Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121504
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.504, "Tala, Rubén Daniel contra Provincia ART S.A. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, de Lázzari, Kogan, Soria, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 187/198).
Se dedujo, por la legitimada pasiva, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 206/215 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la demanda promovida por el señor Rubén Daniel Tala -mediante la cual procuraba la reparación en los términos de la ley 24.557- y condenó a Provincia ART S.A.
En lo sustancial, juzgó acreditado que el actor protagonizó un accidente in itinere el día 28 de octubre de 2015, que le provocó una minusvalía del 34% del índice de la total obrera.
Con cita del precedente de esta Corte L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-VI-2017), según el entramado normativo vigente a la fecha del evento dañoso y el mayor valor que arrojaba la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 respecto del mínimo por entonces vigente, estimó la prestación por incapacidad parcial, permanente y definitiva. A ese resultado le adicionó el 20% contemplado en el art. 3 de la ley 26.773 por no encontrar mérito alguno para apartarse de la aplicación del precepto (v. fs. 196).
Asimismo, condenó al pago de intereses calculados desde el infortunio y hasta el efectivo pago, conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (digital).
II. La parte demanda interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 16 del decreto 1.694/09; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial y 3, 21, 622, 656 segunda parte, 953, 1.071 y 1.198 del Código Civil y la errónea aplicación del art. 14 de la ley 24.557; resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99; arts. 8 y 17 apartados 5 y 6 y de la doctrina legal sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente-ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
En lo sustancial, cuestiona la procedencia del incremento previsto en el art. 3 de la ley 26.773.
Seguidamente, critica la aplicación de intereses sobre el monto por el que prosperó la demanda -a la tasa pasiva "digital" fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires- argumentando que tal definición se aparta de la doctrina legal elaborada a partir de los precedentes C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009), entre otros que también cita.
Finalmente se agravia por la imposición de costas a su parte, señalando haber dado cumplimiento a las obligaciones a su cargo.
III. El recurso no prospera.
III.1. De inicio se impone destacar que el veredicto carece de fecha y de la indicación del lugar en el que se dictó (incumpliendo así las prescripciones contenidas en el primer párr. del art. 47, ley 11.653). Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el pronunciamiento de grado (v. fs. 188 vta., 189 y 197/198), limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 198).
Al respecto, cabe precisar que, aun cuando los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Sentado ello, corresponde señalar que en la especie el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse -en principio- en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.121, "Bustos", sent. de 15-VII-2015 y L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015).
III.3. Cabe advertir que pese a un inicial cuestionamiento en torno a la errónea interpretación del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), y por su conducto, la denuncia de errónea aplicación de los arts. 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773 (v. fs. 207 vta.), el recurrente ciñe su impugnación a la procedencia de la indemnización adicional contenida en el art. 3 del referido cuerpo normativo.
En sostén de dicha afirmación invoca el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial", sentencia de 7-VI-2016, como así también la derivada de las Cámaras de Apelaciones del Trabajo que denuncia.
Así planteada, la crítica resulta inadmisible por no mediar denuncia de violación de doctrina legal alguna vinculada al agravio que se expone, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la excepcional hipótesis habilitante prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Dicha carga no puede considerarse satisfecha mediante la cita de precedentes emanados de otros tribunales, pues ellos quedan excluidos del concepto contenido en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y el citado art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 115.286, "Capurro", resol. de 30-XI-2011; L. 101.141, "Valenzuela", sent. de 9-XI-2011 y L. 120.956, "Marcillaud", sent. de 13-X-2020; e.o.).
III.4. Igual suerte ha de correr la crítica que formula el recurrente a la tasa que utilizó el tribunal para calcular los intereses moratorios, pues no logra demostrar la configuración de la hipótesis de excepción prevista en el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653.
Esta Suprema Corte, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016); L. 118.105, "Maidana" (sent. de 29-III-2017) y L. 117.969, "Vallejo" (sent. de 10-V-2017), entre muchas, se pronunció -por mayoría- estableciendo que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), de modo que, con respaldo en ello, corresponde confirmar la decisión de grado que dispuso la aplicación de la tasa de interés pasiva en su variante denominada "digital".
III.5. A tenor de la solución que se propone, el agravio por la imposición de costas no puede tener cabida. Esto sin prejuicio de resaltar que involucra una cuestión de índole fáctica ajena, por definición, a su revisión en el marco del art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653 (causa L. 99.257, "Díaz", sent. de 11-IV-2012).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. En primer lugar, adhiero a lo manifestado por mi distinguido colega doctor Genoud en los puntos III.1., III.2. y III.5. de su voto.
I.2.a. Luego, entiendo que la decisión sobre la indemnización adicional de pago único, prevista en el art. 3 de la ley 26.773, no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta, a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1.761; 308:1.087; 310:670 y 2.246; 311:870 y 1.810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
De modo tal que aquellas cuestiones deben ser resueltas por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente.
I.2.b. En tal sentido, debe prosperar la impugnación vinculada con la condena al pago de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la mencionada ley 26.773.
Para brindar respuesta al tópico, por razones de brevedad, considero suficiente remitir -en lo aplicable- a las consideraciones expuestas por este Tribunal en la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018), donde se resolvió que el accidente in itinere no se encuentra alcanzado por el citado precepto.
En tales condiciones, debe casarse lo decidido por el a quo en cuanto condenó a Provincia ART S.A. a pagar la indemnización adicional prevista en el citado art. 3 de la ley 26.773, pues no se verifican en la especie los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación.
I.3. Respecto de la impugnación referida a la aplicación de la tasa de interés (pasiva digital) fijada por el tribunal de grado sobre los rubros de condena, habré de realizar las siguientes consideraciones.
I.3.a. Inicialmente, considero necesario subrayar que la doctrina de esta Suprema Corte (sostenida en pronunciamientos como el de las causas Ac. 85.796, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-VIII-2004 y C. 99.066, "Blanco de Vicente", sent. de 11-V-2011) ha sido usar la tasa pura siempre y cuando el monto de la condena hubiera sido reajustado por el juzgador, aplicando para ello alguno de los índices de actualización publicado por organismos especializados. En estos casos, a fin de evitar el doble cómputo de la depreciación, los intereses se establecían por dicho período a la tasa del 6% anual.
Sin embargo, en el presente caso -tal como señalara el a quo a fs. 196- el importe indemnizatorio previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, alcanza la suma de $290.658,77 ($13.441,49 x 53 x 34% x 1,20), superando el piso de $286.231,04 ($841.856 x 34%), que correspondería por la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 28/15, vigente al momento del accidente. En ese contexto, el tribunal de origen -en conclusión que arriba firme a esta instancia- señaló que debía tomarse la fórmula polinómica por ser ella superior a la prevista en la citada resolución. En virtud de ello, en la especie, no hay ninguna forma de "actualización" del capital de condena, por lo que no resulta aplicable la referida solución.
I.3.b. En dicho contexto, el agravio bajo análisis debe ser desestimado a la luz de la actual doctrina legal de esta Corte -aunque, como habré de señalar luego, no haya contribuido a su conformación-. Ello, a pesar de que, a la época del dictado de la sentencia recurrida, e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891; L. 90.644 y L. 104.124, cits.).
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días. Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (v. causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
En función de lo dicho, y -reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me atengo a la referida doctrina legal, sentada en las citadas causas y propongo el rechazo de este aspecto del recurso deducido.
I.4. Finalmente, y en atención a los señalamientos formulados en el punto III.1. del voto inaugural, me veo compelido a exhortar nuevamente a los señores jueces sobre las irregularidades -algunas graves- que se advierten en el dictado de las sentencias que esta Corte ha debido revisar. El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni puede ser exigido el cumplimiento puramente formal de cada una de las reglas que lo regulan. Pero tampoco es terreno anómico donde las cosas puedan hacerse de cualquier manera. Así, la falta de fecha y lugar en el veredicto, la omisión del señor actuario de rubricar el veredicto y la sentencia, y lo señalado ut supra , se constituyen en evidencias de la displicencia y liviandad con que los intereses en juego han sido tratados.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance expuesto en el punto I.2.b. de la presente.
La causa deberá remitirse al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación, de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia por su orden, atento al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo manifestado por mi colega Genoud en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. En lo concerniente al agravio dirigido a cuestionar la aplicación al caso de la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773, suscribo la propuesta formulada por el doctor de Lázzari en el punto I.2. de su opinión.
I.3. Luego, la objeción planteada en torno a la tasa de interés que aplicó el tribunal de grado sobre el capital de condena debe ser rechazada, en tanto la decisión se ajusta a la doctrina legal vigente respecto de la temática. Al respecto, remito a los fundamentos que expuse al emitir mi voto en las causas L. 118.578, Trofe (sent. de 15-VI-2016) y L. 118.858, "Pincini", (sent. de 26-X-2016).
I.4. Con relación al embate dirigido a objetar la imposición de costas, no se verifica el supuesto excepcional consagrado en el art. 55 último párrafo in fine de la ley 11.653, desde que tratándose de una cuestión de naturaleza fáctica -privativa de los jueces de grado- no puede alegarse la existencia de doctrina legal en el sentido que le ha asignado esta Corte (causa L. 116.974, "Soriano", sent. de 25-VI-2014).
I.5. Finalmente, atento el señalamiento formulado en el punto III.1. del voto inaugural, y teniendo en cuenta las reiteradas irregularidades que esta Corte viene advirtiendo en diferentes causas del Tribunal de Trabajo de Junín (a saber: causas L. 120.274, "Calderón", resol. de 8-III-2017; L. 120.955, "Biset", resol. de 31-V-2017; L. 121.043, "Figueroa", resol. de 27-XII-2017; L. 119.312, "Ponce", L. 119.635, "Milla" y L. 119.305, "Díaz", sents. de 11-IV-2018; e.o.), también considero necesario e impostergable exhortar nuevamente a los señores magistrados a cargo del tribunal de trabajo actuante para que, en ejercicio de facultades que le son propias, refuercen los controles que deben llevarse a cabo sobre la actuación de los funcionarios a su cargo y recomendarles el dedicado apego a la letra y espíritu de las disposiciones fundamentales para su eficaz desempeño.
II. Por lo indicado, propongo hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance indicado en el punto final del voto del doctor de Lázzari.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo manifestado por el colega doctor Genoud en los puntos III.1., III.2. y III.5. de su voto.
I.2. Luego, en lo atinente al agravio dirigido a cuestionar la aplicación al caso de la indemnización adicional de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773, suscribo lo expuesto por el doctor de Lázzari en el punto I.2. de su opinión.
I.3. En cuanto a la tasa de interés aplicada en el pronunciamiento de grado, el embate debe ser desestimado. Arribo a tal conclusión a tenor de las consideraciones que brindé al emitir mi sufragio en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), y por adhesión en la causa L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), a las que remito también por razones de brevedad.
II. El recurso prospera conforme se indica en el punto final del voto emitido por el doctor de Lázzari.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. En primer lugar, adhiero a lo manifestado por el doctor Genoud en los puntos III.1., III.2. y III.5. de su voto.
I.2. Luego, suscribo la opinión que el doctor de Lázzari plasma en el punto I.2. de su sufragio, en lo que concierne a la indemnización adicional de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773.
I.3. Por otra parte, en lo que respecta a la tasa de interés moratorio, considero que la sentencia de grado debe permanecer firme, toda vez que lo resuelto al respecto se condice con la doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia.
En tal sentido, habré de remitirme -por razones de brevedad- a los argumentos que he dejado en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente" (sents. de 31-X-2016; e.o.), pues habiéndose consolidado la doctrina legal de este Tribunal superior debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Darengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y sus modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura en ella sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los periodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de
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