Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 70860
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289, CPCC).
El depósito de $2.500, acreditado a fs. 239, queda perdido (conf. art. 294, CPCC). El tribunal a quo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 -texto según resolución 3.135/13-.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 70.860, "Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión declarativa de certeza. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Pettigiani, Genoud, Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata revocó, por mayoría, la resolución del juez de primera instancia del mismo fuero y departamento judicial, que había rechazado la excepción de falta de legitimación interpuesta por la accionada.
Disconforme con aquel pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue concedido.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Ha sido bien concedido el recurso interpuesto?
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Al hacer lugar -por mayoría- al recurso de apelación incoado por la Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, revocó la resolución del juez de grado, que había rechazado la excepción de falta de legitimación activa articulada contra la accionante.
Frente a ello, la nombrada se alzó con el presente recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, agraviándose por errónea aplicación de la ley y de la doctrina legal.
En este punto, considero oportuno referirme sintéticamente al carácter que, a los fines de esta impugnación, tiene la sentencia emitida por el tribunal colegiado. Al respecto, entiendo que si bien lo resuelto en autos no refirió a la cuestión de fondo, no obstante, toda vez que el a quo , al hacer lugar a una excepción de falta de legitimación activa, ha dictado una decisión susceptible de colocar a la actora ante un agravio de imposible o muy difícil reparación ulterior, debe equipararse la misma a aquellas que entrañan carácter de definitivas y posibilitarse, en consecuencia, la apertura de esta instancia extraordinaria (causas Ac. 93.570, resol. de 1-VI-2005; Ac. 92.340, resol. de 8-VI-2005; Q. 72.660, resol. de 11-IX-2013; A. 71.117, sent. de 29-II-2012; A. 70.736, sent. de 21-XII-2011; e.o.).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Al resolver, la Cámara, por mayoría, expresó que la materia litigiosa -donde ACARA, a la vez que promovía una acción declarativa de certeza, cuestionando la constitucionalidad de los arts. 13, 13 bis del Código Fiscal (modificado por la ley 13.529) y 6 de la ley 13.406, solicitaba la intervención judicial frente a medidas de coacción patrimonial que estimaba de afectación de sus derechos-, no revelaba la legitimación que la entidad procuraba sostener, pues el marco de una acción como la entablada se ubicaba claramente en la esfera individual de los contribuyentes susceptibles de ser alcanzados por las disposiciones refutadas, siendo resorte exclusivo de estos el ejercicio del derecho subjetivo perfilado.
Apuntó que la accionante, en tanto asociación civil con personería jurídica, que reúne diversas empresas comercializadoras de automotores, tractores, maquinaria agrícola y demás vehículos, que tiene por objeto fomentar el desarrollo de esta actividad como factor de progreso económico y social y representar a sus miembros en todos los asuntos inherentes a su actividad, ejercía una representación institucional que no resultaba suficiente para asumir la de los intereses individuales de aquellos en juicio.
Que, por otra parte, ni la entidad demandante, ni los concesionarios de venta de automóviles, tenían la condición de usuarios y/o consumidores ante la relación jurídico-tributaria.
Agregó que tampoco la actora reportaba el carácter de afectada, pues lo que se daba era una suma de intereses subjetivos individuales que, en situación de contribuyentes, quedaban expuestos al poder de policía del Estado provincial.
Ello conducía a que no hubiera caso en los términos de la acción ensayada por vía de los arts. 322 del Código Procesal Civil y Comercial y 12 inc. 4 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, en razón que no era la asociación quien pudiera exhibir el perjuicio.
Que, asimismo, la condición de entidad actora, no resultaba suficiente para suscitar la jurisdicción, en tanto esgrimía una cualidad de una indeterminación tal que resultaba inherente a toda la población de la Provincia, que en su relación con el objeto de la pretensión articulada y con la correlativa infracción normativa que se denuncia, no permitía tener por configurada una afectación a situaciones subjetivas de quienes procuran aparecer como destinatarios de la protección del ordenamiento y que no había siquiera una suficiente proximidad con el interés sustancial y concreto -fuera individual o de incidencia colectiva en general- necesario para la consideración de la controversia.
Finalizó en que en el sub lite no resultaban aplicables las razones trazadas en las causas "Asociación Judicial Bonaerense" y "Consejo Superior del Colegio de Abogados de Buenos Aires", el primero referido a la afectación del derecho de huelga y el segundo a las condiciones de ejercicio de la profesión liberal y, mucho menos, las del precedente de la Corte nacional, "Halabi", donde se procuraba obtener protección jurisdiccional frente a la posibilidad de menoscabo de la actividad abogadil y de que se pusiera en riesgo la preservación del secreto profesional.
Con todo ello, decidió la procedencia de la apelación promovida, declarando inadmisible la pretensión.
II. Contra este fallo, a fs. 212/226, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, concedido a fs. 228/229.
Esgrime la defensa de su propia legitimación activa para promover la presente causa y cita en su apoyo doctrina de la corte Suprema de Justicia de la Nación (casos "AGUEERA", Fallos: 322:1781 y "Halabi", sent. de 24-II-2009).
Plantea que el fallo atacado hace una errónea aplicación de las disposiciones que regulan la legitimación de ACARA para promover esta acción declarativa -cuyo objeto, reitera, es la declaración de inconstitucionalidad de las normas cuestionadas-, entre las que se destacan los arts. 1, 14, 16, 18, 27, 28, 31, 33, 43, 116, 117 y concordantes de la Constitución nacional; 1, 11, 15, 17, 18, 20, 161 incs. 1 y 2, 171 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 322, 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 12 inc. 4, 13 y concordantes del Código Contencioso Administrativo (ley 12.008 y modif.); todo ello, en razón de que se le niega la potestad para promover una acción por mandato de sus asociados, basada en las previsiones de su estatuto, a los fines de impedir que el Fisco provincial pueda unilateralmente trabar embargos y otras medidas sin previa intervención judicial que lo disponga, situación a la que se encuentran expuestos no solo de manera exclusiva -reconoce- los concesionarios de autos, pero al que estos, como miembros de la entidad -expresa-, son especialmente afectados a partir de un trato gravosamente discriminatorio que les genera debilidad económica e inseguridad jurídica.
Afirma que la sentencia de la Cámara se aparta de la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte de Justicia provincial y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto no acoge la pretensión de ACARA, que busca tutelar los derechos de sus asociados.
Luego se explaya sobre lo que denomina "Antecedentes y escenario de la causa", explicando que, en verdad, ha promovido dos causas en forma simultánea; una, en la que reclama contra las normas y pretensiones fiscales consecuentes, en virtud de las cuales los concesionarios de automotores deben tributar el impuesto a los Ingreso Brutos tomando como base imponible el total del precio de venta de los vehículos en cuya comercialización intervienen, debiendo tributar inclusive sobre sumas que reciben como reintegro de gastos realizados por cuenta de terceros (arts. 162, 169 y concs., Cód. Fiscal); y otra, la presente, en la cual solicitó la inconstitucionalidad de las normas del Código Fiscal, que permite al Fisco trabar unilateralmente embargos y otras medidas sin intervención judicial previa.
Así, en lo que llama "El contexto involucrado en las causas", abunda en consideraciones de política tributaria general, enfocándose, asimismo, en la situación de discriminación que, a su entender, sufren los concesionarios.
Enfocada en la sentencia recurrida, arguye el agravio de la existencia de una omisión esencial que la torna -según sus dichos- en arbitraria. Ello sería así, en razón de que se ha eludido la consideración acerca del carácter manifiesto de la hipotética falta de legitimación activa de ACARA para promover la demanda.
Además, que también resulta errónea la sentencia cuando expresa que, dado que las normas recaen sobre los contribuyentes, es decir, los concesionarios, solo estos podrían actuar en juicio y no ACARA, quien carece de esa condición y por tanto de aptitud jurídica para llevar adelante la acción entablada.
Cita antecedentes resueltos por la Corte nacional, refiriendo que se trata de jurisprudencia que constituye la doctrina a la cual el a quo debió apegarse al decidir ("AGUEERA"; "Halabi"; "Newland"; "Consumidores Libres Cooperativa"; etc.), en función de reafirmar aquello de que si cualquier concesionario individualmente pudo haber promovido la acción, es irrazonable impedir que ACARA lo pudiese hacer, ya que esta lo estaría haciendo en defensa de una determinada categoría de derechos que son aquellos derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.
Concluye reseñando el carácter institucional de ACARA, repasando algunas previsiones de su estatuto social relacionadas con su representatividad y su potestad para reclamar y pide, finalmente, que se revoque la sentencia recurrida, se mantenga el rechazo a la excepción de falta de legitimación activa interpuesta en su contra y se dé continuidad a las actuaciones, permitiendo el desarrollo del proceso en curso.
III. El recurso no puede prosperar.
Un detallado análisis de dicha pieza me permite concluir que es técnicamente insuficiente.
En efecto, resulta notoria, a lo largo de todo el escrito (sostenida de igual manera en las instancias anteriores), la permanente postulación acerca de que su objeto es el planteo de inconstitucionalidad del art. 169 del Código Fiscal.
Ello es presentado así, aún por encima de aquello que, como recaudo excluyente, el régimen impugnatorio establece para esta instancia extraordinaria. Es decir, tanto de una formulación clara y contundente acerca de cuáles serían las disposiciones legales (y/o la doctrina legal) erróneamente aplicadas o violadas, como de una explicación razonada de la forma en que, en la sentencia dictada por la Cámara interviniente, semejante operación se configuraría, en el sentido de ofrecer una demostración palmaria de la conformación del agravio (arts. 279, CPCC y su doctr.; 161 inc. 3 "a", Const. prov.).
Al respecto, este Tribunal reiteradamente tiene dicho que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denota insuficiencia técnica, cuando la presentación por la que se lo promueve se desentiende de la premisa de demostrar en qué consiste esa violación o errónea aplicación, directiva claramente establecida en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y que se encuentra en detalle descripta en la segunda parte del citado precepto (SCBA; conf. causa L. 53.384, sent. de 7-XII-1993; L. 73.746, sent. de 19-II-2002; L. 80.274, sent. de 20-VIII-2003; Ac. 78.111, sent. de 10-IX-2003; Ac. 81.626, sent. de 19-II-2002; Ac. 81.842, sent. de 24-III-2004; A. 68.138, sent. de 23-XI-2005; L. 84.069, sent. de 14-IX-2005; L. 83.599, sent. de 8-XI-2006; L. 89.656, sent. 31-X-2007; e.o.).
Sin esta necesaria especificidad, la parte actora, lo que en verdad hace es argumentar ampliamente en el sentido de ofrecer una justificación de su propia determinación sobre la utilización del cauce que brinda la acción prevista en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial -por vía de remisión del art. 12 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo (ley 12.008, texto según ley 13.101)-, mostrando su intento por llevar adelante, no una pretensión que tuviera por objeto la declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regida por el Derecho Administrativo, sino un planteo de inconstitucionalidad que, como es sabido, por disposición de nuestra Constitucional provincial (art. 161 inc. 1 primera parte), tiene -para casos como el de autos-, asignada una vía específica en la acción originaria de inconstitucionalidad reglada en el art. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial.
Luego esgrime violación a la doctrina legal por parte del tribunal inferior. Sin embargo, respecto a este tópico, centra su referencia en un antecedente que no fue emitido por esta Suprema Corte de Justicia provincial sino por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Halabi", sent. de 24-II-2009), con lo cual, sin perjuicio de la importancia que para todos los tribunales del país tienen los pronunciamientos de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, cabe señalar que no corresponde su consideración en los términos del agravio expresado.
En este contexto, es dable recordar que existe violación a la doctrina legal, con consecuencias invalidantes del fallo de grado, cuando este transgrede la interpretación formulada por la Suprema Corte de Justicia provincial, respecto de las normas legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia, siempre que la causa en la que se deduce el recurso tenga una conformación tal que resulte análoga a aquella en la que se sentó la doctrina legal que se reputa violada (causas A. 69.210, sent. de 26-VIII-2009; A. 70.410, sent. de 18-V-2011; A. 69.949, sent. de 18-V-2011; A. 69.981, sent. de 31-VIII-2011; e.o.).
Por último, tampoco deviene atendible el planteo acerca de la omisión del tratamiento de una cuestión esencial por parte de la Cámara -destacaba la falta de tratamiento acerca de la cuestión de carácter manifiesto o no, de la alegada falta de legitimación activa en la accionante-, asunto que pudiera conducir a la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional válido, pues ello no resulta propio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, sino que, eventualmente, su presentación hubiere corrido por la vía del art. 296 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 296 y sigs., CPCC, REN; 168 y 171, Const. prov.; causas SCBA, A. 72.919, resol. de 23-IV-2014; A. 71.914, sent. de 13-XI-2013; A. 70.073, sent. de 18-XII-2013; A. 70.155, sent. de 23-XII-2013; e.o.).
Por lo expresado, considero que corresponde rechazar el recurso y confirmar el fallo de la Cámara.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, voto la segunda cuestión también por la negativa .
Costas a la recurrente (arts. 60, CCA -según ley 13.101- y 289, CPCC).
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Las actoras -en esencia- promovieron su pretensión en los términos del art. 12 inc. 4 de la ley 12.008 (texto según ley 13.101), agraviándose del sistema de retenciones automáticas y por adelantado que aplica la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) en todas las acreditaciones bancarias que estas realizan conforme el sistema SIRCREB.
II. La Cámara actuante, al revocar el pronunciamiento de primera instancia, admitió la excepción de falta de legitimación activa para obrar que dedujera el Fisco provincial respecto de la Asociación de Concesionarios citada.
Ello por cuanto no encontró que estatutariamente le fuese otorgada legitimación suficiente para representar los intereses individuales de sus asociados en este aspecto, ni que se hallara afectada por la peculiar modalidad que le era ajena.
III.1. Preliminarmente he de señalar que el reparo formal opuesto al progreso de la pretensión lo ha sido en los términos del art. 35 inc. 1 "g" de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
Tal obstáculo procesal permite obturar anticipadamente el pleito cuando la ausencia de legitimación activa surja de manera evidente o lo sea en forma manifiesta.
III.2. En ese orden de ideas, los arts. 2 y 3 inc. "b" del Estatuto Social agregado a fs. 17 señalan que la asociación "deberá" -en función de su objeto- velar por los intereses individuales y colectivos, representándolos en todos los asuntos inherentes a su actividad específica. A tal fin, se encuentra compelida ("recurrirá") a representar a sus asociados en la relación con los poderes públicos, en todo asunto de interés común.
III.3. Ajustando la perspectiva antedicha al contexto liminar del proceso, entiendo que no se verifica inicialmente con las notas de vivencia requeridas por el ritual la ausencia manifiesta de legitimación activa.
III.4. He de allí que el exhaustivo desarrollo fundante de la decisión en crisis luce prematuro en este estadio procesal.
IV. Por lo tanto, encontrándose el pleito en un estadio inicial, surgiendo ab initio de los estatutos de la Asociación coactora la autorización para representar a sus miembros y según los términos que conforman la pretensión -los cuales trascenderían el interés individual de cada asociado- entiendo que debe hacerse lugar al recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento, revocando la sentencia controvertida y desestimar la excepción articulada por el representante de la Fiscalía de Estado en los términos del art. 35 inc. 1 "g" de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289, CPCC).
El depósito de $2.500, acreditado a fs. 239, queda perdido (conf. art. 294, CPCC). El tribunal a quo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 -texto según resolución 3.135/13-.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 21/12/2020 19:47:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 11:39:13 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:37:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2020 14:16:09 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 09:57:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 10:57:36 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE D
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.