Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73702
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.702, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ El Rápido Argentino Compañía de Microómnibus S.A. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Genoud, Pettigiani, Soria, Kogan, Torres, Borinsky .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la excepción de prescripción. Impuso las costas al Fisco en su calidad de vencido (art. 25 y concs., ley 13.406).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 365/374 vta.), el que en su oportunidad fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 376/377).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 382), agregada la memoria presentada por la demandada (v. fs. 389/401 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en la Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada, considerando extinguidas las obligaciones que el Fisco verificara en el concurso preventivo de la demandada.
Aplicó al caso el plazo de cinco años, previsto por el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil entonces vigente, computado a partir de la fecha de firmeza de la resolución judicial que homologara la propuesta de acuerdo para acreedores quirografarios (9-IV-2003) y desplazó así las normas locales.
Para decidir de este modo consideró que el cambio jurisprudencial producido a la luz del caso "Filcrosa" (CSJN, sent. de 30-IX-2003), receptado por este Tribunal en causas en las que -por mayoría- se pronunció en favor de la preeminencia del plazo de prescripción liberatoria de cinco años establecido en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil, tornaba aplicable dicho plexo legal en materia tributaria local, por sobre cualquier otra disposición normativa de carácter provincial o municipal, particularmente el art. 119 del Código Fiscal.
Agregó que la nueva doctrina no se limita a la aquiescencia del plazo prescriptivo de cinco años contenido en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil, sino que proyecta su exégesis a todo el sistema de prescripción (incluidos los supuestos de suspensión e interrupción), asignándole preeminencia a la legislación de fondo en la materia tributaria local.
Compartió así el criterio vertido por el juez de primera instancia y la ponderación a tal fin de las distintas circunstancias fácticas en que éste justificó la procedencia de la excepción de prescripción opuesta, en especial, el plazo de prescripción.
Señaló que sea que el término estatuido en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil se compute desde la fecha en que adquirió firmeza la resolución que homologó la propuesta de acuerdo para acreedores quirografarios (9-IV-2003) o desde la sentencia de verificación anterior (25-VI-2001), al momento de interponerse la acción (9 de abril de 2013; v. fs. 257 vta.) la pretensión ejecutiva se hallaba prescripta.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte actora denuncia errónea aplicación de los arts. 4.023 del Código Civil entonces vigente y 384 y 163 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial. También denuncia que el fallo atacado incurre en absurdo al aplicar un plazo quinquenal como si se estuvieran reclamando en autos los créditos impositivos originarios, los que en rigor de verdad mediante la sentencia de verificación de créditos del concurso fueron reconocidos judicialmente, tratándose por ende de una ejecución de sentencia por la vía del apremio, ante el juez que corresponde conforme la materia (art. 57, ley 24.522).
Sostiene que la aplicación al caso del precedente "Filcrosa" no puede expandirse a la total derogación del régimen de prescripción establecido por el Código Fiscal.
Alega que se omitió considerar que lo que se ejecuta en autos es una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada en el marco de un proceso concursal; que como tal, dicho pronunciamiento transmuta a la obligación original y que, por carecer de otro plazo específico, corresponde aplicar el lapso de prescripción decenal del art. 4.023 del Código Civil.
Aduce que la jurisprudencia citada por el Tribunal de Alzada, de la que hizo aplicación, no comparte circunstancias fácticas y jurídicas, en tanto se refería al plazo para insinuar el crédito fiscal en el concurso. Sostiene que se la transpoló a un cuadro diverso, donde en rigor de verdad, por el mérito de una sentencia judicial de verificación que modifica sustancialmente la naturaleza de la obligación reclamada, ya no estamos en presencia de "...lo que deba pagarse por años o períodos más cortos" (conf. art. 4.027 inc. 3, Cód. Civ.), sino de una actio iudicata .
Señala que al iniciar demanda se dejó establecido que se interponía una acción de ejecución basada en una sentencia judicial, dictada en un proceso universal contra el sujeto demandado, con motivo de su presentación concursal preventiva, que se conforma como un crédito firme, definitivo y distinto al crédito original (cita doctrina de autor y jurisprudencia de instancias inferiores).
Agrega que desde el inicio se alegó que se promovía un incidente de ejecución de sentencia, en los términos del art. 57 de la Ley de Concursos y Quiebras, en la medida que los tributos reclamados fueron insinuados en el marco de esa contienda concursal y admitidos por medio de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
Insiste con que ese pronunciamiento judicial tiene las cualidades de toda res iudicata y como tal encuentra un sustento prescriptivo distinto de la acción que hubo de judicializarse por ante los tribunales comerciales nacionales, tal como expresamente lo señalan los preceptos citados y específicamente el art. 57 de la ley 24.522.
A tenor de lo expuesto sostiene que el lapso por el cual la acción se encuentra vigente en este supuesto es el decenal previsto en el art. 4.023 del Código Civil entonces vigente.
Respecto del dies a quo, sostiene que resulta de la adquisición de firmeza de la homologación del acuerdo concursal preventivo. Añade que el art. 21 de la ley concursal prohíbe deducir nuevas acciones y que el plazo de prescripción liberatoria comienza a computarse a partir del momento en que la acción puede ser ejercida, es decir, coincide necesariamente con el momento del nacimiento de la acción .
Con ello alega que la acción queda expedita a partir de la adquisición de firmeza de la homologación judicial del acuerdo arribado en el concurso y no desde el primigenio dictado de la sentencia de verificación.
Indica que de la interpretación sistemática y sobre todo lógica de la norma referida surge que el plazo para que el acreedor privilegiado ejecute la sentencia de verificación comienza a computarse en el momento en que queda firme el acuerdo homologado, del cual no debe ser parte ni estar alcanzado el acreedor que pretenda hacer valer el crédito en un proceso diferente.
III. El recurso no prospera.
Debe centrarse el análisis en torno a cuál resulta ser el plazo de prescripción liberatoria respecto a un crédito con causa en un tributo provincial que ha sido oportunamente verificado en un proceso concursal, pero que al mismo tiempo, no ha sido parte de la propuesta de acuerdo.
La sentencia concursal no importa la alteración de la naturaleza del crédito respectivo. De allí que, siendo un tributo para el que se establece un plazo de prescripción liberatoria de cinco años, por ley corresponde tal plazo y no el decenal que cabe a una ejecución de sentencia.
Lo que propongo desde el punto de vista teórico procesal se ve a su vez reafirmado en el plano de los hechos. Es decir, en la propia conducta procesal del Fisco, quien ha accionado ante el juez competente de apremio -vía procesal específica para ejecutar créditos fiscales y no sentencias de un juez civil y comercial como la del concurso-. Así ha optado el actor por dicha vía y no por una ejecución de sentencia ante el juez del concurso.
Cuando no se concreta una propuesta de acuerdo para acreedores privilegiados, como es el caso de autos, los mismos recobran las acciones particulares que poseían antes de la presentación concursal. Esas acreencias no tienen una causa jurídica diferente de la del crédito originario. La circunstancia de que hayan sido ingresados en un proceso concursal y tuvieran que soportar un pactum non petendo hasta la homologación del acuerdo preventivo que no los abarcó, no significa que hayan novado, de conformidad al art. 57 de la ley 24.522.
Dicho criterio es el que expresa Heredia, cuando sostiene:
"...La solución precedentemente expuesta fue también justificada por la doctrina con distintos fundamentos, pero todos con un mismo resultado, o sea, la admisión de la recuperación de las acciones individuales y la posibilidad de requerir la cancelación del crédito privilegiado inmediatamente después de homologado y firme el acuerdo" (Heredia, Pablo D.; Trat. Exegético de derecho concursal , Tomo II, Ed. Abaco, Buenos Aires, pág. 283, con cita de Kemelmajer de Carlucci, A.; Los privilegios en proceso concursal , Astrea, Buenos Aires, 1975, págs. 277 y 278).
En cuanto a las condiciones del ejercicio de la acción de los acreedores privilegiados de que se trata y específicamente en lo que atañe a casos como el tratado, Heredia se diferencia de la postura del autor Rivera para quien corresponde promover "la acción de ejecución sentencia" (conf. Rivera, J.; Instituciones de derecho concursal , Tomo I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1996, pág. 324). Para reafirmar su diferencia aclara:
"Si lo que el destacado jurista [Rivera] ha querido señalar es que corresponde incoar el trámite de la ejecución de sentencia previsto por los arts. 499 y siguientes del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, hemos de manifestar nuestra discrepancia. Entendemos que la sentencia verificatoria del crédito con privilegio constituye, por sí misma, un título que trae aparejada ejecución, que puede, por tanto, hacerse valer en el juicio ejecutivo pertinente" (Heredia, Pablo D.; Trat. Exegético de derecho concursal , Tomo II, Ed. Abaco, Buenos Aires, págs. 283 y 284; siguiendo el criterio de los arts. 520 y sigs. del CPCCN, de las normas locales concordantes y lo expresado por Cámara, H. en El concurso preventivo y la quiebra , Tomo II, págs. 1.194 y 1.278; y García Martínez, R. y Fernández Madrid, J.; Concursos y quiebras , vol. 1, Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 1976, págs. 582 y sigs.).
Entiendo la postura del autor Heredia antes referida como la más acertada para resolver la cuestión. De conformidad con las constancias de la causa, lo que no se encuentra discutido es que el acuerdo fue homologado en fecha 9 de abril de 2003. Y es exactamente esa fecha la que considera el Fisco actor como inicio de la deuda o comienzo de los intereses. Precisamente desde ese momento el actor retomó la posibilidad de accionar contra el aquí recurrente.
La conducta procesal de la actora está en línea con la idea de que el acreedor en las circunstancias apuntadas vuelve libremente al ejercicio de las acciones individuales, ya que no inició una ejecución de sentencia ante el juez del concurso sino que accionó un apremio en septiembre de 2012, vía especial para ejecutar tributos, no sentencias.
En conclusión, ha pretendido ejecutar un crédito fiscal reconocido en un proceso concursal por la vía procesal especial del apremio.
Por otra parte y tal como el recurrente refiere, la doctrina legal de la causa C. 98.637, "Banco de la Nación Argentina contra Induscuer Soc. Com. por Acciones. Concurso especial (juicio hipotecario)", sentencia de 17-II-2010, resulta ser un criterio interpretativo de aplicación al caso, pues allí se establecieron -por mayoría que integrara-, las vías procesales por las que puede optar el acreedor privilegiado y con ello claramente se determinó que la acreencia a ejecutar no resulta novada por el concurso, y por tanto, mantiene su causa y naturaleza, lo que define también el tipo de acción y el plazo prescriptivo que le corresponde, que en el caso es de cinco años.
Por todo lo expuesto, entiendo que debe rechazarse el recurso interpuesto, con costas (conf. arts. 25, ley 13.406; 68, 274 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En autos la Cámara actuante decidió la prescripción de la pretensión ejecutiva del Fisco provincial, al fijar el término del otrora art. 4.027 inc. 3 del Código Civil para las obligaciones tributarias verificadas en el concurso preventivo de la demandada, contabilizando el mismo a partir de la firmeza de la resolución que homologó la propuesta de acuerdo de acreedores quirografarios.
Para ello entendió que resultaba de aplicación la doctrina elaborada por la Corte federal en autos "Filcrosa", sentencia de 30-IX-2003, razón por la cual desplazó las normas locales en favor de las del Código Civil.
II. Considero que previo a expresar mi opinión, resulta de provecho repasar las constancias de autos con el fin de encuadrar correctamente el tema a decidir.
La accionada solicitó la apertura de su concurso preventivo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 21 el 20 de septiembre de 2000 (v. fs. 155/168).
El informe de la sindicatura (v. fs. 174/181) acreditó que la deuda tributaria fue reclamada a través de la Subdirectora del Departamento Contencioso de la Dirección Provincial de Rentas, motivo por el cual el funcionario concursal desaconsejó su verificación merced a la ausencia de legitimación. Sin perjuicio de ello, de manera eventual consideró la posibilidad de establecer un monto -por distintos conceptos- que ameritarían su aceptación.
Con fecha 25 de junio de 2001, el magistrado actuante resolvió en definitiva las insinuaciones de la actora y sus impugnaciones (v. fs. 231/232). Consideró que la insuficiencia de facultades de la presentante podía ser subsanada posteriormente con un acto de apoderamiento y en conclusión admitió los créditos hasta las sumas aconsejadas por el síndico.
La Dirección Provincial de Rentas subsanó la personería el 17 de septiembre de 2001 (v. fs. 153), con lo cual el crédito quedó verificado (v. fs. 185). Asimismo en fecha 9 de abril de 2003 se homologó el acuerdo preventivo alcanzado con los acreedores quirografarios (v. fs. 245/247).
Finalmente, el representante del señor Fiscal de Estado promovió su pretensión ejecutiva el 9 de abril de 2013.
III.1. Reseñados los antecedentes que informan el caso, entiendo que para arribar a su solución es necesario abordar dos aspectos concurrentes.
El primero de ellos se vincula al régimen legal que aborda este supuesto, es decir si como propone la accionada la situación queda aprehendida por las disposiciones del -por aquel entonces- art. 4.027 inc. 3 del Código Civil -y la incidencia de la citada doctrina de la causa "Filcrosa"- o si por el contrario corresponde aplicar el plazo de prescripción de la sentencia verificatoria del crédito (conf. arts. 4.023 y 3.956, Cód. Civ.).
Destaco asimismo que no existe controversia respecto del plazo en el cual la autoridad recaudatoria provincial insinuó su crédito, razón por la cual el análisis recaerá solo a partir del reconocimiento judicial de la deuda.
III.2. A fin de comenzar el análisis propuesto, he de señalar que el incidente de verificación de créditos es un proceso contencioso que tiene por finalidad declarar la calidad de acreedor del actor con relación al concursado y frente a los demás acreedores (conf. causa C. 101.621, "Banco de la Nación Argentina", sent. de 6-V-2009).
III.3. Del referido informe sindical (v. fs. 174), surge que la Dirección de Rentas peticionó la aceptación de sus acreencias por un monto de $16.921.497,22, en virtud de deuda por los impuestos a los ingresos brutos, inmobiliario, automotores y de sellos, conforme la liquidación obrante en el expediente administrativo 2306-14.793/00.
Del mismo modo surge el tratamiento de las impugnaciones efectuadas por la firma concursada.
A su turno el funcionario mencionado determinó que el crédito quedaría conformado por los conceptos de impuesto inmobiliario -en parte con privilegio especial y en la restante como quirografario- y de impuesto a los automotores -del mismo modo- por la suma de $1.513.188,92 (v. fs. 181), detalle que así fue acogido por el juez del concurso con fecha 25 de junio de 2001 (v. fs. 232).
Así, lo que se ejecuta en autos es dicha decisión judicial, recaída en un proceso concursal cuya existencia y contenido emerge con claridad de la copia agregada a fs. 194/232, no desconocido por la parte ejecutada, en ajuste a lo previsto por el art. 57 y concordantes de la ley 24.522, de concursos y quiebras.
III.4. Es decir, que el ente recaudador provincial, a fin de obtener el título que permitiera la realización de su pretensión ejecutiva, se sometió a un proceso de conocimiento en el marco de un juicio universal, habiéndose realizado un contradictorio con la accionada y recayendo una decisión judicial al respecto.
Como se desprende del relato de los antecedentes, la originaria obligación tributaria, encausada en el trámite concursal resultó verificada en parte en forma privilegiada y en parte quirografaria (intereses).
De este modo fue transformada -si bien guardando su naturaleza- en un crédito reconocido judicialmente por decisión del juez interviniente, lo que hace operativa a ese respecto la disposición del art. 55 de la ley 24.522, en tanto el mismo importa la novación de todas las obligaciones con origen o causa anterior al concurso.
Es por ello que el nuevo título derivado de la sentencia en cuestión adquiere sus atributos, entre ellos el nuevo plazo prescriptivo de diez años desde que queda ejecutoriada, dando lugar a la actio iudicati , lo que descarta la aplicación del art. 4.027 inc. 3 del Código Civil, en tanto lo que aquí se pretende ejecutar es el contenido de una sentencia recaída en aquel proceso universal de la hoy ejecutada, bajo los lineamientos del art. 57 de la ley 24.522.
III.5. Resta determinar el inicio de dicho término y su cómputo para establecer si se encuentran o no prescriptas las obligaciones debatidas en autos.
La sentencia firme de verificación estableció la existencia y el monto de la acreencia (sujeta -conf. copia agregada a fs. 232- a las sumas recalculadas por la sindicatura, en copia a fs. 181 vta.), los que resultan inmodificables. Los efectos de la cosa juzgada quedan circunscriptos a ello (conf. art. 36, LCQ).
El art. 57 de la Ley de Concursos y Quiebras prevé la posibilidad ("podrán") de ejecutar la sentencia de verificación ante el juez que corresponda, de acuerdo con la naturaleza de sus créditos. Así, una vez declarada por sentencia verificatoria o de admisibilidad (conf. art. 36, LCQ) la existencia, extensión y legitimidad de los créditos privilegiados, corresponde ejecutar la misma por ante el juez que corresponda.
Una vez prestada la homologación a la propuesta de la deudora, queda agotada la participación en el proceso de los acreedores con privilegio que no fueron incluidos mediante propuesta especial, quienes recuperan el ejercicio de sus acciones individuales y pueden ejecutar la sen
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