Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121740
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído. Sin costas, atento la ausencia de contradicción (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.740, "Juárez, Gabriela Viviana contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Torres, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, declaró la inhabilidad de la instancia en las presentes actuaciones por no encontrarse cumplida la etapa administrativa establecida en el art. 1 de la ley 27.348 (v. fs. 48/49).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 50/60 vta.).
Ordenado y sustanciado el traslado a la parte actora con motivo de la sanción de la ley 15.057, dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente declaró la inhabilidad de la instancia para entender en la presente causa iniciada por la señora Gabriela Viviana Juárez contra Provincia ART S.A. en reclamo del pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de reparación de infortunios laborales (leyes 24.557 y 26.773) con motivo de la incapacidad que alegó padecer como consecuencia de la enfermedad profesional contraída a causa de las labores desempeñadas bajo su dependencia (v. demanda, fs. 11/45).
Para así resolver, sin haber conferido traslado de la demanda, señaló que la Provincia de Buenos Aires, a través de la sanción de la ley 14.997 (B.O. de 8-I-2018), adhirió al régimen complementario de la Ley de Riesgos del Trabajo establecido por la ley nacional 27.348 que dispone que, con carácter previo, obligatorio y excluyente a toda otra intervención, el trabajador debe agotar el trámite administrativo ante las Comisiones Médicas previsto por la ley 24.557.
En ese sentido, puso de resalto que dicho régimen, a través de la ya mencionada adhesión, se encontraba vigente en el ámbito local desde el día 17 de enero de 2018.
Por tales motivos, concluyó que era necesario que el accionante cumpliera con lo dispuesto en el art. 1 de la ley 27.348, declaró la inhabilidad de la instancia y dispuso el archivo de las actuaciones (v. fs. 48/49).
II. Contra lo así resuelto, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia que el fallo impugnado es absurdo y arbitrario y, asimismo, transgrede los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1, 6, 11 y 14 de la ley 24.557; 3 y 8 de la ley 26.773 y 63 de la ley 11.653 y el decreto 1.694/09 (v. fs. 50/60 vta.).
II.1. En sustancia, sostiene que la ley 14.997, en cuanto adhiere al régimen de la ley 27.348, es inconstitucional por violentar la autonomía provincial y vulnerar la garantía de acceso irrestricto a la justicia.
Al respecto, con apoyo en lo decidido en una causa tramitada ante otro tribunal de trabajo, afirma que la ley provincial delega en el poder nacional su facultad jurisdiccional y su competencia, vulnerando, de ese modo, los arts. 5, 75 inc. 12, 121 y 122 de la Constitución nacional. Aduce también que infringe el art. 15 de la Constitución provincial, pues al adherir al procedimiento administrativo previsto por la ley 27.348 no hace más que vedar a los trabajadores el acceso a la justicia, imponiéndoles un recorrido previo por ante las Comisiones Médicas que resulta a todas luces inconstitucional.
Añade que la exigencia establecida en la normativa nacional de efectuar un reclamo administrativo previo de carácter obligatorio y excluyente afecta gravemente los derechos constitucionales, vedándole al trabajador la posibilidad de concurrir a obtener un pronunciamiento a través de un proceso judicial suficiente que satisfaga sus intereses y garantice su derecho de defensa.
II.2. Por otro lado, postula que las disposiciones de la ley 27.348 no resultan aplicables al caso porque a la fecha del siniestro denunciado en la demanda (20 de octubre de 2017) la Provincia de Buenos Aires aún no había manifestado su adhesión -a través de la ley 14.997- al régimen establecido en aquella.
En tal sentido, sostiene -en lo esencial- que su aplicación al caso resulta violatoria del principio de irretroactividad de la ley, en tanto se sustenta en un precepto cuya sanción es posterior al hecho denunciado. Aduce así transgredido el art. 7 del Código Civil y Comercial.
III. El recurso no prospera.
III.1. Por razones metodológicas, alterando el orden de los agravios formulados, abordaré, en primer lugar, la cuestión relativa al ámbito temporal de aplicación de la ley 14.997.
Sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010-), lo cierto es que el referido planteo debe rechazarse en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos al presente (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 121.895, "Orellana", sent. de 17-VI-2020 y L. 121.755, "Ibarra", sent. de 13-X-2020), donde se determinó que las nuevas reglas de orden procesal establecidas por la ley 14.997 resultan - prima facie - aplicables a toda acción judicial que se promueva en el ámbito de los Tribunales de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a partir del octavo día de su publicación oficial (art. 5, Cód. Civ. y Com. de la Nación), es decir, desde el día 17 de enero de 2018 en adelante.
En consecuencia, debe permanecer incólume este aspecto del pronunciamiento del tribunal de grado.
III.2. De igual modo, despejada la cuestión en torno a la vigencia de la ley 14.997, el restante planteo encuentra adecuada respuesta en lo expresado por este Tribunal al decidir en las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020) y L. 121.755 (cit.), en lo vinculado a la validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párr., ley 5.827 y modif.).
Con ello y demás argumentos expuestos en los precedentes mencionados, propicio desestimar -también en este tramo- el embate intentado.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, confirmar el pronunciamiento del tribunal de origen y, en consecuencia, su falta de aptitud jurisdiccional en este estado para entender en la presente causa.
Sin costas, atento la ausencia de contradicción (arts. 68 y 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído. Sin costas, atento la ausencia de contradicción (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/12/2020 16:57:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2020 08:31:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/12/2020 11:40:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 15:16:31 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 08:26:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia