Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121060
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.060, "González, Sebastián Ariel contra QBE Argentina ART S.A. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, de Lázzari, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 127/138 vta.).
Se interpuso, por QBE Argentina ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 151/162 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Sebastián Ariel González y condenó a QBE Argentina ART S.A., al pago de la suma que estableció en concepto de prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16- y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice RIPTE dispuesto en esta última.
Para así decidir, en el veredicto, declaró acreditado que el día 20 de diciembre de 2011 el actor sufrió un accidente de trabajo que le provocó una incapacidad laboral del 4,15% del índice de la total obrera (v. fs. 127 y vta.).
Sobre ese escenario, en la sentencia, con sustento en un precedente del mismo tribunal y en la doctrina autoral, estableció que la ley 26.773 debía aplicarse a las contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Señaló que esta conclusión no importaba aplicarla en forma retroactiva, puesto que se trataba de una reparación no consumada, en cuanto al momento de dictarse el fallo la prestación dineraria no se encontraba cumplida. A partir de esas conclusiones declaró la invalidez constitucional del art. 17 apartado 5 de la mencionada ley, "por encontrarse en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la C.N. y con el principio de la aplicación inmediata de la nueva ley (art. 7 CCCN)", ponderando, además, que dicha solución luce "en sintonía con el principio de progresividad" (v. fs. 132/134).
Luego, puesto a cuantificar la prestación dineraria que le correspondía percibir a González, declaró aplicable al caso la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16, y el art. 3 de la ley 26.773. En ese orden, multiplicó el importe de $1.090.945 por el porcentaje de incapacidad, a dicho resultado le sumó una indemnización equivalente al 20% y, a su vez, le restó el monto ya abonado por la aseguradora de riesgos del trabajo. Por último, lo ajustó conforme al índice RIPTE, arribando así al valor total de $197.144,72 (v. fs. 134 vta.).
Finalmente, dispuso que a dicho capital "atento al particular modo de concluir [...] se le aditen los intereses a partir de la presente sentencia hasta su efectivo pago a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia" (fs. 135).
II. Contra dicho pronunciamiento QBE Argentina ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18, 19 y 31 de la Constitución nacional; 15 y 31 de la provincial; 3 del Código Civil; 7 del Código Civil y Comercial; 8, 14, 21, 22, 26 y 46 de la ley 24.557; 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; del decreto 472/14 y de la doctrina legal que identifica.
Señala que el tribunal de grado al aplicar al caso la ley 26.773 -que no se encontraba vigente al momento del accidente del actor- descalificando la validez constitucional de su art. 17 apartado 5, transgredió, además de las citadas normas constitucionales, derechos adquiridos y el principio de irretroactividad, consagrado en el art. 3 del Código Civil, ratificado por el art. 7 del Código Civil y Comercial, y plasmado asimismo en el art. 17 apartado 5 de la ley indicada.
Explica que, de acuerdo al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Escudero" (sent. de 25-V-1991) y "Espósito" (sent. de 7-VI-2016), y por este Tribunal en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), "la compensación económica debe determinarse conforme a la ley vigente cuando ese hecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito, que persigue el reconocimiento de ésta situación y de sus efectos en el ámbito jurídico" (fs. 158/160).
Advierte que, además, la decisión objetada "alteraría gravemente la ecuación económica del contrato de seguro" (v. fs. 160 vta.).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. De inicio se impone destacar que el veredicto carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653 (v. fs. 127). Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó dicho pronunciamiento (v. fs. 128 y 137 vta.), limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 138 vta.).
Al respecto, cabe precisar que, aun cuando los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Aclarado ello, corresponde señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Acordada 3867/17), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653. Así lo entendió también el a quo , al concederlo en la resolución de fs. 166/167, que arriba firme y consentida a esta instancia extraordinaria.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
En consecuencia, este superior Tribunal debería, en principio, limitar su intervención a constatar si efectivamente se ha violado la doctrina invocada por la recurrente.
III.3. Empero, no puede soslayarse que el agravio que anima la impugnación, destinado a cuestionar la decisión de grado de declarar la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y -por su conducto- disponer la aplicación retroactiva de esta, involucra el análisis de una cuestión federal.
III.3.a. Al respecto, ha declarado esta Corte que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.3.b. En tales condiciones, debe revocarse la descalificación constitucional del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 pronunciada en la instancia ordinaria.
Sobre el particular, he de insistir en que las mejoras que esta normativa introdujo a la ley 24.557 sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
Este es el criterio interpretativo que esta Suprema Corte plasmó al expedirse tanto con relación al decreto 1.278/00 (v.gr. causas L. 94.904, "Bertino"; L. 94.456, "Vecchi" y L. 107.414, "S., A. R.", citadas por el recurrente), como respecto del decreto 1.694/09 (v.gr. causas L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-III-2014 y L. 116.622, "Bracco", sent. de 15-IV-2015); arribando a idéntica solución en oportunidad de dirimir la vigencia temporal de la ley 26.773 (v. causa L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016).
En este marco, es dable recordar que, si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación de dicho precepto, toda vez que no lo advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional.
III.3.c. Luego, siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria, de la que participo- en el mentado precedente L. 118.695, y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de grado juzgó el caso, considero que la crítica focalizada en la aplicación retroactiva de la ley 26.773 resulta procedente.
En efecto, en la citada causa esta Suprema Corte -por mayoría y tal como señalara en el apartado anterior- estableció que en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la misma ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decretos 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo solo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia. Dicho criterio, asimismo, se condice con el adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
En consecuencia, teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral -esto es el 20 de diciembre de 2011, en tanto ella fue determinante en el razonamiento trazado por el tribunal de grado- no se encontraba vigente la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012), asiste razón a la recurrente en cuanto postula que sus disposiciones no resultan aplicables al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa norma, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de condena y, por ende, remitir los autos a la instancia de origen a fin que, con nueva integración, dicte el pronunciamiento que corresponda.
III.4. En cuanto a los intereses moratorios determinados en la instancia de grado, siguiendo el criterio delineado en la causa L. 120.764, "Márquez, Viuda de Perrone" (sent. de 7-II-2018), cabe manifestar lo siguiente.
Debido al modo en que el tribunal a quo resolvió aplicar dichos accesorios, circunstancia que incluso hizo explícita ("atento al particular modo de concluir [...] se le aditen intereses a partir de la presente sentencia...", fs. 135), considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de aplicar la ley 26.773 al importe de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo y, por otro, la manera en que los intereses moratorios fueron determinados desde la fecha del fallo.
Por lo cual, siendo que -conforme propongo precedentemente- debe revocarse la aplicación de esa normativa, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el sentenciante en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación que involucró la aplicación al capital de condena de dichos preceptos.
En consecuencia, habida cuenta que los autos deberán volver al tribunal de origen por los motivos expuestos en el apartado III.3.c., asimismo los intereses moratorios tendrán que ser nuevamente fijados en dicha oportunidad.
Sin perjuicio de lo cual, resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte ha sentado doctrina legal al respecto, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), entre muchas otras.
III.5. Por último, y en atención al señalamiento formulado en el punto III.1. de este voto, me veo compelido a exhortar sobre las irregularidades que se advierten en el dictado de la sentencia de la presente causa. El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni puede ser exigido el cumplimiento puramente formal de cada una de las reglas que lo regulan. Pero tampoco es terreno anómico donde las cosas puedan hacerse de cualquier manera. Precisamente, la falta en el veredicto de fecha y lugar, así como la omisión del Actuario de rubricar la sentencia, constituyen evidencias de la displicencia y liviandad con que los intereses en juego han sido tratados.
A ello debe sumarse el evidente desapego de los jueces de grado a la doctrina actualmente vigente, cuyo acatamiento -vale recordar- responde a la necesidad de mantener, conforme una de las facetas de la télesis de la casación, la uniformidad de la jurisprudencia, viéndose frustrada tal finalidad frente a decisiones que se apartan del criterio sentado por esta Corte, con el consecuente dispendio de actividad jurisdiccional y tiempo para las partes litigantes que reclaman justicia (arts. 34 inc. 5 "e", CPCC; 63, ley 11.653 y 15, Const. prov.).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y, en consecuencia, revocar la sentencia de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y determinó el importe de las prestaciones dinerarias con arreglo a las modificaciones introducidas a la Ley de Riesgos del Trabajo por la ley indicada, ordenando, además, el pago de la indemnización adicional prevista en el art. 3 de dicha ley; normativa cuya inaplicabilidad se declara. Luego, deberán devolverse los autos a la instancia de origen para que, con nueva integración, obre de conformidad con lo resuelto en los puntos III.3.c. y III.4 del presente.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. Comparto también su propuesta de rescindir la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y la aplicación de esa normativa al caso examinado; ello de conformidad con la postura que sostuve en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018) y los fundamentos dados en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) a los que remito por economía procesal.
I.3 Lo expuesto conlleva la revocación de la condena fundada en el art. 3 de la ley ya mencionada, a la vez que torna inoficioso el tratamiento del agravio referido al modo en que ajustó la prestación sistémica.
I.4 En cuanto a los intereses moratorios, comparto lo expresado por el colega ponente en el punto III.4. de su voto (causa L. 121.093, "Viera", sent. 14-VIII-2019).
II. Finalmente, dadas las deficiencias del pronunciamiento que llega a revisión, estimo pertinente, una vez más, exhortar a los jueces integrantes del órgano de grado que deben velar por el cabal cumplimiento de las normas procesales y constitucionales a fin de propender a una eficaz administración de justicia (art. 15, Const. prov.).
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Adhiero a lo manifestado por el doctor Pettigiani en los puntos III.1., III.2. y III.3.a., de su voto.
I.2. Asimismo, acompaño la propuesta del colega de revocar la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 que efectuara el tribunal de grado, por los fundamentos que ya anticipara al sufragar en la causa L. 120.062, "Guzmán" (sent. de 30-V-2018).
Una solución diferente sería incompatible tanto con la doctrina de esta Corte (ver causa "Staroni", a la que luego me referiré) como a la que surge de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa "Espósito", a la que también aludiré más adelante).
I.3. Luego, con las siguientes consideraciones, también comparto la opinión del ponente respecto a la inaplicabilidad al caso del índice RIPTE previsto en la ley indicada.
En la causa L. 118.695, "Staroni" (sent de 24-V-2016), he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley indicada, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 solo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta que a la fecha del accidente del actor (20 de diciembre de 2011), no se encontraba vigente la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012), corresponde acoger la postulación de la recurrente respecto a este último cuerpo legal.
I.4. Suscribo lo expuesto por el ponente en los apartados III.4. y III.5., de su voto.
II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto con el alcance indicado en el punto IV del sufragio inaugural.
Las costas de esta instan
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