Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 71496
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 71.496, "Arruiz, Marcelo R. y ots. contra Municipalidad de Lomas de Zamora. Pretensión anulatoria. Recursos Extraordinarios de Inaplicabilidad de Ley e Inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Pettigiani, Torres, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia por la cual se rechazó la pretensión articulada en autos (v. fs. 1.148/1.153).
Disconformes con ese pronunciamiento, los actores interpusieron recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.156/1.162), los que fueron concedidos por la Cámara actuante a fs. 1.164/1.165.
Oída la por entonces señora Procuradora General (v. fs. 1.171/1.177), dictada la providencia de autos (v. fs. 1.178) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I . 1. Los actores iniciaron demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Lomas de Zamora solicitando la anulación de los decretos mediante los cuales se dispuso dejar sin efecto sus designaciones como agentes municipales.
I.2. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia por la cual se rechazó la pretensión articulada en autos.
I.2.a. Para así resolver destacó que la cuestión litigiosa versaba sobre la determinación del ordenamiento jurídico vigente a la relación de empleo que ligara a los demandantes con la Municipalidad de Lomas de Zamora.
Al respecto, señaló que por decreto 1.118/03 de fecha 3 de junio de 2003, los actores fueron designados a partir del 1 de junio de 2003, según anexo I, en cargos vacantes categorías 03 y 04 del agrupamiento Personal no Jerárquico con imputación a las Finalidades de las Secretarías del Departamento Ejecutivo (v. fs. 21/24).
Posteriormente, por decreto 2.535/03 de fecha 4 de diciembre de 2003, el Intendente municipal interino dispuso la confirmación en forma definitiva a partir del 1 de diciembre de 2003 de los agentes que fueron designados por decreto 1.118/03, conforme anexo adjunto, considerando que habían cumplido el período de provisionalidad de seis meses previsto en la ordenanza 5.498, art. 15, y sus modificatorias 6.392 y 9.039 (v. fs. 25/28).
Luego, agregó, por decreto 121/03 de fecha 31 de diciembre de 2003, el Departamento Ejecutivo municipal dispuso el cese de los agentes que hubieren sido designados por decreto 1.118/03, con sustento en el carácter provisional de la designación, en los términos del art. 7 de la ley 11.757, toda vez que la citada norma legal disponía que la estabilidad en el cargo se adquiría a los doce meses de no mediar previamente oposición fundada (v. fs. 33/34).
Precisó que además del carácter provisional de las designaciones, en el acto de cese se mencionó la ausencia de exámenes preocupacionales conforme lo previsto en el art. 3 inc. "d" de la ley 11.757, y la declaración de emergencia económica y financiera del municipio declarada por la ordenanza 10.762.
Se evaluó en tal marco el impacto de las designaciones efectuadas por el decreto 1.118/03 en la situación económico financiera de la comuna y se adoptó la decisión del cese de los agentes que no hubieran superado los requisitos del art. 7 citado, en uso de las facultades previstas en el art. 11 de la ley 11.757.
Continuó explicando que por decreto 120/03 de fecha 31 de diciembre de 2003, se revocó el decreto 2.535/03, confirmatorio del decreto 1.118/03 (v. fs. 30/32).
Destacó entonces que el emplazamiento en el empleo se produjo en el mes de junio de 2003 mediante un acto administrativo dictado bajo la vigencia de la ley 11.757. Por su parte el decreto 1.118/03, si bien emanado en ejercicio de la atribución del art. 108 inc. 9 de la Ley Orgánica de las Municipalidades sin especificar la normativa estatutaria general (cfr. fs. 33/34), debía entenderse dictado en el marco del derecho vigente y no de una ordenanza que había sido reemplazada en virtud del nuevo estatuto aprobado por la ley provincial (cfr. art. 106, ley 11.757).
Consideró que si la autoridad administrativa hubiese interpretado lo contrario, debió haberlo expresado en el acto de designación de los agentes, cuyas situaciones no podían sino subsumir en el estatuto en vigor y, por ende, hallarse sujetas a un período de provisoriedad de doce meses a los fines de adquirir estabilidad (art. 7, ley cit.). Siendo así, el acto posterior que, tras haber cumplido sólo seis meses resolvió confirmarlos, aplicando la ordenanza anterior (dec. 2.535/03), no permitía tener por configurado el derecho a la permanencia en los respectivos cargos, pues era una solución que se apartaba de la norma jurídica vigente.
Concluyó que el decreto que resolvió la baja en los términos del régimen normativo aplicable (dec. 121/03), no exhibía ilegitimidad.
Añadió que, por las mismas razones, tampoco adolecía de validez el acto que revocó (dec. 120/03) el otorgamiento de una situación jurídica (dec. 2.535/03) contraviniendo la ley en vigor (11.757) y aplicando una norma que no se encontraba entonces vigente (ordenanza municipal estatutaria).
I.2.b. Respecto al planteo de inconstitucionalidad de la ley 11.757, consideró que el argumento que invocaban los actores sobre la base del principio de autonomía municipal, carecía de andamiento para abrir un debate sobre el punto si la comuna misma, al resolver, admitió como propio el régimen de ese estatuto.
Agregó que la exégesis que realizan los demandantes exhibía contradicción, pues, de un lado, rescataban para fundamentar la pretensión un ordenamiento emanado de la Provincia para todas las municipalidades bajo la forma de ordenanza general (267) y, del otro, censuraban el dictado por la legislatura con ese mismo alcance, pero sin abundar sobre la vigencia o integración de esas normas al régimen jurídico municipal.
Concluyó que el tema introducido de ese modo, por no ser bastante para controvertir el régimen tachado, no poseía viabilidad para suscitar debidamente el control constitucional. En esas condiciones, sin abrir juicio definitivo acerca del punto, estimó que no se cumplía por parte los demandantes la carga de argumentar circunstanciadamente el modo y razones por las que la normativa cuestionada vulneraba cláusulas superiores, como era necesario para abrir el pleno debate y dilucidación del asunto.
I.2.c. Por otra parte, y respecto del invocado principio de estabilidad de los actos administrativos y lo normado en el art. 114 de dicho ordenamiento, consideró que al quedar establecido que la normativa vigente -ley 11.757- no les confería derecho al empleo sino después de doce meses de desempeño amén de los otros extremos (art. 7), el decreto en el que basaban la situación alegada (dec. 2.535/03) que los confirmó como personal estable al amparo de una normativa abrogada (cfr. art. 106, ley 11.757), exhibía un desarreglo patente con el orden jurídico, legitimándose la baja dispuesta (dec. 121/03), previo dejarse sin efecto la aludida confirmación (dec. 120/03), sin advertir que concurrieran circunstancias que hubiesen obstado, por el transcurso del tiempo u otros hechos (cfr. doctr. art. 117 y concs., ord. gral. 267), a tal solución, jurídicamente acorde con el plexo vigente.
Agregó que aún de considerarse que durante el lapso anterior al 10 de diciembre de 2003 hubiesen sido aplicadas otras disposiciones, incluyéndose la ordenanza municipal estatutaria, ello no era motivo suficiente para desvirtuar la resolución que correspondía al ordenamiento jurídico en vigor, ni lograba desplazarlo.
I.2.d. En mérito de lo expuesto y habiendo aplicado el acto de baja una ley vigente al momento del ingreso y egreso de los actores, bajo cuyas disposiciones el lapso de provisoriedad en la función no había sido cumplido (art. 7, ley cit.), resolvió desestimar la impugnación.
I.3. Contra tal pronunciamiento, los actores interpusieron recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.156/1.162).
I.3.a. En lo que al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interesa, iniciaron su desarrollo denunciando violación del art. 123 de la Constitución nacional.
Sostuvieron que la ley 11.757 -actualmente derogada- era inconstitucional por cuanto la legislatura privaba al municipio del ejercicio de facultades que le son exclusivas y excluyentes, avanzando sobre la autonomía municipal y legislando en materia que le estaba vedada. Afirmaron que esta conclusión se fortalecía luego de la reforma de 1994 y de la incorporación del art. 123 que consagra la autonomía municipal en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.
De otro lado, plantearon la violación de los arts. 111 y 114 de la ordenanza general 267, en cuanto consagran los principios de irretroactividad y estabilidad del acto notificado.
I.3.b. Continuaron el embate fundando el recurso extraordinario de inconstitucionalidad de la referida norma por ser contraria al art. 192 incs. 3 y 6 de la Constitución provincial.
Consideraron que la interpretación armónica de dichos artículos, en concordancia con lo establecido por el art. 190 de la Constitución provincial, conducía a la inequívoca conclusión de que competía exclusivamente a las municipalidades la administración local, y dentro de estas atribuciones la del nombramiento de su personal y el dictado de reglamentos y ordenanzas que regularan dichos aspectos.
Concluyeron que la Administración comunal, desconociendo sus propios actos, pretendió valerse de una ley inconstitucional vulnerando derechos adquiridos regularmente y por lo tanto incorporados a sus patrimonios.
II. Como consideración preliminar debo dejar sentado que si bien se han interpuesto conjuntamente los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley, no corresponde tener a esa particularidad como causal de rechazo en tanto resulta posible discernir los argumentos de uno y de otro (doctr. causas P. 70.428, sent. de 17-VII-2002 y P. 80.176; sent. de 6-VII-2005).
II.1. El objeto del recurso extraordinario de inconstitucionalidad es el de corregir errores in iudicando cometidos al considerarse el apego de una norma local a la Constitución provincial (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 299 y 300, CPCC). De allí que en esta primera cuestión analizaré la impugnación efectuada por los recurrentes que da sustento al caso constitucional, posponiendo el tratamiento de aquellas otras, propias del recurso de inaplicabilidad de ley, que habrá de realizarse al tratar la segunda cuestión.
II.2. Como quedó expuesto, los actores solicitan la declaración de inconstitucionalidad de la ley 11.757 -actualmente derogada- por ser contraria al art. 192 incs. 3 y 6 de la Constitución provincial, en tanto alegan que la legislatura ha privado a la comuna del ejercicio de facultades que le son propias, avanzando sobre la autonomía municipal y disponiendo sobre una materia que le está vedada.
Al respecto, y sin perjuicio de lo expuesto por la Cámara actuante respecto de la falta de viabilidad de los argumentos invocados por los recurrentes para suscitar el control constitucional, cabe destacar que esta Corte tuvo oportunidad de pronunciarse sobre los agravios planteados en el recurso en tratamiento en un caso sustancialmente análogo al presente (causa A. 71.291, "Pacheco", sent. de 14-XI-2018), cuyos fundamentos reproduciré -en lo pertinente- para resolver el presente caso.
En la causa I. 2.021, "Municipalidad de San Isidro c. Provincia de Buenos Aires", sentencia de 27-VIII-2014, este Tribunal -en mayoría que integré- declaró la inconstitucionalidad de diversos artículos de la por entonces vigente ley 11.757, por considerar que avanzaban en exceso sobre las potestades de administración del personal y dirección política de los asuntos e intereses locales.
No obstante, en oportunidad de analizar los agravios allí planteados y en particular respecto de la contradicción del régimen cuestionado con el art. 192 inc. 3 de la Constitución provincial -en cuanto menciona entre las atribuciones inherentes al régimen municipal la de nombrar los funcionarios municipales-, se dijo que aún cuando el enunciado constitucional se refería a la designación de los agentes, el ejercicio de los poderes comunales en materia de empleo público no se circunscribía al mero dictado de aquel acto administrativo. Una lectura de la norma que postulara semejante restricción carecería de asidero, porque aparte de contrariar los antecedentes sobre la materia y la evidencia empírica, sería incongruente con la condición que la institución municipal posee, y que ha de ser garantida, como sujeto esencial del sistema político (CSJN Fallos: 329:976; entre muchos otros).
Conforme a ello se destacó que no bastaba para predicar que la citada ley 11.757 contradecía el art. 192 inc. 3 de la Constitución provincial. De esta norma, se dijo, no surgía la atribución de competencia local para regular todo lo concerniente al empleo público de cada municipio, ni se desprendía una interdicción que impidiera a la Provincia legislar determinados aspectos aplicables a esa parcela, razón por la cual mal podría argüirse la existencia de semejante barrera jurídica con sustento en el citado artículo.
Se dijo, por último, que a poco de constatarse que la ley 11.757 -actualmente derogada- mantenía bajo la competencia municipal una serie de decisiones, como las de aprobar los escalafones, fijar las remuneraciones por categoría y clase de agrupamiento y, obviamente, la de nombrar y remover a los agentes (arts. 6, 11, 13, 19, 22, 104 y concs., ley cit.), la invocación del citado precepto constitucional no bastaba para justificar el quebrantamiento alegado (doctr. causa I. 2.021, cit.).
II.3. De otro lado, los recurrentes aluden al inc. 6 del citado art. 192 de la Constitución provincial, sin formular un desarrollo argumental e impugnativo exigible a quien reclama la invalidez de una norma.
La inconstitucionalidad de leyes no sólo tiene cabida como última ratio del orden jurídico, sino que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. Pues, para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con fundamentos que se apoyen en las probanzas de la causa (conf. doctr. causas B. 57.197, "Sánchez", sent. de 28-III-2012; A. 71.502, "Perilli", sent. de 27-VI-2012; entre muchas otras).
Cabe destacar que la Corte federal no tolera la declaración de inconstitucionalidad sobre hipótesis abstractas sin demostración de agravios concretos a las garantías que se afirman vulneradas (conf. Fallos: 256:602; 258:255; 307:1656; 314:407; 315:952; e.o.).
Por todo lo expuesto -oída la señora Procuradora General- juzgo que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto debe ser rechazado; con costas (art. 303, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria, Pettigiani, Torres y Mancini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Pueden señalarse como fundamentos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en tratamiento los siguientes: violación del art. 123 de la Constitución nacional y de los arts. 111 y 114 de la ordenanza general 267.
I.1. Tal como fuera puesto de manifiesto al resolver la primera cuestión, la controversia se muestra sustancialmente análoga a la suscitada en la causa A. 71.291, "Pacheco", ya citada, motivo por el cual en lo que sigue reproduciré -en lo pertinente- los lineamientos allí expuestos.
Corresponde referirse en primer lugar al agravio basado en la transgresión al art. 123 de la Constitución nacional, cuyo fundamento se asienta principalmente en la doctrina que emana del precedente "Rivademar" (CSJN Fallos: 312:326).
Esta Corte, en la ya citada causa I. 2.021, sostuvo que "[...] La autonomía municipal que prescribe el art. 123 implica atribuirle a las entidades locales una condición necesaria, garantizada constitucionalmente. No consiste en una opción potestativa para las provincias. De tal suerte, porque su presencia y actuación permanentes deben ser aseguradas, no es procedente desconocer o alterar dicha cualidad autonómica mediante normas o actos capaces de privarle al municipio del núcleo esencial de poderes reconocibles como de propia disposición, en el plano institucional, político, administrativo, económico y financiero. Ese ámbito, en principio no abordable por medio de reglas provinciales exhaustivas, integra un haz de competencias de su titularidad, necesario para organizar y gestionar los asuntos locales a cargo de sus autoridades democráticamente electas, en beneficio de la comunidad, bajo su responsabilidad y con arreglo al ordenamiento constitucional o en vista de la consecución de fines superiores que en él se consagran. Por tal motivo la autonomía local, a la vez que supone un arbitrio de privativa incumbencia, no excluye la configuración mediante normas provinciales, en tanto sean razonables y proporcionales a los fines previstos en el art. 123 de la Constitución nacional (arts. 1°, 5°, 28 y concs., Const. nac.; doct. C.S.J.N., Fallos 325:1249, cit.)" -ver voto del doctor Soria, causa I. 2.021, citada-.
Bajo tales pautas se concluyó que el régimen de la ley 11.757 -actualmente derogada-, comparado a la situación normativa preexistente, ha llevado consigo una reversión notable, en detrimento de las aptitudes reguladoras de las municipalidades.
No obstante ello se destacó que algunos textos de dicha norma no merecían reparo, porque abordaban aspectos susceptibles de considerar en la normativa provincial o bien por cuanto su contenido era relativamente inocuo o no cancelaba el despliegue de suficientes poderes comunales. Pero muchas de sus prescripciones ignoraban el umbral mínimo de determinaciones correspondientes a todo ente municipal en función de los principios que dimanan del art. 123. En vez de limitarse a sentar bases generales, se integraban en un conjunto exhaustivo de normas que abarcaba casi todos los capítulos posibles. Estas disposiciones de la ley 11.757, de consuno con la cláusula abrogatoria de su art. 106, cancelaban un margen de actuación municipal razonable que antaño reconocía el ordenamiento jurídico de la Provincia.
Se insistió así que lejos de proporcionar contenidos mínimos o fijar patrones básicos de actuación común para las municipalidades y atribuir al resto de sus preceptos un carácter supletorio, subsidiario o de mera adhesión, la ley 11.757 agotaba la mayor parte de los detalles regulatorios, excluyendo cualquier alternativa discernible en un campo tan determinante para la satisfacción de los asuntos e intereses locales. Porque consumaba un avance excesivo que impedía al municipio tomar la decisión de adherirse o no de esa normativa estatutaria, devenía entonces inconstitucional.
No obstante, se reiteró, había determinados artículos que no eran contradictorios con el reconocimiento de las autonomías municipales, ya sea porque lucían congruentes con el respeto al régimen local, por su generalidad, por hallarse destinados a reglar aspectos de la estabilidad en el empleo o referidos a temas del interés general -que es ra
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