Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75372
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.372, "A., O. C. contra Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero. Pretensión indemnizatoria. Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari , Genoud , Pettigiani , Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, acogió el recurso de apelación interpuesto por el señor Asesor de Incapaces, revocando de ese modo la decisión del juez de primera instancia y, en consecuencia, hizo lugar parcialmente a la demanda resarcitoria deducida por los menores con el alcance indicado (v. fs. 239/255).
Disconforme con este pronunciamiento la Municipalidad accionada interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 260/278), los que fueran concedidos por la Cámara interviniente (v. fs. 279 y vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 291/297), dictada la providencia de autos (v. fs. 298), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal a quo acogió el recurso de apelación deducido por el señor Asesor de Incapaces, dejando sin efecto la sentencia de primera instancia, que había desestimado la demanda interpuesta por O. C. A., por su propio derecho, y en representación de los menores L. A. A. E. y L. M. R. -actualmente mayor de edad-, contra la Municipalidad de Bahía Blanca -Hospital Municipal de Agudos "Dr. Leónidas Lucero", Hospital Menor de Ingeniero White y Unidad Sanitaria de Villa Delfina-, mediante la cual reclamó indemnización por la muerte de K. N. E. (concubina y madre de los nombrados), ocurrida el 10 de junio de 2014 en el Hospital municipal demandado, como consecuencia de una hemorragia cerebral, víctima de mala praxis -según afirmó- de los profesionales de la salud que la trataron en los diversos centros de atención a los que concurrió. En consecuencia, hizo lugar parcialmente a la demanda resarcitoria interpuesta por los menores con el alcance señalado en el fallo.
Para así resolver la Cámara de Apelación estimó que existió responsabilidad de la demandada por el ostensible error de diagnóstico en que incurriera su servicio de salud en el tratamiento de la señora E., y que las circunstancias relevadas ponen de manifiesto que las irregularidades médicas cometidas por los profesionales del municipio, recortaron toda expectativa plausible de recuperación que pudiera albergar la paciente (v. fs. 249/250).
Agregó que la conducta desplegada por la comuna demandada permite inferir una ligazón causal adecuada al fatal resultado (arts. 901, 902, 1.109 y concs., Cód. Civ. -t.a.- vigente al momento del hecho y aplicable al caso), en tanto la inadecuada y tardía asistencia derivó en un agravamiento de su cuadro, que la llevó, indefectiblemente, a su muerte (v. fs. 250).
II. Contra dicho pronunciamiento se alzó la parte demandada, a través de los recursos extraordinarios de nulidad y el de inaplicabilidad de ley.
Formuló reserva del caso federal.
III.1. En relación a la vía prevista por el art. 161 inc. 3 apartado "b" de la Constitución de la Provincia, entiendo que el recurso deducido no puede prosperar.
La recurrente denuncia ausencia de mayorías en el fallo, en violación de lo dispuesto en el art. 168 de la Constitución provincial.
Argumenta que el doctor Mora adhiere al voto que antecede (voto del doctor Riccitelli) "a excepción de lo expresado en el punto 'II.3', por considerar lo allí transcripto descripciones meramente ilustrativas de la dolencia padecida por la actora, que no forman parte de la prueba colectada y no resultaron luego recogidas en la propuesta de solución del diferendo traído a conocimiento del Tribunal".
Cuestiona así cuál es el fundamento del doctor Mora para votar como lo hizo, al no hacer suyos los motivos que tuvo en cuenta el juez preopinante.
Como bien señala el señor Procurador General en su dictamen, las consideraciones efectuadas en lo relativo a la responsabilidad como a las vinculadas a la causación del infortunio en cabeza del Estado municipal -sostenidas por el doctor Riccitelli a las cuales adhiere el doctor Mora-, permiten observar la mayoría de opiniones que aquellos alcanzaron en torno a la resolución final a través de los fundamentos sustentados en adhesión y que se presentan con suficiente grado de concordancia.
En efecto, es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia ausencia de mayoría de opiniones si no se advierte contradicción alguna, pues surge claramente del contexto de los votos que aún excluyendo un elemento cuestionado, el resto de la prueba valorada resulta suficiente para tener por demostrado el extremo en crisis (conf. mi voto, causa P. 51.994, sent. 19-II-2002).
En el caso, salvo lo desarrollado en el punto II.3. del voto del doctor Riccitelli, el resto de los fundamentos que el mismo contiene, brinda sustento al pronunciamiento, quedando de tal forma cumplida la manda constitucional con la adhesión formulada.
III.2. Por otra parte, esgrime la recurrente que las normas que fundan la sentencia resultan contradictorias al atribuir responsabilidad al municipio tanto en su faz subjetiva como objetiva, sustentos estos que tornan nula la sentencia atacada (v. fs. 276/278).
El art. 171 de la Constitución de la Provincia Buenos Aires impone que las sentencias sean "fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso".
En la especie, la sentencia de la Cámara utiliza diversos razonamientos para fundamentar su resolución, apoyados todos ellos en las normas aplicables.
En consecuencia, y dado que el decisorio respeta la directiva constitucional, de ninguna manera puede afirmarse que se haya infringido el art. 171 citado.
Además, no corresponde admitir la pretensión del impugnante acerca de que existe un sustento normativo contradictorio que torne nulo el fallo, dado que en realidad lo que este alega es un presunto error de juzgamiento, eventualidad que resulta ajena al medio revisor en análisis.
Esta Corte ha resuelto al respecto que si los agravios del recurso extraordinario de nulidad se dirigen a impugnar la manera en que la causa ha sido decidida, ello deviene ajeno a la vía intentada en razón de vincularse con el acierto jurídico del fallo (doctr. causas A. 70.823, sent. de 4-V-2016 y A. 70.340, "Castells", sent. de 26-X-2011).
III.3. Por lo expuesto precedentemente, deberá rechazarse el presente remedio extraordinario de nulidad. Con costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 298, CPCC).
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo acogió al recurso de apelación deducido por el señor Asesor de Incapaces, revocó la sentencia de grado, y en consecuencia, hizo lugar parcialmente a la acción resarcitoria entablada por los menores -con el alcance que determinó el fallo-, quienes reclamaron indemnización por la muerte de su madre K. N. E., ocurrida el 10 de junio de 2014 en el Hospital municipal demandado, víctima de mala praxis de los profesionales de la salud que la atendieron en los diversos centros de atención a los que concurrió, según se alegó en la demanda.
II. Contra ese pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
II.1. La recurrente esgrime en primer lugar absurdo en la interpretación de la prueba (arts. 278 y 279, CPCC y 60, CCA), al considerar que el Tribunal de Alzada efectuó una incorrecta valoración de la producida en autos, incluso aún, pretendiendo sustituir la escasa actividad probatoria producida en primera instancia por los actores e introduciendo elementos de juicio meramente ilustrativos que no forman parte de la prueba colectada (voto doctor Mora) -ver fs. 261 vta.-.
Puntualiza en su pieza recursiva, que el pronunciamiento en cuestión tampoco ha tomado en consideración hechos tal vez decisivos a la hora de sentenciar, cual es la conducta desplegada por la propia actora, ya que según las constancias registrales recién ingresa por primera vez a la guardia del Hospital municipal a las 19:12 hs. del día 3 de junio de 2014, con lo cual -afirma- de ser cierto el relato del actor, aquella estuvo prácticamente 12 horas sin asistir a la visita de un médico, en tanto, según sus propias manifestaciones, comenzó con los síntomas descriptos al despertarse en la mañana de ese día 3 de junio (v. fs. 261 vta. y 262).
Agrega que para fallar como lo hizo, la Cámara reprocha la cronología de acontecimientos médicos entre los días 3, 4 y 5 de junio de 2014, y que, según el parecer de los magistrados, allí radica la defectuosa prestación del servicio de salud pública a cargo de la Municipalidad, en el tratamiento negligente dispensado a una paciente que durante tres jornadas acudió a los servicios de guardia, manifestando un cuadro de cefaleas, vómitos y mareos.
Considera que se llega a concluir la responsabilidad de la parte demandada, dando por sentado la veracidad de una premisa inexacta, cual es "la existencia de banderas rojas que ameritaría un diagnóstico exhaustivo en el paciente". Refiere que en el caso, no existen tales "banderas rojas", conforme el relato que surge de la demanda como para realizar mayores estudios (pericia puntos 16 y 17 ofrecidos por la demandada y punto 1 de los ofrecidos por la actora).
Continúa que para resolver como lo hizo, el tribunal ha tomado en consideración doctrina extranjera que le ha servido como fuente, sin considerar el análisis del caso particular rendido por los expertos en la materia -no existiendo motivo alguno para apartarse de ello- (v. fs. 263 vta.).
Señala que, a todo evento, la base de tal interpretación ronda en torno a la mentada doctrina, que al referir lo que dijo el doctor Mora, no forma parte de la prueba colectada. Estima que así se ha alterado el principio de congruencia, al no haber sido materia propuesta a conocimiento del Excelentísimo Tribunal.
Entiende que, aún suponiendo que hubiese sido necesaria la realización de estudios más completos, estos no hubieran arrojado un desenlace distinto, sino una mera probabilidad.
Por otra parte, la recurrente argumenta que no se ha interpretado de manera correcta e integral todo el material probatorio, siendo por tanto, las conclusiones a las que ha arribado, parciales y fragmentadas, sin considerar el material en su conjunto. Expresa, a su vez, que los elementos probatorios fueron cuestionados a destiempo, colocando a su parte en una situación de indefensión.
II.2. Remarca, a su vez, que el pronunciamiento introduce elementos de juicio que no fueron materia de discusión, yendo más allá de su función revisora, en perjuicio del principio de congruencia. En ningún lado de la causa -afirma- surge el "agravamiento de las dolencias" que explicita el considerando 4° (4to., 5to. y 6to. párrafos), que habrían llevado al supuesto error de diagnóstico, por lo que se estarían introduciendo elementos de juicio ajenos a como ha quedado trabada la litis.
II.3. Esgrime la recurrente que las normas que fundan la sentencia resultan contradictorias al atribuir responsabilidad al municipio tanto en su faz subjetiva como objetiva.
Sostiene que a lo largo de todos sus fundamentos se hace referencia a la "culpa médica" y a la naturaleza de la actuación profesional como "obligación de medios", alegando que no se han adoptado la diligencias que el asunto ameritaba y a la existencia de un "error de diagnóstico" que trajo como consecuencia el fatal desenlace, para luego decretar la responsabilidad del municipio de Bahía Blanca en función de una irregular prestación del servicio de salud (cons. 4.5) situando tal responsabilidad en el terreno de la responsabilidad objetiva.
II.4. Por último, alega que ha existido una incorrecta aplicación del derecho al caso, dado los preceptos de la ley 26.529 y su decreto reglamentario en cuanto a la confección de las historias clínicas, cuya legalidad en punto a su realización y asientos, no resultó cuestionada por la actora en su oportunidad, configurando el pronunciamiento de la Cámara una extralimitación en ese sentido.
Refiere que la ley 26.529 -a la cual adhiere la Provincia de Buenos Aires por ley 14.464- define a la historia clínica como el documento obligatorio cronológico, foliado y completo, en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud (art. 12), y establece como uno de sus caracteres el de unicidad. Este principio implica que la historia clínica tiene carácter único dentro de cada establecimiento asistencial público o privado (art. 17).
Sostiene que la Cámara ha incurrido en un grave error de aplicación del derecho vigente, omitiendo las consideraciones de la legislación citada, que rige la materia, cuando afirma que el Tribunal de Alzada consideró que "...ningún reproche le cabe a la víctima por el hecho de no haber regresado, ante la persistencia de los síntomas, al mismo establecimiento asistencial. La Sra. K. E. acudió a tres (3) Unidades Sanitarias de titularidad del Municipio de Bahía Blanca y que se hallan bajo su directa administración... de modo que las posibles desinteligencias comunicativas que pudieran existir entre los distintos eslabones de una misma red asistencial constituyen problemas administrativos internos de neto corte burocrático, que resultan inoponibles al particular". Agrega que se ha descartado la culpa de la víctima, que en autos luce patente (v. fs. 271/272).
Aduce que no es posible concluir la existencia de un nulo registro cuando se han acompañado todas las hojas de atención por guardia en el Hospital Municipal de Agudos "Dr. Leónidas Lucero", como así también los registros de atenciones en Unidades Sanitarias.
III. Adelanto que, en mi opinión, y en coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar, pues no logra conmover los fundamentos expuestos en la sentencia impugnada.
III.1. Preliminarmente he de advertir que las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340) son las aplicables al caso, por estar vigentes al momento en que se configuró la ilicitud -endilgada a la demandada- que ocasionó los daños cuya reparación reclama la parte actora (conf. doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
III.2. La Cámara de Apelación consideró que existió responsabilidad de la accionada por el ostensible error de diagnóstico en que incurriera su servicio de salud en el tratamiento de la señora E., y que las circunstancias relevadas ponen de manifiesto que las irregularidades médicas cometidas por los profesionales del municipio, recortaron toda expectativa plausible de recuperación que pudiera albergar la paciente (v. fs. 249/250).
El tribunal a quo sostuvo que los elementos fácticos relevados en el apartado II.1. del pronunciamiento son suficientemente reveladores de la atención médica deficiente, inoportuna y superficial que se brindó a la paciente en los distintos servicios de guardia de titularidad de la Municipalidad, en momentos en que el tratamiento de su cuadro ameritaba una respuesta profesional urgente y sin dilaciones, y tales circunstancias comprometen la responsabilidad patrimonial de la persona pública demandada (pto. II.2.; fs. 243).
Señaló que la atención médica que se brindó a la paciente E. en los servicios de guardia del municipio (durante los días 3, 4 y 5 de junio de 2014), lejos estuvo de avenirse a lo que marcan los estándares médicos en materia de tratamiento de pacientes con cefalea en los servicios de urgencias (pto. II.4.). En ese orden, estimó que no es posible sentar un juicio definitivo sobre la actuación médica a partir de la consideración de su primera consulta en forma aislada. A lo largo de las tres (3) consultas sucesivas que realizó ante los servicios médicos municipales, la paciente refirió los siguientes padecimientos: cefalea, mareo, pérdida de conocimiento, vómitos y agravamiento del cuadro (v. cons. "1" supra, extremos sobre los que no media controversia), -ver fs. 246/247-.
Resaltó que, en todo caso, aún cuando pudiera sostenerse que la enfermedad subyacente que padecía la víctima no se había manifestado en forma inequívoca -pues los síntomas podrían corresponder a más de una dolencia-, tal circunstancia no relevaba a los profesionales del municipio del deber de poner en práctica las pautas de actuación y bandera roja reseñadas; antes bien le imponían extremar los cuidados, para verificar o descartar la presencia de las posibles hipótesis. Por ello, decretó la responsabilidad del municipio de Bahía Blanca, titular de los centros asistenciales involucrados en la atención, por incumplimiento o ejercicio irregular del servicio de salud (v. fs. 249/250).
Acierta la Cámara cuando expresa "Es que los escasos registros clínicos adjuntados a la causa, emanados del servicio de salud municipal, evidencian una orfandad informativa que merece censura de parte de este Tribunal. En efecto, la planilla de atención en el servicio de guardia correspondiente al día 3-6-2014, tan solo da cuenta de la consulta realizada por la víctima y los motivos por los cuales requirió asistencia profesional (cfr. fs. 70). Por su parte, de la atención en el Hospital de Ing. White únicamente obra un listado correspondiente al día 4-6-2014, en el que se consigna el nombre y apellido de la occisa, junto con los otros pacientes que fueron atendidos por guardia (cfr. fs. 119/121). Por último, en lo que concierne a la actuación que tuvo el personal de la Unidad Sanitaria de Villa Delfina, no obra más que una Historia Clínica en 2 fojas correspondiente a la Sra. K. E., en la que empero no obra un solo detalle de la consulta que la paciente realizó el día 5-6-2014 (cfr. fs. 45/48 de estos autos)".
III.3. Esta Corte ha señalado que el nosocomio público se encuentra obligado constitucionalmente a organizar el servicio de salud y frente a su deficiente funcionamiento, el Estado responde directa y objetivamente, pues hace a su propia función, y no a la actuación del profesional o dependiente. De tal modo, si el servicio no funcionó, funcionó mal o tardíamente, queda atrapada la responsabilidad del Estado, pues parte de una situación objetiva de falta o deficiencia del servicio que el Estado por mandato constitucional debe garantizar, pues justifican su propia existencia (conf. causas C. 107.510, sent. de 11-IX-2013; C. 97.827, sent. de 9-VI-2010 y C. 101.447, sent. de 2-VII-2010).
En el sub lite , para admitir la demanda incoada, la Cámara de Apelación fundó la responsabilidad de la Municipalidad de Bahía Blanca en el terreno de la responsabilidad del Estado por su actividad ilícita, basada en la idea objetiva de falta de servicio (arg. art. 1.112, Cód. Civ. -t.a.-).
Por ello no asiste razón al recurrente cuando afirma que en sus fundamentos el Tribunal de Alzada atribuyó responsabilidad al municipio tanto en su faz subjetiva como objetiva y que las normas que fundan la sentencia resultan contradictorias. Lo que la Cámara efectúa es una reseña de lo decidido por el juez de grado, que finalmente revocó (v. fs. 239 vta./240 vta., pto. I.1.).
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