Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123030
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.030, "López, Teodoro Alfredo contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 133/140 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29 de mayo de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Teodoro Alfredo López contra Construcciones Térmicas S.A. en cuanto procuraba el cobro de diferencias salariales, por el fondo del cese laboral y horas extras; así como de las indemnizaciones previstas en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, 53 ter de la ley 11.653 y 18 de la ley 22.250 (v. sent., fs. 133/140 vta.). Rechazó en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que se procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así resolver, si bien tuvo por acreditado el incumplimiento en el depósito de los aportes sindicales y a la Seguridad Social efectivamente retenidos por el empleador (v. vered. tercera cuestión, fs. 134 vta. y 135); juzgó que, para hacerse acreedor de la multa prevista en la citada norma de fondo, debía cursarse la intimación contemplada en el decreto 146/01 (art. 1) -con indicación precisa de los períodos retenidos y su importe- con anterioridad a la extinción contractual. Luego, y toda vez que no concurrieron en la especie los recaudos que -a criterio del juzgador- resultaban "necesarios para la constitución en mora en los términos de la manda legal", dispuso el consecuente rechazo de la pretensión (v. sent., fs. 137 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional; 57 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 del decreto 146/01; 44 incs. "d" y "e", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita.
En esencia, se agravia del rechazo a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que -entiende-transgrede la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 107.254, "Alveira Garcilazo" (sent. de 5-VI-2013).
Afirma que el juzgador transgredió e interpretó erróneamente -y con apego a un exceso de rigor formal- el alcance de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 43, ley 25.345) al establecer que la intimación debió realizarse con antelación a la desvinculación contractual y precisando el monto y el período de los aportes efectivamente retenidos y no ingresados, toda vez que tales requisitos no se encuentran en el texto de la norma.
Por otro lado, alega que el juzgador de grado realizó una absurda valoración de las constancias probatorias, a saber: el telegrama (v. fs. 4), los recibos de sueldo (v. fs. 5/36) y el informe realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 104/109). Ello, en tanto -afirma- de su análisis surge con claridad que en el período reclamado la empleadora procedió a la retención de los aportes de la seguridad social, sin ingresarlos luego al sistema.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Ante todo es del caso destacar que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de "monto indeterminado" (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent. de 20-XII-2017).
III.2. Inicialmente, corresponde rescindir aquel aspecto del fallo por el que el juzgador declaró que la intimación formulada por el trabajador no abasteció los recaudos impuestos por el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, al no realizarse antes de la desvinculación contractual y no incluir con precisión el monto y período de los aportes presuntamente retenidos.
En efecto, como he puesto de manifiesto al emitir mi voto -entre otras- en las causas L. 122.214, "Cabezón" (sent. de 11-VI-2020) y L. 122.424, "González Giménez" (sent. de 4-VIII-2020; sentenciadas por el mismo Tribunal de Trabajo n° 2 de Bahía Blanca), se observa también aquí que el fundamento central esgrimido por el juzgador para desestimar la sanción conminatoria mensual (v. sent., fs. 131 vta.) deriva de una errónea interpretación del art. 132 bis de la citada ley sustantiva -única citada en esta parcela de la sentencia-, pues esta norma no exige que la intimación sea realizada durante la vigencia del vínculo laboral (o que indique exactamente los períodos -extremo que, vale aclarar, fue abastecido en el telegrama de fs. 4- e importes adeudados); tampoco lo hace, por cierto, su decreto reglamentario (art. 1, dec. 146/01).
III.3.a. Descartadas, entonces, las exigencias formales en las que el tribunal de grado fundó su decisión, corresponde analizar si se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria mensual del citado art. 132 bis.
Ello así, pues si bien es cierto que el tribunal tuvo por probado que el empleador no depositó los aportes destinados a los organismos de la seguridad social efectivamente retenidos (v. vered., fs. 135), no lo es menos que la demandada no pudo recurrir esa decisión.
Así las cosas, por aplicación de la figura de la "apelación adhesiva", corresponde tener en cuenta lo alegado por la parte ausente en la tramitación del recurso porque la sentencia le fue favorable (causas L. 95.784, "Vicenzi", sent. de 21-XII-2011; L. 107.586, "Escalada", sent. de 4-VII-2012 y L. 100.916, "Andrews", sent. de 5-IV-2013), ya que, en caso contrario, se podría dejar sin razón a quien la tenía (causa Ac. 81.298, "Reboredo", sent. de 11-VI-2003).
Desde esa óptica, se advierte que la legitimada pasiva, en oportunidad de contestar la demanda, se limitó a sostener que correspondía el rechazo de la sanción, desde que -afirmó- había cumplido íntegramente con el depósito de las deducciones efectuadas (v. fs. 64 vta.).
Luego, deviene necesario revisar el acierto de la conclusión fundada en la inexistencia de transferencia a los organismos correspondientes de los aportes retenidos.
III.3.b. Esta Corte ha declarado reiteradamente que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 107.254, "Alveira Garcilazo", sent. de 5-VI-2013, cuya doctrina denuncia transgredida el recurrente; L. 110.591, "Argüello", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
Asimismo, ha precisado este Tribunal que para la procedencia de dicha sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, cit.).
III.3.c. En este esquema de análisis, se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis.
Tal como lo sostiene el propio sentenciante, con sustento en el cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 5/36 y el informe emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), es posible constatar que, a excepción de los períodos agosto y septiembre de 2014 y marzo de 2015, la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social y nunca dio cumplimiento con su carga de ingresarlos formalmente en su totalidad (v. fs. 104/109).
Asimismo, surge claramente del telegrama glosado a fs. 4, tenido por auténtico y -en su caso- por recibido a tenor del informe del Correo Oficial de fs. 111/113, que Teodoro Alfredo López intimó a su empleadora el 5 de diciembre de 2016 para que en el plazo de treinta días (art. 1, dec. 146/01) deposite los importes retenidos en concepto de aportes de la seguridad social y sindical.
A partir de ello, considero -como anticipé- que se evidencia en el caso el cumplimiento de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis.
IV. En consecuencia, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, rubro cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso prospera.
En vista a que los motivos dados por el tribunal de origen para restar eficacia al emplazamiento cursado por el trabajador en los términos del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo resultan afines a los examinados en las causas L. 122.425, "Duhalde" (sent. de 7-IX-2020) y L. 122.551, "Urra" (sent. de 29-IX-2020), con los alcances allí expresados, me sumo a la propuesta de la doctora Kogan de rescindir ese aspecto de la sentencia y declarar procedente el reclamo que motivó el agravio.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/12/2020 22:49:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/12/2020 11:33:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2020 12:07:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2020 10:53:43 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2020 12:13:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia