Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74436
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.436, "Americold Logistics SA contra Tribunal Fiscal de Apelación. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, Soria, Torres, de Lázzari.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata declaró prescriptos los créditos fiscales reclamados a la firma Americold Logistics Argentina SA mediante la disposición 4.529/12, por la cual se determinaron diferencias adeudadas al Fisco con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los períodos 2006 y 2007 (v. fs. 196/202).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 207/224).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 232) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa destacar, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de esta ciudad juzgó prescriptos los créditos fiscales objeto del presente proceso.
Para así decidir consideró, en forma preliminar y en atención a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación a partir del día 1 de agosto de 2015 (ley 26.994, texto según ley 27.077, B.O. de 19-XII-2014), que corresponde juzgar el sub lite con las normas del Código Civil actualmente derogado (ley 340 y modif.). Ello, en virtud de que la cuestión debatida quedó consumada al momento de operar la prescripción liberatoria para el contribuyente que, según invoca, aconteció con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código.
Con cita en precedentes de la propia Cámara, partió de la premisa de que el instituto de la prescripción -como variable de extinción temporal de derechos y obligaciones- constituye una materia de fondo, ligada al derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.), que forma parte de las atribuciones delegadas y exclusivas del Congreso nacional (art. 75 inc. 12, Const. nac.) no sólo en lo concerniente al plazo sino también a su cómputo y a las causales de suspensión e interrupción.
Sostuvo, considerando el marco normativo aplicable, que para el período fiscal correspondiente al año 2006, el plazo extintivo comenzó a correr el día 1 de enero de 2007 (art. 3.956, Cód. Civ. derogado). En consecuencia, concluyó que, por imperio del art. 4.027 inc. 3 del Código de fondo, el plazo para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales expiró el día 1 de enero de 2012.
Ponderó que la disposición 4.529/12 fue notificada al contribuyente con fecha 17 de diciembre de 2012, fecha en la cual el crédito fiscal ya se encontraba prescripto, sin que las actuaciones administrativas tengan efecto alguno al respecto.
A la misma conclusión arribó respecto del período fiscal 2007 en la consideración de que, si bien la notificación de la disposición 4.529/12 ocurrió con anterioridad a la finalización del año 2012 (venciendo el plazo el día 1 de enero de 2013), la cual resulta hábil para suspender por un año su curso (art. 3.986, Cód. Civ.), la interposición del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal que en su contra efectuara el contribuyente, tornó aplicable (en tanto el plazo se venció durante el trámite ante ese Organismo) la dispensa del art. 3.980 -primera parte- del Código Civil entonces vigente, la cual no tuvo aptitud suficiente para salvaguardar las facultades del Fisco, en tanto no efectuó actividad útil en el plazo de gracia allí previsto.
Por último, señaló que en razón de haber declarado prescripta la deuda reclamada por el Fisco, resultó inoficioso el tratamiento de la pretensión anulatoria incoada; ordenó la devolución del depósito oportunamente efectuado en virtud del solve et repete e impuso las costas a la demandada vencida.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 207/224), en el que denuncia la transgresión de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal y 5, 121 y 123 de la Constitución nacional.
Acusa, asimismo, la errónea aplicación de los arts. 75 inc. 12 de la Constitución nacional y 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil entonces vigente.
II.1. Señala que el objeto del recurso interpuesto consiste en demostrar la constitucionalidad de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal, para lo cual estima necesario manifestar los fundamentos jurídicos por los que considera que debería abandonarse la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Filcrosa" (CSJN Fallos: 326:3899).
Para ello, destaca que la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación modificó el plexo normativo sobre el cual se construyó la doctrina utilizada por la Cámara interviniente para fundar su sentencia.
Con ello aduce que la entrada en vigencia del nuevo Código viene a despejar las dudas expuestas por la doctora Argibay en su voto en la causa "Casa Casmma S.R.L." (CSJN causa C.2374.XLII, sent. de 26-III-2009), demostrando que esa doctrina no fue más que una errónea interpretación jurisprudencial, y que, de la interpretación conjunta de los nuevos arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial vigente, surge que la competencia de las legislaturas provinciales para regular la prescripción liberatoria en materia tributaria no consiste en una delegación legislativa de la Nación a las provincias, sino de una necesaria precisión que las provincias introdujeron a la norma. A idéntico fin trascribe fragmentos del debate parlamentario que adunan su postura.
Concluye que las disposiciones allí contenidas reafirman la constitucionalidad y vigencia de las normas del Código Fiscal regulatorias de los plazos de prescripción en materia tributaria.
II.2. Particularmente, los reproches que la representación fiscal le endilga a la sentencia impugnada consisten en la violación del art. 159 del Código Fiscal, el cual estipula -en lo pertinente- que los términos de prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales comenzarán a correr desde el día 1 de enero siguiente al año al cual las mismas se refieran, excepto para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas del período fiscal anual, en cuyo caso tales términos de prescripción comenzarán a correr desde el día 1 de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.
Asimismo, dispone que el término de prescripción de la acción para aplicar y hacer efectivas las sanciones legisladas en el Código Fiscal comenzará a correr desde el día 1 de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales.
Aduce que, en el caso, la firma actora se encuentra inscripta como contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos y está obligada a presentar declaraciones juradas anualmente, por lo cual sostiene que el plazo de prescripción del período 2006 comenzó su curso el día 1 de enero de 2008 y el del período 2007 el día 1 de enero de 2009.
Con ello pretende demostrar que no ha operado la prescripción para ninguno de los períodos fiscales objeto del presente proceso al momento de la interposición de la presente demanda.
II.3. Paralelamente denuncia la violación del art. 161 del Código Fiscal, que regula las causales de suspensión del plazo de prescripción.
Indica que, a ese fin, la prescripción se suspendió el día 17 de diciembre de 2012 con la notificación al contribuyente de la resolución determinativa y sancionatoria 4.529/12 y señala que, en virtud de la interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal de Apelación, dicha suspensión se extendió hasta noventa (90) días posteriores a la recepción de las actuaciones administrativas por la autoridad de aplicación, luego de dictada la resolución por ese Tribunal administrativo.
II.4. Denuncia que la Cámara incurrió en un error in iudicando al fundar su decisión en el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional y aplicó las disposiciones del entonces Código Civil.
III. El recurso no prospera.
III.1. La cuestión a dilucidar recae sobre la prescripción planteada por Americold Logistics Argentina S.A. respecto de los períodos fiscales 2006 y 2007 correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos que fuera determinada por la disposición 4.529/12 del organismo tributario provincial y confirmada por el Tribunal Fiscal de Apelación , circunscribiéndose en determinar si es correcta la aplicación del Código Civil -entonces vigente- realizada por la Cámara o si -por el contrario- deben aplicarse las disposiciones del Código tributario local, tal como propicia la demandada.
En efecto, la recurrente sostuvo que en la sentencia recurrida se arribó a una conclusión errónea para declarar prescriptos los períodos fiscales objeto del proceso al aplicar la legislación de fondo del hoy derogado Código Civil .
III.2. Cabe señalar que tuve oportunidad de pronunciarme al respecto en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, donde esta Suprema Corte, por mayoría que integré, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales -verbigracia cómputo-. En virtud de ello, el caso fue subsumido en las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no en lo dispuesto por el Código Fiscal local.
Sobre la base de lo resuelto en el citado precedente, adonde habré de remitir en razón de la brevedad, corresponde en el presente caso desestimar los agravios traídos por la representación fiscal, relacionados con la errónea aplicación de los arts. 75 inc. 12 de la Constitución nacional y 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil entonces vigente y la violación de las normas del Código Fiscal y, en consecuencia, confirmar lo resuelto por la Cámara.
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al relato de antecedentes y desarrollo argumental formulado por el colega que abre este acuerdo para justificar el rechazo del recurso interpuesto por la representación fiscal, permitiéndome destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recientemente, ha tenido ocasión de validar el criterio que da sustento a la decisión propiciada ( in re "Volkswagen de Ahorro para fines determinados c/ Pcia. de Misiones", sent. de 5-XI-2019).
Voto por la negativa .
Costas a la vencida (arts. 60 inc. 1, CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101; 68 y 289, CPCC).
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Considero que el recurso prospera.
I.1. Un renovado estudio del régimen de la prescripción de los tributos locales, a la luz de los preceptos del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), me ha convencido de modificar mi postura anterior que era coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional y establecer que en la materia deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo, ello en virtud de los argumentos que se desarrollan en el voto del doctor Soria recaído en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos SRL s/ apremio provincial", sentencia de 16-V-2018, al que en su momento adherí y a donde corresponde remitir en honor a la brevedad.
I. 2. De allí que, a mi juicio, asista razón a la Fiscalía de Estado en cuanto denuncia violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011), agraviándose de la declaración de inconstitucionalidad de dichas normas, pues son éstas -y no las incluidas en el Código Civil- las que la Cámara interviniente debió aplicar al practicar el cómputo para la prescripción debatida, tanto al definir el dies a quo como la extensión de las causales de suspensión.
II. Por las consideraciones vertidas, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demanda, revocar la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, y ordenar que, debidamente integrada, dicte un nuevo pronunciamiento conforme la normativa aplicable indicada en el punto I.1. (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Las costas de ambas instancias se imponen a la actora vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 274, CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Habré de acompañar la solución propuesta por la doctora Kogan, quien ha tenido la deferencia de citar mi voto en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos SRL" (sent. de 16-V-2018). En la especie, por la aplicación de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011) corresponde, tal como lo señala la ponente en el punto II de su voto, proceder a un nuevo cálculo de la prescripción.
II. No ignoro que, más cerca en el tiempo, una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA" (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", consid. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (consid. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" —como arriba se dice— en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del juez Rosatti, consid. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente “Volkswagen” (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder” y CSJ 2620/2019/CS1, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio), ambas sent. de 26-XI-2020).
Así las cosas, encuentro justificación bastante para adherir a la doctora Kogan y mantener el argumento desarrollado in extenso en la causa A. 71.388, citada.
Las costas habrán de imponerse a la actora vencida (cfr. arts. 25, ley 13.406; 68 y 274, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero a la solución propuesta por el colega que inicia el acuerdo, por los siguientes fundamentos.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA c/ Provincia de Misiones Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJN causa 4930/2015, sent. de 5-XI-2019), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108 y 332:2250 (e.o.), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que en el caso -al igual que en el de autos- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctrina de CSJN Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires" Fallos: 338:1455, cons. 5°), conducía a concluir que debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal en la jurisprudencia señalada ut supra .
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta vinculante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde desestimar el agravio traído por la Fiscalía de Estado referente a la aplicación de las normas del Código Civil en desmedro de lo normado por el Código Fiscal atento que el particular discurrió bajo la vigencia del antiguo Código Civil, hoy derogado.
Por lo expuesto, voto también por la negativa .
Costas a la vencida (arts. 60 inc.1, CCA -texto según ley 13.101- y 68, CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto del doctor Genoud en el mismo sentido y por idénticos fundamentos, agregando a ello lo expresado por mi colega el doctor Pettigiani.
Voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos concordantes, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto por la Fiscalía de Estado y se confirma la sentencia impugnada (arts. 289 in fine y 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer p
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