Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64857
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 64.857, "Correo Argentino S.A. contra Municipalidad de Almirante Brown. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, de Lázzari.
I. La empresa Correo Argentino S.A., por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Almirante Brown, a efectos de que se declare ilegítima la omisión de abonarle el precio del servicio de envíos postales que prestó a esa Administración comunal entre 1998 y 2002.
Reclama se condene a la accionada al pago de $120.080,82 -deuda al 19 de febrero de 2002- o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en autos, con más los intereses compensatorios por el período transcurrido entre la fecha en que cada factura debió ser cancelada y hasta el efectivo pago.
Pide que el crédito pretendido sea repotenciado para compensar la desvalorización monetaria producida como consecuencia de la inflación sufrida con posterioridad a la derogación del sistema legal de convertibilidad.
Por último, solicita expresamente que se impongan las costas a la vencida y formula reserva del caso federal.
II. Corrido el traslado de ley, a través de su representante, se presenta a juicio la Municipalidad de Almirante Brown. Opone excepción de falta de personería, la cual es declarada abstracta, atento la presentación efectuada por el mandatario de la empresa accionante.
Asimismo, contesta demanda y en su defensa aduce que el procedimiento llevado a cabo por el municipio en materia de recepción de piezas postales y pago del respectivo servicio, se ha ajustado a la normativa vigente y que -por ello- nada debe a la peticionaria.
Para fundar lo expuesto, especifica que se acudió a la compensación legal, atento que la actora resultaba deudora de las cargas fiscales emergentes de las Tasas por Servicios Generales, por Inspección de Seguridad e Higiene y por Publicidad y Propaganda y que dicha compensación encuentra sustento en los preceptos aplicables.
Ofrece prueba. Efectúa reserva del caso federal y solicita el total rechazo de la demanda, con costas.
III. Rendida la totalidad de la prueba producida por las partes y agregados los alegatos presentados, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Relata la actora que por decreto del Poder Ejecutivo nacional 840/97 (B.O., 11-IX-1997) se le otorgó en concesión todos los servicios hasta entonces a cargo de ENCOTESA S.A. (titular originaria de un sistema de cuenta corriente con la Municipalidad accionada), de conformidad con los términos establecidos en el pliego de bases y condiciones aprobado por decreto nacional 265/97 (B.O., 25-III-1997).
De tal modo, refiere que se le transfirieron todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía, además del carácter fedatario que le permitía despachar telegramas y cartas documento, dejando noticia fehaciente de su contenido y recepción por el destinatario.
Sostiene que desde el inicio de la concesión realizó su labor por delegación del poder estatal en idénticas condiciones que aquel, ya que solamente se produjo un cambio de prestador efectivo de un servicio público cuyo titular era el Estado nacional (arts. 4 y 75 inc. 14, Const. nac.).
Manifiesta que de acuerdo con el vínculo mantenido entre la comuna y ENCOTESA S.A., la operatoria continuó desarrollándose mediante un sistema semejante a una cuenta corriente, en base a la remisión de órdenes de provisión, a través de la simple presentación en ventanilla de empleados municipales portando la correspondencia a remitir e incluso, apelando a la mera convocatoria telefónica de sus empleados que pasaban a retirar de la sede municipal los elementos a despachar a la red postal.
Refiere que, a medida que el crédito municipal se incrementaba por la suma de intereses ante la reiterada falta de pago, el Departamento Legal de Correo Argentino S.A. constituyó en mora a la deudora. Así, el 9 de noviembre de 2001 se intimó de pago de lo debido mediante carta documento que acompaña como prueba documental.
Explica que a la par que dejaba sin respuesta la intimación de pago, la Municipalidad de Almirante Brown solicitó el pago de una supuesta deuda tributaria con el propósito de considerar compensados ambos créditos. Tal requerimiento fue rechazado mediante carta documento de fecha 11 de enero de 2002.
Agrega que la comuna insistió en su postura mediante nota del 21 de febrero de 2002, igualmente repudiada a través de nueva carta documento fechada el 28 de febrero de 2002.
Argumenta que en ningún momento el municipio efectuó una liquidación prolija y fundada de su pretendida acreencia impositiva, limitándose a barajar importes muy significativos sin respaldo alguno.
I.2. Advierte que, en diferentes reuniones personales y conversaciones telefónicas, se hizo saber a la demandada que desconocía la supuesta deuda impositiva y que -no obstante- el Correo Argentino S.A. no podía aceptar compensaciones -como las pretendidas- por hallarse en concurso de acreedores. Relata que se realizaron nuevas negociaciones en la sede municipal, sin que se arribara a solución alguna.
I.3. Subsidiariamente, como fundamento de la obligación del municipio de pagar el precio del servicio recibido, invoca el principio que veda el enriquecimiento sin causa. Afirma que mientras la equidad, en la contratación estatal, impone a las empresas prestatarias de servicios públicos limitar sus utilidades a niveles razonables, proscribiendo las "ganancias sin límite objetivo alguno", también impide a la Administración obtener una ventaja patrimonial recibiendo un servicio sin pagarlo (arts. 16 y 17, Const. nac.).
Agrega que el enriquecimiento de la Municipalidad fue correlativamente acompañado por su empobrecimiento en la medida en que debió abonar sus gastos generales de funcionamiento empresario, el combustible de los vehículos que distribuyeron la correspondencia encomendada y el salario del personal que llevó a cabo la tarea.
Expresa que consentir que la comuna accionada deje de pagar los servicios postales que ha usufructuado implicaría consagrar la licitud del enriquecimiento sin causa cuya proscripción constituye un principio general del derecho, fundado en normas explícitas del Código Civil por entonces vigente (arts. 499, 728, 899, 907, 1.744, 2.297, 2.302, 2.306, 2.567 a 2.570, 2.582, 2.589 y 2.594).
I.4. Pone de resalto que la Municipalidad deudora se encuentra también obligada al pago de lo reclamado por aplicación de la doctrina de la confianza legítima. Para fundar ello señala que, mientras negociaba la forma de pago de la deuda acumulada, la comuna solicitó se confíe en que la deuda iba a ser saldada, a efectos de que no se interrumpa el servicio postal.
I.5. Por lo expuesto, peticiona se condene al pago de las sumas reclamadas con más el reajuste por desvalorización monetaria, atento que el abandono intempestivo de la convertibilidad entre el dólar y el peso constituyó un hecho imprevisible.
I.6. Por último, requiere se impongan las costas del proceso a la accionada atento que el proceder estatal resulta descalificante (conf. art. 17, CCA -ley 2.961-).
II.1. A su turno, la Municipalidad de Almirante Brown sostiene que no incurrió en una acción ilegítima, ni adeuda a la actora la suma reclamada.
En primer término, niega todos y cada uno de los hechos y peticiones contenidos en la demanda que no fueran objeto de reconocimiento expreso en su escrito de responde. Asimismo, cuestiona la autenticidad de la documentación acompañada.
Entre los hechos reconocidos, la Municipalidad admite la existencia de la prestación del servicio postal durante un período determinado de tiempo, más de ninguna manera reconoce adeudar importe alguno a la contraria.
Precisa que el procedimiento llevado a cabo por la Municipalidad de Almirante Brown en materia de remisión de piezas postales y pago del respectivo precio mediante compensación, se ha ajustado en todo momento a la normativa vigente, lo cual lleva a colegir que nada se le debe a la accionante.
Relata que Correo Argentino S.A. es contribuyente de las Tasas por Servicios Generales, Inspección de Seguridad e Higiene y Publicidad y Propaganda, como así también que dicha firma es deudora de tales conceptos.
Agrega que son las Ordenanzas Fiscales y Tarifarias anuales dictadas por la Municipalidad las que establecen los hechos imponibles y determinan quiénes se encuentran obligados a su pago, fijando los importes pertinentes por cada concepto, respectivamente.
Sostiene que, en ese marco, la compensación legal a la cual legítimamente ha acudido la Municipalidad de Almirante Brown para la percepción de los tributos de los cuales es deudora la accionante, encuentra pleno fundamento normativo en preceptos de fondo fundamentales (ref. arts. 724, 818, 819, 820 y 822, Cód. Civ. por entonces vigente; 130 bis -texto según ley 11.838-, Ley Orgánica de las Municipalidades).
Argumenta que, atento el carácter de proveedora de servicios para la Municipalidad, ésta se ha sometido voluntariamente y sin reserva de ninguna especie a las normas de fondo y de procedimiento que rigen dicha relación, las cuales expresa y específicamente desplazan a aquellas previsiones que implicarían límites al Estado para llevar a cabo el procedimiento de la compensación, conforme lo estipulado en el art. 823 inc. 1 del Código Civil -entonces vigente-.
II.2. Asimismo, esgrime que no resulta de aplicación al caso el art. 16 de la ley 24.522, por cuanto la compensación de deudas consumada fue llevada a cabo con anterioridad a la presentación en concurso de la demandante.
II.3. Finalmente, se opone a la actualización monetaria pretendida por la actora atento estar prohibido legalmente cualquier método de indexación de deudas.
II.4. Por todo lo expuesto, solicita se rechace en todas sus partes la demanda incoada, con costas.
III. Relatados los escritos postulatorios, corresponde reseñar las constancias y pruebas producidas en autos, que resultarán útiles para vislumbrar la solución que debe darse al caso bajo examen.
Previamente, debe advertirse que a fs. 507 y vta. se ordenó la reconstrucción del primer cuerpo de los presentes (art. 129, CPCC), providencia debidamente notificada, haciendo saber la parte actora -a fs. 512- que no existen en su poder más instrumentos que los obrantes en autos.
III.1. La actora acompañó como prueba documental (v. informe de órdenes de Provisión de fs. 211 y Anexo I de fs. 213/218): Factura N°9906B00001251, emitida con fecha 1 de diciembre de 1998, $149,50; factura N°0040B00000709, emitida con fecha 31 de marzo de 1999, $157,49; factura N° 0040B00000769, emitida con fecha 29 de abril de 1999, $5.346,57; factura N°0040B00000770, emitida con fecha 29 de abril de 1999, $5.346,57; factura N°0040B00000771, emitida con fecha 29 de abril de 1999, $5.346,57; factura N°0040B00000772, emitida con fecha 29 de abril de 1999, $5.346,57; factura N°0040B00000773, emitida con fecha 29 de abril de 1999, $5.357,84; factura N°0040B00004329, emitida con fecha 21 de diciembre de 2000, $1.748,69; factura N°0040B00004755, de fecha 28 de febrero de 2001, $4.562,86; factura N°0040B00004882, de fecha 31 de marzo de 2001, $134; factura N°0040B00004893, de fecha 31 de marzo de 2001, $7.518,67; factura N°0040B00005003, de fecha 30 de abril de 2001, $5.929,58; factura N°0040B00005039, de fecha 29 de mayo de 2001, $4.754,82; factura N°0040B00005159, emitida con fecha 31 de mayo de 2001, $493; factura N°0040B00005253, emitida con fecha 30 de junio de 2001, $5.396; factura N°0040B00005254, emitida con fecha 30 de junio de 2001, $1.799,03; factura N°0040B00005302, emitida con fecha 30 de junio de 2001, $51,50; factura N°0040B00005331, emitida con fecha 13 de julio de 2001, $2.979,50; factura N°0040B00005333, emitida con fecha 13 de julio de 2001, $1.743,37; factura N°0040B00005335, emitida con fecha 13 de julio de 2001, $4.358,42; factura N°0040B00005336, emitida con fecha 13 de julio de 2001, $1.680,45; factura N°0040B00005402, emitida con fecha 31 de julio de 2001, $6.644,83; factura N°0040B00005403, emitida con fecha 31 de julio de 2001, $2.530,35; factura N°0040B00005454, emitida con fecha 31 de julio de 2001, $307,37; factura N°0040B00005455, emitida con fecha 31 de julio de 2001, $1.777,04; factura N°0040B00005545, emitida con fecha 31 de agosto de 2001, $8.102,91; factura N°0040B00005546, emitida con fecha 31 de agosto de 2001, $2.843,02; factura N°0040B00005595, emitida con fecha 31 de agosto de 2001, $2.590,01; factura N°0040B00005653, emitida con fecha 19 de septiembre de 2001, $3.344,92; factura N°0040B00005725, emitida con fecha 30 de septiembre de 2001, $4.272,85; factura 0040B00005804, emitida con fecha 31 de octubre de 2001, $2.731,69; factura N°0040B00005805, emitida con fecha 31 de octubre de 2001, $4.332,42; factura N°0040B00005882, emitida con fecha 31 de octubre de 2001, $994; factura N°0040B00005893, emitida con fecha 31 de octubre de 2001, $6.184,39; factura N°0040B00005961, emitida con fecha 30 de noviembre de 2001, $3.337,01; factura N°0040B00006110, emitida con fecha 31 de diciembre de 2001, $44,50; factura N°0040B00006184, emitida con fecha 13 de febrero de 2002, $157,49.
III. 2. Agregó también constancia de que en la causa "Correo Argentino S.A. s/ Concurso Preventivo" tramitada por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 9, Secretaría 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (v. fs. 229 -fotocopia de la pág. 15 del ejemplar N° 29.766 del 2-XI-2001 del Boletín Oficial-) se decretó la apertura del concurso preventivo con fecha 9 de octubre de 2001.
III.3. Por prueba instrumental incorporó a autos copias certificadas del expediente administrativo tramitado ante el Honorable Tribunal de Cuentas, por el que denunciara a la demandada ante la falta de pago y frente a la defectuosa contabilidad municipal, la que no sería llevada en debida forma.
III.4. Asimismo, produjo en autos pericial contable, respecto de la que prestó conformidad la demandada, por lo que constan puntos de pericia propuesto por ambas partes.
III.5. Por su lado, la Municipalidad de Almirante Brown agregó los expedientes administrativos 4003-28345/2001 y su acumulado 4003-29521/2001, que dan cuenta de las liquidaciones de las Tasas por Servicios Generales y por Inspección de Seguridad e Higiene, que el municipio reclama a Correo Argentino S.A., como también de la compensación efectuada conforme el art. 130 bis del decreto ley 6.769/58 -ley 11.838-.
IV.1. Como se ha visto, la actora aduce que el Estado nacional por medio del decreto 840/97 (B.O., 11-IX-1997) le otorgó la concesión de la totalidad de los servicios a cargo de ENCOTESA S.A. -titular originaria de un sistema de cuenta corriente con la demandada-, conforme lo establecido en el pliego de bases y condiciones aprobado por decreto nacional 265/97 (B.O., 25-III-1997). Ello importó continuar con una metodología similar para la ejecución de las prestaciones en base a la remisión de órdenes de provisión, a través de la sola presentación en ventanilla de empleados municipales portando la correspondencia a remitir e, incluso, apelando a la convocatoria telefónica de retiro en la sede municipal de las piezas a despachar.
En efecto, de la prueba producida y de las alegaciones de las partes surge como un hecho no controvertido en autos que la parte actora prestó dicho servicio al municipio demandando, hecho reconocido en la contestación de demanda y que se acredita también con los expedientes administrativos acompañados.
De ello se sucede que la demandante logró acreditar que los servicios reclamados operaron como derivación razonable de una relación jurídica válida, que le sirvió de antecedente para fundar el cobro de pesos de las presentes actuaciones.
IV.2. A fs. 235 vta. la actora -sin perjuicio de negar la existencia de deudas por tasas municipales- manifestó que las sumas adeudadas por la comuna no podían válidamente compensarse, atento hallarse en concurso de acreedores.
Agregó que, en todo caso y de existir esos créditos fiscales, la Municipalidad de Almirante Brown debería presentarse y verificar su monto en el concurso de acreedores tramitado en la causa caratulada "Correo Argentino S.A. s/ Concurso Preventivo", ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 9, Secretaría 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se decretó su apertura el día 9 de octubre de 2001 -ver fs. 364/365-.
IV.3. Surge de la prueba de perito contador del cuaderno de prueba de la actora (v. fs. 444 y vta.), que la experta de la Asesoría Pericial de Lomas de Zamora -al contestar la primera pregunta del cuestionario sobre la documental de la actora- advirtió que: "...de la documentación puesta a disposición de este Perito por la demandada no surge el pago de las facturas reclamadas, surge la orden de pago emitida por la Municipalidad de Almirante Brown pero no figura el recibo que avale el pago de la misma, ni el comprobante de su compensación con otro pago efectuado".
La misma perito, no obstante, y en oportunidad de efectuar el dictamen contable obrante en el cuaderno de prueba demandada, frente a la documentación acompañada por esa parte (v. fs. 474/475) respondió que "...la demandada utilizó el sistema de compensaciones de saldos a modo de una cuenta corriente mercantil, según lo previsto en el art. 130 de la Ley Orgánica de las Municipalidades". Asimismo, identificó en qué fecha se efectuaron cada una de las compensaciones, entre el 20 de junio de 2001 y el 11 de febrero de 2002, enumerando las facturas, las órdenes de pagos, el monto compensado y el importe de la tasa con el que se efectúa el saldo.
La contadora, luego de compulsar la documentación agregada a la causa y los libros, registros y archivos de la Municipalidad, concluyó que el importe reclamado en autos fue debidamente compensado con los créditos por tasas fiscales en los términos del art. 130 bis de la Ley Orgánica de Municipalidades y cabe advertir que la accionada no aportó elemento alguno que desvirtúe la exactitud de los montos detallados en el aludido dictamen.
Concluyo entonces que, en virtud del juego interactivo y dinámico de las cargas en materia probatoria, propio del proceso contencioso administrativo (arg. art. 375, CPCC, remisión art. 77 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-), corresponde tener por válidas las sumas que fueran objeto de compensación por las tasas adeudadas por la empresa Correo Argentino S.A.
IV.4. Por lo expuesto, acreditadas las mutuas acreencias y su compensación en los términos del art. 130 bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es que debe analizarse ahora la habilidad de dicho medio de cancelación de obligaciones frente el estado concursal denunciado por el Correo Argentino S.A.
Ello así, es preciso recordar que la ley 24.522, en su art. 21, dispone que la apertura del concurso, a partir de la publicación de edictos, produce la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación. Asimismo, detalla que no podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos y excluye de tales efectos los procesos de expropiación, los fundados en relaciones de familia y ejecuciones reales; los procesos de conocimiento y los juicios laborales en trámite, además de aquellos en los que el concursado sea parte de un litis consorcio pasivo necesario. De tal modo, el concurso preventivo ejerce fuero de atracción respecto a todas las deudas que reconozcan causa anterior a la fecha de su presentación.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.