Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123427
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.427, "Argañaraz, Rubén César Ubaldo contra Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan , de Lázzari .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, admitió la excepción de incompetencia opuesta por la accionada y dispuso el archivo de las actuaciones (v. fs. 82/83).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 84/88).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la excepción de incompetencia planteada por la accionada y dispuso el archivo de las actuaciones promovidas por el señor Rubén César Ubaldo Argañaraz contra Asociart ART S.A., en las que reclamaba el pago de los rubros indemnizatorios que especificó (v. fs. 82/83).
I.1. En lo que aquí interesa, el accionante promovió la demanda en el Departamento Judicial de San Martín, afirmando que el lugar de prestación de tareas se encuentra en la localidad de Santos Lugares (v. fs. 7/20).
I.2. Por su parte, la aseguradora demandada opuso excepción de incompetencia en razón del territorio, con motivo de que tanto el domicilio de la empleadora como el del actor se sitúan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agregó que el propio trabajador denunció y se atendió en un centro médico ubicado en esa ciudad, por lo que, en todo caso, la competencia le podría llegar a corresponder "...a la justicia nacional del trabajo, pero nunca al departamento judicial de San Martin". Manifestó asimismo que en el escrito de inicio se omitió señalar la correspondiente dirección tanto del lugar en que ocurrió el evento dañoso, como el de su puesto de trabajo, sin acreditar por otros medios dichos extremos (v. escrito electrónico de fecha 8 de mayo de 2018).
I.3. En oportunidad de responder el traslado previsto en el art. 29 tercer párrafo de la ley 11.653, la legitimada activa solicitó el rechazo de la excepción reiterando que el lugar donde el trabajador prestaba sus tareas se encuentra ubicado en la localidad de Santos Lugares, perteneciente al Partido de Tres de Febrero (v. escrito electrónico de fecha 2 de octubre de 2018).
I.4. Pasados los autos al acuerdo, el órgano jurisdiccional interviniente resolvió -como ya se dijo- hacer lugar a la excepción articulada por la demandada en su responde y se declaró incompetente, ordenando el oportuno archivo de las actuaciones (conf. art. 352, CPCC). Asimismo, dispuso condenar a la accionante al pago de las costas (art. 19, ley 11.653; v. fs. 82/83).
Para así decidir, señaló que la parte actora, tanto en el escrito de demanda como al contestar el segundo traslado, se limitó a denunciar que el lugar donde el trabajador prestaba tareas se ubicaba en la localidad de Santos Lugares sin indicar concretamente el domicilio.
Por lo que, no encontrándose en la causa ninguna prueba que lo acreditara, concluyó que no se verificaban las condiciones que, con arreglo a la triple opción consagrada en el art. 3 de la ley 11.653, le atribuían competencia al órgano en que había sido radicada la acción.
II. El legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la transgresión de los arts. 16 y 18 de la Constitución nacional; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3 de la ley 11.653 (v. fs. 84/88).
II.1. De un lado, objeta la decisión del tribunal en cuanto declaró su incompetencia.
En lo esencial, con reiteración de ciertos argumentos ya expuestos en la instancia, afirma que de conformidad con lo establecido por el art. 3 de la ley 11.653, el trabajador se encuentra facultado para iniciar la acción ante el tribunal del lugar del domicilio del demandado, el de la prestación de trabajo o el del lugar de celebración del contrato de trabajo.
En tal sentido, destaca que de acuerdo a la norma citada y conforme a las características de los hechos sobre los cuales se fundó el reclamo, su parte cumplió con uno de los presupuestos de competencia territorial, esto es "lugar de prestación de trabajo", siendo la jurisdicción de San Martín plenamente competente en estos autos.
Afirma que el sentenciante en forma arbitraria, omitió analizar lo expuesto en el escrito de inicio, vulnerando gravemente las garantías constituciones del actor, el principio del derecho laboral in dubio pro operario, el acceso del trabajador a la justicia y el derecho a litigar ante sus jueces naturales.
Finalmente, denuncia el domicilio del depósito que posee la firma empleadora en la localidad de Santos Lugares, donde el actor se desempeña como ayudante de reparto de mercaderías y ofrece prueba a fin de demostrar que es allí donde se presenta habitualmente a fin de iniciar su jornada laboral.
II.2. Por otro lado, se agravia de la decisión de grado por cuanto impuso las costas a la ahora recurrente. Funda su réplica en el art. 19 de la ley 11.653, que faculta al juzgador a eximir -total o parcialmente- de su pago a la vencida, y en que su parte pudo haberse considerado verosímilmente con derecho a litigar.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe aclarar que habiéndose dispuesto el archivo de las actuaciones y hallándose en juego -conforme resulta de los antecedentes expuestos- la posible atribución de competencia a un juez extraprovincial, el pronunciamiento atacado debe considerarse asimilable a definitivo en los términos del art. 278 tercer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 97.552, "Silva", sent. de 15-VII-2009; L. 109.402, "Cuellar", sent. de 4-V-2011 y L. 115.653, "Torres", sent. de 6-III-2013).
III.2. Sentado lo anterior, la impugnación contra la decisión a la que arribó el tribunal de la instancia ordinaria debe rechazarse.
III.2.a. A partir de la lectura del relato de los antecedentes, se desprende que su contenido resulta insuficiente a fin de revertir lo decidido en la instancia de origen pues el análisis que, en definitiva, formó la convicción del juzgador y dio sustento al fallo permanece sin réplica.
Por el contrario, reiterando ciertos argumentos ya expuestos en la instancia, la impugnante insiste en afirmar que en el caso se verifica la hipótesis que contempla el art. 3 inc. "b" de la ley 11.653, pues la demanda fue entablada ante los tribunales del lugar donde el trabajador prestaba tareas.
En tal sentido, esta Corte ha expresado repetidamente que es insuficiente el recurso extraordinario que omite formular una crítica concreta y eficaz a la motivación central sobre la que se asienta el pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 117.042, "Maglione", sent. de 7-V-2014 y L. 117.426, "Chazarreta", sent. de 23-XII-2014).
Por otra parte, he de señalar que la invocación de la regla in dubio pro operario -texto según ley 26.428- carece aquí de relevancia porque la duda a que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juzgador al tiempo de dictar sentencia; por lo tanto, no resulta de aplicación si -como acontece en el caso- los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 117.403, "Tibaudin Aguer", sent. de 9-IX-2015; L. 118.933, "Sáenz", sent. de 5-X-2016 y L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017).
Asimismo, agrego que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causa L. 92.430, "Galarza", sent. de 20-VIII-2008), hipótesis no configurada en el caso.
III.2.b. En relación al domicilio denunciado recién ante esta Corte, es doctrina legal de este Tribunal que no resulta idóneo para habilitar la instancia extraordinaria el argumento novedoso, que no fue sometido a conocimiento previo del a quo con el alcance y dimensión que se le confiere en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013 y L. 117.999, "Fernández", sent. de 15-VII-2015).
Sin perjuicio de resultar suficiente lo expuesto para sellar la suerte adversa del agravio en tratamiento, a mayor abundamiento he de añadir, respecto de la prueba que pretende introducir en el recurso en tratamiento (v. fs. 86 y vta.), que su ofrecimiento en sede extraordinaria se encuentra expresamente vedado por el art. 284 segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial. En efecto, el ejercicio de la potestad de revisión por parte de la Suprema Corte no puede exceder los límites del ámbito del recurso de inaplicabilidad de ley, que no otorga acceso a una nueva instancia ordinaria con posibilidad de reexaminar los hechos (causa L. 93.114, "Torres", sent. de 21-IX-2011).
III.2.c. En consecuencia, frente a la ineficacia del remedio intentado, debe confirmarse lo resuelto por el tribunal de grado.
III.3. Luego, en relación al lacónico cuestionamiento a la condena en las costas, cabe memorar que su imposición y distribución es, como regla, una facultad privativa de los jueces de grado y -como tal- no revisable en casación, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 51.571, "Russo", sent. de 26-X-1993; L. 80.398, "Ramírez", sent. de 31-III-2004; L. 89.901, "Cuevas", sent. de 6-II-2008; L. 94.269, "Hernández", sent. de 10-VI-2009 y L. 113.488, "González", sent. de 23-XII-2013), vicio que no denuncia el recurrente y que determina la desestimación de sus críticas.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/12/2020 22:49:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/12/2020 10:44:12 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2020 12:07:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2020 10:53:40 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2020 12:12:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia