Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74574
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.574, "Santos, Natalia Alejandra y ots. contra Municipalidad de Benito Juarez. Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata revocó parcialmente el pronunciamiento de primera instancia, admitiendo el recurso de apelación articulado por la Municipalidad de Benito Juárez contra la procedencia de la pretensión indemnizatoria en beneficio de la señora Mónica Graciela Fotia. También declaró oficiosamente la falta de legitimación de Natalia Alejandra Santos, Laura Vanesa Santos, Jorge Alejandro Santos y Sebastián Eduardo Santos para demandar al municipio y consecuentemente rechazó in totum la pretensión articulada en su contra. Asimismo, hizo lugar parcialmente a los agravios articulados por los actores reconociendo el daño psicológico en favor de ellos y desestimando los restantes (v. fs. 741/754).
Disconforme con dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 757/765), el que fue concedido a fs. 788/790 por la Cámara interviniente solo respecto de la coactora, señora Mónica Graciela Fotia.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 796) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1.a. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de Azul hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por Mónica Graciela Fotia, Natalia Alejandra Santos, Laura Vanesa Santos, Jorge Alejandro Santos y Sebastián Eduardo Santos contra la Municipalidad de Benito Juárez y el señor Marcelo Solá. En consecuencia, condenó a ambos a abonar el monto total de pesos trescientos cincuenta mil ($350.000), en virtud de diversos rubros indemnizatorios.
Para así decidir repasó las constancias probatorias existentes en autos (IPP n° 4.654/09; prueba pericial obrante a fs. 532/535, testimonial del señor D’Onofrio de fs. 527 -respuesta quinta-) y con tales elementos en mira tuvo por acreditado que el día 3 de agosto de 2009 el señor Marcelo Solá, chofer de un camión de la comuna codemandada, conducía el vehículo marca Dodge 800, dominio WGO 449, que se dirigía por la Ruta provincial n° 80 e invadió el carril contrario a su mano de circulación, embistiendo a la camioneta Toyota Hilux, dominio CKS 038, conducida -en dirección opuesta- por el señor Jorge Horacio Santos, también empleado de la comuna y fallecido en el accidente.
I.1.b Acreditada en los términos antedichos la mecánica del hecho, se adentró en el encuadre jurídico de la cuestión traída a debate, fincando la responsabilidad de la comuna de Benito Juárez y del codemandado Solá en las previsiones de los arts. 1.112 y 1.109 del Código Civil (entonces vigente) dejando de lado la invocación normativa del art. 1.113 del mismo ordenamiento que había sido propuesta por los demandantes en el escrito inaugural.
Entendió que la comisión antijurídica que deriva en la atribución de responsabilidad al municipio radica en la efectiva colisión de ambos vehículos, propiedad de la mencionada comuna, más el deficiente obrar de su dependiente coaccionado Marcelo Solá, respecto de quien extendió la responsabilidad en los términos del art. 1.109 del Código citado.
Consideró que en el caso se configuró una falta de servicio, en la cual estriba el factor de atribución en materia de responsabilidad extracontractual del Estado y concluyó que la asignación de responsabilidad recae en igual modo en cabeza de los codemandados: la Municipalidad de Benito Juárez y el señor Marcelo Solá.
En punto a la atribución de responsabilidad de los codemandados, estimó que en el obrar del agente municipal Solá se advirtió la configuración de una conducta encuadrable en las previsiones del art. 1.109 y, por ende, de una omisión ilegítima de la Municipalidad de Benito Juárez en los términos del art. 1.112. Encontró presente todos los presupuestos necesarios para endilgar responsabilidad a los codemandados por el evento dañoso del que resultara víctima fatal el señor Santos.
I.2.a. En relación con el resarcimiento del daño patrimonial reclamado puntualizó que lo que se debe indemnizar ante la muerte es el perjuicio económico que esa pérdida puede provocar en la familia, es decir el daño que se produce en el orden patrimonial, e influye en aquellos que dependían de la víctima. Fijó el quantum indemnizatorio a favor de la señora Fotia en la suma de pesos cien mil ($100.000) y lo desestimó respecto de los cuatro hijos, en tanto no encontró probanzas que dieran cuenta de que el padre los asistía económicamente (v. punto V.a, a fs. 619).
I.2.b. En punto al daño moral, reconoció a la señora Mónica Graciela Fotia, la suma de pesos treinta mil ($30.000), al coactor Sebastián Eduardo Santos la suma de pesos setenta mil ($70.000) y para los restantes coactores (Natalia, Laura y Jorge Santos) en la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) para cada uno.
I.2.c. Finalmente, desestimó el daño psíquico explicando que no constituye un rubro independiente, sino que resulta una especie dentro del daño patrimonial o moral y lo subsumió así en las cifras globales reconocidas a cada uno de los actores.
II. La Cámara del fuero interviniente, a su turno y en lo que al recurso extraordinario interpuesto interesa, admitió el recurso de apelación articulado por la Municipalidad de Benito Juárez y, en consecuencia, rechazó in totum la pretensión articulada en contra de la comuna.
Para así decidir, abordó la procedencia del rubro daño material en beneficio de la señora Mónica Graciela Fotia.
Recordó que los actores promovieron una pretensión indemnizatoria contra Marcelo Solá y la Municipalidad de Benito Juarez reclamando una suma de dinero, derivada del fallecimiento de Jorge Horacio Santos -esposo y padre de los demandantes- ocurrido por un accidente fatal a bordo de una camioneta mientras se encontraba desempeñando tareas como dependiente de la comuna mencionada y con base en ese hecho reclamaron el resarcimiento mencionado.
Señaló que la demandada denunció que la señora Fotia ya había percibido una indemnización por el evento luctuoso como consecuencia del reclamo oportunamente efectuado a "Provincia A.R.T.", ocasión en la que peticionó el reconocimiento de la totalidad de los rubros cuyo cobro persiguen los coactores a través del presente proceso.
Consideró que el juez de primera instancia abordó superficialmente el referido tema introducido por la accionada y si bien admitió que en el sub lite la percepción de la indemnización había quedado demostrada (conf. responde de Provincia Seguros, fs. 368), no encontró reparo suficiente para reconocer el derecho de los reclamantes al cobro de la indemnización (v. fs. 618 vta., último párr. y 619).
Entendió -a diferencia de lo postulado por el juez de grado- que tanto el reparo que la accionada opuso en la primera instancia a la procedencia de la indemnización por parte de la señora Fotia, como el que mantuvo en la Alzada, tenían entidad suficiente como para revertir el temperamento adoptado.
No albergó dudas acerca de que el objeto de la pretensión consistía en una reparación pecuniaria cuyo anclaje se encontraba en un evento dañoso (muerte por accidente) sufrido por un agente municipal; esto es, una indemnización por accidente de trabajo.
Destacó que si bien la dilucidación de tal objeto no presentaba mayores dificultades interpretativas, mal podría admitirse -como lo hizo el juez a quo - la procedencia de un reclamo en el fuero Contencioso Administrativo cuando ya existió -previamente- el reconocimiento y pago de una indemnización por la muerte de un empleado municipal acaecida en un accidente de trabajo a la luz de un ordenamiento específico (ley 24.557), tramitado en el fuero propio en la materia -laboral- (conf. art. 2 inc. "a", ley 11.653).
Señaló que ello aparece de las constancias de los autos "Fotia, Mónica Graciela c. Provincia A.R.T. S.A. s. accidente de trabajo", de donde surge que la mencionada coactora acordó con Provincia Seguros S.A. el pago de la suma de pesos doscientos cuarenta mil ($240.000,00) en concepto de las prestaciones dinerarias de los arts. 15, 18, 19 y 11 párr. 4 inc. "c" de la ley 24.557 (v. fs. 178/179, expte. del fuero laboral que corre por cuerda).
Consideró que, de la compulsa de las normas atinentes al caso, la reparación económica por la muerte del agente municipal Jorge Horacio Santos (acaecida como consecuencia de un accidente de trabajo) fue reconocida (en un todo conforme con lo prescripto en los arts. 18 inc. 2, ley 24.557 y 53 primer párrafo, inc. "c", ley 24.241) a la cónyuge del occiso, Mónica Graciela Fotia, logrando que el pago le sea abonado de una sola vez por lo que, reparado el infortunio laboral de conformidad con la legislación aplicable al momento del acuerdo, ninguna obligación pecuniaria derivada de ese hecho pervivió ni en favor de la nombrada -por haber percibido la indemnización contemplada por la ley 24.557- y renunciado a todo reclamo a la Municipalidad de Benito Juárez derivado del fallecimiento de Santos (v. fs. 178 vta. expte. del fuero laboral, cláusula sexta), ni tampoco en favor de los hijos pues, a tenor de la prelación establecida por el art. 53 de la ley 24.241, estos fueron desplazados en el cobro de la reparación del accidente de trabajo por quien era la legitimada legal con prevalencia para gozar de la compensación emergente de la ley 24.557.
III. Contra el mentado pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunciando la violación de los arts. 1.068, 1.078, 1.079, 1.084, 1.085, 1.109, 1.113 del Código Civil (ley 340, derogado); de la doctrina legal que surge de las normas de los arts. 39 de la ley 24.557 y 18 de la ley 24.241; y de la doctrina legal emanada de los fallos que cita (conf. fs. 757/765).
III.1. La impugnante sostiene que la Cámara incurrió en error y violación de la ley porque, al revocar el fallo de primera instancia que había hecho lugar a la demanda, subsumió su reclamo y el de sus hijos en las normas dimanantes de las leyes 24.241 y 24.557 que no resultan aplicables al caso y, como resultado de ello, no aplicó los arts. 1.068, 1.078, 1.079, 1.084, 1.085, 1.109, 1.113 del Código Civil (ley 340, vigente a la fecha de los hechos).
Aduce que el Tribunal de Alzada confundió el objeto de la pretensión resarcitoria ejercida en el presente proceso, con la incoada por la señora Fotia en sede laboral. Agrega que los hechos y el marco legal del presente proceso fueron consentidos por los codemandados y la citada en garantía, quienes solo han discutido el alcance de la indemnización (v. punto V.2. del recurso, a fs. 759 vta.).
III.2. Entiende que el a quo razonó en forma absurda ya que el vínculo jurídico, la causa y el objeto del presente proceso, resultan absolutamente ajenos a la relación de trabajo mantenida por la víctima con el municipio accionado, el que fue demandado en su condición de dueño (titular dominial) del vehículo agente activo del choque a resultas del cual se produjo su deceso.
Destaca que la sentencia recurrida mantiene la condena de primera instancia contra el conductor del camión, responsable subjetivo de los daños reclamados, con fundamento en normas de derecho común (arts. 1.085 y 1.109, Cód. Civ., entonces vigente) y absurdamente no lo hace respecto a la comuna codemandada.
III.3. Finalmente, denuncia que el fallo del Tribunal de Alzada ha violado la doctrina legal emanada de esta Corte en la causa "Barbieri Sergio Omar c. Municipalidad de Carmen de Areco s. Daños y Perjuicios" y acumulada "Corrao de Di Donato, Marta Ana y otros contra D Imperio, Hugo Eduardo y otros. Daños y Perjuicios", sentencia de 11-VII-2012.
III.4. Concluye que para el supuesto de juzgarse que el objeto de la acción es idéntico en el presente proceso y en el laboral, en el que la esposa de la víctima cobró la indemnización tarifada de la ley 24.557, como sostuvo la Cámara, debería declararse la inconstitucionalidad y consecuente aplicación errónea al caso de los arts. 39 de la citada norma y 18 de la ley 24.241 -ello conforme la doctrina legal que denunció como violada (v. punto IV.4., a fs. 258)-.
IV. El recurso interpuesto debe prosperar.
IV.1. Preliminarmente, he de destacar que la pretensión indemnizatoria promovida en autos se encuentra regulada en el art. 12 inc. 3 de ley 12.008, para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, en este caso, por la omisión en el ejercicio de funciones administrativas (con. art. 1 Cód. cit.). Esta premisa se complementa asimismo con lo establecido por el art. 2, inc. 4 de la misma ley, que determina la competencia del fuero para las pretensiones que "...versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada por la actividad lícita o ilícita de la Provincia, los Municipios y los entes públicos estatales previstos en el artículo 1°, regidas por el derecho público, aun cuando se invocaren o aplicaren por analogía normas del derecho privado".
Mediante esta pretensión se busca obtener la reparación de los daños y perjuicios causados por la actividad o inactividad estatal y se funda en el deber de reparar ( alterum non laedere ) que deriva de la responsabilidad patrimonial, sea por acción u omisión ilícita.
En la presente, la señora Fotia pretende la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a raíz del deceso del señor Santos -quien en el momento de ese hecho era empleado del municipio demandado-, ocasionados en un accidente de tránsito protagonizado también por otro empleado de la misma comuna (señor Solá) quien manejaba un vehículo propiedad de la Municipalidad de Benito Juárez.
La competencia atribuida al Fuero Contencioso Administrativo por la Constitución provincial en la cláusula general consagrada en el art. 166 párrafo 5 y en el art. 1 del Código Contencioso Administrativo, fue resuelta por el juez de primera instancia a fs. 74/77vta. y a ella se ajustó la parte actora cuando readecuó la demanda (v. fs. 82/92).
IV.2. Sentado ello, conforme surge de los antecedentes reseñados, la cuestión a resolver se ciñe en determinar la procedencia del reclamo del rubro indemnizatorio, en concepto de daño material, efectuado por la coactora, señora Mónica Graciela Fotia, cuando ésta ya ha percibido la otorgada por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
En tal sentido, he de abordar el agravio formulado por la recurrente respecto a la aplicación -efectuada por el tribunal- del art. 39.1 de la ley 24.557.
IV.3. En los precedentes L. 80.735, "Abaca", sentencia de 7-III-2005; L. 81.826, "Yaman" y L. 87.394, "V. de C., M.C."; ambas sentencias de 11-V-2005 (aunque no tuve oportunidad de participar, no puedo sino estar de acuerdo con la postura que en ellos se refleja), se indicó el iter recorrido por la jurisprudencia tanto de esta Suprema Corte como de la Corte Suprema nacional en torno a la validez constitucional de la cuestionada norma señalada, por lo que me remito a lo allí manifestado, por razones de brevedad.
Ahora bien, en los pronunciamientos citados, este Tribunal definió dos líneas de análisis para abordar la problemática constitucional que encierra el precepto impugnado (causa C. 113.808, "Barbieri", sent. de 11-VII-2012).
La primera se vincula con la etapa procesal en la que corresponde efectuar el contralor constitucional, la cual es, indudablemente, el dictado de la sentencia, cuya revisión en esta instancia extraordinaria propone la recurrente, a raíz -en lo que aquí interesa- de la improcedencia del rubro indemnizatorio decidido por la Cámara con fundamento en la norma cuestionada (art. 39.1, ley 24.557).
La segunda se refiere a las pautas que deben evaluar los magistrados al momento de efectuar el aludido control. En este orden, esta Corte ha señalado que, ante la necesidad de comprobar en cada caso concreto si la norma del art. 39.1 de la ley 24.557 resulta o no compatible con la garantía consagrada en el art. 19 de la Constitución nacional que prohíbe dañar los derechos de un tercero, corresponde admitir -según lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa A.2652.XXXVIII, "Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A." (sent. de 21-IX-2004) que el parámetro o cotejo que debe utilizarse para verificar si las prestaciones previstas por la ley especial reparan adecuadamente el daño sufrido por la víctima lo configura la extensión del resarcimiento al que esta última accedería en el marco del régimen común de responsabilidad civil emergente por aplicación de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (conf. causas cit. L. 87.394 y L. 81.826, ambas sents. de 11-V-2005; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008; L. 86.771, "Otranto de Montenegro", sent. de 24-VIII-2005 y L. 97.042, "Vega", sent. de 21-II-2013; todas ellas además -junto a "Barbieri" también cit.-, fueron invocadas por la recurrente a fs. 763/764 para sustentar su denuncia de violación de doctrina legal).
Al respecto, menester es recordar que en el precedente "Aquino" de la Corte nacional, sobre cuya base hubo de elaborarse la doctrina legal de este Tribunal sentada en las causas citadas, se expresó que uno de los factores que habilitaban la descalificación constitucional del art. 39 de la ley 24.557 residía, precisamente, en la circunstancia de que dicha normativa no admite la reparación por ningún otro daño que no sea la pérdida de la capacidad de ganancias del trabajador, la cual, a su vez, resulta conmensurable de manera restringida (conf. cons. 6° del voto de los doctores Zaffaroni y Petracchi; cons. 9° del voto de los doctores Belluscio y Maqueda; cons. 11° del voto de la doctora Highton de Nolasco; cons. 4° del voto del doctor Boggiano, en el citado caso "Aquino").
Para más el Tribunal de Alzada, al resolver los agravios vertidos por el municipio demandado desconoció que, en lo referente a la alegada improcedencia de reclamar una nueva indemnización cuando ya se percibió la otorgada por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Llosco" ha decidido que el trabajador se encuentra habilitado para percibir la indemnización tarifada y, a la vez, perseguir la reparación que considere pertinente por la vía civil y, en ese caso, esta última alcanzará los daños que excedan la tarifa fijada por la ley especial (conf. causa "Barbieri", cit.).
V. Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto solo a favor de la coactora Mónica Graciela Fotia y, en consecuencia, remitir la causa a la Cámara a los fines que se expida, de acuerdo a las pautas que surgen de los considerandos que preceden, sobre los agravios esgrimidos contra la sentencia de primera instancia respecto al rechazo de la citación en garantía de Nativa Compañía Argentina de Seguros S.A., así como los cuestionamientos contra el reconocimiento y quantum del rubro indemnizatorio en el presente analizado, referido a la nombrada coactora –ver considerando 1.6, a fs. 748 vta.- (art. 289 inc. 2, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Las costas en todas las instancias se distribuyen en partes iguales, en atención a las particularidades del caso y la forma en que se revuelven las cuestiones (arts. 51 inc. 1 seg. párr., CCA; 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 se
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.