Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76171
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.171, "Balalva S.A. contra Municipalidad de Pergamino sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Torres, de Lázzari .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Pergamino y, en consecuencia, confirmó la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda (v. sent. de fecha 26-VIII-2019).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3-IX-2019 02:02:39 p.m.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 9-IX-2019.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Balalva S.A. promovió demanda contra la Municipalidad de Pergamino pretendiendo la anulación de las resoluciones 589/13 y 1.105/13, dictadas por la Secretaría de Economía y Hacienda de la referida comuna, por cuanto se inscribe de oficio en la tasa por inspección de seguridad e higiene a la empresa mencionada y se la intima a regularizar la situación impositiva bajo apercibimiento de aplicar el procedimiento del art. 92 de la ordenanza fiscal comunal u otro de determinación de deuda que dicha norma estipule, desde la fecha de inicio de actividad, además de imponer una multa por infracción a los deberes formales de diez (10) módulos.
Adujo que el domicilio social de la firma actora es en la calle Jujuy n° 2.074 de Pergamino y el funcionamiento del establecimiento o centro de operaciones comerciales se sitúa en calle Marta del Carril entre S. Culaso y L. Saavedra de Rafael Obligado, partido de Rojas, provincia de Buenos Aires, como lo acredita con la copia autenticada del certificado de habilitación de fecha 24 de junio de 2004 expedido por la Municipalidad de Rojas. Planteó que el domicilio indicado como social en la ciudad de Pergamino corresponde a la casa de familia de la presidente de la sociedad actora, señora Miriam Graciela Álvarez.
II. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 de Pergamino hizo lugar a la demanda interpuesta por la firma Balalva S.A. y, en consecuencia, declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas, referidas a la determinación, fijación y percepción de la tasa por inspección de seguridad e higiene de dicha empresa por los períodos fiscales allí determinados (ver sentencia de fecha 15-III-2019).
Para así decidir, consideró que no se demostró en autos la existencia de una actividad desarrollada en el domicilio fiscal de la actora, pasible de ser incluida en los términos del referido tributo. Es decir, que no se acreditó ninguna actividad de la empresa demandante en el ámbito de la Municipalidad de Pergamino, que permitiese llevar a cabo por parte de dicha Comuna "...servicios de inspección, control y reglamentación, destinados a preservar la seguridad, salubridad, higiene y conservación del medio ambiente...", atento la inexistencia de "...ámbitos y/o instalaciones (locales, establecimientos, oficinas, depósitos, unidades habitacionales, dependencias de cualquier tipo afectadas total o parcialmente a actividades vinculadas con la explotación económica del sujeto pasivo) destinadas a ejercer actividades comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, locación de bienes y servicios, locación de obras, actividades de servicios y otras asimilables a tales...".
III. La Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia (v. pronunciamiento de fecha 26-VIII-2019).
III.1. Señaló que de las actuaciones administrativas y procesales surge que el contribuyente declaró dos actividades en el Impuesto sobre Ingresos Brutos (v. fs. 71) y tres ante la AFIP (v. fs. 61), correspondientes a servicios de cosecha mecánica y servicios de transporte de mercaderías a granel, incluido el transporte por camión cisterna.
Agregó que a fs. 46 obra certificado de habilitación otorgado por la Municipalidad de Rojas a Balalva S.A. en el domicilio Marta del Carril entre S. Culaso y L. Saavedra de Rafael Obligado, en el que se declaran las siguientes actividades: servicio de transporte de mercaderías a granel, incluido el transporte por camión cisterna; servicio de cosecha mecánica; cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas N.C.P.
Destacó que la empresa actora a fs. 1 del expediente administrativo C-5216/13 declaró que "... desarrolla actividad agropecuaria, con inmueble propio y arrendado, además realiza fletes de larga distancia con un camión de su propiedad que se guarda en el inmueble rural de la firma, sito en Rafael Obligado, Partido de Rojas".
III.2. El Tribunal de Alzada, con base en dichos elementos probatorios, consideró que, ni por la actividad, ni por el lugar donde esta se lleva a cabo, corresponde la inscripción en la tasa por inspección de seguridad e higiene, como se expone en la cédula de intimación impugnada.
Aclaró que la dirección de la calle Jujuy nº 2.074 de Pergamino, corresponde al domicilio particular de la presidente de la firma actora y que lo es, solamente, a los efectos de constituir un domicilio legal, pudiéndose constatar que es una vivienda familiar.
III.3. Por otra parte, refirió que la Municipalidad demandada fundó su postura en la condición del domicilio de calle Jujuy n° 2.074 de Pergamino, el que ha sido declarado como fiscal tanto ante la AFIP (v. fs. 61) como ante ARBA (v. fs. 72). También señaló que el Fisco denunció que figura una leyenda en consulta informática "Datos domicilio donde desarrolla actividades" y luego se consigna la misma dirección de la ciudad de Pergamino.
La Cámara entendió que, al realizar la intimación, el Municipio actuó con lógicas expectativas de detectar un presunto contribuyente de la Tasa de Seguridad e Higiene, cuestión que motivó la impugnación de la aquí actora, al presentar el recurso que originara la formación del expediente administrativo C-5216/13.
Ponderó que, a partir de allí, no se realizó ninguna tarea destinada a constatar o requerir al contribuyente elementos para desbaratar su posición ante una tasa que es de característica autodeclarada, debiendo el Fisco utilizar sus potestades de fiscalización y verificación para modificar lo informado por el contribuyente.
Dejó a salvo la prerrogativa prevista en el art. 92 de la ordenanza fiscal e impositiva del año 2013 -aplicable al sub lite - que establece un mecanismo de inscripción de oficio y cuantificación de un pago presuntivo a cuenta. Destacó la Cámara que, no obstante lo expuesto, en el caso, el contribuyente se manifestó alegando otra realidad, que ofreció constatar en su escrito impugnativo, lo que no se llevó a cabo en el procedimiento administrativo pero sí en esta causa judicial, a través de la inspección ocular llevada adelante por el juez de grado, tal como se puede visualizar en el acta obrante a fs. 95 de autos, donde el aludido magistrado constató que el inmueble de la calle Jujuy nº 2.074 de Pergamino está destinado solamente al uso familiar, no evidenciándose ningún otro tipo de actividad.
III.4. Señaló que actualmente se encuentra superada la discusión relativa a la presencia o no de local habilitado o susceptible de habilitarse para exigir la Tasa de Seguridad e Higiene, a partir de la modificación del inc. 17 del art. 226 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, norma que prevé, entre otros recursos, al gravamen de "inscripción e inspección de seguridad, salubridad e higiene en establecimientos u oficinas, en los que se desarrolle actividades comerciales, industriales, servicios, científicas y toda otra actividad, cuando exista local, establecimiento y/u oficina habilitado o susceptible de ser habilitado, situado dentro del ejido del Municipio" (conf. causa A. 72.480, "Petersen", sent. de 15-III-2017).
Consideró que para que el local sea "susceptible de habilitación", en él debe desarrollarse, en todo o en parte, la actividad declarada. De esta manera puede justificarse la posible o efectiva prestación de un servicio de verificación de condiciones de seguridad e higiene.
Concluyó que, en el caso, se ha demostrado que el domicilio legal y fiscal de Balalva S.A. no se corresponde con el lugar donde se desarrolla la actividad productiva, comercial o administrativa de la firma, ya que -de acuerdo con la constatación- allí funciona una vivienda de familia, lo que resulta suficiente para hacer lugar a la pretensión anulatoria articulada por la parte actora respecto de las resoluciones impugnadas.
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Municipalidad demandada denuncia la errónea aplicación de los arts. 85 de la ordenanza fiscal de Pergamino y 51 del Código Contencioso Administrativo. También acusa la violación de la doctrina legal emergente de la causa A. 72.480, "Petersen", sentencia de 15-IV-2017.
IV.1. Aduce que la Cámara efectúa una aplicación errónea de la aludida norma municipal que establece la tasa por inspección de seguridad e higiene y delimita la configuración de la territorialidad en la Municipalidad de Pergamino, a los efectos del hecho imponible previsto en dicha ordenanza.
Entiende que el Tribunal de Alzada interpreta arbitraria y parcialmente la norma local. Arguye que, no obstante que ésta prevé a una unidad habitacional como posible lugar vinculado con la actividad comercial y que puede hacer de sustento territorial de la tasa, los magistrados se apartan infundadamente de la letra de la ley y consideran que por ser una unidad habitacional (casa habitación) no hay desempeño comercial.
Señala que es lógico que las actividades que denuncia la actora (servicio de cosecha mecánica y de transporte de mercaderías a granel, incluido por camión cisterna), no se desarrollan en la casa de Jujuy n° 2.074 de Pergamino, aunque es incuestionable la vinculación que esa unidad habitacional tiene con aquellas.
Al respecto, reitera el argumento, que se trata de la sede social que se identifica con el asiento principal de sus negocios y allí funcionan sus órganos de gobierno, debe guardar sus libros y llevar la gestión social de la administración.
Por ello, concluye, la sentencia impugnada incurre en la inaplicabilidad de la ley por cuanto la norma local prevé el doble destino de la unidad habitacional y el decisorio no lo contempla.
IV.2. Por otra parte, arguye que la Cámara vulneró la doctrina de este Tribunal emergente de la causa A. 72.480, "Petersen", sentencia de 15-III-2017.
Señala que en el citado precedente la empresa actora cuestionó la configuración del hecho imponible de la tasa por inspección de seguridad e higiene prevista en la ordenanza municipal de Vicente López y fundó su posición en que el depósito que poseía en dicha jurisdicción no era un lugar donde se comercializaran mercaderías ni se desarrollaran las operaciones del giro comercial de la empresa.
Destaca que esta Suprema Corte, con acertado criterio, entendió que un depósito daba lugar al sustento territorial que se necesitaba para la configuración del hecho imponible y que, si bien éste, no es un espacio donde se pueda ejercer una determinada actividad económica, sirve para la guarda de materiales de construcción, lo que demostraba la conexión con aquella.
Arguye que en el caso de autos la vinculación con el giro comercial se la asignaron voluntariamente los miembros de la empresa actora al fijar la sede social en el domicilio de Jujuy n° 2.074 de Pergamino, con todas las implicancias que esa decisión conlleva.
Agrega que, para una pyme, ésta puede bastar con una oficina y un administrador, lugar que puede ser el centro efectivo de decisiones. Situación que contempló la doctrina legal que no sujeta la vinculación comercial a la venta de mercadería o la prestación de un servicio en el depósito/local, como también lo contempla la norma municipal; regla que los jueces intervinientes en la causa no comprendieron y por eso erraron en sus decisiones.
IV.3. Por último, se agravia de la imposición de costas a su cargo.
Luego de transcribir el art. 51 del Código Contencioso Administrativo, texto según ley 14.437, arguye que no hubo temeridad en la defensa, sino la convicción de que su postura se asienta en las disposiciones legales que rigen la materia.
Señala que el ente local actuó respetando estrictamente el procedimiento de determinación de deuda reglado por la ordenanza fiscal e impositiva municipal y, por ello, resulta irracional imponer íntegramente las costas del proceso a su parte. Por lo que, eventualmente, en caso de confirmar el fallo de la Cámara solicita que se revierta la imposición de costas.
V. El recurso no prospera (arts. 279 y 289, CPCC).
V.1. Advierto que mediante la denuncia de errónea interpretación del art. 85 de la ordenanza de la Municipalidad de Pergamino del año 2013, la recurrente sostiene que la Cámara se aparta infundadamente de la letra de la ley. Por un lado, afirma que no obstante que la norma prevé como posible lugar relacionado con la actividad comercial a una unidad habitacional y que ésta puede ser sustento territorial de la tasa por inspección de seguridad e higiene, los magistrados consideraron que por ser tal, no hay actividad comercial. Por otro lado, acusa que el tribunal no consideró que en el domicilio de la calle Jujuy n° 2.074 de la referida comuna la firma actora desarrolla una actividad administrativa vinculada con el giro comercial de la empresa, en tanto se trata de la sede social que se identifica con el asiento principal de sus negocios.
Empero, estos aspectos en debate resultan, por regla, extraños a la competencia del Tribunal en tanto se trata de cuestiones fácticas (conf. doctr. causas A. 70.978, "Magadam", sent. de 8-V-2019 y A. 74. 467, "Gagliero", sent. de 28-XI-2018; e.o) y la recurrente no ha denunciado, mucho menos acreditado, el absurdo acerca de la ponderación de los elementos de prueba efectuada por el Tribunal de Alzada. Asimismo, ha omitido atacar de modo directo y eficaz las premisas y conclusiones que dan sustento a la solución en crisis. Veamos.
V.1.a. La Cámara analizó la prueba producida en autos, llegando a la conclusión de que el domicilio legal y fiscal de Balalva S.A. -fijado en la calle Jujuy n° 2.074 de Pergamino- no se corresponde con el lugar donde la firma actora desarrolla la actividad productiva, comercial o administrativa y, por ello, no procede la inscripción en la tasa por inspección de seguridad e higiene como se exige en la cédula de intimación.
En particular, tuvo en cuenta que en la mencionada dirección la empresa constituyó un domicilio sólo a los efectos legales y que, mediante la inspección ocular llevada adelante por el magistrado de grado, se constató que el referido inmueble está destinado solamente al uso familiar de la presidenta de la sociedad actora, no evidenciándose ningún otro tipo de actividad (comercial, industrial o administrativa).
V.1.b. Tal aspecto se revela como típica cuestión de hecho, propia de los jueces de mérito, la que -como antes señalé-, por regla, se halla exenta de control por vía del recurso extraordinario salvo que se invoque y se demuestre el absurdo (conf. doctr. causas A. 70.932, "Guardiola", sent. de 4-V-2016; A. 73.672, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 13-III-2019 y A. 74.470, "Agco Arg. S.A.", sent. de 11-IX-2019; e.o.).
El señalado vicio, que habilita la revisión de la valoración de los hechos y la prueba efectuada por los tribunales inferiores, exige la demostración del error grave, grosero y fundamental cristalizado en una conclusión incoherente y contradictoria en su aspecto lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. doctr. causas A. 74.433, "Clair", sent. de 8-V-2019; A. 75.455, "Colturi", sent. de 26-XII-2019 y A. 74.603, "Bingos Platenses S.A.", sent. de 19-VIII-2020; e.o.).
En sus fundamentos la recurrente no denuncia absurdo, ni abastece tal carga impugnatoria en los términos antedichos, lo que sella la suerte adversa del agravio (art. 279, CPCC).
V.1.c. Por otra parte, de la lectura del fallo recurrido se advierte que el Tribunal de Alzada valoró expresamente que en el domicilio legal y fiscal de Balalva S.A. no se desarrolla actividad productiva, comercial o administrativa de la firma. La recurrente, lejos de controvertir la decisión del a quo , se limita a argumentar en paralelo, perdiendo de vista las razones que se expusieran por la sentencia impugnada, reiterando consideraciones anteriormente formuladas y que tuvieron respuesta en el pronunciamiento atacado.
Sobre el punto, esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible de una adecuada fundamentación la impugnación concreta, directa y eficaz a las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causas A. 71.152, "Formoso", sent. de 12-IX-2013; A. 72.950, "Gomez", sent. de 22-XI-2017 y A. 74.262, "Capomaggi", sent. de 13-III-2019; e.o.).
Asimismo, ha expresado que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer el propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron desechadas por el juzgador y cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas (conf. doctr. causas A. 72.350, "Ojeda", sent. de 21-X-2015; A. 73.816, "Moyano", sent. de 21-II-2018; A. 73.111, "Caldas", sent. de 28-II-2018 y A. 74.757, "Lucio", sent. de 21-XI-2018; e.o.).
V.2. Tampoco es de recibo el agravio referido a la violación de la doctrina legal de este Tribunal que la recurrente intenta fundar con la trascripción de las conclusiones emergentes del precedente de esta Suprema Corte A. 72.480, "Petersen", sentencia de 15-III-2017, por diferir sustancialmente las cuestiones fácticas y jurídicas entre aquel y el sub lite (confr. causas A. 74.916, "Fernandez", sent. de 29-V-2019; A. 74.738, "Guidotti", sent. de 28-VIII-2019 y A. 74.603, "Bingos Platenses S.A.", sent. de 19-VIII-2020; e.o.).
En particular, porque en el aludido caso se comprobó, en el ámbito de la Municipalidad de Vicente López, la existencia de un depósito vinculado con el giro comercial de la firma actora y, en el presente, se constató que el domicilio de la calle Jujuy n° 2.074 de Pergamino corresponde a un inmueble destinado solamente al uso familiar de la presidenta de la sociedad accionante.
V.3. Por último, este Tribunal tiene dicho que la imposición y distribución de las costas es una típica cuestión de hecho, facultad privativa de los jueces de grado y como tal irrevisable en sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo, esto es, que se haya alterado burdamente el carácter de vencido o exista inequidad manifiesta en el criterio de distribución (art. 279, CPCC; doctr. causas A. 75.641, "Ibarguren", sent. de 28-VIII-2019; A. 71.785, "Fisco", sent. de 14-VIII-2019 y A. 74.934, "Super Merced S.A.", sent. de 29-V-2019; e.o), vicios que no han sido patentizados en autos.
Los indicados extremos no se verifican en la especie, desde que la recurrente exterioriza una mera disconformidad en orden
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