Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121803
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto ordenó aplicar la resolución de la Secretaría de la Seguridad Social 22/14, cuya inaplicabilidad en el caso se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.803, "Paredes, Julio Ismael contra La Segunda ART S.A. Accidente de trabajo. Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Pettigiani, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, acogió la acción incoada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 157/166).
Se dedujo, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 186/192 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Julio Ismael Paredes contra La Segunda ART S.A., y condenó a ésta última al pago de la suma de $361.665,19 en concepto de diferencias por las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 15 apartado 2 y 11 apartado 4 inc. "b" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773.
Para así decidir, juzgó acreditado que el actor, como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 9 de febrero de 2014 mientras prestaba servicios bajo la dependencia del señor Eduardo Sonderup Dam, padece una incapacidad laboral permanente definitiva que lo incapacita en un 78% del índice de la total obrera, y que el día 1 de diciembre de 2014 se le otorgó el alta médica que determinó el cese de su incapacidad temporaria (v. vered., primera, tercera y cuarta cuestión, fs. 157/158).
Asimismo, tuvo por probado que la aseguradora le abonó al actor, el día 6 de abril de 2015, $476.649 en concepto de lo dispuesto en el art. 15 apartado 2, $264.805 por la prestación del art. 11 apartado 4 inc. "b" y $148.290,80 por el pago adicional del art. 3 (v. vered., quinta cuestión, fs. 158).
En la sentencia, tras juzgar que el daño quedó jurídicamente consolidado con el alta médica, declaró que al devenir -entonces- desde allí exigibles las prestaciones reclamadas, resultaban aplicables al caso las actualizaciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 22/14 que rigen para el período comprendido entre los días 1 de septiembre 2014 y 28 de febrero de 2015.
En ese orden, el órgano judicial de grado declaró procedentes las diferencias reclamadas en la demanda, en tanto los pagos efectuados oportunamente por la aseguradora de riesgos del trabajo no se adecuaron a las compensaciones dinerarias y pisos mínimos que establece la citada resolución (v. sent., fs. 160 y vta.).
Finalmente, por mayoría, determinó que el capital de condena devengaría intereses, desde la exigibilidad del crédito, -y hasta el día 31 de julio de 2015- con arreglo a la tasa pasiva plazo fijo digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días y, a partir del día 1 de agosto de 2015 y hasta el efectivo pago, con la adición de intereses moratorios liquidados a la tasa pasiva más alta, que a la fecha resultaba ser la misma (v. fs. 162 vta./164 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 14, 16, 17, 18, 19, 29, 29, 31, 33, 36, 75 incs. 12 y 22, 99 y 108 de la Constitución nacional; 1.1., 8, 21, 24, 25 y 29 apartado "a" del Pacto de San José de Costa Rica; 10, 11, 15, 25, 31, 39 incs. 1 y 3, y 57 de la Constitución provincial; 11 apartado 4 inc. "b", 12 y 15 apartado 2 de la ley 24.557; 2, 3 y 8 de la ley 26.773; 44 de la ley 11.653; 8 y 17 del decreto reglamentario 472/14 y doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, cuestiona la conclusión por la que el Tribunal consideró aplicable, a los fines del pago indemnizatorio, la resolución vigente al momento del alta médica. En tal sentido, indica que la normativa en juego establece que resulta aplicable la correspondiente a la fecha de la primera manifestación invalidante o fecha del accidente.
Sobre esa premisa, argumenta que se ha violado la ley al utilizar una disposición que se no se encontraba vigente (resol. 22/14) al momento del acaecimiento del accidente (9 de febrero de 2014).
Expresa que las leyes 24.557 y 26.773, y su decreto reglamentario impusieron un método de ajuste de aquellas prestaciones dinerarias del sistema que, por tratarse de montos fijos, requerían una actualización con cierta periodicidad para no perder su valor. En ese orden se dispuso que la Secretaría de Seguridad Social (dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación), emita resoluciones semestrales donde se publican los valores ajustados de las prestaciones de suma fija del art. 11 de la ley 24.557 y de los pisos mínimos para las fórmulas y para el adicional del art. 3 de la ley 26.773.
Advierte que para la aplicación de los valores al caso concreto la metodología es simple, ya que basta para ello determinar la fecha de la primera manifestación invalidante de la contingencia laboral, y a partir de ese dato desarrollar la fórmula que corresponda; criterio este receptado por la Suprema Corte en el precedente "Staroni".
Concluye que la aseguradora abonó al actor las prestaciones calculadas correctamente con arreglo a la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 (v. fs. 187 vta./191).
II.2. Luego, se alza contra la aplicación de intereses que ordena el tribunal.
II.2.a. De un lado, se agravia de la imposición de intereses desde el día 1 de diciembre de 2014 -fecha de la consolidación jurídica del daño (v. sent., fs. 160)- hasta el día 6 de abril de 2015 -fecha del pago realizado por la aseguradora de riesgos del trabajo-, por cuanto en dicho momento no se había constituido en mora, toda vez que la deuda se materializa recién el día de la junta médica (v. fs. 191).
II.2.b. Del otro, con relación a los acaecidos aplicados desde el día 7 de abril de 2015 hasta el momento del dictado de la sentencia, alega que tampoco corresponden ya que su parte abonó en tiempo y forma las prestaciones debidas (v. fs. 191 vta.).
II.3. Finalmente, y para el supuesto de que prospere el recurso traído, peticiona que se modifique la imposición de costas con arreglo a la nueva sentencia a dictarse (v. fs. 191 vta.).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Corresponde ingresar en el análisis del reproche vinculado a la errónea aplicación al caso de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 22/14.
III.1.a. Acierta el recurrente en cuanto cuestiona el hito temporal que el tribunal tuvo en cuenta para definir el régimen jurídico aplicable al caso.
Como se reseñó en el relato de antecedentes, consideró el juzgador que, en el caso, el daño quedó jurídicamente consolidado con el alta médica otorgada el día 1 de diciembre de 2014 (que determinó el cese de la incapacidad temporaria), y que es a partir de allí que deviene exigible la correspondiente prestación por incapacidad permanente (v. sent., fs. 160).
Dicha esencial conclusión es objetada por el quejoso quien sostiene -como principal argumento de su exposición- que no es posible soslayar que las lesiones que padece el trabajador son producto de un hecho traumático ocurrido el día 9 de febrero de 2014, fecha que no puede ser desconocida como "primera manifestación invalidante", hito que es el receptado por la normativa aplicable para calcular las prestaciones.
III.1.b. No resultó controvertido en autos que el actor sufrió un accidente de trabajo. En efecto, de la lectura del pronunciamiento de grado se desprende que el tribunal consideró acreditado que la contingencia que afectó al actor fue un hecho traumático ocurrido el día 9 de febrero de 2014 mientras prestaba servicios bajo relación de dependencia para el señor Eduardo Sonderup Dam.
Ahora bien, las características del siniestro (explosión del tambor que el actor se encontraba soldando), así como las consideraciones efectuadas por la aseguradora de riesgos del trabajo al brindar atención (lesión en ambos ojos, fracturas en las manos y heridas cortantes múltiples), evidencian -a tenor de la índole de las lesiones que provocó el infortunio en el trabajador- que el deterioro en la salud del actor resultó contemporáneo al acaecimiento del accidente (v. fs. 3/6; 88/91 y vered., fs. 157 vta.).
III.1.c. Siendo ello así, asiste razón al recurrente cuando controvierte las conclusiones del tribunal para definir el régimen jurídico aplicable en autos.
En primer lugar, desde que -como acertadamente se pone de resalto en el recurso- la norma que reformó la Ley de Riesgos del Trabajo (ley 26.773) establece como evento determinante para delimitar su ámbito temporal de aplicación la "primera manifestación invalidante" de la contingencia (causas L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016 y L. 119.120, "Medina", sent. de 15-VIII-2018).
Luego, en tanto las particulares circunstancias verificadas en autos (accidente a raíz del cual el trabajador quedó gravemente lesionado desde el momento mismo del siniestro), dan cuenta que -indudablemente- la primera manifestación invalidante debe reputarse ocurrida en la misma fecha del acaecimiento del infortunio.
Por lo demás, en nada gravitan para enervar el desarrollo precedente las consideraciones formuladas por el sentenciante en orden a que "...el daño quedó jurídicamente consolidado con el alta médica que determinó el cese de la incapacidad temporaria (art. 7 y 8 LRT), y a partir de esa fecha deviene exigible la correspondiente prestación por incapacidad permanente (arts. 14 y 15 LRT) que corresponda" (fs. 160).
A tenor de lo expuesto, corresponde revocar este aspecto de la decisión y establecer que, en el caso, la primera manifestación invalidante se produjo en la fecha en la que ocurrió el accidente (9 de febrero de 2014), hito que ha de tenerse en cuenta para definir el régimen jurídico aplicable en autos.
III.2. Partiendo de lo señalado en el apartado anterior, asiste razón al quejoso en cuanto sostiene que el tribunal aplicó erróneamente al caso la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 22/14.
Luego, teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral (esto es, el día 9 de febrero de 2014) la resolución de la Secretaría de la Seguridad Social 22/14 (B.O. de 3-IX-2014) no se encontraba vigente, sino que regía la 34/13 (B.O. de 24-XII-2103), cabe casar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa norma, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron oportunamente abonadas por la aseguradora de riesgos del trabajo.
III.3. Atento la solución que se propone, no corresponde expedirse respecto de los restantes agravios traídos en el recurso. Devueltas las actuaciones a la instancia de grado, el juzgador deberá pronunciarse nuevamente -sin perder de vista el principio que veda la reformatio in pejus - respecto de los intereses y las costas aplicadas en autos.
IV. Por tales razones, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto ordenó aplicar la resolución de la Secretaría de la Seguridad Social 22/14, cuya inaplicabilidad en el caso se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda, con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Con los alcances indicados, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Pettigiani y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto ordenó aplicar la resolución de la Secretaría de la Seguridad Social 22/14, cuya inaplicabilidad en el caso se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/12/2020 16:57:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2020 08:31:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/12/2020 18:16:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 15:16:29 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 16:48:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia