Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 71073
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 71.073, "Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión declarativa de certeza. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Pettigiani, Genoud, Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata revocó, por mayoría, la resolución del juez de primera instancia del mismo fuero y departamento judicial, que había rechazado la excepción de falta de legitimación interpuesta por la accionada.
Disconforme con aquel pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue concedido.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
1ª) ¿Ha sido bien concedido el recurso interpuesto?
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Al hacer lugar -por mayoría- al recurso de apelación incoado por la Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, revocó la resolución del juez de grado, que había rechazado la excepción de falta de legitimación activa articulada contra la accionante.
Frente a ello, la nombrada se alzó con el presente recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, agraviándose por errónea aplicación de la ley y de la doctrina legal.
En este punto, considero oportuno referirme sintéticamente al carácter que a los fines de esta impugnación tiene la sentencia emitida por el tribunal colegiado, entiendo que si bien lo resuelto en autos no refirió a la cuestión de fondo, no obstante, toda vez que el a quo , al hacer lugar a una excepción de falta de legitimación activa, ha dictado una decisión susceptible de colocar a la actora ante un agravio de imposible o muy difícil reparación ulterior, debe equipararse la misma a aquellas que entrañan carácter de definitivas y posibilitarse, en consecuencia, la apertura de esta instancia extraordinaria (causas Ac. 93.570, resol. de 1-VI-2005; Ac. 92.340, resol. de 8-VI-2005; Q. 72.660, resol. de 11-IX-2013; A. 71.117, sent. de 29-II-2012; A. 70.736, sent. de 21-XII-2011; e.o.).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Cabe recordar que para resolver, la Cámara, por mayoría, expresó que, en la especie -donde ACARA promovía una acción declarativa de certeza, cuestionando la constitucionalidad del art. 169 del Código Fiscal y otras disposiciones afines (arts. 162 inc. "c", Cód. Fiscal), con las modificaciones de las leyes 13.529 y 13.406-, no advertía una configuración tal que permitiera visualizar en la actora una situación jurídica subjetiva, exhibiendo un agravio singular que comprometiera especialmente el grupo de intereses que congregaba.
Dijo que la accionante, en tanto asociación civil con personería jurídica, que reúne diversas empresas comercializadoras de automotores, tractores, maquinaria agrícola y demás vehículos; que tiene por objeto fomentar el desarrollo de esta actividad como factor de progreso económico y social y representar a sus miembros en todos los asuntos inherentes a su actividad; no constituye una entidad que se encuentre legitimada ab initio como defensora de derechos o intereses colectivos en los términos del art. 43 de la Constitución nacional; y que tal atribución de representatividad no era suficiente para representar intereses individuales en juicio.
En tal sentido, los concesionarios de venta de vehículos, agrupados en ACARA, no eran, en cuanto tales, ni usuarios ni consumidores en el marco de la relación jurídica tributaria, pues de ella solo eran sujetos obligados exclusivamente cada uno de sus asociados.
Puntualizó que las normas impugnadas no afectaban específicamente la actividad automotriz o su comercialización, sino que generaban un efecto en abstracto respecto de todos los contribuyentes de la Provincia.
Y consideró que, en vista a establecer si quien pone en marcha determinada pretensión, resulta el verdadero titular de los derechos vinculados a la relación jurídica sustancial en que aquella se funda, el carácter de la entidad no resultaba suficiente para suscitar la jurisdicción, dado que no hallaba una ajustada proximidad con el interés sustancial y concreto, individual o colectivo, necesario para la consideración del caso.
Que, de ese modo, era evidente la imposibilidad para admitir la pretensión incoada, ya fuera por carencia de idoneidad de la vía elegida, la inexistencia de causa o caso o la falta de agravio concreto y específico, pues la actora se limitaba a cuestionar en abstracto la constitucionalidad de las normas citadas desde una perspectiva tal que pudiera ser asumida por cualquier ciudadano.
Afirmó que no resultaba aplicable al sub lite , las razones trazadas en las causas "Asociación Judicial Bonaerense" y "Consejo Superior del Colegio de Abogados de Buenos Aires", el primero referido a la afectación del derecho de huelga y el segundo a las condiciones de ejercicio de la profesión liberal y, mucho menos, la aplicación del precedente de la Corte nacional, "Halabi", donde se procuraba obtener protección jurisdiccional frente a la posibilidad de menoscabo de la actividad abogadil y de que se pusiera en riesgo la preservación del secreto profesional.
Finalmente, con todo ello, decidió la procedencia de la apelación promovida, declarando inadmisible la pretensión.
II. Contra este fallo, a fs. 578/593, la parte actora interpone un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, concedido a fs. 595/596.
Esgrime la defensa de su propia legitimación activa para promover la presente causa y cita en su apoyo doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (casos "AGUEERA", Fallos: 322:1781 y "Halabi", sent. de 24-II-2009).
Plantea que el fallo atacado hace una errónea aplicación de las disposiciones que regulan la legitimación de ACARA para promover esta acción declarativa -cuyo objeto, reitera, es la declaración de inconstitucionalidad de las normas cuestionadas-, entre las que se destacan, los arts. 1, 14, 16, 18, 27, 28, 31, 33, 43, 116, 117 y concordantes de la Constitución nacional; 1, 11, 15, 17, 18, 20, 161 incs. 1 y 2, 171 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 322, 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 12 inc. 4, 13 y concordantes del Código Contencioso Administrativo (ley 12.008 y modif.); todo ello, en razón de que se le niega la potestad para promover una acción por mandato de sus asociados, basada en las previsiones de su estatuto, a los fines de impedir se concreten restricciones de índole patrimonial sin sentencia judicial previa que lo disponga, situación en la que se encuentran -expresa- todos los miembros de la entidad.
Afirma que la sentencia de la Cámara se aparta de la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte de Justicia provincial y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto no acoge la pretensión de ACARA, que busca tutelar los derechos de sus asociados.
Luego se explaya sobre lo que denomina "Antecedentes y escenario de la causa", explicando que, en verdad, ha promovido dos causas en forma simultánea; una la n° 9.667, en la cual solicitó la inconstitucionalidad de las normas del Código Fiscal, que permite al Fisco trabar unilateralmente embargos y otras medidas sin intervención judicial previa; la otra, la presente, en la que reclama contra las normas y pretensiones fiscales de que los concesionarios de automotores deban tributar el impuesto a los Ingreso Brutos, tomando como base imponible el total del precio de venta de los vehículos en cuya comercialización intervienen, debiendo tributar inclusive sobre sumas que reciben como reintegro de gastos realizados por cuenta de terceros (arts. 162, 169 y concs., Cód. Fiscal).
Así, en lo que llama "El contexto involucrado en las causas", abunda en consideraciones de política tributaria general, enfocándose, asimismo, en la situación de discriminación que, a su entender, sufren los concesionarios en relación a este impuesto, dado que teniendo un determinado ingreso deben tributar como si tuvieran otro muchísimo mayor (pone el ejemplo de una relación de 10 a 100 en la distorsión de la base imponible, a los fines de explicar su posición).
Enfocada en la sentencia recurrida, arguye el agravio de la existencia de una omisión esencial que la torna -según sus dichos- en arbitraria. Ello sería así, en razón de que se ha eludido la consideración acerca del carácter manifiesto de la hipotética falta de legitimación activa de ACARA para promover la demanda.
Además, que también resulta errónea la sentencia cuando expresa que, dado que las normas recaen sobre los contribuyentes, es decir, los concesionarios, solo estos podrían actuar en juicio y no ACARA, quien carece de esa condición y por tanto de aptitud jurídica para llevar adelante la acción entablada.
Cita antecedentes resueltos por la Corte nacional, refiriendo que se trata de jurisprudencia que constituye la doctrina a la cual el a quo debió apegarse al decidir ("AGUEERA", "Halabi", "Newland", "Consumidores Libres Cooperativa", etc.), en función de reafirmar aquello de que si cualquier concesionario individualmente pudo haber promovido la acción, es irrazonable impedir que ACARA lo pudiese hacer, ya que esta lo estaría haciendo en defensa de una determinada categoría de derechos que son aquellos derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.
Concluye reseñando el carácter institucional de ACARA, repasando algunas previsiones de su estatuto social relacionadas con su representatividad y su potestad para reclamar, y pide, finalmente, que se revoque la sentencia recurrida, se mantenga el rechazo a la excepción de falta de legitimación activa interpuesta en su contra y se dé continuidad a las actuaciones, permitiendo el desarrollo del proceso en curso.
III. Presentado el memorial por la demandada a fs. 620/625, esta sostiene, en primer lugar, la inadmisibilidad el recurso intentado. Aquí plantea que la invocada violación de la doctrina legal por parte de la Cámara no se verifica, en razón de que la misma corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no a este Superior Tribunal provincial.
Luego, afirma que existe una ausencia de crítica razonada y concreta de la sentencia atacada, con lo cual no se cumple con lo normado en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, y que, en rigor, se trataría de una mera disconformidad con lo decidido en autos, reiterando argumentos ya analizados.
Pide que el recurso sea rechazado y se confirme la decisión del a quo .
IV. A fs. 626/629, la accionante presenta su memorial en el que ratifica los fundamentos expuestos en su recurso y formula reserva del caso federal.
V. El recurso no puede prosperar.
Un detallado análisis de dicha pieza me permite concluir que es técnicamente insuficiente.
En efecto, resulta notoria, a lo largo de todo el escrito (sostenida de igual manera en las instancias anteriores), la permanente postulación acerca de que su objeto es el planteo de inconstitucionalidad del art. 169 del Código Fiscal.
Ello es presentado así, aún por encima de aquello que, como recaudo excluyente, el régimen impugnatorio establece para esta instancia extraordinaria. Es decir, tanto de una formulación clara y contundente acerca de cuáles serían las disposiciones legales (y/o la doctrina legal) erróneamente aplicadas o violadas, como de una explicación razonada de la forma en que, en la sentencia dictada por la Cámara interviniente, semejante operación se configuraría, en el sentido de ofrecer una demostración palmaria de la conformación del agravio (arts. 279, CPCC y su doctr.; 161 inc. 3 "a", Const. prov.).
Al respecto, este Tribunal reiteradamente tiene dicho que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denota insuficiencia técnica, cuando la presentación por la que se promueve se desentiende de la premisa de demostrar en qué consiste esa violación o errónea aplicación, directiva claramente establecida en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y que se encuentra en detalle descripta en la segunda parte del citado precepto (SCBA; conf. causa L. 53.384, sent. de 7-XII-1993; L. 73.746, sent. 19-II-2002; L. 80.274, sent. de 20-VIII-2003; Ac. 78.111, sent. de 10-IX-2003; Ac. 81.626, sent. de 19-II- 2002; Ac. 81.842, sent. de 24-III-2004; A. 68.138, sent. de 23-XI-2005; L. 84.069, sent. de 14-IX-2005; L. 83.599, sent. de 8-XI-2006; L. 89.656, sent. 31-X-2007; e.o.).
Sin esta necesaria especificidad, la parte actora, lo que en verdad hace es argumentar ampliamente en el sentido de ofrecer una justificación de su propia determinación sobre la utilización del cauce que brinda la acción prevista en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial -por vía de remisión del art. 12 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo (ley 12.008, texto según ley 13.101)-, mostrando su intento por llevar adelante, no una pretensión que tuviera por objeto la declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regida por el Derecho Administrativo -que a todas luces, en el caso, no presentaba las notas de incertidumbre, toda vez que se trataba lisa y llanamente de la impugnación de una ley sancionada por la Legislatura y promulgada por el Poder Ejecutivo provincial, dirigida a imponer una determinada carga tributaria en cabeza de los contribuyentes-, sino un planteo de inconstitucionalidad que, como es sabido, por disposición de nuestra Constitucional provincial (art. 161 inc. 1 primera parte), tiene -para casos como el de autos-, asignada una vía específica en la acción originaria de inconstitucionalidad reglada en el art. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial.
Luego esgrime violación a la doctrina legal por parte del tribunal inferior. Sin embargo, respecto a este tópico, centra su referencia en un antecedente que no fue emitido por esta Suprema Corte de Justicia provincial sino por la Corte de la Nación ("Halabi", sent. de 24-II-2009), con lo cual, sin perjuicio de la importancia que para todos los tribunales del país tienen los pronunciamientos de nuestro Máximo Tribunal de Justicia nacional, cabe señalar que no corresponde su consideración en los términos del agravio expresado.
En este contexto, es dable recordar que existe violación a la doctrina legal, con consecuencias invalidantes del fallo de grado, cuando el mismo transgrede la interpretación formulada por esta Suprema Corte de Justicia provincial, respecto de las normas legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia, siempre que la causa en la que se deduce el recurso tenga una conformación tal que resulte análoga a aquella en la que se sentó la doctrina legal que se reputa violada (causas A. 69.210, sent. de 26-VIII-2009; A. 70.410, sent. de 18-V-2011; A. 69.949, sent. de 18-V-2011; A. 69.981, sent. de 31-VIII-2011; e.o.).
Por último, tampoco deviene atendible el planteo acerca de la omisión del tratamiento de una cuestión esencial por parte de la Cámara -al respecto destacaba la falta de tratamiento acerca de la cuestión de carácter manifiesto o no, de la alegada falta de legitimación activa en la accionante-, asunto que pudiera conducir a la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional válido, pues ello no resulta propio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, sino que, eventualmente, su presentación hubiere corrido por la vía del art. 296 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 296 y sigs., CPCC, REN; 168 y 171, Const. prov.; causas SCBA, A. 72.919, resol. de 23-IV-2014; A. 71.914, sent. de 13-XI-2013; A. 70.073, sent. de 18-XII-2013; A. 70.155, sent. de 23-XII-2013; e.o.).
Por lo expresado, considero que corresponde rechazar el recurso y confirmar el fallo de la Cámara.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la segunda cuestión también por la negativa .
Costas a la recurrente (arts. 60, CCA -según ley 13.101- y 289, CPCC).
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Las actoras -en esencia- promovieron su pretensión en los términos del art. 12 inc. 4 de la ley 12.008 (texto según ley 13.101), agraviándose del sistema de retenciones automáticas y por adelantado que aplica la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) en todas las acreditaciones bancarias que estas realizan conforme el sistema SIRCREB.
II. La Cámara actuante, al revocar el pronunciamiento de primera instancia, admitió la excepción de falta de legitimación activa para obrar que dedujera el Fisco provincial respecto de la Asociación de Concesionarios citada.
Ello por cuanto no encontró que estatutariamente le fuese otorgada legitimación suficiente para representar los intereses individuales de sus asociados en este aspecto, ni que se hallara afectada por la peculiar modalidad que le era ajena.
III.1. Preliminarmente he de señalar que el reparo formal opuesto al progreso de la pretensión lo ha sido en los términos del art. 35 inc. 1 "g" de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
Tal obstáculo procesal permite obturar anticipadamente el pleito cuando la ausencia de legitimación activa surja de manera evidente o lo sea en forma manifiesta.
III.2. En ese orden de ideas, los arts. 2 y 3 inc. "b" del Estatuto Social agregado a fs. 17 señalan que la asociación "deberá" -en función de su objeto- velar por los intereses individuales y colectivos, representándolos en todos los asuntos inherentes a su actividad específica. A tal fin, se encuentra compelida ("recurrirá") a representar a sus asociados en la relación con los poderes públicos, en todo asunto de interés común.
III.3. Ajustando la perspectiva antedicha al contexto liminar del proceso, entiendo que no se verifica inicialmente con las notas de vivencia requeridas por el ritual la ausencia manifiesta de legitimación activa.
III.4. He de allí que el exhaustivo desarrollo fundante de la decisión en crisis luce prematuro en este estadio procesal.
IV. Por lo tanto, encontrándose el pleito en un estadio inicial, surgiendo ab initio de los estatutos de la Asociación coactora la autorización para representar a sus miembros y según los términos que conforman la pretensión -los cuales trascenderían el interés individual de cada asociado- entiendo que debe hacerse lugar al recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento, revocando la sentencia controvertida y desestimar la excepción articulada por el representante de la Fiscalía de Estado en los términos del art. 35 inc. 1 "g" de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289, C
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