Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119860
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.860, "Rodríguez, Hugo Eduardo contra House of Fuller Argentina S.A. y otros. Indemnización por antigüedad y otros", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani , Torres, Genoud, Kogan.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, rechazó la demanda deducida, con costas a cargo del actor en su calidad de vencido (v. fs. 2.055/2.064 vta. y aclaratoria de fs. 2.079/2.081).
Se interpuso, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 2.082/2.089 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de grado rechazó íntegramente la acción que el señor Hugo Eduardo Rodríguez promovió contra House of Fuller Argentina S.A., Gerard Saint Hubert Parodi, Daniel Ruben Martínez, House of Fuller S.R.L. de C.V. y Artemio Luis Girardi -v. fs. 1.219, 2.061 vta., 1.410/1.411 y 2.062 vta.-, mediante la cual les había reclamado el pago de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales y las penalidades previstas por los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, 16 de la ley 25.561, 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 2.055/2.064).
Resolvió de tal manera por considerar que no había resultado acreditada la relación laboral invocada por el actor como sustento de la pretensión (v. vered., fs. 2.055/2.060 y sent., fs. 2.061/2.064).
II. Contra dicho pronunciamiento el legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la transgresión de los arts. 22, 23 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 21 y 23 del decreto ley 8.904/77 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer término, objeta la conclusión de grado por la que se declaró no probado el contrato de trabajo, denunciando a tal fin absurdo en la valoración de las pruebas colectadas en la causa.
En ese sentido, sostiene que con la constancia obrante a fs. 6 quedó acreditada la inscripción del señor Rodríguez en el impuesto a los ingresos brutos desde el 1 de septiembre del año 1997 -esto es, en forma previa al inicio del vínculo laboral-, permaneciendo en dicha condición hasta el día 6 de marzo de 2007; siendo confirmada la autenticidad de dicho documento por la Municipalidad de Tres Arroyos (v. informe de fs. 1.742/1.745).
Refiere que con la profusa prueba documental y la pericia contable también demostró que durante ese período prestó servicios para la demandada House of Fuller S.A., emitiendo desde su inscripción impositiva la totalidad de sus facturas exclusivamente a nombre de esta última y, desde el 1 de septiembre de 1997, a favor de House of Fuller Argentina S.A.
Puntualiza que también fueron incorporadas a las presentes actuaciones un listado de los destinatarios de los productos que su empleadora comercializaba (v. fs. 7/26), así como el clisé de aviso de visitas para las personas que no se encontraban en su domicilio (v. fs. 27) y la planilla que debía completar luego de culminar con el reparto de la mercadería (v. fs. 28).
Aduce que el tribunal de grado resolvió la contienda sin haber mencionado en la sentencia que las demandadas habían quedado confesas de las posiciones formuladas por el actor, tal como surge del acta de audiencia de vista de la causa obrante a fs. 2.052/2.054.
Sostiene que en tales condiciones se encuentra probada la dependencia jurídica, económica y técnica, en tanto cumplía personalmente con las instrucciones dadas por las accionadas, quienes le abonaban un salario por las tareas desarrolladas (mediante el pago de las facturas emitidas) y lo instruían en la modalidad en que debía realizarlas.
II.2. En otro orden, sostiene que al aplicar las costas al actor vencido el Tribunal de Trabajo transgredió los arts. 21 y 23 del decreto ley 8.904/77, ya que incorporó intereses a la base regulatoria (esto es, al importe reclamado en la demanda) que tuvo en cuenta para determinar los honorarios; así como el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo -según ley 24.432-, toda vez que la sumatoria de todos los guarismos comprendidos supera el límite del 25% allí establecido.
Para fundar este tramo de la impugnación denuncia transgredida la doctrina de este Tribunal emanada de las causas L. 91.430, "Gaspari", sentencia de 12-X-2011 y L. 101.017, "Galeano Villar", sentencia de 6-VI-2012.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En lo que concierne al agravio inaugural que porta la crítica se impone recordar que corresponde a los Tribunales de Trabajo, como función privativa, determinar -conforme las circunstancias fácticas que en cada caso verifiquen por conducto de la apreciación "en conciencia" de la prueba- si entre las partes medió o no un contrato de trabajo, y la conclusión que al respecto formulen no es revisable en la instancia extraordinaria, salvo la existencia de absurdo (causas L. 97.432, "Melián", sent. de 4-VIII-2010; L. 116.628, "Coscarelli", sent. de 22-III-2016 y L. 119.717, "Ortíz", sent. de 10-X-2018; e. o.).
III.1.a. El tribunal de origen valoró la prueba testimonial recibida en la audiencia de vista de la causa y juzgó acreditado -en primer término- que el contador público nacional Daniel Gustavo Cotabarren había asesorado al actor en los trámites para inscribirse en los impuestos a fines del año 1997, brindándole sus servicios profesionales hasta el año 2005/2006 en que dio de baja las inscripciones, estimando que ello fue así por no tener el señor Rodríguez más trabajo (v. fs. 2.057).
También, que era quien distribuía la mercadería entre las vendedoras de la zona, que trabajaba solo (sin empleados) cubriendo las ciudades de Necochea, Tres Arroyos, Adolfo González Chaves, San Cayetano, Cascallares, Oriente y Mar del Plata y que tenía que completar planillas de entrega de los paquetes a las vendedoras y avisar luego a las líderes (aunque si los productos no habían podido ser entregados porque aquellas no se encontraban en su domicilio, los trasladaba a un depósito para que allí fueran retirados y, si así no ocurría, los devolvía a la empresa; v. fs. 2.057 vta.).
Consideró demostrado que las entregas eran realizadas en una camioneta de propiedad del accionante que no tenía identificación o logo alguno y que los gastos de dicho vehículo (tales como patentes, seguro, combustible y reparaciones) eran solventados por este último (v. fs. 2.058).
Expresó que el promotor del pleito no produjo prueba alguna para acreditar sus dichos referidos a que se le hubiera fijado un horario de labor, ni que estuviese sometido al cumplimiento de órdenes, o pudiere ser sancionado (art. 375, CPCC). Es más, indicó que en momento alguno había identificado a la persona física que según él le daba las órdenes, y si bien en la audiencia de vista de la causa se dijo que la señora Porcaro se desempeñaba como Gerente Zonal desde el año 1997 al 2000, la misma no refirió haberle impartido directivas (v. fs. 2.058 vta.).
Destacó el a quo que el demandante había expresado que percibía remuneraciones variables, las que ascendían habitualmente a pesos tres mil quinientos mensuales, sin detallar cuáles eran éstas últimas. Que no obstante acompañar ocho talonarios de facturas con la leyenda "Transporte Don Higinio" de Hugo E. Rodríguez, del tenor de tales documentos surgía que se le pagaba un precio unitario por paquete entregado, y otro por kilómetro recorrido, en ocasiones también por unidades de reparto especial, o por entrega de cartas a morosas y, además, que alquilaba a las accionadas instalaciones de almacenaje de la mercadería a enviar (v. últ. fs. cit.).
También hizo mérito el sentenciante de que el actor emitía notas de crédito a favor de estas últimas por distintos importes, de lo que se desprendía que asumía la responsabilidad por el extravío y por las retenciones y, por ende, del riesgo de la actividad desempeñada (v. fs. 2.058 vta. in fine y 2.059).
Con todo, indicó el juzgador que de ninguna de las pruebas colectadas podía inferirse siquiera la existencia de los poderes de subordinación típicos de una relación de dependencia, cobrando especial relevancia que el actor era monotributista y facturaba por sus servicios, los que prestaba con su propio vehículo, sin identificación o logo alguno de las empresas demandadas, no acreditando que se le hubiera obligado a inscribirse y a facturar, teniendo los importes percibidos directa relación con la cantidad de paquetes y cartas transportadas y los kilómetros recorridos, y que abonaba a las accionadas el alquiler de un depósito para la mercadería que enviaba (v. fs. 2.059).
Agregó el tribunal que con la contestación del oficio diligenciado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (que luce a fs. 1.521) quedó probado que el señor Rodríguez dio de baja la inscripción en el Impuesto al Valor Agregado en el mes de marzo de 1993 y que desde enero de 1992 había denunciado como actividad el transporte de carga de corta, media y larga distancia, y que en el mes de octubre de 1998 dio la baja definitiva de los aportes a la seguridad social para autónomos por monotributo. Puntualizó el juzgador que dichos informes no habían sido cuestionados, desprendiéndose de los mismos que el actor se dedicaba, desde un tiempo anterior a la relación laboral denunciada en autos, al transporte de carga de corta, media y larga distancia, y si se encontraba inscripto con antelación lo era porque era un trabajador independiente (v. fs. 2.059 y vta.).
Concluyó que no se había demostrado en autos que el señor Hugo Eduardo Rodríguez prestara servicios bajo la subordinación técnica y jurídica de los accionados, como tampoco que recibiera órdenes o instrucciones de los mismos para el desarrollo de sus labores, ni que estuviera sujeto a un horario establecido. En definitiva, que hubiese laborado bajo la dependencia de House of Fuller S.R.L. de C.V. ni de House of Fuller Argentina S.A., por lo que rechazó la demanda en todas sus partes (v. fs. 2.062 vta.).
Asimismo, indicó que la acción deducida contra los restantes demandados también debía desestimarse, toda vez que había sido sustentada en la responsabilidad solidaria establecida en los arts. 59 y 274 de la ley 19.550 por los cargos que aquellos detentaron en las sociedades mencionadas (v. fs. 2.062 vta. in fine y 2.063).
III.1.b. Tales definiciones fácticas -como dije- sólo pueden ser modificadas en la instancia extraordinaria si se denuncia y demuestra acabadamente el absurdo, anomalía que importa la existencia de un error grosero y manifiesto, patentizado a través de conclusiones desviadas de las reglas de la lógica o inconciliables con las constancias objetivas de la causa (causas L. 115.518, "Colotta", sent. de 29-VI-2016; L. 117.470, "Burcez", sent. de 11-X-2017; L. 118.276, "Borelli", sent. de 7-III-2018 y L. 120.951, "Gigena", sent. de 4-IX-2019; e. o.).
En este camino, el recurrente censura la valoración de los hechos y las pruebas postulando que -contrariamente a lo decidido- su vinculación con House of Fuller S.R.L. de C.V. y House of Fuller Argentina S.A. fue, desde el inicio, de naturaleza laboral. Invoca a ese fin algunas conclusiones plasmadas en la pericia contable, documental que cita, insistiendo asimismo en su tesitura de que existió una prestación de servicios caracterizada por la dependencia jurídica, económica y técnica (v. rec., fs. 2.084 vta./2.086 vta.).
III.1.c. Sin embargo, los esfuerzos argumentativos desplegados por el quejoso en el recurso, resultan estériles en el intento de abastecer aquellos fundamentales extremos que hubieran permitido habilitar la facultad revisora de esta Corte.
Ello por cuanto, sin controvertir frontalmente el razonamiento seguido por el juzgador para arribar a la conclusión que impugna, el agraviado postula una interpretación diferente de la prueba producida, atribuyéndole virtualidad suficiente para acreditar los hechos en que sustentó su pretensión.
Desde esta perspectiva, la conclusión criticada queda marginada de la revisión extraordinaria pues, más allá del acierto o desacierto que pueda predicarse respecto de su fundamentación, el recurso resulta insuficiente en la medida que no demuestra el absurdo al transitar por una mera disconformidad con lo resuelto, sin profundizar un concreto y eficaz ataque de las conclusiones fácticas volcadas por el tribunal de origen en función que le compete privativamente (causa L. 98.010, "Rey", sent. de 24-XI-2010).
En definitiva, en el contexto probatorio de la causa cuyo análisis integral llevó al tribunal a rechazar la tesis actoral, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin lograr obtener la modificación de lo decidido. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 107.520, "Russo", sent. de 21-VI-2012; L. 117.058, "Spadafora", sent. de 16-VII-2014 y L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015).
Corresponde recordar una vez más que no constituye absurdo cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 89.247, "Pioli", sent. de 29-XII-2009; L. 99.037, "Antúnez", sent. de 5-V-2010; L. 104.793, "Catalano", sent. de 11-V-2011; L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014 y L. 118.441, "Alonso", sent. de 14-X-2015; e. o.), extremo que -como se dijo- no evidencia el quejoso.
III.1.d. Tampoco es de recibo la alegada transgresión del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. rec., fs. 2.085 vta.).
Es que el órgano de origen estimó, a la luz de los concretos elementos obrantes en la causa, que la prestación de servicios del actor no había tenido lugar en el marco de una relación de trabajo dependiente. Para arribar a tal definición, apreció las especiales circunstancias del caso -tal como lo permite la segunda parte del primer párrafo de aquel precepto- y formó su convicción sobre la inexistencia de un vínculo de trabajo entre las partes.
Sobre el tema ha sostenido este Tribunal, que define el contenido actual de la doctrina en este punto, que la presunción iuris tantum establecida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo queda neutralizada si la prueba producida demuestra -como se declaró en la especie- que las tareas prestadas reconocen un origen ajeno a un contrato de trabajo (causas L. 104.398, "Cesareo", sent. de 29-II-2012; L. 111.998, "Vázquez Flores", sent. de 17-IV-2013 y L. 117.236, "Cassini", sent. de 29-IV-2015; e. o.).
III.1.e. Finalmente, no resulta conducente la motivación por la que se le endilga al tribunal de mérito no haber mencionado en la sentencia que las demandadas han quedado confesas de las posiciones efectuadas por el actor; pues la crítica así diseñada contrasta con lo sostenido por consolidada doctrina de este Tribunal, en cuanto tiene establecido que los jueces del trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que proponen las partes a su consideración, sino únicamente a los que a su criterio fueren decisivos para dictar el pronunciamiento, pues al prevalecer la apreciación en conciencia, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros (causas L. 97.782, "Bidalun", sent. de 14-IV-2010; L. 117.047, "Olivera", sent. de 10-VII-2013 y L. 118.202, "B., T. E.", sent. de 8-II-2017).
III.2. En cambio, con la aclaración de que los honorarios fueron fijados con fundamento en la ley arancelaria vigente al momento de practicarse la regulación (esto es, el dec. ley 8.904/77), considero que le asiste razón al recurrente en el tramo de la impugnación.
En efecto, este último cuestiona la forma de cálculo de la base regulatoria para cuya conformación se aplicaron intereses sobre el capital reclamado en el escrito inicial. Aduce que no corresponde computar dichos accesorios toda vez que sólo debía tomarse en consideración el importe peticionado en la demanda.
Conforme reiterada doctrina de esta Suprema Corte, en caso de aplicación del art. 23 segundo párrafo del decreto ley 8.904/77, la base regulatoria no se integra con intereses, pues la norma no contempla el agregado de tales accesorios (causas L. 50.127, "Conte", sent. de 29-XII-1992; L. 42.783, "Tornes", sent. de 21-VIII-1990 y L. 101.017, "Galeano Villar", sent. de 6-VI-2012). Consecuentemente, toda vez que en la especie la demanda ha sido íntegramente rechazada, a fin de fijar los estipendios profesionales cabe detraer, de la base, todo cálculo de intereses.
Por lo demás, no corresponde pronunciarse sobre los agravios sustentados en las limitaciones contenidas en los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (causas L. 89.569, "Farías" y L. 84.950, "Cadez", sents. de 15-VI-2011), desde que lo resuelto en torno a la conformación de la base económica ha de gravitar en su determinación como así también en la consecuente cuantificación de los estipendios profesionales.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto, a los fines de regular honorarios, adicionó intereses al capital reclamado.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que dé cumplimiento con lo aquí resuelto, tomando como base económica el monto de capital pretendido en la demanda, sin intereses. Ello sin perjuicio de señalar que, frente a una renovada regulación de honorarios, deberá tenerse en consideración la doctrina pergeñada por este Tribunal en torno a las mentadas prescripciones incorporadas por la ley 24.432 en cuanto a la limitación de la responsabilidad por el pago de las costas.
Costas de esta instancia por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/11/2020 11:38:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
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