Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123306
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.306, "Panettieri, Estefanía contra Cosentino, María Concepción y otro. Cumplimiento de contrato", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Genoud, Kogan.
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata confirmó en lo sustancial la sentencia de primera instancia que, a su turno, había rechazado la demanda y estimado procedente la reconvención por resolución contractual articulada por las accionadas. Por otra parte, desechó el resarcimiento reclamado en concepto de daño económico y adicionó a las sumas objeto de restitución la tasa pasiva más alta que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en dólares estadounidenses a treinta días (v. fs. 2.002/2.022).
Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de nulidad y, por las demandadas, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 2.044/2.054 y 2.039/2.043).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La señora Estefanía Panettieri, en su condición de vendedora, promovió la presente acción de cumplimiento de contrato, escrituración, fijación de plazo y daños y perjuicios contra las señoras Adriana Mónica Cosentino y María Concepción Cosentino (v. escrito de inicio: fs. 65/92).
Relató que el día 23 de abril de 2012 las partes suscribieron un boleto de compraventa que tuvo por objeto la transmisión de un inmueble sito en la calle 12 de octubre n° 5.852/56/58, UF 6, de la ciudad de Mar del Plata. Refirió que se convino abonar USD 2.000 con anterioridad a la suscripción del instrumento privado, USD 65.500 a la firma del mismo y USD 7.500 al momento del otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, a la par que expuso que a la fecha prevista no se otorgó la mentada escritura pública debido a la renuencia injustificada de las adquirentes (v. fs. cit.).
Corrido el pertinente traslado, se presentaron las accionadas adquirentes oponiendo la exceptio non adimpleti contractus como defensa de fondo y reconviniendo por resolución contractual (v. fs. 708/795 vta.).
La señora jueza de primera instancia -tras concluir que en atención a las modificaciones efectuadas al Reglamento de Copropiedad y Administración se vieron alteradas las condiciones jurídicas de lo prometido en venta- rechazó el reclamo actoral, haciendo lugar a la reconvención articulada. En consecuencia, ordenó la restitución de lo recibido con motivo de la contratación, estipulando expresamente que no correspondía adicionar intereses al capital abonado, toda vez que esta obligación se encontraba compensada por el uso del inmueble desde el año 2012. Asimismo, condenó a la accionante al pago de la suma de $187.736 en concepto de indemnización de daños y perjuicios, con más la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 1.768/1.785 vta.).
II. Apelado dicho pronunciamiento por ambas partes, la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata lo confirmó en lo sustancial, rechazando el resarcimiento reclamado en concepto de daño económico y adicionando, a las sumas que debían ser restituidas a las accionadas, la tasa pasiva más alta que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en dólares estadounidenses a treinta días (v. fs. 2.002/2.022).
III. Frente a este modo de decidir, deduce la actora recurso extraordinario de nulidad mediante el cual denuncia la infracción de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 2.044/2.054).
De un lado, alega que el Tribunal de Alzada incurrió en la omisión de tratamiento de diversas cuestiones esenciales para la dilucidación de la causa (v. fs. 2.047/2.050).
Del otro, sostiene que el decisorio carece de fundamentación, por asentarse en afirmaciones meramente dogmáticas que no se corresponden con las particularidades del caso y resultan huérfanas de toda demostración (v. fs. 2.050/2.053 vta.).
IV. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 2.071/2.074 vta., considero que el recurso no debe prosperar.
IV.1. En su presentación alega la recurrente que la Cámara ha preterido los siguientes tópicos de trascendencia para el fallo, introducidos oportunamente por la parte: la violación del principio de autonomía de la voluntad; la transgresión de la teoría de los actos propios; el apartamiento de las directrices fundantes del derecho contractual, obligacional y procesal; la desatención de la actitud posterior a la celebración del contrato asumida por las demandadas; la existencia no valorada de prueba decisiva, útil y conducente a los fines del proceso; la contravención al principio de razón suficiente; la errónea aplicación de la ley; la falta de consideración de la verdad objetiva de los hechos que aparecen con relevancia para la resolución de la causa; la afectación del derecho de propiedad de la actora y el desentendimiento de las consecuencias del decisorio (v. fs. 2.047/2.050).
Basta una atenta lectura del pronunciamiento impugnado para advertir que las cuestiones esenciales a atender para la solución del pleito fueron abordadas y resueltas por el juzgador, más allá del acierto o extensión con que lo hizo (v. fs. 2.003/2.008; conf. causas C. 93.144, "Balaguer", sent. de 9-VI-2010; C. 108.951, "M., L. L.", sent. de 24-V-2011; etc.), siendo que lo importante a los fines de la procedencia del recurso de nulidad es la omisión de una cuestión esencial y no el sentido en que fue resuelta.
En esencia, no debe confundirse la omisión de tratar una cuestión esencial con la falta de consideración de un argumento, ya que los argumentos de hecho o de derecho en que las partes sustenten sus pretensiones no revisten el carácter de cuestión esencial (conf. causas C. 102.195, "Silva Lescano", sent. de 14-IX-2011; C. 120.354, "Superintendencia de Seguros de la Nación", sent. de 18-X-2017; e.o.).
Adviértase asimismo que la magistrada preopinante -doctora Zampini, quien concitó la adhesión de su colega doctor Geréz- luego de enumerar uno a uno los agravios llevados ante el Tribunal de Alzada por la actora (v. fs. 2.003/2.008), abordó cada uno de ellos identificándolos a lo largo de los considerandos VI incs. "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" y "H" (fs. 2.009/2.019).
En particular, cabe señalar que la Cámara, en ejercicio de facultades que le son propias, juzgó que los cuestionamientos enunciados como primero, segundo, tercero, quinto, séptimo y decimotercero (v. cons. VI inc. "B") no satisfacían las exigencias del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 2.012/2.014); por ende, tales tópicos que se dicen preteridos quedaron desplazados al declarar el Tribunal de Alzada desierto el recurso respecto de las referidas cuestiones.
Tampoco resulta atendible la crítica formulada por la supuesta falta de tratamiento o deficiente examen de las pruebas incorporadas al proceso (v. fs. 2.048 vta./2.049 vta.).
Sabido es que tales quejas encierran en rigor la imputación de un error de juzgamiento, siendo que los agravios basados en infracciones de esa índole devienen extraños al ámbito del recurso extraordinario de nulidad y deben ventilarse mediante el de inaplicabilidad de ley (conf. causas C. 91.597, "Sociedad Civil Barrio ATE III, IV, V, VI, VII", sent. de 17-VI-2009; C. 101.343, "Hwang Gye Sun", sent. de 17-VI-2009; entre muchas).
IV.2. Igual suerte adversa ha de correr la denunciada infracción del art. 171 de la Constitución provincial.
El quebrantamiento de la aludida norma constitucional solo se produce cuando el pronunciamiento carece de todo fundamento jurídico, faltando la invocación de los preceptos legales pertinentes. Entonces, cumple con la exigencia que impone el texto supra legal la sentencia que está fundada en expresas disposiciones normativas, dado que -como se advirtiera-, no corresponde juzgar por medio del recurso de nulidad el acierto con que han sido aplicadas (conf. causas C. 97.082, "Garay", sent. de 11-V-2011; C. 120.653, "Campagne", sent. de 7-VI-2017; etc.). En el caso, de la sentencia obrante a fs. 2.002/2.022 surge que se ha dado cumplimiento a la requisitoria constitucional, ponderando a lo largo del dispositivo las normas sobre las que se asienta la decisión.
V. No demostradas, entonces, las infracciones denunciadas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad articulado (arts. 296 y 298, CPCC). Con costas a la vencida.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Contra la sentencia de fs. 2.002/2.022, en esta oportunidad, las accionadas interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el cual denuncian la violación de los arts. 622 y 623 del Código Civil; 17 de la Constitución nacional y 10 y 11 de su par local. Asimismo, aducen el quebrantamiento de la doctrina legal que citan. Hacen reserva del caso federal (v. fs. 2.039/2.043).
Cuestionan la aplicación al caso de la tasa de interés establecida en los precedentes C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), en tanto afirman que las particulares circunstancias de la causa -reclamo en moneda extranjera- difieren de las acaecidas en los fallos citados (v. fs. 2.041 y vta.).
Al respecto señalan que la presente litis es análoga a la causa C. 121.134 ("Nidera"), toda vez que en dicha oportunidad fueron asimiladas las deudas fijadas a "valores actuales" a las obligaciones expresadas en "monedas fuertes", aplicándose una tasa de interés del 6% anual, la cual solicitan se fije en la especie (v. fs. 2.041 vta. y 2.042).
Subsidiariamente, peticionan la aplicación de una tasa de interés del 2,5% anual de conformidad con lo resuelto en el precedente C. 119.835 ("De Almeida"), por considerarlo equiparable al sub lite (v. fs. 2.042 vta.).
II. Este recurso tampoco puede prosperar.
II.1. Se impone precisar que no ha sido objeto de controversia la aplicación al caso de las normas previstas en el Código de Vélez (v. fs. 1.774 vta. y 1.775), circunstancia, como veremos más adelante, relevante a los fines de precisar el correcto alcance del punto a resolver.
II.2. La Cámara entendió que, en los supuestos en que no exista tasa legal o en los que no haya sido pactada por las partes, los intereses deben liquidarse a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, de conformidad con la doctrina legal de este Tribunal (conf. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; v. fs. 2.020 vta.).
A la luz de estas consideraciones, estableció que a las sumas debidas por la actora en dólares estadounidenses en concepto de restitución de lo abonado oportunamente debía adicionarse la tasa pasiva más alta de la referida entidad bancaria en sus depósitos a treinta días de la mencionada divisa (v. fs. cit.).
II.3. Ahora bien, sabido es que la violación de la doctrina legal a que la se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil se configura cuando un fallo se aparta de un precedente jurisprudencial sentado por esta Corte en casos análogos o de estrecha similitud (conf. causas C. 115.881, "Fideicomiso Ave Fénix", sent. de 19-XII-2012 y C. 118.083, "Muñoz", sent. de 17-VI-2015).
Las recurrentes sostienen que la sentencia bajo recurso aplica erróneamente la doctrina legal de las causas "Cabrera" y "Trofe", desconociendo los precedentes C. 121.134, "Nidera", sentencia de 3-V-2018 y C. 119.835, "De Almeida", sentencia de 29-VIII-2018, análogos -a su juicio- al caso ventilado en autos.
Se trata de una apreciación incorrecta. Veamos.
II.3.a. En ejercicio de su competencia (arts. 161 inc. 3 apdo. "a", Const. prov.; 279 y 289, CPCC), esta Corte ha interpretado en su hora los alcances del art. 622 del Código de Vélez a partir de las decisiones que se registran en las causas Ac. 43.448, "Cuadern" y Ac. 43.858, "Zong" (sents. de 21-V-1991). De ese modo, tuvo ocasión de fijar una doctrina legal según la cual, en materia del interés judicial moratorio que corresponde a obligaciones dinerarias, ha de aplicarse la tasa pagada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación hasta el pago efectivo (doctrina esta que luego fue ratificada en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce", sents. de 21-X-2009, y precisada en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe", cits., en el sentido de que debe utilizarse la "tasa pasiva más alta" de esa institución). Vaya dicho a mayor abundamiento que, hasta entonces, se había interpretado que por principio la estimación de esos accesorios era resorte privativo de las instancias de grado (v.gr. causas "Parula, Floro c. Provincia de Buenos Aires", sent. de 15-II-1955, JA, 1955-II-158; "Provincia de Buenos Aires c. Leiva, Cecilio", sent. de 27-V-1952, JA, 1952-III-179; "Provincia de Buenos Aires c. Roccatagliata", sent. de 14-V-1957, Ac. y Sent. 1957-II-465; e.o.).
Por lo demás, en esa época se postulaba un tratamiento diferenciado respecto de la estimación de los intereses según se tratara de una deuda dineraria o de valor (v. el voto del doctor Pisano en la causa Ac. 49.799, "Kusnesov", sent. de 3-V-1994, sin disidencias; e.o.), desde que solo las primeras quedaban comprendidas en el ámbito de aplicación del art. 622 del viejo Código, inserto en el capítulo IV "De las obligaciones de dar sumas de dinero" del título VII, Sección Primera, Parte Primera del Libro II, de aquel antiguo digesto.
II.3.a.i. El hecho de que la presente controversia encuentre su ámbito de subsunción en las normas establecidas en el anterior Código Civil conduce -obvio es subrayarlo- a la aplicación de la doctrina legal diseñada en derredor del referido art. 622. Esto, sumado a la consideración de la regla contenida en el art. 617 de ese mismo Código (texto según ley 23.928) según la cual "...si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República [como aconteció en la especie], la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero", no permite propiciar una interpretación diferente.
De allí que la decisión recurrida, en cuanto resolvió que los accesorios que corresponden al crédito de autos "...deben liquidarse a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en dólares a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa", traduce la inobjetable aplicación de la doctrina legal con vocación al caso.
II.3.a.ii. Esta conclusión, sin embargo, no puede trasladarse sin más a aquellas situaciones o relaciones jurídicas que vayan a ser resueltas por aplicación de las normas que contiene el Código Civil y Comercial de la Nación, relativas a obligaciones expresadas en moneda extranjera, atento a la disímil redacción existente entre el texto de los dispositivos aquí involucrados (arts. 617, 619 y 622, Cód. Civ.) y el que establece el enunciado del art. 765, segunda parte, del nuevo ordenamiento.
II.3.b. Desde otro vértice, vale tratar la peticionada aplicación de la solución que emerge de los precedentes "Nidera" y "Vera". En esos pronunciamientos se ha resuelto que cuando proceda el ajuste por índices, o bien cuando se fije un quantum indemnizatorio a valores actuales, para compensar la mora debe en principio emplearse un interés puro (6% anual), a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito. Una vez precisada la condena pecuniaria, el interés moratorio a futuro, aplicable a partir de la fecha de la conversión de la deuda de valor en dinero, se rige por la tasa determinada en los autos "Cabrera" y "Trofe" de esta Corte.
Los presupuestos de aplicación de la tasa de interés puro consisten, de un lado, en el justiprecio del daño a valores actuales y del otro, en que el dies a quo de esos accesorios comienza con el hecho lesivo y transcurre por el lapso anterior a dicha evaluación, hipótesis que no concurren en el caso.
En lugar de haberse reconocido una deuda de valor cuantificada a valores actuales en moneda de curso legal, en este proceso se está ante un supuesto de deuda expresada en su origen en moneda extranjera, la cual, dadas las notas que exhibe el régimen jurídico aplicable (art. 617, Cód. Civ.), sigue las aguas de una obligación dineraria. Ergo, lo que se debe restituir es la suma nominal recibida en dólares estadounidenses por la actora (art. 619, mismo ordenamiento).
En ello estriba la diferencia con los casos abordados en los fallos citados por el impugnante.
II.3.b.i. En el escrito recursivo se afirma que en los precedentes "Vera" y "Nidera" se equiparó el supuesto de la deuda de valor al de las deudas expresadas en moneda fuerte, por lo que -se dice- procede colegir que "...frente a casos de deudas expresadas en monedas fuertes -dólares- como es el de autos, debe hacerse aplicación de una tasa del 6% anual" (fs. 2.024).
No es tal la inteligencia adecuada de lo resuelto en esas controversias que no exhiben la analogía que quienes aquí recurren mencionan.
Según se ha dicho, la solución plasmada en esos asuntos es de uso para aquellos casos -diferentes al de autos- en los cuales la obligación de valor es cuantificada por la expresión dineraria correspondiente al momento de la evaluación de la deuda. En ellos se valoró la procedencia de una tasa de interés puro, es decir, aquella destinada a la retribución del capital, despojada de otros componentes. Y para fijar su cuantía se adoptó -siguiendo una tradicional jurisprudencia- la alícuota del 6% anual. Con todo, se dejó en claro que su elección obedecía -además de a los motivos históricos ligados a los precedentes que allí se citan- a la ausencia de agravios que pudieran justificar una tasa diferente, y a su congruencia y proporcionalidad con ciertas operaciones de crédito a las que se tuvo como referencia.
Con ese preciso alcance y en el contexto de las tasas existentes en el mercado de créditos, se inserta la alusión a las "operaciones expresadas en monedas fuertes", esto es, como dato referencial del universo de accesorios -de diversa magnitud- vinculados a diversos negocios jurídicos, así como de aquellas que tenían como base un capital ajustable por índices y no -como pretenden las recurrentes- para señalar el ámbito de aplicación de la doctrina legal allí establecida.
En síntesis, en la especie, la prestación establecida en moneda extranjera debe equipararse a la propia de una obligación dineraria, pues el régimen jurídico aplicable así lo establece. Por ende, se encuentra alcanzada por la doctrina legal sentada en los casos "Cabrera" y "Trofe" que, desde luego, en asuntos como los de autos debe referirse al régimen de depósitos bancarios en dólares del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que asigna una alícuota vinculada con el valor de esa divisa, que guarda una entida
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