Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120869
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.869, "Cámpora, José María contra SMG ART S.A. Enfermedad Accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Kogan, Torres, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada en su condición de vencida (v. fs. 147/156).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 167/175 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar a la acción deducida por el señor José María Cámpora contra SMG ART S.A., mediante la cual le había reclamado el pago de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Resolvió de ese modo porque juzgó probado en el veredicto que el día 12 de junio de 2014, el actor -quien prestaba tareas como supervisor bajo la dependencia de la empresa Molinos Cabodi Hnos. S.A.- sufrió un accidente in itinere (al ser embestido con su ciclomotor por un automóvil) que le provocó una incapacidad del 12% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 144/145).
En la sentencia, liminarmente, destacó que la ley de riesgos del trabajo ha sido objeto de innumerables modificaciones, encontrándose en vigencia a la fecha del infortunio, la reforma instituida por la ley 26.773, habiendo sido aumentada -asimismo- la base mínima de pago de las indemnizaciones mediante diversas resoluciones de la Secretaría de Trabajo (v. sent., fs. 148 vta.).
Seguidamente, tras declarar -de oficio- la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, efectuó el cálculo de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de ley 24.557 ($164.533,83), la que -aclaró- no resultaba alcanzada por la resolución de la Secretaría de Trabajo 387/16, toda vez que el piso indemnizatorio ajustado por ella ($1.090.945 x 12%) era inferior a la fórmula polinómica. A dicho monto le agregó el 20% adicional establecido en el art. 3 de la ley citada ($32.906,76). A la suma resultante ($197.440,59), le adicionó el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) desde la fecha del infortunio laboral (junio de 2014) hasta el último valor publicado de noviembre de 2016, alcanzando un total de $414.625,23.
Finalmente, aplicó intereses desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 149/152).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia absurdo y la violación de los arts. 3, 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 17 del decreto 472/14 y de la doctrina legal que identifica.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. Controvierte lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto estableció la aplicación del índice RIPTE sobre el importe de las prestaciones calculadas con arreglo a la fórmula establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 desde la fecha del evento dañoso.
Sostiene que la decisión es contraria a lo establecido en la normativa vigente, toda vez que ésta no dispone que el mentado mecanismo deba ser aplicado del modo en que se determinó en el fallo de grado.
Argumenta que el decreto 472/14 dispuso expresa y taxativamente que sólo los pisos mínimos y, eventualmente, las prestaciones adicionales de pago único incorporadas al art. 11 de la ley 24.557 (con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09), constituyen los montos que deben ser actualizados conforme el referido índice; por lo que su aplicación a las sumas reconocidas en la sentencia implica una flagrante violación de dicha norma, de lo resuelto por la Corte federal en la causa "Espósito" y de la doctrina legal que emana del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016; v. fs. 170 vta./172 vta.).
II.2. Por otro lado, se opone a la definición del tribunal de origen que -sin fundamento alguno- adicionó al monto que arroja la aplicación de la fórmula establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, la prestación prevista en el art. 3 de la ley 26.773, ello en tanto dicha norma excluye expresamente a los accidentes in itinere .
La improcedencia en la aplicación de la indemnización adicional prevista en el citado dispositivo a los referidos infortunios -prosigue- no sólo surge del propio texto legal, sino también de conocida jurisprudencia que cita (v. fs. 172 vta./174).
III. El recurso prospera conforme lo siguiente.
III.1. Liminarmente, se impone destacar que el veredicto de fs. 144/145 carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47, ley 11.653.
Al respecto, cabe precisar que, en tanto los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidas en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Aclarado ello, debo destacar que, pese a que la impugnante en un pasaje de su postulación manifiesta que se agravia del importe total de la condena impuesta (v. rec., pto. III.3.; fs. 167 vta.), lo cierto es que dirige su réplica a solo dos aspectos de la misma: por un lado, controvierte la actualización de la prestación asistencial por aplicación del índice RIPTE, según el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 y; por otra parte, se queja de que se adicionara al resultado de la fórmula polinómica la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773.
En el caso, entonces, el valor del litigio -representado por la diferencia que surge entre la cuantía de la prestación calculada con arreglo a lo dispuesto por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 sin más, y aquella otra a la que, sobre dicho importe (con más la indemnización adicional del art. 3 de la ley 26.773), se aplicó el índice de actualización RIPTE (v. sent., fs. 152)- no supera el mínimo establecido en el citado art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141 y Acordada 3867/17.
Este límite impuesto por el valor del litigio puede ser exceptuado en el excepcional supuesto regulado en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653: cuando esta Suprema Corte ha determinado la interpretación que debe hacerse de las normas legales que rigen la relación sustancial debatida en una controversia, y esa interpretación es transgredida al resolverse un caso similar (causas L. 105.682, "Aberastegui", sent. de 16-VII-2014; L. 117.038, "Crisci", sent. de 20-VIII-2014; L. 115.488, "Cahuape Pereyra", sent. de 10-IX-2014; L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014 y L. 117.338, "Tognoni", sent. de 4-III-2015; por citar algunas).
III.3. La cuestión en torno a la aplicación del índice RIPTE guarda sustancial analogía con el precedente L. 120.354, "Lazo" (sent. de 13-V-2020) proveniente del mismo órgano jurisdiccional.
Como en aquel supuesto, se consideró que en la especie el agravio traído en este aspecto satisface los recaudos de una adecuada fundamentación, y, en ese marco, cobran virtualidad las directrices que sobre la temática examinada ha fijado esta Corte a partir del precedente L. 118.695, "Staroni" (v. sent. de 24-V-2016 y, en particular, el punto III.2.d.[v]), con derivación en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017).
Así pues, en el contexto definido por la doctrina emergente de los antecedentes citados, esta Corte resolvió que la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la mencionada ley 26.773 -como también, de la normativa dictada en su marco de actuación-, en cuanto establece un mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el índice publicado por la autoridad administrativa, es aplicable, por regla, a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
Asimismo, se estableció que el referido índice debe emplearse para ajustar los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09, para las indemnizaciones previstas en los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la ley 24.557; a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único a las que alude el art. 11 apartado 4 de esta última ley; y a la base de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 para los casos de muerte o incapacidad total.
Tal conclusión encuentra fundamento en las reglas previstas en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, en las resoluciones 34/13 (aplicable a partir del 26 de octubre de 2012) y 3/14 (que establece los valores para el período comprendido entre el 1 de marzo de 2014 y 31 de julio de 2014) -en una línea que continúa con la resoluciones 22/14; 6/15; 28/15 y 387/16- dictadas por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le encomendó la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias (art. 8, ley 26.773 en su texto original) y, finalmente, en el decreto 472/14 del Poder Ejecutivo nacional, reglamentario del citado "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales".
A tenor de lo precedentemente expuesto, se colige que el tribunal interviniente incurrió en un desacierto al estimar el índice RIPTE previsto en la ley 26.773.
En razón de todo lo expuesto corresponde hacer lugar a este tramo del recurso y revocar la sentencia en cuanto mensuró la prestación del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, sustrayéndose de la recta interpretación de las normas vigentes al momento de producirse la contingencia objeto del reclamo (12 de junio de 2014), extremo que resultó dirimente en el razonamiento del juzgador.
III.4. La solución que antecede impone también dejar sin efecto lo decidido en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación equívoca.
III.5. En cambio, corresponde declarar inadmisible el agravio por el que se pone en tela de juicio la procedencia del art. 3 de la ley 26.773. Ello, en razón de que no se ha denunciado a su respecto violación de doctrina legal alguna, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la excepcional hipótesis habilitante prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Dicha carga no puede considerarse satisfecha mediante la cita de precedentes emanados de otros tribunales, pues ellos quedan excluidos del concepto de doctrina legal contenido en los arts. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y el citado art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 101.141, "Valenzuela", sent. de 9-XI-2011 y L. 115.286, "Capurro", resol. de 30-XI-2011; e.o.).
III.6. Finalmente, dadas las deficiencias del pronunciamiento que llega a revisión, estimo pertinente exhortar a los jueces integrantes del órgano de grado sobre las irregularidades que se advierten en la formulación del veredicto.
IV. En virtud de todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado y revocar la sentencia impugnada con los alcances aquí expresados.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponde de conformidad con lo que aquí se resuelve.
Costas por su orden atento la procedencia parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso prospera con el siguiente alcance.
I.1. Adhiero a lo manifestado por el doctor Genoud en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. Luego, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado, se debe aplicar la doctrina legal actual de esta Corte (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014). Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602 "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1.761; 308:1087; 310:670 y 2.246; 311:870 y 1.810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevenidas a la interposición del recurso extraordinario.
Siendo ello así y siguiendo el criterio adoptado por esta Suprema Corte en el precedente L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), suscribo la propuesta decisoria contenida en el punto III.3. del sufragio inaugural.
Sin perjuicio de ello, recalco que en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando por los motivos allí expuestos -a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, mi criterio resultó minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, me he plegado en numerosos precedentes a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). En el caso de autos, empero, a tenor de la fecha del accidente in itinere (12 de junio de 2014; v. sent., fs. 162 y vta.), el debate relativo a la aplicación temporal de la mentada norma carece de relevancia.
I.3. Asimismo, comparto lo expuesto por el ponente en el punto III.4.
I.4. En relación al cuestionamiento referido a la aplicación del art. 3 de la ley 26.773, cebe recordar que esta Corte en la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018); ha declarado que en el caso de un accidente in itinere no corresponde la indemnización adicional de pago único prevista en dicha norma legal pues no se verifican los presupuestos a los que esta condiciona su aplicación.
Por lo tanto, la decisión de grado sobre el tópico es contraria a la doctrina legal vigente y debe ser revocada de acuerdo a lo expuesto en el primer párrafo del punto I.2.
I.5. Finalmente, suscribo la exhortación que postula el doctor Genoud para los señores jueces integrantes del Tribunal requiriendo un mayor celo en el cumplimiento de sus deberes, ante las deficiencias que muestra la tramitación de la causa (foliatura que debió ser corregida a instancia de esta Corte, falta de indicación del lugar y fecha del dictado del veredicto y de firma del fedatario tanto en dicho veredicto como en la sentencia, falta de registro de las resoluciones obrantes a fs. 62, 179 y 180, excesiva recurrencia a innecesarios énfasis -negrita, subrayados, mayúsculas-, uso de términos inexistentes -"aditar"- o impropios -"recepcionar"-, etc.)., anormalidades todas ellas que aunque no alcanzan para nulificar el pronunciamiento, sí afectan a la adecuada administración de justicia.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia en cuanto aplicó erróneamente el índice RIPTE, la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 y los intereses moratorios. Con costas (art. 289).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en el punto III.1. de su voto.
I.2. También comparto lo afirmado por el ponente en cuanto destaca la insuficiencia del valor de lo cuestionado, y en ese orden he de señalar -no obstante- que la resolución del presente recurso no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época de la interposición del recurso todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013), y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1.761; 308:1087; 310:670 y 2.246; 311:870 y 1.810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
I.3. Bajo estos señalamientos, y en lo tocante a la aplicación del índice RIPTE, adhiero a las consideraciones que realiza el doctor Genoud con sustento en la doctrina que emana de las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017) y a la conclusión a la que arriba en el punto III.3. de su sufragio.
I.4. Ya en lo referido al agravio vinculado con la aplicación del art. 3 de la ley 26.773, debe señalarse que en las causas L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018); L. 120.170, "Fleita" (sent. de 29-VIII-2018) y L. 120.205, "Pereyra" (sent. de 11-III-2020) este Tribunal ha establecido -en un criterio semejante al que contiene la impugnación- que en el caso de un accidente in itinere no corresponde la indemnización adicional de pago único prevista en la citada norma pues no se verifican los presupuestos a los que esta condiciona su aplicación.
Resulta claro entonces, que lo resuelto por el tribunal de grado en el punto es -nuevamente- contrario a la doctrina legal vigente y debe ser modificado, declarando la improcedencia del mentado resarcimiento.
I.5. En lo referido a los intereses aplicados por el tribunal de grado, también suscribo lo expuesto por dicho colega en el punto III.4. de su sufragio.
Sólo he de agregar aquí las siguientes consideraciones, en línea con la doctrina de este Tribunal en torno a los tópicos involucrados en la temática que ocupa esta parcela del pronunciamiento impugnado, a las que deberá ajustarse el nuevo pronunciamiento que deberá dictar el Tribunal de Alzada, debidamente integrado (art. 289 inc. 2, CPCC).
En lo que atañe al momento en que habrían de devengarse los intereses, el tribunal del grado decidió fijar los intereses moratorios a partir del dictado de su sentencia, ello -dijo- "...atento al particular modo de concluir..." (v. sent., fs. 152). Así, no exento de ciertas imprecisiones, la lectura integral del fallo permite señalar que el fundamento de aquella solución radicó en la aplicación de pautas indemnizatorias previstas en la ley 26.773 que con anterioridad había resuelto el sentenciante en el mismo pronunciamiento.
Bien señala el doctor Genoud que habiéndose revocado lo decidido por el a quo en cuanto justipreció las sumas indemnizatorias con sustento en la citada ley y normas reglamentarias, lógicamente debe también dejarse sin efecto lo juzgado en torno al momento desde el cual han de computarse los intereses.
Los autos debe
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.