiciones impuestas por la reglamentación en razón del interés o la necesidad colectiva. Con una decisión favorable, el solicitante queda facultado para desplegar la actividad que persigue, lo que implica la remoción de un obstáculo legal para su ejercicio (doctr. causas B. 57.195, "Droguería Suizo Argentina SA", sent. de 14-VI-2000; B. 58.949, "Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 7-II-2001; B. 57.019, "Bulus", sent. de 14-V-2003; B. 59.255, "Ramudo", sent. de 12-X-2005; B. 55.392, "Rusconi", sent. de 11-IX-2013; B. 63.444, "Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata Ltda.", sent. de 27-XII-2017; e.o.).
Como ya se dijo, por decreto 1.734/00 (v. fs. 6/7) el Intendente de San Isidro le denegó a Telefónica la autorización para construir la torre tipo antena e instalar equipamiento radioeléctrico en el inmueble ubicado en el área de maniobras de la estación Boulogne, frente a la intersección de las calles Virrey Vértiz y Rivera de esa localidad (art. 1). Asimismo, intimó a la empresa para que en el plazo de treinta días desarme y retire los materiales e instalaciones complementarias construidas o emplazadas en el mencionado sector que se encontraron en la inspección ocular (art. 2).
Vale poner de relieve que la actora -sin aguardar la conformidad municipal- había implantado el respectivo equipamiento en el inmueble, levantando allí una antena. Ello resulta del relato efectuado en el escrito de demanda (v. fs. 15/24), de las actas de comprobación n° 103.862B (v. fs. 29, expte. admin.) y n° 110.864B (v. fs. 97, expte. admin.), como también, de lo informado por la Dirección de Obras Particulares (v. fs. 57 y 90, expte. admin.) y en el memorándum de 22 de noviembre de 2000 remitido al juzgado de faltas (v. fs. 89, expte. admin).
V. La actora sostiene que los decretos cuestionados violan normas federales de mayor jerarquía; en particular, el art. 6 de la Ley de Telecomunicaciones n° 19.798 (cfr. art. 31, Const. nac.).
V.1.a. En su reclamo, pone el foco en la última parte del precepto citado en el párrafo anterior, que dice: "Las provincias o municipalidades no podrán expropiar las instalaciones de telecomunicaciones, ni suspender, obstaculizar o paralizar las obras o los servicios de jurisdicción nacional".
Su argumento parte del supuesto de que se le ha privado de un derecho perfecto cuando, según reconoce, no obtuvo la correspondiente habilitación, aunque edificó de todos modos. Y así, pasa por alto toda otra serie de disposiciones previstas en el mismo ordenamiento que reconocen la potestad local para autorizar -e inspeccionar en el ejercicio del poder de policía después- la construcción de antenas y equipos afectados al servicio público de telecomunicaciones, sin que ello pueda considerarse per se una interferencia u obstrucción indebidas, o el desconocimiento de intereses federales prevalentes (cfr. arts. 75 inc. 30 y 123, Const. nac.; 190 y sigs., Const. prov.; 24, 25 y 27 incs. 1, 8 y 9, LOM; doctr. causas B. 66.819, "Telefónica Móviles Argentina SA c/ Municipalidad de Moreno", sent. de 15-VIII-2012; B. 63.520, "Telefónica Móviles Argentina SA c/ Municipalidad de Moreno", sent. de 9-V-2018; C. 122.358, "Municipalidad de San Antonio de Areco c/ AMX Argentina SA", sent. de 6-XI-2019; CSJN Fallos: 320:619; 321:1052; 329:976; 337:858).
Tal es la lectura que se ha hecho del art. 39 de la ley 19.798, cuando prevé que "A los fines de la prestación del servicio público de telecomunicaciones se destinará a uso diferencial el suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal, con carácter temporario o permanente, previa autorización de los respectivos titulares de la jurisdicción territorial para la ubicación de las instalaciones y redes...".
V.1.b. Ahora bien, en rigor la actora contaba con el derecho a obtener un pronunciamiento fundado acerca de la habilitación para el montaje de sus equipos y la antena, y no un título adicional, especialmente protegido, que amparase la instalación concretada. Su situación, entonces, difiere de aquella que recientemente ocupara a la Corte federal en la causa "Telefónica Móviles Argentina SA", sentencia de 19-VII-2019 (Fallos: 342:1061). En ese precedente la compañía de telecomunicaciones efectivamente alegaba contar con las habilitaciones respectivas y lo que se discutía era el cambio de regulación sobreviniente que la obligaba a retirar sus antenas a más de quinientos metros de zonas urbanas o de donde se desarrollaren ciertas actividades específicas. Estas notas esenciales del caso difieren de las que exhibe el sub lite .
V.1.c. De todo ello se desprende que no tiene valor dirimente la conclusión pericial respecto a que la antena de referencia contribuiría a la "calidad, regularidad y continuidad del servicio público de telecomunicaciones", con notable aumento de ruido en las transmisiones ante la hipótesis de desmantelamiento (v. fs. 253/256). La conducta desplegada por la demandante, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, la obliga a cargar con las potenciales consecuencias perjudiciales derivadas del hecho de haber actuado sin contar con la habilitación municipal (cfr. doctr. causas B. 49.290, "Ocral SA", sent. de 17-II-1987; B. 52.177, "Sebastian Michel SRL", resol. de 14-V-1991; B. 52.179, "Empresa Horacio Elvio Raverta", resol. de 6-VII-1991; B. 54.004, "Aserradero Savia Nueva SA", sent. de 31-VIII-2007; B. 51.429, "Industrias Atlantic S.A", sent. de 22-VIII-2018; e.o.).
V.1.d. En suma, el agravio fundado en la supremacía federal no es de recibo en esta parcela y, por tanto, debe ser desestimado.
V.2. Con todo, bien podría configurarse un supuesto de obstaculización o paralización del servicio nacional en los términos del art. 6 in fine de la ley 19.798 ante una denegatoria que pudiera tildarse de arbitraria. A esto apunta básicamente el otro agravio de Telefónica, cuando cuestiona las razones que motivaron el contenido de los decretos del municipio.
V.2.a. Al respecto, este Tribunal ha consolidado una doctrina legal que exige a toda autoridad pública motivar adecuadamente sus determinaciones. Ello ha sido enfatizado en el precedente "Zarlenga" (causa B. 62.241, sent. de 27-XII-2002), y reiterado en numerosas ocasiones (v. por todas, causa Q. 72.700, "Marcó", resol. de 6-VIII-2013), como modo de reconstrucción del iter lógico seguido por la autoridad para justificar una decisión de alcance particular que compromete o afecta situaciones subjetivas, derivación del principio republicano de gobierno (arts. 1, Const. nac. y Const. prov.) y, al mismo tiempo, imperativo de inexcusable cumplimiento para garantizar la racionalidad y transparencia de la actuación estatal. La satisfacción de dicho requisito exige brindar una respuesta clara y circunstanciada a las peticiones ante aquella deducidas y a las cuestiones troncales a decidir en los procedimientos incoados de oficio (v. mis votos en las causas P. 100.862, "Salvatori Reviriego",
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