Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121549
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.549, "Bilbao, Osvaldo Néstor contra Tanoni Hermanos S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, de Lázzari, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín admitió la demanda promovida, con costas a la accionada (v. fs. 767/787 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 806/847).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Osvaldo Néstor Bilbao y condenó a Tanoni Hnos. S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de vacaciones proporcionales; indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 2 de la ley 25.323; 8 y 15 de la ley 24.013 y 14 de la ley 14.546 (v. fs. 767/787 vta.).
En lo esencial, tras evaluar los escritos constitutivos, el juzgador de grado consideró que en el caso la cuestión radicaba en determinar si las partes habían estado ligadas por un vínculo de naturaleza laboral según lo sostenido por la actora, o por un contrato de locación de servicios como lo afirmaba la demandada en su responde (v. vered., fs. 767/768 vta.).
En este sentido, señaló que con la documentación obrante en la causa (v. fs. 199/201) se verificaba que la firma Osvaldo Bilbao S.R.L. había celebrado con la empresa demandada un contrato de locación de servicios por un plazo de veinticuatro meses. Refirió que en consonancia con lo allí establecido lucían agregados talonarios de recibos (v. fs. 33, 34 y 35) y facturas tipo "A" (v. fs. 36/148) con membrete de Tanoni Hnos. S.A. (Fábrica de Aceites Vegetales; v. vered., fs. 768/769).
Agregó que también se aportaron facturas emitidas por la demandada a partir del año 1997 (v. fs. 30/31) a nombre del señor Osvaldo N. Bilbao en concepto de cobro de "comisiones por ventas y cobranzas" y otras posteriores (v. fs. 4/29) por igual motivo (v. vered., fs. 769).
Expresó que el perito contador (v. fs. 691/694) informó que no obstante que el accionante no estaba registrado como empleado de Tanoni Hnos. S.A., había prestado a la empresa servicios de venta en comisión desde el día 1 de marzo de 1994 hasta el día 5 de mayo de 2011, en la categoría laboral (viajante de comercio), con jornada de trabajo a destajo. Asimismo, dio cuenta sobre la existencia de notas de pedido de mercaderías formuladas por el accionante y facturas emitidas por éste en concepto de comisiones, correspondiendo la mejor a la cantidad de $6.890,73 (neto febrero de 2011).
También que el experto destacó que el señor Bilbao prestaba la actividad de venta al por mayor en comisión o consignación de alimentos, bebidas y tabaco desde el mes de enero del año 1999 y que había emitido recibos a otras personas o entidades distintas de la demandada. Añadió que dicho dictamen había sido ratificado por el perito a fs. 705, ante la impugnación realizada por la accionada (v. vered., fs. 769 y vta.).
En razón de la confesión ficta del representante de la demandada, tuvo por ciertas las siguientes afirmaciones: que el accionante se desempeñaba como viajante de comercio para la empresa; que vendía aceites por su cuenta y orden; que se le redujeron las comisiones en un 1% mensual; que se desempeñó como un buen empleado y que realizaba cobranzas y rendía de inmediato a la sociedad accionada (v. vered., fs. 769 vta.).
Destacó que al absolver posiciones el actor reconoció haber conformado la sociedad Bilbao S.R.L., con inicio el día 2 de octubre de 1992, y hallarse inscripto en ingresos brutos. También, que mantuvo relación con otras empresas como agente autónomo, que contaba con una estructura organizativa propia personal (posición 16, respondió: Sí, personal mía), así como haber celebrado un contrato de locación de servicios de venta como socio gerente de Osvaldo N. Bilbao S.R.L. y que, en cambio, contestó negativamente en cuanto a que su actividad fuera la venta al por mayor en comisión o consignación de alimentos, respondiendo que él era viajante de comercio de las firmas Tanoni y de Cusenier (v. vered., fs. 769 vta. y 770).
A continuación, consideró que los testigos fueron claros y coincidentes en manifestar que el señor Bilbao les vendía productos de la firma Tanoni y que ésta les facturaba y entregaba el pedido y luego el actor era quien les cobraba (v. vered., fs. 770/771).
Destacó que de las propias cláusulas del contrato suscripto por las partes surgía la existencia (encubierta) de una relación de trabajo, es decir, el actor recibía claras directivas técnicas, jurídicas y económicas impuestas por la propia empresa, debía buscar y atender clientes y concretar las ventas y cobranzas de todos los productos respetando los plazos fijados en la factura y remito emitido por el fabricante y asumiendo ante éste el carácter de fiador solidario y principal pagador por su cobro, como también que se estatuía el 3% de comisión sobre la totalidad de operaciones de ventas y cobranzas (v. fs. 770 vta.).
Afirmó que, sin perjuicio de que la nota de exclusividad no resultaba una característica del viajante de comercio, en el caso, conforme el mismo contrato, el actor tenía vedada la venta de productos similares a los que producía y vendía el fabricante, quien además tenía la potestad de cambiar los precios, entregar los productos, recibir el pago y luego liquidar lo que él mismo había estipulado en porcentaje de comisión (v. vered., fs. 770 vta.).
Consideró entonces que la prueba rendida en autos resultaba suficiente para tener por acreditada la existencia de una relación laboral entre las partes y el desempeño del accionante como viajante de comercio (v. vered., fs. 770 y vta.).
Ya en la sentencia, sostuvo que en el caso el demandante había logrado demostrar -fundamentalmente con sustento en la prueba testimonial- la relación invocada en la postulación inicial, resultando aplicable asimismo la presunción contenida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Esto último, porque si bien la accionada había invertido la carga de la prueba, al alegar que el vínculo obedecía a una contratación de servicios, no logró demostrar su postura, en tanto el contrato aportado por ella misma gozaba de todas las calidades de una relación laboral, sin perjuicio del título que ésta pretendió darle (v. sent., fs. 775 vta./780).
Sostuvo, tras memorar algunos conceptos de la ley 14.546, que examinado el caso a la luz del principio de primacía de la realidad y en virtud de la presunción antes señalada (art. 23, LCT), cabía concluir que el hecho de que se hubieran presentado facturas del demandante por honorarios no alteraba la naturaleza jurídica del vínculo habido entre las partes, ni permitía concluir que en el caso se trataba de una locación de servicios, dado que lo relevante es la esencia de dicha relación que -afirmó-, en tanto traduzca subordinación jurídica, importará una contratación laboral (v. sent., fs. 780).
Sobre tal base, habida cuenta que la extinción de la relación laboral resultó injustificada y tras tener por verificados los recaudos impuestos en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323; 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 14 de la ley 14.546; el tribunal de grado declaró el progreso de los rubros salariales e indemnizatorios indicados en el primer párrafo (v. sent., fs. 780/784 vta.).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 1.345, 1.479 y 1.502 del Código Civil y Comercial; 2 de la ley 14.546; 23 de la Ley de Contrato de Trabajo; 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 16 de la ley 24.013 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 806/847).
II.1. Se agravia de la decisión de grado que consideró que entre las partes existió una relación de naturaleza laboral.
Alega que en su responde expuso claramente que el actor se desempeñó como un agente de comercio, actuando en forma autónoma y con una estructura organizativa propia, sin que exista en el expediente ninguna prueba que permita tener por acreditada la figura del viajante de comercio prevista en la ley 14.546.
En sustancia, expone las siguientes consideraciones:
a) Que conforme surge de la documentación agregada a fs. 317 el actor conformó junto con su esposa una sociedad que se denominó "Osvaldo N. Bilbao S.R.L.", inscripta ante la Dirección de Personas Jurídicas bajo matrícula vigente n° 63.208 de fecha 1 de diciembre de 1992 (legajo n° 63.208), domiciliada en la ciudad de 9 de Julio, con administración a cargo de los socios de manera indistinta (v. fs. 820).
b) Que del instrumento de fs. 199/200 acompañado al contestar demanda, surge que el accionante se vinculó con la demandada a través de un contrato de representación comercial (arts. 1.479 a 1.501, Cód. Civ. y Com.) suscripto por las partes en pleno uso de sus facultades y actuando el demandante en nombre de la firma Osvaldo Bilbao S.R.L., al igual que lo hizo con otras empresas, según reconoció al absolver posiciones (v. fs. 820 y vta.).
c) Que el actor percibía una "prima" o "comisión" sobre los productos que vendía o colocaba en el mercado, es decir, que sus ingresos dependían de su performance, tal como lo admitió al responder el pliego de posiciones formulado por su parte, textualmente dijo: "...es cierto que yo asumía mis riesgos de mi empresa..." (fs. 820 vta.).
d) Que según el informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA; v. fs. 358/359) el señor Bilbao (CUIT 20-05256268-7) y la sociedad "Osvaldo N. Bilbao S.R.L." (CUIT 30-65728589-3), se encuentran inscriptos en ingresos brutos para la actividad de "venta al por mayor en comisión o consignación de alimentos, bebidas y tabaco" con fecha de inicio de actividades el día 2 de octubre de 1992, circunstancia que coincide con lo informado en la pericia contable (v. fs. 820 vta. y 821).
e) Que el demandante también reconoció que tributaba el impuesto a las ganancias (posición 9 del pliego) y surge acreditado que está inscripto como responsable ante el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y realiza aportes como autónomo siendo su actividad declarada la de "servicios empresariales" (v. informe AFIP a fs. 380; v. fs. 821 y vta.).
f) Que por el tipo de facturas "A" utilizadas por el actor se corrobora que es responsable inscripto y que responde a la figura de "empresario". Agrega que las pocas facturas agregadas por aquel y descriptas por el experto contable no son correlativas sino discontinuas, además de informar que el actor y su empresa han emitido recibos a otras personas o entidades distintas a Tanoni Hnos. S.A., surgiendo la ausencia de exclusividad en el desempeño del demandante (v. fs. 821 vta.).
h) Que el domicilio social registrado en la Dirección de Personas Jurídicas (v. fs. 317) no coincide con el real denunciado en la demanda, de lo que se infiere que contaba con un local comercial propio (v. fs. 822).
i) Que el actor ha facturado a la empresa accionada en muy pocas oportunidades si se tiene en cuenta que prestó servicios de venta en comisión desde el año 1994 hasta el año 2011, siendo su facturación discontinua.
Aduce que la falta de exclusividad también se corrobora con la respuesta de la firma Molino Arrocero Millenium S.A. quien manifestó que el señor Bilbao desempeñó a su favor tareas de comisionista sin relación de dependencia (v. fs. 308), circunstancia que también fue reconocida por el demandante (respuesta a la posición 13; v. fs. 822 y vta.).
j) Que al absolver posiciones el actor también admitió que se hacía cargo de los gastos, viajes, comidas, desgaste del automotor, en tanto afirmó "...yo me pagaba todo..." (fs. 823).
Señala que en la sentencia no se trascribieron todas las respuestas dadas por el señor Bilbao al pliego de posiciones formulado por su parte, en cuanto -señala- reconoció haber conformado una sociedad junto a su esposa, dedicada a la venta al por mayor o consignación de alimentos, con fecha de inicio de actividades el día 12 de octubre de 1992 e inscripta ante los organismos estatales de recaudación (ARBA y AFIP). También admitió estar inscripto en ingresos brutos y tributar ganancias (respuestas posiciones 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) y haber mantenido una relación comercial con Molino Arrocero Millenium S.A. y otras empresas (Cusenier S.A. y La Cachoera Yerba Amanda), para las cuales actuó como agente comercial autónomo, asumiendo los riesgos de dicha actividad comercial y absorbiendo de manera personal los gastos de su actividad (respuestas 14, 15 y 17), así como que visitaba a los clientes en su propio vehículo, sin publicidad y que emitía facturas tipo "A" (respuestas 21, 22 y 24; v. fs. 824 y vta.).
Alega que, a partir de los propios dichos del accionante y la prueba en la causa, quedó demostrada la postura expuesta por su parte en el responde. Aduce acreditado que el actor tenía una estructura organizativa propia, previa al vínculo comercial con la accionada. Sostiene que no puede aplicarse al caso la presunción contenida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, desde que ha quedado demostrado que la actividad desempeñada por el actor no lo fue en relación de dependencia (v. fs. 824 vta./826 vta.).
Insiste en que, del examen integral de las pruebas producidas en autos, se advierte que la actividad del accionante respecto de las ventas de los aceites y demás productos obedeció a su calidad de empresario. Aduce que el juzgador de grado no analizó correctamente las declaraciones testimoniales ni tuvo en cuenta las impugnaciones formuladas por su parte a la pericia contable, a la vez que refiere que no se produjo prueba que acredite la existencia de fraude o simulación ilícita. Aduce transgredida, entre otras, la doctrina de este Tribunal elaborada en la causa L. 42. 127, "Chiavarelli", sentencia de 5-IX-1989 (v. fs. 827/831 vta.).
II.2. Objeta que se consideraran procedentes las multas previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323.
Sostiene que conforme lo expuesto anteriormente surge evidente que no existió un contrato de trabajo entre las partes y, en consecuencia, que su parte no tenía obligación de registrarlo. A todo evento, señala que los importes fijados por las referidas multas en la sentencia resultan desproporcionados y atentan contra su derecho de propiedad.
Aduce que su parte planteó en el responde la prescripción de los rubros mencionados, defensa que no fue abordada por el juzgador. Desarrolla argumentos vinculados al análisis que debe efectuarse respecto al plazo de prescripción de las sanciones contenidas en los arts. 8, 9 y 15 de la ley 24.013.
Luego, postula que en el caso existen elementos para tener por acreditado el extremo requerido por el art. 16 de la ley 24.013, correspondiendo habilitar la reducción de las multas previstas en sus arts. 8 y 15, que fueran injustamente impuestas en el fallo. Refiere que existen, en el caso, elementos para que la accionada pudiera dudar de la aplicación de las normas laborales a la relación mantenida con el actor, quien no revestía las características de un empleado normal (era socio gerente de una sociedad que vendía los productos que fabricaba otra empresa). Es decir, que era una relación entre comerciantes (v. fs. 837/838).
Insiste en que en el caso se presenta la "duda razonable" que podría haber tenido la demandada (art. 16, LNE), por lo que solicita se reduzca la sanción del art. 8 de la ley 24.013 al mínimo legal y se suprima la del art. 15 de la citada ley. Adicionalmente, señala que debe tenerse en cuenta lo dispuesto por los arts. 1.714 y 1.715 del Código Civil y Comercial (v. fs. 838 vta.).
Alega luego sobre la desproporción en el monto de las indemnizaciones. Refiere que conforme a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resultan inconstitucionales las sanciones excesivas, debiendo ser dejadas sin efecto (v. fs. 838 vta./841).
Refiere que dicho pedido fue rechazado por el sentenciante antes del inicio de la aludida audiencia, resolviendo que el certificado médico no cumplía con los recaudos legales, más sin explicitar cuales eran las exigencias que debía cumplir tal documento. Agrega que el día 12 de septiembre de 2017 su parte acompañó el certificado original. Postula que el tribunal ha prescindido de prueba decisiva (confesional de la accionada), incurriendo en el vicio de absurdo y vulnerando los principios de congruencia, bilateralidad y defensa en juicio.
III. El recurso no prospera.
III.1. Como fue expuesto, el tribunal de grado concluyó que entre el señor Bilbao y la empresa demandada existió un vínculo de naturaleza laboral que se desarrolló en idénticos términos y sin interrupciones desde el día 15 de marzo de 1994 hasta el día 5 de mayo de 2011, fecha en que el actor se consideró injuriado y despedido (v. vered., fs. 767/771 y sent., fs. 775 vta./780).
Sostuvo que del propio contrato suscripto por las partes surgía encubierta la relación laboral habida entre ellas. Tuvo por acreditado que la tarea específica del señor Bilbao consistía en la promoción, búsqueda, atención de clientes y concreción de las operaciones de ventas y cobranzas del producto elaborado por la accionada (aceite), por su cuenta y orden, por el precio y en las condiciones establecidas por la demandada. Que debía informar acerca de las operaciones realizadas por cuenta y orden de la demandada y que percibía en concepto de comisión el 3% sobre la totalidad de las operaciones de venta y cobranzas, la que luego se redujo en un 1% mensual.
Asimismo, que al accionante le estaba vedado vender productos similares a los que producía y vendía la demandada y que ésta tenía la potestad de cambiar los precios, entregar los productos y recibir el pago, liquidando luego la comisión que había estipulado en porcentaje de comisión.
Estimó que la accionada no logró demostrar la defensa esgrimida en cuanto invocó la existencia de un contrato de locación de servicios entre las partes. Por las características apuntadas y en virtud del principio de primacía de la realidad, concluyó que el actor era viajante de comercio, amparado por la ley 14.546 y el convenio colectivo de trabajo 308/75, siendo esa la verdadera naturaleza jurídica del vínculo que relacionó a las partes.
III.2. Estas esenciales conclusiones del fallo, establecidas por el tribunal de grado en uso de sus facultades privativas de apreciación y selección de las pruebas, deben permanecer firmes.
Como señala el impugnante, esta Corte tiene dicho que la distinción entre el viajante de comercio y el agente o representante comercial debe buscarse -entre otras notas, en el desempeño personal y habitual de la actividad del primero, mientras que el otro es un comerciante empresario que tiene su propio sistema de ventas ajeno al del principal- coordinando su tarea y los medios aptos para promove
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