Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121376
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.376, "Aguirre, Juan Domingo contra Norvas S.R.L. y ot. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, de Lázzari, Pettigiani.
El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 724/739).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 756/761 y 762/776), concedidos a fs. 873/874 (v. también resol. de esta Corte de fs. 886/889).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 756/761?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar con relación al interpuesto a fs. 762/776?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Juan Domingo Aguirre contra Norvas S.R.L., mediante la cual procuraba el cobro de haberes adeudados, indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, incrementos de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y la sanción prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 724/739).
En cambio, en lo que resulta de interés, desestimó el reclamo deducido al amparo del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Al respecto, con apoyo en la prueba informativa y el informe pericial contable, juzgó que la demandada había ingresado a los organismos pertinentes las sumas retenidas del salario del trabajador (v. fs. 725 vta., 733 vta. y 734).
II. Contra dicha decisión, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, 375 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita (v. fs. 756/761).
En sustancia, alega que en el caso se encuentran configurados los presupuestos de aplicación del citado art. 132 bis, denunciando absurda valoración de los elementos de juicio sobre los que el a quo cimentó el rechazo de la sanción peticionada.
Puntualmente señala que la accionada no desconoció haber efectuado retenciones sobre la remuneración del trabajador, sino la falta de ingreso de los aportes y contribuciones respectivos. Por tanto, le imputa un déficit probatorio en orden al cabal cumplimiento de la obligación antedicha.
Afirma que las deducciones fueron corroboradas con los recibos de haberes acompañados y la pericia contable. Agrega que, pese a considerarlo innecesario, su parte cursó la intimación en los términos del decreto 146/01, sin mediar demostración de que se hubieran depositados los fondos retenidos. Tal extremo, afirma, no pudo ser válidamente corroborado con el informe pericial, puesto que el experto sólo refirió que la demandada había efectuado ingresos a la seguridad social y obra social por un período inferior al reclamado por el recurrente, y nada dijo sobre las cuotas sindicales y el seguro de vida. Agrega que, aunque se hubiera expedido sobre todos los guarismos (seguridad social, obra social y sindicato), dicho medio no es idóneo para acreditar el efectivo depósito.
Expresa además que la respuesta brindada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tampoco resulta hábil para acreditar el cumplimiento de la aludida obligación respecto de las cuotas sindicales y del seguro de vida, circunstancia que sólo puede ser informada por el respectivo sindicato, elemento de juicio que no fue ofrecido ni obviamente producido en el caso.
III. El recurso prospera.
III.1. En la especie el valor del agravio traído, representado por el importe que derivaría de la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo es, a los fines del recurso, de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 119.769, "Corbari", sent. de 29-VIII-2017; L. 119.148, "Ferreira de Jesús", sent. de 20-XII-2017 y L. 119.930, "Fernández", sent. de 10-IV-2019).
Luego, cabe recordar que determinar -con arreglo a la prueba producida en la causa- si se verifican los requisitos a los que la norma indicada subordina la imposición de la sanción conminatoria mensual allí prevista constituye una potestad privativa del tribunal de trabajo. Las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión en casación, salvo que se acredite el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 116.633, "De Luca", sent. de 18-IX-2013 y L. 119.786, "Gómez Jiménez", sent. de 27-VI-2018).
III.2. Bajo tales directrices, anticipo que el interesado logra evidenciar la existencia del aludido vicio.
Con cita de precedentes de esta Corte vinculados a la temática examinada, el tribunal de origen descartó la configuración de los presupuestos fácticos que tornarían operativa la sanción reclamada. Para hacerlo se remitió sin más a lo expresado en el punto II.5. del veredicto.
En dicho pasaje había señalado "que la demandada Norvas SRL cumplió con el ingreso de las sumas retenidas al salario del actor a los organismos de seguridad social y sindicales conforme informativa de fs. 353/392 y 393/532 y lo informado por el experto contable a fs. 558".
Así estructurada, la decisión exhibe un manifiesto desapego de la directriz que impone al juzgador elucidar los hechos litigiosos mediante un análisis integral y conducente de las constancias de la causa.
Se sigue de ello que el recurrente acierta al impugnar este aspecto del fallo, toda vez que la decisión a la que se arribó en la instancia ordinaria se encuentra desprovista de un adecuado sustento y dista de constituir una razonada derivación de los elementos obrantes en autos (causa L. 121.662, "Alemán", sent. de 14-VII-2020).
En efecto, más allá de la entidad probatoria que pudiera asignarse a la prueba ya individualizada, cierto es que su mera enunciación no resulta fundamento idóneo que permita discernir los motivos que llevaron a la resolución que motiva el agravio.
Se configura entonces la existencia del error grave, grosero y fundamental que caracteriza al vicio de absurdo, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 110.362, "Douton", sent. de 14-VIII-2013; L. 117.888, "Garrigou", sent. de 29-VIII-2017 y L. 119.966, "Diehl", sent. de 3-V-2018).
Lo expuesto resulta suficiente para revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Si mi opinión es compartida, corresponderá devolver los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales que considere necesarios y emita nuevo pronunciamiento en torno a la sanción señalada, teniendo en cuenta los planteos y defensas articuladas por las partes y las constancias objetivas del expediente.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó la primera cuestión también por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto inicial del doctor Genoud. Estoy de acuerdo en que la decisión atacada exhibe un manifiesto desapego de la directriz que impone al juzgador elucidar los hechos litigiosos mediante un análisis integral y conducente de las constancias de la causa, y que no ha habido, de parte del tribunal, una ponderación del cuadro probatorio que permita asegurar que el suyo se trata de un pronunciamiento razonablemente fundado, en los términos del art. 3 del Código Civil Comercial.
En el caso, la quaestio facti , que integra el indispensable proceso de razonabilidad que debe respaldar el fallo, queda insuficientemente reconstruida, y ello precipita en un hiato insalvable del discurso argumentativo de la sentencia. Se evidencia así un absurdo en el sentido material por la apreciación groseramente desacertada de las constancias objetivas de la causa (véase mis votos en las causas C. 119.094, "Pace", sent. de 1-VI-2016; C. 121.306, "Loscar", sent. de 29-V-2019; e.o.).
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Según lo anticipado, doy mi voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de grado resolvió adicionar intereses al capital de condena del siguiente modo: desde el 2 de noviembre de 2006 hasta el 18 de agosto de 2008 según la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en depósitos a treinta días en los distintos períodos de aplicación; y a partir del 19 de agosto de 2008 con arreglo a la tasa pasiva digital que establece dicha entidad para las operaciones de depósito a treinta días (v. fs. 735 vta./736 vta.).
II. Contra esa decisión, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 762/776).
II.1. Inicialmente, en lo atinente a la admisibilidad de la impugnación, sostiene que en el recurso interpuesto se cuestiona la adecuación de un fallo de un tribunal inferior a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Constitución nacional, razón que justifica que el Tribunal Superior de la Provincia deba intervenir para agotar la instancia local sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales. En esa línea, afirma que los fallos y precedentes del Máximo Tribunal "deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario que deberá ser articulado contra la decisión adversa a ella emitida por el tribunal superior de la causa que en autos no es otro que la Suprema Corte de la Provincia" (fs. 762 vta. y 763).
Además, en ese mismo sentido, expresa que este Tribunal ha concedido efectos vinculantes a los pronunciamientos emanados de la Corte federal (v. fs. 763 y vta.).
II.2. Luego, en concreto, se agravia de la tasa de interés que el tribunal de origen aplicó al capital de condena.
A continuación, tras reiterar la inaplicabilidad de la tasa pasiva de interés a los juicios laborales, cita en su apoyo diversos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y afirma que la doctrina del Máximo Tribunal federal considera como créditos alimentarios a todos los que reclaman los trabajadores ante los tribunales del fuero del trabajo (v. fs. 766).
Señala que la alícuota empleada no otorga ningún interés real y positivo, por cuanto es muy inferior a la inflación que sacude a nuestra economía y siquiera cubre la depreciación monetaria, afectando gravemente el poder adquisitivo del accionante (v. fs. cit.).
Luego, con el objeto de acreditar el perjuicio invocado, cuantifica el crédito de autos aplicando un "coef. ajuste por depreciación monetaria (607,38%)" e intereses al 6% anual como los que se aplicaban en épocas de estabilidad plena (v. fs. 769 y vta.).
En ese contexto, concluye que la aplicación de tasas pasivas de interés es un hecho de gravedad institucional, por cuanto despoja al actor de gran parte del poder adquisitivo de su crédito y lo deja durante largos años sin interés alguno. A tenor de lo expuesto, propone tres métodos a fin de evitar la "confiscación" del crédito del trabajador: la primera, a través del método de indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561). La segunda, utilizando un porcentaje de ajuste que propone el impugnante como aplicable para el cálculo de los intereses. Y, por último, considerando la aplicación de la tasa activa con capitalización mensual de intereses (v. fs. 771/773 vta.).
Arguye luego que la aplicación de la tasa pasiva vulnera los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional y 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil (v. fs. 773 vta./774 vta.).
Para finalizar, ratifica su tesis respecto a la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citando opinión doctrinal en apoyo de su postura (v. fs. 774 vta./775 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. En la especie, el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por la diferencia entre el importe de la condena determinado en la sentencia en concepto de intereses y el que habría de obtenerse por aplicación de los distintos criterios propuestos en la impugnación- no supera el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, razón por la cual su admisibilidad -en principio- sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 110.732, "Bustos", sent. de 1-VII-2015 y L. 119.339, "Banegas", sent. de 13-VI-2018).
III.2. Los planteos que formula el recurrente ya han sido resueltos en casos análogos y en sentido adverso a su postulación (causas L. 121.206, "Villagra", resol. de 20-XII-2017; L. 121.341, "Marchetto", resol. de 13-VI-2018; L. 120.898, "Albarracín", sent. de 12-II-2020; entre muchas).
III.2.a. Este Tribunal ha descartado las objeciones como las que aquí se esgrimen a fin de propiciar la inaplicabilidad de las limitaciones contenidas en la ley de procedimiento laboral.
En efecto, se dijo que aun cuando no se encuentra referido a la exégesis de norma alguna que haya regido la relación sustancial debatida en la especie conforme lo expuesto en párrafos anteriores, lo transcripto por el interesado correspondiente al precedente de este Tribunal Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1996) para justificar la "obligatoriedad" o "carácter vinculante" que les atribuye a los pronunciamientos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde a la opinión personal de uno de los Ministros votantes en la mencionada causa, no constituyendo entonces "doctrina legal" que permita subsumir el caso en la hipótesis de excepción contemplada en el art. 55 de la ley 11.653.
Para más, y ello demuestra nuevamente la inhabilidad del entramado diseñado en el recurso en examen, se advierte una errada lectura por parte del interesado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación individualizados como S.722.XXIV, "Simonet" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV, "Chaine" (sent. de 13-X-1994), toda vez que en estos pronunciamientos en modo alguno el alto Tribunal determinó que la tasa pasiva de interés no es aplicable a los créditos laborales.
Ha de recordarse, por lo demás, en tanto la crítica indirectamente pretende orientarse en ese sentido, que los fallos de la Corte nacional (como los de otros tribunales) no constituyen la doctrina legal que hace viable al recurso en examen (causas L. 92.935, "P., A.", sent. de 25-III-2009; L. 105.414, "Valencia", sent. de 30-V-2012 y L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019).
Tampoco son aptos los argumentos destinados a evidenciar la configuración de una "cuestión federal", como otro de los caminos para sortear las restricciones procesales que imperan en el caso.
III.2.b. Finalmente, no queda margen para ingresar en el análisis de la denunciada inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que tal planteo fue esbozado como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, en una tesis que -a mayor abundamiento- es contraria a lo expresado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012 y L. 117.358, "Isa", sent. de 26-III-2015) sin que se aporten argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la doctrina citada.
III.3. Sentado lo anterior cabe señalar que, con los alcances más arriba explicados, a la hora de mensurar los acrecidos el tribunal de origen justificó su proceder teniendo en cuenta lo resuelto en el precedente L. 108.164, "Abraham", sentencia de 13-XI-2013, en el que esta Corte declaró la invalidez constitucional de la ley 14.399.
En el marco de excepción que corresponde tratar la impugnación traída, el recurrente no logra conmover la decisión de origen.
Al igual que aconteciera en la causa L. 120.835, "Aguirre" (sent. de 11-III-2020), la decisión motivo de disputa se adecua al contenido de la doctrina legal sentada por este Tribunal en los antecedentes L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013) -citada como fundamento de la sentencia- y L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), cuyo dictado se produjo en el contexto de la sanción del Código Civil y Comercial, teniendo en mira, además, la evolución de las tasas utilizadas para calcular los acrecidos.
En este último se estableció, por mayoría, que los intereses moratorios deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016) y L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016), entre otros.
En consecuencia, efectivizado el análisis de la crítica en los términos del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -que me exime de avanzar en otro tipo de consideraciones- y dado que la decisión adoptada por el órgano de grado encuentra respaldo en las directrices que emanan de los precedentes antes mencionados, corresponde desestimar el recurso.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
II.1. Suscribo el voto del doctor Genoud en los puntos III.1., III.2. (apdos. "a" y "b").
II.2. Respecto de la tasa empleada para estimar los intereses moratorios, también concuerdo con la propuesta decisoria del mencionado colega, a tenor de las consideraciones que expuse al emitir mi opinión en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), entre otras allí citadas.
III. Por ello, considero que debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.