Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120753
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.753, "Lovera, Luis Oscar contra Galeno ART S.A. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, de Lázzari, Pettigiani, Torres.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la aseguradora de riesgos del trabajo en su condición de vencida (v. fs. 133/142).
Se dedujeron por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 150/156 y 163/174 vta.). El primero de ellos fue concedido a fs. 178 y vta. y el segundo, denegado por el juzgador (v. fs. 179/180), fue admitido por esta Suprema Corte a fs. 238/239 vta., previa deducción de la queja respectiva (v. fs. 229/232 vta.; art. 292, CPCC).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada a fs. 163/174 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el incoado por la parte actora a fs. 150/156?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la demanda que el señor Luis Oscar Lovera promovió contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y, en consecuencia, condenó a esta última al pago de diferencias derivadas del resarcimiento tarifado previsto en el régimen especial que juzgó aplicable (arts. 14 apdo. 2 inc. "b", ley 24.557; ley 26.773 y resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16; v. fs. 133/142).
En lo que interesa, tras declarar la cuestión como de puro derecho, el sentenciante juzgó acreditado -por no ser materia de controversia- que el 30 de mayo de 2008 el señor Lovera sufrió un accidente laboral que -conforme el dictamen de la Comisión Médica interviniente- le provocó una incapacidad del 25% del índice de la total obrera, en relación al cual la aseguradora de riesgos del trabajo le abonó la suma de $27.772,73 en el mes de noviembre de 2009. Destacó asimismo que el actor apeló dicho dictamen, estableciéndose en las actuaciones "Lovera, Luis Oscar c/ Mapfre ART S.A. s/ apelación de resolución administrativa" -de trámite ante el mismo tribunal- que el trabajador es portador de una incapacidad del 58,5% del índice de la total obrera, imputable al siniestro indicado (v. sent., fs. 133 vta. y 134).
Con el objeto de justificar su decisión de aplicar al caso el régimen legal previsto en la ley 26.773, declaró la inconstitucionalidad de su art. 17 apartado 5.
Para ello, remitiéndose a lo ya expresado por el propio órgano juzgador en causas anteriores -y con cita de diversos autores-, señaló que los efectos no producidos de las relaciones jurídicas deben quedar regidos siempre por la nueva ley, por lo que no puede considerarse retroactiva ni violatoria del derecho de propiedad la aplicación de una normativa que gobierna los efectos futuros de una situación preexistente. Luego, puntualizó, en tanto la consecuencia no consumada del hecho dañoso es el pago de la indemnización, sólo éste puede quitar virtualidad a la norma que rige al momento de determinar la cuantía de aquella (v. fs. 134/135).
Explicó que dicha solución encuentra respaldo tanto en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos "Camusso" y "Gómez de Vélez") donde se resolvió que el criterio para dilucidar la aplicación de la nueva legislación es discriminar según que el deudor haya cumplido o no con la obligación debida, cuanto por la doctrina legal de esta Corte (causa Ac. 50.610, "Quiroga Moss", sent. de 25-II-1997), por imperio de la cual no debe confundirse el concepto de aplicación inmediata de la ley con el de su aplicación retroactiva (v. fs. 135 y vta.).
Sostuvo que aplicar las sucesivas reformas introducidas a la ley 24.557 a infortunios acaecidos bajo la esfera temporal de la ley anterior, pero que a la actualidad no hayan sido resarcidos íntegramente, no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras de riesgos del trabajo, sino que protege a los trabajadores, que no han visto satisfechos sus créditos oportunamente y han debido recorrer un proceso judicial durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas, reconociendo la nueva legislación la exigüidad del régimen original, por lo que no cabe castigar a los obreros otorgándoles una prestación depreciada al momento de percibirla, conclusión que haya respaldo en el principio de progresividad (art. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.), máxime cuando dichas aseguradoras cobran sus alícuotas sobre la base de salarios actualizados, pagando prestaciones desvalorizadas (v. fs. 135 vta.).
Remarcó, entonces, que la nueva ley 26.773 debe aplicarse a las contingencias acaecidas -aun con anterioridad- que a la fecha del decisorio se encuentran, como ocurre en el caso, incumplidas (v. fs. 136).
En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la citada ley 26.773, toda vez que -adujo- esa decisión era la que se adaptaba con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular, hallándose en sintonía con el principio de progresividad, sin que se vean afectados los principios de congruencia y debido proceso. Ello, toda vez que la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada ejerció sin restricciones su derecho de defensa, articuló todas las excepciones o defensas que estimó convenientes, sin que el pronunciamiento la coloque en una situación de responsabilidad extra sistémica, ni la obligue más allá de las prestaciones previstas por la ley 24.557 y sus modificatorias (v. fs. 136 y vta.).
Consideró -entonces- que de acuerdo a la fórmula matemática establecida por el art. 14 apartado 2 de la ley 24.557 y la resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16, el piso mínimo de cálculo $1.090.945 multiplicado por el porcentaje de incapacidad (58,5%), ascendía a $638.202,82, importe que hubo de incrementar con el 20% adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773 ($127.640,56). Finalmente, a dicha sumatoria, le descontó $27.772,73, percibidos por el trabajador en noviembre de 2009.
Dispuso, además -por mayoría-, que a la suma resultante de $738.070,66 debía agregársele el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) vigente entre el 1 de enero de 2010 (344,73) y el último publicado (-agosto de 2016- 2.196,53), arribando así a un capital de $4.701.510,10 (v. fs. 136 vta./137 vta.).
Precisó, también, que correspondía aditar la prestación adicional de pago único prevista en el art. 11 inc. "a" de la ley 24.557, que conforme la resolución 387/16 ascendía a $484.865 (v. fs. 137 vta.).
Seguidamente, aplicó intereses desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 137 in fine ).
Por último, y toda vez que la solución adoptada resultaba contraria a la doctrina legal que esta Suprema Corte sentara en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), expuso las razones que entendió justificaban su apartamiento (v. fs. 138/139 vta.).
II. La accionada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad en el que denuncia la violación de los arts. 9 y 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 8 incs. "a", "b" y "c" y 22 de la ley 9.688 (t.o. ley 23.643); 44 inc. "e", 47 y 65 del decreto 7.718/71; 330, 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; resolución 7/89 del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil, y de doctrina legal que cita (v. fs. 163/174 vta.)
Expone los siguientes agravios:
II.1. Cuestiona la decisión de origen de aplicar al caso la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16. En tal sentido destaca que la referida resolución se aplica únicamente a los siniestros comprendidos entre el día 1 de septiembre de 2016 y 28 de febrero de 2017 (v. rec., fs. 166).
II.2. Objeta, asimismo, la constitucionalidad y procedencia de la indemnización adicional de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773 por entender que sólo debe ser aplicada en el caso en que el trabajador escoja la vía administrativa (v. rec., fs. 166 vta.).
II.3. Se agravia de la aplicación retroactiva de la ley 26.773, en tanto el infortunio ocurrió con anterioridad a la entrada en vigencia del referido dispositivo. Plantea que -por el contrario- el presente caso cae bajo el ámbito de aplicación de la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09.
En este camino, señala que el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 establece la entrada en vigencia del mencionado cuerpo legal a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, aplicándose a las contingencias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de dicha fecha, es decir, el 26 de octubre de 2012. Manifiesta que, por su lado, el art. 17 apartado 6 complementa el apartado anterior, al establecer el mecanismo de ajuste para las prestaciones por incapacidad permanente que se deban abonar cuando las manifestaciones invalidantes surjan a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma.
Asimismo, resalta -de modo subsidiario- que el mentado índice RIPTE únicamente se aplica a las compensaciones de pago único previstas en el art. 11 de la ley 24.557 y a los "pisos" del decreto 1.694/09 que rigieron desde el 1 de enero de 2010 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773, y no sobre el resultado de "fórmulas".
Por último, denuncia que el pronunciamiento de grado vulnera lo dispuesto por la Corte Federal en el precedente "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016) y la doctrina legal de este Tribunal asentada a partir de la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016; v. fs. 166 vta./172 vta.).
II.4. Postula que el sentenciante descontó erróneamente la suma oportunamente abonada por la aseguradora. Ello pues, en lugar de deducirla del resultado del importe calculado conforme lo previsto por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, lo hizo respecto del capital "actualizado" por RIPTE con más el adicional del art. 3 de la ley 26.773, importando ello un enriquecimiento sin causa del actor (v. rec., fs. 173 y vta.).
II.5. Finalmente, señala que la aplicación de una actualización sobre una suma ya actualizada por el índice RIPTE, a cuyo resultado total se adicionan intereses "desde la fecha del hecho", importa una multiplicidad de actualizaciones que vulnera garantías constitucionales y su derecho de propiedad (v. rec., fs. 173 vta. y 174).
III. El recurso prospera con los siguientes alcances.
III.1. Liminarmente, dable es advertir que la secretaria del tribunal de origen no rubricó la sentencia (v. fs. 141 vta.), ni la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 142).
Ahora bien, aun cuando la ausencia de firma de la Actuaria en dicho acto procesal -omisión que se reitera en los acuerdos por el que se examinaron los recaudos tendientes a conceder los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deducidos por cada una de las partes (v. fs. 178 y vta. y 179/180), tampoco registrados-, constituyen falencias de forma (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009); no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento.
III.2. Puntualizado ello, y alterando el orden en el tratamiento de los agravios por razones de conveniencia metodológica, merece favorable recepción el embate que trae la interesada contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
III.2.a. En primer lugar, debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia. Ello pues, si bien no se me escapa que la recurrente no formula una crítica expresa respecto de la temática, lo cierto es que por conducto de esa decisión el sentenciante dispuso la aplicación al caso de las disposiciones de dicho cuerpo legal.
Al respecto, en virtud de las consideraciones que expuse al emitir mi voto en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), a las que -por razones de brevedad- me remito, corresponde dejar sin efecto este aspecto del fallo.
III.2.b. Luego, y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia juzgó el caso, considero que la crítica dirigida a controvertir la aplicación de la citada ley 26.773 debe prosperar, en razón de la doctrina legal sentada -por mayoría- a partir del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
Se sostuvo en aquella oportunidad que en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009).
Desde esa perspectiva, resulta indudable que la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 118.202, "B. T., E. y otros", sent. de 8-II-2017; L. 120.345, "Barroso" y L. 121.346, "Astrada", resols. de 6-XII-2017).
Atento lo señalado, y teniendo en cuenta que, a la fecha en que se produjo el infortunio (30 de mayo de 2008), la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón al recurrente en cuanto postula que dicho dispositivo no resulta aplicable al caso -en tanto el infortunio acaeció durante la vigencia del decreto 1.278/00-, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso ajustar, con apoyo en ella, el importe de la prestación dineraria prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo.
III.3. La solución que se propicia en el apartado que precede, torna inoficioso el tratamiento del planteo vinculado con la aplicación de la resolución 387-E/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; -y del art. 3 de la ley 26.773-; así como del agravio dirigido a discutir el modo en que el tribunal descontó la suma abonada por la accionada en sede administrativa. Ello, desde que -es sabido- no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009 y L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011).
III.4. Por otra parte, en el marco de la propuesta decisoria, también ha perdido virtualidad el abordaje de la denuncia que formula el recurrente en relación con una presunta doble actualización del importe de condena.
III.5. Finalmente, atento el señalamiento formulado en el punto III.1., y teniendo en cuenta las reiteradas irregularidades que esta Corte viene advirtiendo en diferentes causas del Tribunal de Trabajo de Junín (a saber: L. 120.274, "Calderón", resol. de 8-III-2017; L. 120.955, "Biset", resol. de 31-V-2017; L. 121.043, "Figueroa", resol. de 27-XII-2017; L. 119.312, "Ponce"; L. 119.635, "Milla" y L. 119.305, "Díaz", sents. de 11-IV-2018; por citar sólo algunas), considero necesario e impostergable exhortar nuevamente a los señores jueces al mayor esmero en el cumplimiento de las obligaciones que el ejercicio de su cargo les impone y recomendarles el dedicado apego a la letra y espíritu de las disposiciones fundamentales para su eficaz desempeño.
A ello debe sumarse -como ha puesto de relieve el doctor de Lázzari en otras oportunidades- el evidente desapego de los jueces del tribunal interviniente a la doctrina legal actualmente vigente de esta Suprema Corte, cuyo acatamiento -vale recordar- responde a la necesidad de mantener, conforme una de las facetas de la télesis de la casación, la uniformidad de la jurisprudencia, viéndose frustrada tal finalidad frente a decisiones que se apartan del criterio sentado por esta Corte, con el consecuente dispendio de actividad jurisdiccional y tiempo para las partes litigantes que reclaman justicia (arts. 34 apdo. 5 inc. "e", CPCC; 63, ley 11.653 y 15, Const. prov.).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponde de conformidad con lo que aquí se resuelve.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Suscribo lo expuesto por mi distinguida colega doctora Kogan en el punto III.1. de su opinión.
I.2. Luego, comparto la solución a la que arriba la ponente en el punto III.2. de su voto, ello, en virtud de las razones que desplegué al emitir mi opinión en la causa L. 119.371, "Bustamante", sentencia de 14-II-2018, análoga en sustancia a la presente y a la que por celeridad remito.
I.3. Sentado lo anterior, adhiero a lo afirmado por la doctora Kogan en los puntos III.3. y III.4. de su sufragio.
II. El recurso prospera parcialmente, conforme se indica en los dos primeros párrafos del apartado final de la opinión emitida por la colega ponente. Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso prospera conforme lo que sigue.
I.1. Adhiero a lo expuesto por la colega ponente en el punto III.1. de su voto.
I.2.a. Luego, comparto la propuesta de la doctora Kogan de rescindir la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, de conformidad con los fundamentos del precedente L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), a los que remito por motivos de brevedad.
I.2.b. Luego, a tenor de las directrices de las causas L. 116.955, "Enríquez" (sent. de 29-III-2016) y L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), corresponde rescindir el cálculo de la prestación sistémica que fuera establecido por conducto de la aplicación retroactiva del decreto 1.694/09 y citada ley 26.773 (comprensiva del adicional de su art. 3). Sobre este puntual extremo se advierte, una vez más, que tras la inicial mención acerca de la impugnación constitucional del accionante sobre la vigencia temporal de las normas antedichas (v. fs. 133 vta., 139, 10 vta., 29 y sigs.) el a quo justificó su decisión mediante un profuso desarrollo que se exhibe ajeno a la recta interpretación de las normas que rigen el caso examinado y la doctrina legal elaborada a su respecto (causas L. 119.510, "Villarroel", sent. de 30-VI-2020 y L. 120.766, "Ríos", sent. de 17-VI-2020; e.o.).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.