Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118744
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 118.744, "S., N. G. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Pettigiani, Genoud, Kogan, Torres, Borinsky .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada vencida (v. fs. 569/582).
Se interpusieron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 590/606 y 607/612).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 625/633), conferidos los traslados a las partes respecto de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 634), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 590/606?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de fs. 607/612?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y acogió la demanda promovida por N. G. S. -por derecho propio y en representación de sus hijos menores A. A. M., M. E. M. y B. M. M.- contra la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía -con fundamento en la disposiciones del Código Civil- la reparación integral de los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de S. A. M. (esposo y padre de aquellos), acaecido el día 13 de marzo de 2009, mientras desempeñaba tareas como alcalde para el Servicio Penitenciario.
Para así decidir, en el veredicto -tras analizar el material probatorio aportado a la causa-, el a quo declaró acreditado que, en la fecha señalada, el causante perdió la vida cuando transportaba a un detenido -condenado a quince años de prisión por homicidio en ocasión de robo- que imprevistamente atacó al chofer, haciéndolo perder el control del vehículo e impactar contra un camión (v. fs. 570 vta.). También, que los actores percibieron la suma de $529.504,50, y se les reconoció -a los menores- el derecho al cobro "de una beca mensual para atender a los gastos que demande su sostenimiento, contención y educación, hasta que completen el nivel de enseñanza polimodal, equivalente al 30% del sueldo básico de un inspector mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense, en los términos de los arts. 33 inc. d y 33 bis del dec. 9578/80" (fs. 571).
En la etapa de sentencia, juzgó que la camioneta que trasladaba a M. era una cosa riesgosa y viciosa, conforme al art. 1.113 del Código Civil, porque "no contaba con las condiciones de seguridad necesarias para el transporte de detenidos (barra separadora y/o lugar de fijación de esposas a la carrocería)" (fs. 573). En el mismo sentido -con sustento en la doctrina legal que esta Corte estableciera en la causa L. 80.406, "Ferreyra" (sent. de 29-IX-2004)-, señaló que la actividad que éste realizaba igualmente debía encuadrarse en el marco de la citada norma legal (v. fs. cit.).
A su vez, declaró que "existe culpa e incumplimiento de deberes legales, por parte del Fisco provincial, en cuanto no tomó concretas medidas (Res 3971/07 de Jefatura del SPB), adaptando las condiciones del vehículo para transportar en forma segura a un interno" (fs. cit.).
En ese orden, concluyó que, en la especie, se encontraban configurados los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad civil objetiva (art. 1.113, cit.) y subjetiva (art. 1.109) a la Provincia de Buenos Aires (v. fs. cit.).
Asimismo, estableció que "en su calidad de autoasegurada, resultaba responsable frente a la actora, en los términos de los arts. 1, 6, 11, 15 y 18 de la ley 24.557" (fs. cit.).
En consecuencia, el juzgador procedió a determinar el importe del resarcimiento brindado por el régimen de esta ley ($526.008) y, tras cotejarlo con la cuantía de la reparación integral proveniente de la aplicación de las normas del Código Civil ($2.431.215) declaró la inconstitucionalidad de su art. 39 (v. fs. 574 vta./575 vta.).
Además, descalificó -de oficio- la validez constitucional del art. 33 del decreto ley 9.578/80, por considerar que la incompatibilidad de indemnizaciones dispuesta en la parte final del inc. "d", implica una reducción sustancial e irrazonable de la reparación integral a los causahabientes del fallecido, contraria a lo normado por los arts. 14 bis, 16, 19 y 28 de la Constitución nacional (v. fs. 576 y vta.). Sin embargo, juzgó que las sumas percibidas por los actores debían descontarse "de la reparación integral, para evitar un enriquecimiento ilícito" (v. fs. 576 vta./577 vta.). Destacó, para sostener esa decisión, "la imposibilidad de la acumulación en el sentido de sumarlos íntegramente", y que no hacía "mérito de la supuesta diversa naturaleza de los institutos" en juego (v. fs. cit.).
Finalmente, dispuso que el capital de condena, desde la fecha del siniestro, devengue intereses "a la tasa activa promedio del Banco de la Provincia de Buenos Aires" (fs. 580).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 39 y 44 de la ley 11.653; 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 1.069, 1.078, 1.084, 3.592, 3.595 y 3.670 del Código Civil; 14 bis, 15, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 21 inc. 2 y 29 inc. "c" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo; y de la doctrina legal que identifica.
Cuestiona la decisión del tribunal de grado en cuanto dispuso descontar de la reparación integral reconocida a los actores las sumas que habían percibido en los términos de los arts. 33 y 33 bis del decreto ley 9.578/80.
Concretamente, reprocha al órgano de origen que no haya analizado la diversa naturaleza de los institutos en cuestión y, en ese orden -con apoyo en la doctrina legal de esta Corte- explica que las indemnizaciones previstas en estas normas "se inserta en el amplio espectro de la seguridad social, uno de cuyos capítulos es precisamente el riesgo de actividad, en tanto que el resarcimiento aquí pretendido cala sus raíces en el derecho de daños, entre cuyas pautas rectoras se destaca la 'reparación integral'" ambos se nutren de distintos principios, y tienen diferentes presupuestos que habilitan su percepción (v. fs. 601 vta. y 602).
Añade que la confusión del juzgador lo llevó a declarar la inconstitucionalidad del art. 33 indicado sin reparar en que la incompatibilidad indemnizatoria que establece es "con otro beneficio de igual naturaleza" (fs. cit.).
Asegura que, en el caso, no existe ningún enriquecimiento ilícito y se ha transgredido la doctrina legal que esta Corte estableció sobre el tópico en las causas L. 84.498, "C., A." (sent. de 14-X-2009) y C. 87.492, "López" (sent. de 30-XI-2011; v. fs. 602 vta. y 603).
III. El recurso debe prosperar.
En mi opinión, le asiste razón a la recurrente cuando señala que la decisión del tribunal de grado -de descontar de la reparación integral de daños reconocida a los actores, el beneficio percibido en los términos de los arts. 33 y 33 bis del decreto ley 9.578/80- no se adecua a la doctrina legal vigente sobre la materia.
Ya al emitir opinión sobre el tópico en la causa Ac. 65.005, "Rodríguez" (sent. de 25-VIII-1998), dije que los beneficios previstos por la ley 9.688 y los del decreto ley 9.550/80 no son incompatibles, porque el primero representa el pago de la minusvalía laboral por una causa imputable al patrón, mientras que el otro es una suma que se otorga con carácter previsional para subvenir las necesidades inmediatas, con la sola condición de que las mismas provengan del ejercicio de la función de policía de seguridad.
Si bien en algunos casos posteriores (causas L. 74.426, "Abel", sent. de 16-VII-2003 y L. 79.451, "Delvitto", sent. de 10-III-2004) razones de economía procesal me llevaron, dejando a salvo mi opinión en contrario, a adecuar mi pronunciamiento a la doctrina establecida por la Corte Suprema de la Nación en su anterior integración ("Delgado, Estela del Valle c/ Provincia de Buenos Aires", sent. de 16-XII-1997), más acá en el tiempo volví a reivindicar mi postura original (a la que, por otra parte, no había renunciado), y a mantener que la distinta causa y la diversa naturaleza de los beneficios consagrados en el decreto ley 9.550/80 y en las leyes de accidentes de trabajo (o en el derecho común) impiden considerar que se trata de una doble reparación por un mismo hecho, o que haya una indebida acumulación de indemnizaciones.
En ese sentido, al adherir al indicado voto de la doctora Kogan en la causa L. 81.930, "D., M. N." (sent. de 25-II-2009), tuve la oportunidad de expresar que el beneficio especial para los casos de fallecimiento o incapacidad total y permanente (art. 116 inc. "e" apdo. 3, dec. ley 9.550/80), es acumulable a la indemnización basada en las leyes de accidentes o riesgos del trabajo -conforme la que estuviera vigente- o en el derecho común, sencillamente, porque tienen distinta naturaleza y responden a distintos presupuestos condicionantes.
Expliqué allí -a los fines de justificar mi apartamiento de la jurisprudencia de la Corte federal- que ésta configura una directriz rectora en materia de interpretación de los principales preceptos del sistema, pero de ello no corresponde derivar que sus doctrinas sean obligatorias para los tribunales inferiores, bastando con señalar que existen razones de economía procesal y de buena administración del servicio de justicia que indican solo la conveniencia de su acatamiento. Esto último -dije- está sujeto a algunas condiciones: que no se trate de situaciones donde se halle interesado el texto constitucional o queden involucradas cuestiones federales sobre las que el máximo Tribunal tiene competencia originaria; que no se hayan agregado nuevos argumentos que, por su peso o fuerza convictiva, promuevan un cauce interpretativo diferente; que el pronunciamiento haya sido unánime, y que la conformación del tribunal siga siendo la misma de cuando se originó el precedente indicado.
Luego, ponderando que algunas de esas circunstancias no se verificaban en el caso (por ejemplo, ya había una diversa integración del órgano) y siendo que la solución brindada por la Corte federal resultaba contraria a mi personal convicción sobre la solución que corresponde darse a este tema, concluí que se justificaba apartarse de aquella.
Más acá en el tiempo, la postura que vengo sosteniendo volvió a convertirse en mayoritaria en el ámbito de esta Suprema Corte y, por tanto, en doctrina legal.
Así, en la causa L. 84.498, "C., A. y otros" (sent. de 14-X-2009) invocada por la recurrente, se revocó -por mayoría que integré- la sentencia del tribunal de trabajo en cuanto había resuelto que la percepción del resarcimiento fundado en la ley de accidentes de trabajo (en el caso, se trataba de la ley 24.028) era incompatible con el otorgamiento del beneficio previsto por el art. 32, párrafo primero, del decreto ley 9.578/80.
Señalé en dicha oportunidad que tanto la específica norma contenida en el decreto ley 9.578/80 (aplicable al personal del servicio penitenciario) como la contemplada en el decreto 9.550/80 (referido al personal policial, y -aclaré entonces- con suficientes similitudes con aquella como para formular una interpretación analógica) tienen una finalidad notoriamente distinta de la que se regula mediante las normas del derecho de fondo (en aquel caso, art. 16, ley 24.028 y su remisión al derecho civil), toda vez que, mientras estas tienen un carácter claramente resarcitorio de la totalidad de los perjuicios sufridos, la primera representa solamente una forma de auxilio para una situación de necesidad concreta, que acontece como consecuencia de un acto de servicio.
Por lo demás, recordé -a los fines de justificar la posibilidad de apartarme de la jurisprudencia de la Corte Suprema- que rechazo la tesis extrema que postula el sometimiento incondicionado a sus doctrinas (conf. Sagües, Néstor Pedro; "Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", ED, Tomo 93, pág. 891) considerando que hay casos en que resulta prudente el apartamiento, por lo que acepto lo que el autor citado llamaría una eficacia vinculante pero condicionada. Así, cuando se agreguen argumentos relevantes y novedosos -no conocidos o no considerados en el fallo en cuestión-, cuando se trate de un pronunciamiento aislado -lo que demuestra su falta de consolidación-, o cuando haya cambiado la integración del tribunal, etcétera, se ofrece la oportunidad de renovar el análisis de la cuestión de que se trate y, en su caso, abandonar el criterio sustentado por la Corte Suprema sin que ello signifique grave afectación de su dignidad, ni de aquellos principios procesales de economía y celeridad.
Destaqué, asimismo, que el hecho de que la jurisprudencia de la Corte federal sobre la materia debatida haya sido dictada por el máximo Tribunal cuando tenía una conformación muy diversa de la actual (obsérvese que la mayoría de sus miembros ha cambiado, al igual que han cambiado muchos de los criterios sustentados con anterioridad), lo considero un hecho de relevancia suficiente como para separarme de su línea doctrinal.
En relación a esto último, quiero resaltar especialmente que la sentencia dictada por este Superior Tribunal en el citado precedente L. 84.498, ha adquirido firmeza, habida cuenta que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible, en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el recurso extraordinario federal contra ella deducido por el Estado provincial, que fuera oportunamente concedido por esta Corte (CSJN, C.1225.XLVI., sent. de 27-IX-2011).
Ello demuestra que -como lo anticipé en los votos que vengo citando- no resultaba atinado continuar sosteniendo que la jurisprudencia elaborada por la anterior integración del Alto Tribunal seguía constituyendo una doctrina vigente de la cual no era posible apartarse.
Asimismo, el criterio anticipado en los precedentes citados fue reiterado por esta Corte, en relación al sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo, al fallar la causa B. 63.730, "Vandamme" (sent. de 18-IV-2011).
Se decidió en ese caso -a partir del voto mayoritario del doctor Negri, al que presté mi adhesión- que los beneficios en cuestión no resultan incompatibles entre sí, en tanto la indemnización prevista en la ley 24.557 (o, en su caso, la reparación integral de daños) representa el pago de la minusvalía laboral o de los salarios que el dependiente dejó de percibir, mientras que la suma otorgada por el decreto ley 9.550/80 está destinada a subvenir inmediatamente necesidades o desgracias especiales con un condicionamiento propio como lo es que la desgracia sea "consecuencia del ejercicio de la función de policía de seguridad".
Se ponderó allí que la actual integración del máximo Tribunal nacional aún no se había pronunciado al respecto, como así también que en ese caso (al igual que lo que ocurre en la especie), aun siendo análogas, las disposiciones legales aplicables eran otras.
Se añadió que no debe soslayarse la índole de los derechos en juego ni los principios que rigen la materia (arts. 14 bis, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. prov.), los que imponen efectuar una interpretación favorable al trabajador.
Finalmente, volví a plantear la necesidad de ratificar y consolidar tales directrices en la causa L. 110.774, "A., E. E. y otros" (sent. de 15-X-2014), en la que -como acontece en autos- la actora, por sí y en representación de sus hijas menores, también había reclamado una reparación integral de daños derivados de la muerte de su esposo, con fundamento en las normas del Código Civil de Vélez Sarsfield, ocasión en que mi postura también resultó mayoritaria.
IV. Por todo lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de fs. 590/606 y revocar la sentencia en cuanto dispuso descontar de la reparación integral de daños reconocida a los actores los beneficios percibidos en los términos de los arts. 33 y 33 bis del decreto ley 9.578/80.
Los autos deben volver al tribunal de grado a fin que dicte el pronunciamiento que corresponda de conformidad con lo que aquí se ha decidido.
Costas de esta instancia a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. En el caso, el tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad de la parte final del art. 33 inc. "d" del decreto ley 9.578/80 que dispone que la percepción de la indemnización prevista en dicha norma en favor de los "deudos" del personal penitenciario fallecido como consecuencia de un acto de servicio "...será incompatible con cualquier otra indemnización, subsidio o beneficio similar, que se otorgue a los agentes por la misma causa considerada para su otorgamiento...". Esa solución, descarta la pertinencia de aplicar en la especie el razonamiento que he plasmado en ocasión de juzgar los alcances de la cláusula de "incompatibilidad" establecida en el art. 32 del mismo régimen, semejante a la analizada en la sentencia en crisis pero referida al resarcimiento debido al agente que ha sufrido lesiones gravísimas (v. causa L 84.498, "C. A. y otros", sent. de 14-X-2009).
Sin embargo, y aun bajo tal descalificación constitucional, los argumentos que despliega la impugnante para neutralizar la deducción que dispuso el a quo de la suma resultante de la aplicación del citado art. 33 inc. "d" del decreto ley 9.578/80 respecto del monto presupuestado en concepto de reparación fundada en el derecho común, no lucen eficaces.
Lo expuesto por la quejosa al afirmar que aquella norma consagra un beneficio de la seguridad social que no tiene finalidad resarcitoria, colisiona con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente D.1119.XXXII "Delgado, Estela del Valle c/ Provincia de Buenos Aires" (sent. de 16-XII-1997), en cuanto en el marco de una prescripción análoga -se trataba del art. 112 inc. "e" apartado 3 del hoy derogado decreto ley 9.550/80- arribó a una conclusión contraria (conf. cons. 9°).
Luego, no encuentro que las razones que contiene el recurso, fundamentalmente edificadas en torno a opiniones vertidas en pronunciamientos de esta Suprema Corte que no he acompañado, me convenzan del acierto de modificar lo decidido en la instancia.
I.2. En lo tocante al monto cuestionado respecto de cada beneficiario en concepto de la beca prevista en el art. 33 bis del mentado decreto ley 9.578/80 (incorporado por ley 12.890), que también fuera descontado por el tribunal de trabajo del fijado en concepto de indemnización integral, los señalamientos que formula la interesada genéricamente esbozados dentro de la misma crítica relativa a la indemnización objeto de estudio en párrafos anteriores, tampoco poseen aptitud para evidenciar que aquel no responde al mismo propósito que el resarcimiento reconocido en la sentencia con fundamento en el derecho civil; ciertamente se observa que la jurisprudencia que cita en apoyo de su pretensión ha sido elaborada en torno a preceptos disímiles.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto p
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