Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124715
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.715, "Martínez, Sergio Alejandro contra Galeno ART S.A. Accidente de Trabajo. Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, de Lázzari, Genoud, Pettigiani.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 146/155).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 158/175 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda que el señor Sergio Alejandro Martínez promovió contra Galeno ART S.A., y condenó a esta última a abonarle las sumas que específicamente determinó con arreglo a las prescripciones de los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773 (v. fs. 146/155).
Para así decidir, tuvo por acreditado en el veredicto que, como consecuencia del infortunio que sufrió el día 5 de diciembre de 2014 en ocasión de encontrarse prestando tareas para su empleadora, el actor padece de menisectomía artroscópica de rodilla derecha con secuelas funcionales, que lo incapacitan -incluyendo los factores "dificultad en la realización de tareas" y "por edad"- en un 5,95% del índice de la total obrera (v. fs. 146 vta. y 147).
También juzgó probado el sentenciante que el promotor del pleito padece de hipoacusia perceptiva bilateral que le provoca, teniendo en cuenta la incapacidad residual, una minusvalía del 6,12% del índice de la total obrera, que se eleva hasta 7,23% considerando los factores de ponderación evaluados por el perito (v. fs. 147 vta. y 148).
Señaló el tribunal que la fecha de la primera manifestación invalidante en relación al accidente de trabajo debía situarse el día del siniestro y, respecto de la hipoacusia, aquella en la que el accionante había denunciado como tal (el día 5 de mayo de 2015) y que no había sido objeto de una negativa puntual por parte de la demandada (v. fs. 148 in fine ).
Indicó además, que luego de reconocer el infortunio y de brindar las prestaciones, Galeno ART S.A. otorgó el alta médica en fecha 6 de abril de 2015 y que, tras ello, la Comisión Médica n° 7 C de la ciudad de Rosario, en fecha 29 de julio de 2015, diagnosticó "lesión de menisco interno", fijando una incapacidad del 5,4%. En ese orden, la aseguradora abonó $70.430,87 en concepto de prestación por incapacidad laboral permanente y definitiva (v. fs. 146 vta. in fine y 147).
En cuanto al valor mensual del ingreso base, el juzgador determinó que de conformidad con las conclusiones plasmadas en el informe pericial contable (no cuestionado por las partes) ascendía a $7.256,49 el correspondiente al año anterior al accidente, y a $7.985,47 respecto del año anterior a la primera manifestación invalidante de la patología auditiva (v. fs. 148 vta.).
En la sentencia, declaró configurados los presupuestos del art. 6 apartados 1 y 2 de la ley 24.557, teniendo derecho el trabajador a la percepción de las prestaciones previstas para los tipos de incapacidad establecidos (v. fs. 151 vta.).
Aclaró que el pago reconocido por el actor en relación al infortunio no resultó total, toda vez que en sede judicial se había determinado una incapacidad superior derivada del evento (v. fs. cit.).
En consecuencia, juzgó que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, por el accidente de trabajo sufrido le correspondía cobrar al señor Martínez la suma de $64.670 (65/23 X 53 X $7.256,49 X 5,95%), siendo acreedor además de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 ($12.934), lo que hacía un total de $77.604; superando dicho importe el piso fijado por la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 22/14 (v. fs. 152 vta.).
Añadió que sobre ese monto se aplicarían intereses desde la fecha del siniestro (5 de diciembre de 2014) y hasta el 5 de agosto de 2015, momento en que deberá deducirse el pago de $70.430,87 que se tuvo por acreditado en el veredicto, y luego liquidarse sobre el saldo resultante hasta el efectivo pago (v. fs. cit.).
Por la enfermedad profesional determinó un importe de $86.477 (65/23 X 53 X $7.985,47 x 7,23%), suma a la que también anexó el resarcimiento complementario del art. 3 de la ley 26.773 ($17.295), lo que totalizó $103.772; superando también dicho monto el piso que surge de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 6/15 (v. fs. 152 vta. in fine y 153).
Sostuvo además el juzgador, que en atención a las directrices plasmadas por la Suprema Corte -entre otras- en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), no correspondía actualizar las sumas indicadas mediante la aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), tal como había sido solicitado en demanda (v. fs. 153).
Asimismo, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 25.561 (en tanto mantiene la prohibición de indexar establecida por la ley 23.928) con sustento en la doctrina que emana de los precedentes L. 85.591, "Fernández" (sent. de 18-VII-2007) y L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009; v. fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitrariedad y la violación de los arts. 11, 12 y 14 de la ley 24.557 y 7, 8 y 9 de la ley 23.928, modificados por la ley 25.561.En lo sustancial de la crítica objeta que el tribunal de grado no aplicara ningún mecanismo de actualización monetaria al momento de cuantificar las prestaciones dinerarias que fueran reconocidas en la sentencia.
En ese orden, sostiene que en la demanda solicitó que se declare la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y que el sentenciante, sin analizar el gravísimo perjuicio que implica la aplicación literal de la norma, rechazó dicho planteo basándose en doctrina de la Suprema Corte y, erróneamente, en la jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional.
Manifiesta que no se ha realizado un análisis del daño que se infiere al trabajador, quien mediante el mecanismo utilizado ve pulverizado su derecho a una indemnización justa. Añade que al aplicar una fórmula de matemática financiera juzgador se desentendió totalmente de su resultado final y de cómo incide en la pérdida de ganancia futura -lucro cesante- la minusvalía que aquel padece en forma definitiva.
Indica que de haberse considerado al ingreso base mensual como una "deuda de valor" y aplicarse un salario actualizado, el tribunal hubiera arribado a un resultado monetario decenas de veces mayor.
Argumenta que la Ley de Riesgos del Trabajo, como cualquier otra norma que reglamenta el derecho a la integridad psicofísica del trabajador, merece un análisis de razonabilidad y debe ser descalificada cuando no cumple con el mandato constitucional.
Aduce que el sistema indemnizatorio previsto en dicha ley provoca un enriquecimiento ilícito a favor de las aseguradoras de riegos del trabajo, quienes cobran sus alícuotas en moneda actualizada y pagan las indemnizaciones en moneda depreciada, provocándose así un desvío de fondos de los más débiles hacia el más fuerte que contradice todas las bases del derecho laboral.
Expresa que en autos se ha configurado una situación de discriminación, ya que el actor, que transitó un largo proceso judicial para obtener un resultado irrisorio, ha recibido un trato dispar respecto de aquellos que sin recurrir a un juicio logran un resarcimiento proporcional a sus ingresos reales.
En suma, afirma que el régimen reparatorio de infortunios laborales tal como ha sido diseñado premia al incumplidor, ya que se produce una redistribución de ingresos inversa, que les da a los que más tienen y les quita a los económicamente más débiles (esto es, a los trabajadores incapacitados que se encuentran en mayor estado de indefensión).
Insiste en sostener que el tribunal de trabajo rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 11 y 12 de la ley 24.557 y 7, 8 y 9 de la ley 23.928 (modif. por ley 25.561) en forma totalmente dogmática y sin brindar explicación alguna.
Efectúa ciertas consideraciones sobre las diferentes realidades socio económicas que condujeron al dictado de las leyes que prohíben la indexación de las obligaciones, trayendo a colación distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que abonan su postura de reajustar las sumas reclamadas, reeditando además el planteo de inconstitucionalidad de dicha normativa.
Peticiona que en el caso se disponga la actualización de acuerdo al índice de precios al consumidor de créditos reclamados desde su exigibilidad hasta el día del efectivo pago.
Finalmente, vuelve sobre la denuncia de que el tribunal de grado transgredió la norma del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo al no interpretarla en consonancia con el restante plexo normativo laboral.
Indica que para determinar el valor mensual del ingreso base se deben considerar salarios ajustados, ya que toda indemnización supone una ponderación del valor actual del desmedro patrimonial sufrido, ya que de lo contrario se desnaturalizaría su función resarcitoria.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente corresponde señalar que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 117.723, "Sarmiento", sent. de 15-VII-2015 y L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015).
III.2. Con sujeción a tales límites, cabe indicar que las consideraciones expuestas en el recurso en torno a la presunta errónea interpretación y aplicación por parte del juzgador del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, no pueden tener favorable recepción, en tanto lucen extraviadas del contexto en el que ha sido resuelta la causa.
III.2.a. Como surge de los antecedentes reseñados, el tribunal de origen condenó a la aseguradora de riesgos del trabajo demandada al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 por las incapacidades vinculadas al accidente de trabajo y a la dolencia auditiva que porta el actor, así como también a abonar por cada concepto la compensación adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773, cuantificadas de la forma que indicó (v. fs. 146/155).
III.2.b. La simple lectura del pronunciamiento en crisis revela que para alcanzar aquella definición y cuantificar el importe de las prestaciones a que el reclamante es acreedor, el juzgador -contrariamente a lo alegado por el interesado- prescindió de formular cualquier consideración vinculada a la validez constitucional de la norma contenida en el art. 12 de la ley 24.557 para determinar el valor mensual del ingreso base.
Luego, la ineficacia del agravio se exhibe nítida pues, conforme reiteradamente ha declarado esta Corte, para que el escrito mediante el cual se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulan deben referirse, directa y concretamente, a los conceptos que estructuran la sentencia (causas L. 104.324, "N., D. O.", sent. de 13-VI-2012; L. 119.057, "Flores", sent. de 19-X-2016 y L. 115.497, "Palomo", sent. de 5-VII-2017).
III.2.c. Asimismo, no puede soslayarse que el modo en que el sentenciante se pronunció encuentra correlato en una razón que también se exhibe determinante para la suerte adversa de esta parcela de impugnación, a saber: tampoco se observa que el promotor del pleito hubiera puesto a consideración del órgano jurisdiccional una definición respecto de la validez constitucional del art. 12 de la citada ley especial, resultando inverosímil lo manifestado por el recurrente en orden a que tal planteo había sido formulado en el escrito de promoción de la demanda (v. rec., fs. 162).
En tal sentido, se impone destacar que, en rigor, el agraviado pretende rediseñar en casación un nuevo enfoque, introduciendo alegaciones -fruto de una reflexión tardía- que nunca fueron puestas a consideración del sentenciante, y por ello no resultan susceptibles de ser evaluadas ante la instancia extraordinaria (causas L. 103.081, "Figueroa", sent. de 16-V-2012; L. 117.542, "Mansilla", sent. de 27-V-2015; L. 119.492, "Geiser", sent. de 29-XI-2017; e.o.).
III.2.d. Así las cosas, y sin que implique abrir juicio respecto del grado de acierto de la decisión, lo expuesto evidencia el desencuentro entre la línea argumental del recurso y los fundamentos que estructuraron el pronunciamiento de origen.
III.3. Tampoco prospera la crítica orientada a descalificar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561.
En efecto, y más allá de cualquier otra consideración que pudiera formularse, lo resuelto por el tribunal de grado guarda armonía con el criterio plasmado en reiterados pronunciamientos de esta Corte en los que se ha declarado la validez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, modificada por ley 25.561, en cuanto prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 84.999, "Rodríguez", sent. de 23-IV-2008; L. 92.958, "Da Silva", sent. de 3-VI-2009; L. 92.297, "Ferreyra", sent. de 23-III-2010; L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 105.952, "Barrios", sent. de 7-VIII-2013; L. 116.518, "Grandelmeier", sent. de 16-VII-2014; L. 102.736, "Boll", sent. de 15-VII-2015; e.o.), sin que el impugnante aporte nuevos argumentos para desvirtuar la aplicación de la doctrina citada.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC.).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Ante la insuficiencia del recurso deducido, puesta en evidencia en el voto de la doctora Kogan, vengo a adherir al mismo y doy el mío por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/12/2020 22:49:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/12/2020 10:44:10 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2020 12:07:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2020 10:53:34 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2020 12:10:52 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia