Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73015
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.015, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Torres del Sol S.A. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres, Borinsky .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martin revocó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la excepción de prescripción y mandó llevar adelante la ejecución del crédito fiscal verificado concursalmente (v. fs. 83/93). Impuso las costas de ambas instancias a la ejecutada vencida (arts. 68 y 274, CPCC; 25, ley 13.406).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 99/103), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 105/106).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 126) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en la Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martin revocó la sentencia de primera instancia y ordenó la prosecución del apremio.
Tuvo en cuenta que de los títulos ejecutivos 561.100, 561.103 y 561.104 surge que la deuda reclamada resulta "incluida en certificado judicial por crédito iniciado verificado en proceso concursal".
Señaló que a fs. 5 consta un documento con membrete de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) con firmas del Jefe de Departamento de Cobro de Procesos Universales y el Gerente de Cobranza Coactiva, que se titula "alta de título ejecutivo por deuda privilegiada verificada", donde se especifican todos los datos del contribuyente, así como los autos judiciales "Torres del Sol s. Concurso preventivo", con radicación en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 26, Secretaría 51, de la Capital Federal; la fecha de presentación en concurso: 4 de abril de 2002; la actividad de la empresa concursada y el detalle de los títulos ejecutivos recientemente descriptos.
Asimismo indicó que a fs. 12 consta un certificado original firmado por María Verónica Balbi, secretaria del juzgado nacional de primera instancia mencionado supra , del que surge:
"...en cuanto hubiere lugar por derecho que en los autos caratulados 'Torres del Sol S. A. s. Concurso preventivo' expediente nº 42.491, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nº 26 Secretaría nº 51, resultaron verificados créditos a favor de la Dirección Provincial de Rentas de la provincia de Buenos Aires que en su porción privilegiada ascienden a la suma de $ 35.986,41, privilegio general por capital por impuesto a los ingresos brutos; la suma de $698.40, privilegio especial en concepto de capital por impuesto automotor; todos devengados con anterioridad a la presentación en concurso 4-4-2002 -con más la suma de $50 en concepto de arancel (art. 32 LCQ)-. Se deja constancia que la concursada es titular del CUIT 30-6983357-9; que se encuentra inscripta en la IGJ bajo el nº 1525 Lº 123 Tº A de Sociedades Anónimas desde el 10-2-1998; que su domicilio social es en Ecuador 504 8º 'C' de capital Federal; que la resolución de verificación de estos créditos se encuentra firme; que sólo se ha homologado concordato para acreedores quirografarios con fecha 2-10-2003 y que se emite este certificado para proceder a su ejecución contra la concursada por vía de apremio -art. 57 ley 24.522-".
Estimó con ello que, más allá de la invocación por la actora de la ley 10.397 -que contiene un título específico sobre prescripción, arts. 157 a 161- y su mención en los títulos ejecutivos, en autos lo que se ejecuta es una decisión judicial recaída en un proceso concursal -cuya existencia, contenido y firmeza emerge con claridad del certificado de fs. 12, no desconocido por la parte ejecutada-, en ajuste a lo previsto por el art. 57 y concordantes de la ley 24.522, de concursos y quiebras.
Esa disposición prevé que "[l]os efectos de las cláusulas que comprenden a los acreedores privilegiados se producen, únicamente, si el acuerdo resulta homologado. Los acreedores privilegiados que no estuviesen comprendidos en el acuerdo preventivo podrán ejecutar la sentencia de verificación ante el Juez que corresponda, de acuerdo con la naturaleza de sus créditos. También podrán pedir la quiebra del deudor de conformidad a lo previsto en el artículo 80, segundo párrafo".
Juzgó que la mención "de acuerdo con la naturaleza de sus créditos" es útil para definir al juez competente, mas no para retrotraer la causa u origen del presente reclamo de apremio a un estadio anterior a la sentencia firme del concurso que admite el crédito de la hoy ejecutante.
Consideró que la mentada resolución judicial se desvincula de la pretensión que la generó, para dar lugar a la actio judicati; que como explica Llambías, se trata de una acción nueva y distinta, cuyo único título y fundamento es la propia decisión -nuevo título que sustituye al originario-. De ese modo advirtió que se produce la interversión del plazo y comienza a correr el término de diez años desde que queda ejecutoriada (conf. Llambías, Jorge Joaquín; Tratado de derecho civil - Obligaciones , Tomo III, Buenos Aires, 1973, pág. 420, n° 2086).
Reflexionó que al tratarse el título que sustenta el apremio de una decisión judicial, aquello que queda sujeto a prescripción no es ya la acción originaria -ejercida en el marco del proceso universal de la hoy demandada- sino una acción -nueva y distinta- que emana de la sentencia misma dictada por la magistrada titular del Juzgado Nacional en lo Comercial n° 26.
En esas condiciones valoró que no resulta de aplicación para el caso de autos el art. 157 del Código Fiscal, previsto para las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas por ese ordenamiento, que brinda un plazo quinquenal, en tanto lo que aquí se pretende ejecutar no resultan ya las obligaciones fiscales incumplidas a cargo de la contribuyente verificadas en el concurso, sino el contenido de una sentencia recaída en aquel proceso universal de la -hoy- ejecutada, bajo los lineamientos del art. 57 de la Ley de Concursos y Quiebras.
Reparó que, por cuanto no se especifica un término especial para la prescripción de esta nueva acción, correspondería aplicar el general del art. 4.023 del Código Civil, que rige en defecto de una regla específica que establezca un plazo más corto.
Al respecto ilustró que la doctrina ha señalado que toda acción prescriptible vence a los diez años, salvo que por ley se determine un plazo distinto; y que si bien dicha disposición hace referencia a las acciones personales por deudas exigibles, unánimemente se ha entendido que la prescripción decenal es aplicable a toda acción prescriptible que no esté sujeta a un plazo distinto, rigiendo idéntico criterio en el derecho mercantil, a tenor de lo dispuesto por el art. 846 del Código de Comercio (cfr. Pizarro y Vallespinos, Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones , Tomo 3, Ed. Hammurabi, pág. 740). Añadió que "...[l]a aplicación de las prescripciones especiales es de interpretación estricta..." y en caso de existir duda acerca de si una prescripción se encuentra o no cumplida, debe estarse por la subsistencia de la acción (conf. Salvat, Raymundo M. y Galli, Enrique V.; Tratado de Derecho Civil Argentino , Tomo III, TEA, Buenos Aires, 1956, pág. 401, n° 2055 b).
Asimismo apuntó que la doctrina ha considerado entre los supuestos específicos de aplicación del plazo decenal del art. 4.023 Código Civil a la denominada actio iudicati; a saber:
"prescriben a los diez años las siguientes acciones: La actio iudicati . Cuando la acción deducida en juicio origina una sentencia de condena, surge de ese pronunciamiento firme una nueva pretensión, denominada actio iudicati, que prescribe a los diez años. Es irrelevante a tal efecto, que la sentencia haya sido dictada en juicio ordinario, sumario o ejecutivo" (cfr. Pizarro y Vallespinos; Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones , Tomo 3, Ed. Hammurabi, pág. 740).
Apreció, respecto al momento a partir del cual cabe computar el plazo decenal aplicable, que la pretensión del actor se funda en sentencia firme favorable, dictada en procedimiento de verificación de créditos en el marco de un concurso preventivo del deudor (arts. 37 primer párrafo y 57, ley 24.522), por lo que el dies a quo del término principia, para el supuesto de concurso preventivo con el acuerdo homologado y respecto de acreedores privilegiados en general no comprendidos en sus alcances, a partir del pronunciamiento que decide la homologación del concordato, quedando habilitados desde ese instante para ejecutar los pronunciamientos de verificación ante el juez que corresponda (arts. 57 cit., 44, 47, 41, 21 primer párrafo y concs., ley 24.522).
Agregó que con anterioridad, aun cuando sus pretensiones hubieren sido admitidas en el proceso verificatorio, la ejecutoriedad del pronunciamiento favorable se mantiene suspendida, a las resultas del desenlace del trámite de negociación y homologación en el proceso preventivo. Ergo, por la virtualidad del principio actio nodum nata non praescribitur (doctr. arts. 3.949, 3.956, 3.957, 4.017 y concs., Cód. Civ.), estimó que el término no inicia su cómputo sino a partir del instante en que el acreedor privilegiado verificado queda habilitado a esgrimir la sentencia que lo favorece como título ejecutorio, siendo el auto homologatorio del acuerdo -en que aquel no está comprendido- el que franquea el ejercicio de esa prerrogativa.
En esas condiciones, tuvo en cuenta la fecha que se indica en el certificado en torno a la homologación de concordato para acreedores quirografarios (el 2 de octubre de 2003), al momento de interponerse la demanda (hecho interruptivo de la prescripción, que según cargo de fs. 17 vta., se produjo el día 27 de septiembre de 2012) y juzgó con ello que no se había agotado el plazo decenal aplicable (cfr. art. 4.023, Cód. Civ.), por lo que desestimó la excepción planteada por la demandada y sostuvo la vigencia de la acción intentada por el Fisco provincial.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte demandada denuncia errónea aplicación del art. 157 del Código Fiscal (ley 10.397) y violación de la doctrina legal emergente de la causa C. 98.637.
Denuncia el erróneo criterio del fallo recurrido y argumenta, para así calificarlo, que la doctrina mayoritaria de esta Corte ha sostenido que en el caso de aquellos créditos no alcanzados por el concordato, la verificación y su posterior ejecución contemplada en el art. 57 de la norma concursal no implican novación alguna. Agrega que tampoco "hay novación de las obligaciones, aún anteriores a la presentación concursal, cuando ellas no fuesen alcanzadas por el acuerdo preventivo homologado" (conf. Rouillón, A.A.N., ED. 179-887).
Aduce que esta Corte interpretó que la verificación es una "carga procesal de insinuación en el proceso concursal..." (cita causa C. 98.637, "Banco de la Nación Argentina", sent. de 17-II-2010), señalando que simplemente quedan los acreedores privilegiados legalmente habilitados para hacer efectivas sus pretensiones ante el juez que corresponde, es decir que recuperan su libertad de acción y no están afectados por el acuerdo, sin producirse novación, máxime cuando entiende que no resulta necesario esperar que se los verifique, bastando sólo con que lo hayan solicitado.
Considera que la actio iudicati en rigor de verdad y como surge del propio tratado de Llambías -citada por el Tribunal de Alzada-, estatuye que cualquiera haya sido el término de prescripción de una acción deducida en juicio, si ella origina una sentencia de condena surgirá de ese pronunciamiento de la autoridad judicial una pretensión que prescribirá en el término ordinario de diez años, pero resalta que si el pronunciamiento judicial no contiene condena alguna y es meramente declarativo de un derecho, la prescripción no se afecta, en tanto el derecho en cuestión no nace de lo resuelto por el juez actuante, sino de una relación diferente y anterior.
Indica que luego de obtener la certificación de verificación del crédito con fecha 28 de junio de 2006, el Fisco inicia su acción reclamando una suma que se compone del capital más los intereses generados entre el 2 de octubre de 2003 hasta la fecha de emisión del título ejecutivo, sumas que se consolidan en el título emitido de la autoridad administrativa -ejecutado en el presente juicio-. Resalta que si se pretendiera, como propone el fallo, que la certificación es equiparable a una sentencia judicial, el proceso que se ha seguido en su contra no siguió los lineamientos de una ejecución de sentencia, máxime cuando la supuesta sentencia (la certificación) contenía una suma mucho menor a la perseguida por el Fisco en su presente acción, la que carecía de indicación alguna en torno a los intereses que correspondía aplicar.
Agrega que la propia actora, al iniciar el apremio, manifestó que la deuda reclamada correspondía al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Automotor.
Insiste que, si entendiéramos que la certificación es una actio judicati y se le diera valor de sentencia, tendríamos que entender que se trata de una sentencia que habilita a la actora (por diez años) a gestionar un nuevo juicio por una acreencia emitiendo para ello un nuevo título ejecutivo, ya que el presunto título que surgiría de la sentencia no es autosuficiente, utilizando la vía del apremio regulado por la ley 13.406, cuyo artículo segundo detalla claramente cuáles son los títulos ejecutivos que admiten su procedencia.
Con todo lo expuesto explica que, del juego armónico de la normativa aplicable al caso, surge que se trata de un apremio de un título ejecutivo emanado del Fisco, siendo el proceso de verificación una carga legal que no implica novación, que interrumpe el plazo de prescripción y que sólo habilita la acción individual conforme el crédito original.
III. El recurso prospera.
Debe centrarse el análisis en torno a cuál resulta ser el plazo de prescripción liberatoria respecto a un crédito con causa en un tributo provincial que ha sido oportunamente verificado en un proceso concursal, pero que al mismo tiempo, no ha sido parte de la propuesta de acuerdo.
La sentencia concursal no importa la alteración de la naturaleza del crédito respectivo. De allí que, siendo un tributo para el que se establece un plazo de prescripción liberatoria de cinco años, por ley corresponde tal plazo y no el decenal que cabe a una ejecución de sentencia.
Lo que propongo desde el punto de vista teórico procesal se ve a su vez reafirmado en el plano de los hechos. Es decir, en la propia conducta procesal del Fisco, quien ha accionado ante el juez competente de apremio -vía procesal específica para ejecutar créditos fiscales y no sentencias de un juez civil y comercial como la del concurso-. Así ha optado el actor por dicha vía y no por una ejecución de sentencia ante el juez del concurso.
Cuando no se concreta una propuesta de acuerdo para acreedores privilegiados, como es el caso de autos, los mismos recobran las acciones particulares que poseían antes de la presentación concursal. Esas acreencias no tienen una causa jurídica diferente de la del crédito originario. La circunstancia de que hayan sido ingresados en un proceso concursal y tuvieran que soportar un pactum non petendo hasta la homologación del acuerdo preventivo que no los abarcó, no significa que hayan novado, de conformidad al art. 57 de la ley 24.522.
Dicho criterio es el que expresa Heredia, cuando sostiene:
"...La solución precedentemente expuesta fue también justificada por la doctrina con distintos fundamentos, pero todos con un mismo resultado, o sea, la admisión de la recuperación de las acciones individuales y la posibilidad de requerir la cancelación del crédito privilegiado inmediatamente después de homologado y firme el acuerdo" (Heredia, Pablo D.; Trat. Exegético de derecho concursal , Tomo II, Ed. Abaco, Buenos Aires, pág. 283, con cita de Kemelmajer de Carlucci, A.; Los privilegios en proceso concursal , Astrea, Buenos Aires, 1975, págs. 277 y 278).
En cuanto a las condiciones del ejercicio de la acción de los acreedores privilegiados de que se trata y específicamente en lo que atañe al caso como el tratado, Heredia se diferencia de la postura del autor Rivera para quien corresponde promover "la acción de ejecución sentencia" (conf. Rivera, J.; Instituciones de derecho concursal , Tomo I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1996, pág. 324). Para reafirmar su diferencia aclara:
"Si lo que el destacado jurista (Rivera) ha querido señalar es que corresponde incoar el trámite de la ejecución de sentencia previsto por los arts. 499 y siguientes del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, hemos de manifestar nuestra discrepancia. Entendemos que la sentencia verificatoria del crédito con privilegio constituye, por si misma, un título que trae aparejada ejecución, que puede, por tanto, hacerse valer en el juicio ejecutivo pertinente" (Heredia, Pablo D.; Trat. Exegético de derecho concursal , Tomo II, Ed. Abaco, Buenos Aires, págs. 283 y 284; siguiendo el criterio de los arts. 520 y sigs. del CPCCN, de las normas locales concordantes y lo expresado por Cámara, H. en El concurso preventivo y la quiebra , Tomo II, págs. 1.194 y 1.278; y García Martínez, R. y Fernández Madrid, J.; Concursos y quiebras , vol. 1, Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 1976, págs. 582 y sigs.).
Entiendo la postura del autor Heredia antes referida como la más acertada para resolver la cuestión. De conformidad con las constancias de la causa, lo que no se encuentra discutido es que el acuerdo fue homologado en fecha 2 de octubre de 2003. Y es exactamente esa fecha la que considera el Fisco actor como inicio de la deuda o comienzo de los intereses. Precisamente desde ese momento el actor retomó la posibilidad de accionar contra el aquí recurrente.
La conducta procesal de la actora está en línea con la idea de que el acreedor en las circunstancias apuntadas vuelve libremente al ejercicio de las acciones individuales, ya que no inició una ejecución de sentencia ante el juez del concurso sino que accionó un apremio en septiembre de 2012, vía especial para ejecutar tributos, no sentencias.
En conclusión, ha pretendido ejecutar un crédito fiscal reconocido en un proceso concursal por la vía procesal especial del apremio.
Por otra parte y tal como el recurrente refiere, la doctrina legal de la causa C. 98.637, "Banco de la Nación Argentina contra Induscuer Soc. Com. por Acciones. Concurso especial (juicio hipotecario)", sentencia de 17-II-2010, resulta ser un criterio interpretativo de aplicación al caso, pues allí se establecieron -por mayoría que integrara-, las vías procesales por las que puede optar el acreedor privilegiado y con ello claramente se determinó que la acreencia a ejecutar no resulta novada por el concurso, y por tanto, mantiene su causa y naturaleza, lo que define también el tipo de acción y el plazo prescriptivo que le corresponde, que en el caso es de cinco años.
Por todo lo expuesto, entiendo que debe hacerse lugar al recurso interpuesto.
Las costas del Tribunal de Alzada como de esta instancia extraordinaria se imponen al vencido (conf. arts. 25, ley 13.406; 68, 274 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.