Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120742
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.742, "Giribuela, Fernando Andrés contra Provincia ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar -por mayoría- a la acción deducida, imponiendo las costas a la aseguradora de riesgos del trabajo demandada en su condición de vencida (v. fs. 307/326 vta.).
Se interpuso, por ésta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 341/358).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen, en lo que aquí interesa, por constituir materia de agravio, tras rechazar la excepción de prescripción y falta de legitimación interpuesta por la demandada, hizo lugar -por mayoría- a la demanda promovida por el señor Fernando Andrés Giribuela contra Provincia ART S.A. y condenó a ésta a abonar la suma de dinero que indicó en concepto de la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la ley 26.773, decreto 472/14 y resolución general de la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387 E/2016- y la contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la última de las leyes citadas (v. fs. 307/326 vta.).
Para así resolver, detalló que el promotor del juicio cumplía tareas como dependiente de la Municipalidad de Junín, en la categoría de operario, desempeñándose en el manejo del tractor en la sección Espacios Verdes. Señaló que el actor sufrió varios accidentes de trabajo a lo largo de su trayectoria laboral, los días 30 de marzo de 2011 a las 10 hs.; 7 de junio de 2011 a las 12 hs.; 13 de agosto de 2012 a las 10 hs. y -por último- el 6 de mayo de 2013 a las 10 hs. (v. vered., cuestión única, fs. 302/303).
Tras meritar la experticia médica, concluyó que el trabajador poseía una incapacidad del 35,83% del índice de la total obrera de carácter parcial, permanente y definitiva, a raíz de "lumbociatagia con alteraciones clínicas, radiológicas moderadas, limitación en la movilidad de columna informada, limitación de hombro derecho, limitación de hombro izquierdo" a consecuencia no sólo de los accidentes denunciados, sino también de la tarea que realizaba como tractorista (v. vered., fs. cit.).
Sobre esa base, en la sentencia, el voto mayoritario sostuvo que a los efectos de la determinación de la fecha de incapacidad debía tomarse el último accidente padecido, es decir el día 6 de mayo de 2013, porque recién a raíz de la presente causa se había establecido la vinculación de las "tareas de tractorista" con las patologías columnarias, encuadrando tales hechos en la definición de "enfermedad" profesional (v. sent., fs. 311).
En ese orden, con apoyo en lo decidido por el tribunal en otras causas y a la luz del principio de aplicación inmediata de la ley consagrado en el art. 3 del Código Civil, expresó -con cita de doctrina- que las sucesivas mejoras introducidas al sistema de riesgos del trabajo -en cuanto a los montos instituidos- debían aplicarse a las contingencias ocurridas aún con anterioridad siempre que a la fecha del decisorio se encontraren incumplidas e impagas. En ese camino, remarcó que sólo el pago total quita virtualidad a la ley que rige en el momento de colocar las cosas en el lugar que se encontraban antes del daño, señalando que la mera aplicación de la ley actual a un hecho reparativo no consumado, no importaba retroactividad. Agregó que no puede castigarse al trabajador actor con el pago histórico reparatorio del infortunio laboral sufrido bajo la ley anterior, y que a la fecha de vigencia de la ley 26.773 -conforme la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387 E/2016- todavía nada se le había abonado (v. sent., fs. 312/313 vta.).
En concreto, la opinión mayoritaria propició la aplicación inmediata del mecanismo de ajuste y revalorización de las prestaciones dinerarias reclamadas dispuesto por el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 conforme la referida resolución ministerial 387 E/2016 vigente al momento del pronunciamiento, toda vez que -adujo- tal modo de resolver era el que se adaptaba con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular, hallándose en sintonía con el principio de progresividad recepcionado en el precedente "Aquino" de la Corte federal y en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. sent., fs. 314 vta.).
Adunó que tal decisión no alteraba el principio de congruencia ni lesionaba el derecho de defensa en juicio ni las reglas del debido proceso, ya que la demandada pudo ejercer sin restricciones su derecho de defensa, articulando todas las excepciones o defensas que estimó convenientes, sin que el pronunciamiento la coloque en una situación de responsabilidad extra sistémica ni la obligue más allá de las prestaciones previstas por la ley 24.557 y sus modificatorias (v. sent., fs. cit.).
En este contexto, puesto a determinar el importe de prestación dineraria que le correspondería al trabajador con arreglo al sistema asistencial especial, el pronunciamiento mayoritario lo cuantificó inicialmente en la suma de $67.822,99. Empero, tras declarar aplicable al caso las pautas indemnizatorias fijadas en el art. 2 de la resolución general 387 E/2016 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, fijó el quantum de la referida prestación sistémica en la cifra de $390.885,59 ($1.090.945 x 35,83%). A dicho valor, adicionó -además- el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773 (es decir, $78.177,11).
A continuación, a la suma resultante dispuso "agregarle" el índice RIPTE vigente entre la fecha del accidente (mayo 2013) y el último publicado (agosto 2016); arribando a un coeficiente de 2,43 por el que multiplicó el monto antes señalado, obteniendo un total de $1.139.822,38 por el que declaró procedente la demanda (v. sent., fs. 315).
Sobre dicho importe adicionó intereses desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (digital) en concordancia con lo resulto por esta Corte en la causa L. 118.615, "Zócaro", sentencia de 11-III-2015 (v. sent., fs. 315 y vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia absurdo y violación de los arts. 16 del decreto 1.694/09; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 3, 21, 622, 656, 953, 1.071 y 1.198 del Código Civil; 14 de la ley 24.557; 3, 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 2 de la resolución 414/99; y de la doctrina legal que cita.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, aduce que el actor no probó los hechos invocados en su demanda, invocando el señalado vicio en la valoración de la prueba. Alega, por un lado, que la pericia médica no es idónea para acreditar la causa de la incapacidad y, por el otro, que en la misma no se determinó que porcentaje correspondía a cada uno de los accidentes invocados por el actor. Agrega que la sentencia es arbitraria porque aglutina los distintos tópicos sometidos a juzgamiento dentro del concepto de "enfermedad profesional" (v. rec., fs. 344 y vta.).
II.2. Luego, manifiesta que el pronunciamiento mayoritario vulnera la doctrina legal de este Tribunal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-IV-2016), porque dispone aplicar retroactivamente la ley 26.773 a dos hechos ocurridos en el año 2011 (v. rec., fs. 345 vta. y 346).
Asimismo, cuestiona que el a quo haya declarado de oficio la inconstitucional a la ley 26.773, citando -en apoyo de su postura- doctrina legal de este Tribunal y los fundamentos del voto minoritario del pronunciamiento atacado (v. recurso, fs. 344 vta. /348).
II.3. A continuación, sostiene que el a quo interpretó en forma errónea y arbitraria los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, arribando a una prestación dineraria desproporcionada y ajena a todo principio de razonabilidad (v. rec., fs. 348/353).
En este camino, por un lado, apunta que el mentado índice RIPTE se utiliza para actualizar los mínimos indemnizatorios del art. 14 de la ley 24.557, como también la prestación adicional prevista en su art. 11, pero -de ningún modo- se aplica a fórmulas que ya contienen mínimos actualizados pues, en tal caso, se estaría utilizando dos veces el referido índice sobre el mismo monto.
Por otro lado, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación del RIPTE sobre los importes mínimos determinados por la citada resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387 E/2016.
II.4. Seguidamente, critica la aplicación de intereses sobre la suma por la que prosperó la demanda -a la tasa pasiva "digital" fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires-, argumentando que tal definición se aparta de la doctrina legal elaborada a partir de las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009); L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), entre otras que individualiza (v. rec., fs. 353/356 vta.).
II.5. También controvierte que se hubiera rechazado la excepción de prescripción con relación a los dos primeros accidentes denunciados por la actora como ocurridos el 30 de marzo y el 6 de mayo del mismo año 2011. Alega que, al momento de la interposición de la demanda, el plazo previsto por la ley para accionar había transcurrido en exceso, por lo que considera que el porcentaje de incapacidad correspondiente a los mismos no debería incluirse en el cálculo indemnizatorio (v. rec., fs. 356 vta./357 vta.).
II.6. Finalmente, se agravia de la imposición de las costas, afirmando que dio estricto cumplimiento a la normativa vigente al momento del hecho abonando la correspondiente indemnización (v. rec., fs. 357 vta.).
III. El recurso admite una procedencia parcial.
Por cuestiones metodológicas, habré de alterar el orden de tratamiento de los agravios propuestos.
III.1. De inicio se impone destacar que el veredicto de fs. 302/305 carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47, ley 11.653. Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 305) ni la sentencia (v. fs. 326 vta.), limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. última fs. cit.).
Al respecto, cabe precisar que, si bien los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. El agravio dirigido a objetar la tarea axiológica desplegada por el juzgador de origen que lo llevó a tener por acreditada la existencia de la enfermedad profesional por cuya reparación hizo lugar a la demanda articulada, no puede tener favorable recepción.
III.2.a. En el caso, el tribunal de origen, en ejercicio de facultades que le son privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653) y valorando los términos de la contestación de la demanda, entendió que la existencia misma de los accidentes de trabajo por los cuales se reclamaba no fueron controvertidos por la aseguradora (v. vered., fs. 304).
Adunó, con sustento en el peritaje médico de fs. 274/276, que el trabajador padecía una incapacidad del 35,85% del índice de la total obrera de tipo permanente, parcial y definitiva, que surgía no únicamente de los accidentes denunciados sino también de la tarea laboral realizada, en tanto el actor presenta el antecedente de desempeñarse como tractorista, encontrándose dentro de los factores causantes de lesiones en la columna vertebral el sometimiento a trepidación y/o vibración. Añadió además que no se había controvertido en autos que el actor se desempeñara en el "sector espacios verdes" de la Municipalidad de Junín ni su calidad de "tractorista" en tal sección, concluyendo que se encontraba acreditado el acaecimiento de los distintos eventos dañosos, de conformidad con la documental aportada y que la propia tarea laboral había contribuido a la causación del daño en la salud del trabajador (v. vered., fs. 304/305).
Así, en la sentencia el pronunciamiento mayoritario señaló -tal como fuera precedentemente reseñado- que a los efectos de la determinación de la fecha de la incapacidad, correspondía tomar la del último accidente del trabajador, es decir, el día 6 de mayo de 2013, porque recién a partir de ese hito se había establecido la vinculación entre las "tareas de tractorista" y las patologías columnarias, encuadrando tales hechos en la definición de enfermedad profesional establecida en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 310 vta. y 311).
III.2.b. Las conclusiones expuestas en el pronunciamiento de grado, claramente vinculadas a cuestiones de hecho y prueba -y a las que arribó el juzgador de origen en uso de facultades que le son privativas- no logran ser descalificadas por el recurrente.
Ello así, por cuanto el concepto de absurdo -elaborado por el Tribunal que integro- hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada de la prueba producida, recalcando que no se configura por cualquier error, o una apreciación opinable, ni ante la posibilidad de otras interpretaciones. Al recurrente que pretenda articular este excepcional mecanismo no le ha de alcanzar con sostener que el hecho pudo ocurrir de otra manera, o que la prueba debió ser apreciada de una forma distinta, más probable o aceptable. En cambio, es indispensable dejar claramente demostrado que, de la manera en que se valoró en la sentencia, no pudo ser (causas L. 101.040, "Rosendo", sent. de 31-X-2012 y L. 117.895, "Salvo", sent. de 17-VI-2015; e.o.).
En este camino, entiendo que el cuestionamiento que realiza el compareciente carece de la solvencia necesaria para sostener la denuncia del vicio invalidante de absurdo que formula, porque en su presentación omite controvertir idóneamente el análisis y fundamentos desarrollados en el pronunciamiento, limitándose a evidenciar su criterio discrepante con la interpretación de las pruebas efectuadas por el tribunal de origen.
III.3. Sentado lo anterior, tampoco resulta procedente la parcela del embate por la cual se objeta el rechazo de la excepción de prescripción.
III.3.a. Al respecto, corresponde señalar que, como reiteradamente lo tiene dicho esta Corte, determinar el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción constituye una cuestión de hecho reservada a la apreciación de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 99.257, "Díaz", sent. de 11-IV-2012; L. 104.792, "Bartolomeo", sent. de 26-II-2014; L. 117.772, "Batista", sent. de 27-V-2015 y L. 117.667, "Romano", sent. de 24-VI-2015).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014).
III.3.b. En la especie, el quejoso se limita a ratificar su postura inicial, basada en que corresponde computar el inicio del plazo prescriptivo de los dos primeros accidentes laborales sufridos por el actor desde la fecha en que ocurrieron, es decir, el 30 de marzo y el 6 de mayo del mismo año 2011, respectivamente. Tales alegaciones no logran concretar una réplica idónea a los fines de desvirtuar el razonamiento que siguió el voto mayoritario del pronunciamiento de grado para decidir este aspecto de la controversia, afincado en que correspondía considerar la fecha del último accidente del día 6 de mayo de 2013 para la determinación de la incapacidad, desde que en esa oportunidad se consolidó el daño, ya que la enfermedad profesional que aqueja al accionante se debe a ambos accidentes y a las tareas prestadas como débito laboral (v. sent., fs. 315 vta./316 vta.).
En este marco, no parece ocioso recordar que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite formular una crítica concreta y eficaz a la motivación central del fallo sobre la que se asienta el pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (conf. causas L. 106.959, "González", sent. de 8-II-2012 y L. 117.426, "Chazarreta", sent. de 23-XII-2014; e.o.).
III.4.a. A tenor de lo hasta aquí resuelto, toda vez que permanece incólume el hito temporal establecido en la sentencia de grado como fecha de determinación de la incapacidad del trabajador, no corresponde ingresar a analizar el agravio vinculado a la aplicación retroactiva de la ley 26.773.
III.4.b. A su turno, el reproche tendiente a objetar la supuesta declaración oficiosa de inconstitucionalidad de la precitada ley no resulta atendible, en tanto dicho cuerpo normativo no fue declarado inconstitucional en la instancia de origen, contrariamente a lo manifestado en la pieza impugnativa.
III.5.a. En cambio, siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte en el precedente L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017) y, ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia de grado juzgó el caso, entiendo que le asiste razón al recurrente en cuanto alega violación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, agraviándose del modo en que el voto mayoritario del a quo dispuso la aplicación del índice RIPTE.
En dicha oportunidad se señaló que el mentado índice RIPTE debe aplicarse a los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones previstas en los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la ley 24.557; a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único a las que alude el art. 11 apartado 4 de esta última ley; y a la base de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 para los casos de muerte o incapacidad total.
III.5.b. Tal conclusión encuentra fundamento en las reglas previstas en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, en las resoluciones 34/13 (aplicable a partir del 26 de octubre de 2012) y 3/14 (que establece los valores para el período comprendido entre el 1 de marzo de 2014 y 31 de julio de 2014) -en una línea que continúa con la resoluciones 22/14; 6/15; 28/15 y 387/16- dictadas por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le delegó expresamente la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias (art. 8, ley 26.773) y, finalmente, en el decreto 472/14 del Poder Ejecutivo nacional, reglamentario del citado "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedade
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