Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123333
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con renovada integración, obre de conformidad con lo que aquí se resuelve.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.333, "Silva, Olga Rosa contra Asociart S.A. ART. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la acción deducida, con costas a la parte actora (v. fs. 430/440).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 447/461 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 475/477 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda promovida -por derecho propio y en representación de sus hijos menores- por la señora Olga Rosa Silva contra Asociart S.A. ART, Ceo's S.R.L. y Hotel del Sindicato de Luz y Fuerza, en la que procuraba el cobro de una suma dineraria en concepto de resarcimiento por el accidente in itinere que ocasionó el fallecimiento del señor Oscar Rolando Frías, quien fuera la pareja estable y conviviente de la accionante (v. fs. 430/440).
En lo que aquí resulta de interés, liminarmente precisó el a quo que no se hallaba controvertido el vínculo laboral que uniera al señor Frías con la accionada Ceo's S.R.L., en cambio, dijo que no resultó acreditado que hubiese existido una relación de trabajo entre el primero y la asociación sindical demandada. Respecto de la firma aseguradora mencionada, sostuvo que ésta reconoció la cobertura pertinente conforme lo expuesto al presentarse al litigio (v. vered., fs. 430 y vta.).
Luego de considerar acreditado el siniestro (v. vered., fs. 430 vta. y 431), juzgó que la parte actora había errado la vía jurídica elegida al "intentar poner en funcionamiento el sistema de responsabilidad civil para lograr una compensación económica", pues -dijo- no resultaban aplicables en autos ningunos de los artículos del Código Civil -hoy derogado- citados en el escrito de demanda. Acudiendo a la doctrina de esta Suprema Corte, concretamente destacó que el accidente in itinere es un instituto contemplado únicamente en la ley 24.557 y que por ello encontraba "inviable todo reclamo formulado en la demanda a raíz del canal de derecho elegido", viéndose impedido de tratar la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y de la reforma por ella introducida en el art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 433 vta. y 434).
II. La parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 170 y 171 de la Constitución provincial; 1.724, 1.725, 1.726, 1.737 y siguientes, 1.746, 1.757, 1.769 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación; 1.113 del Código Civil; ley 24.557; 6 y concordantes de la ley 11.653; 34 incs. 4 y 5 apartado "c", 97, 163 inc. 6, 164, 170 última parte, 218, 272, 330 inc. 5, 384 y 438 del Código Procesal Civil y Comercial, además -en genéricos términos- invoca vulnerados pactos y convenciones en el orden nacional e internacionales que con jerarquía constitucional protegen los derechos del niño y la familia (v. fs. 447/461 vta.).
Fundamentalmente, y precedido ello -como se adelantó- con la denuncia de absurdo, sostiene que la parte actora jamás renunció, rechazó, declinó, negó o desconoció el derecho indemnizatorio contemplado en la ley 24.557 o -en otros términos- la responsabilidad que recae en la aseguradora de riesgos del trabajo en orden al pago de las prestaciones contenidas en dicha normativa. Explica que con la acción promovida se pretendió percibir no sólo lo que corresponde por la mentada ley, ya que, además, aquella estuvo orientada a ampliar el monto indemnizatorio adicionando determinados rubros contemplados en el escrito de demanda.
Entremezclado entre sus argumentos, cuestiona lo resuelto en la sentencia en cuanto se tuvo por no acreditada la relación laboral entre el siniestrado y el sindicato demandado, pues afirma que, ante la incomparecencia de este último a la audiencia de vista de causa, debió imperar la inversión de la carga de la prueba.
Por otro lado, con sostén en lo dispuesto en el art. 6 de la ley 11.653 dice que de ningún modo pudo el tribunal negarle a la parte actora "su intervención jurisdiccional".
Retomando su línea argumental inicial, reitera que el tribunal de grado se equivocó al aludir a la vía jurídica elegida por la demandante ya que debió pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 planteada para así habilitar "el reclamo pleno".
III. Coincidiendo en sustancia con la solución propuesta en el dictamen emitido por el señor Procurador General, opino que cabe acoger parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
III.1.a. En el inicio del escrito de demanda (en su ampliación) la parte actora anunció que el infortunio que protagonizó el trabajador acaeció dentro del marco regulatorio que el sistema normativo tiene previsto y definido como "accidente in itinere " (v. fs. 17); también en esa ocasión planteó la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 (en su texto anterior) considerando -entre otros argumentos- que "las prestaciones dinerarias sistémicas, sólo reparan parcialmente, un concepto de daño material: el denominado lucro cesante", en esa inteligencia, reclamó un resarcimiento "pleno" con fundamento en el derecho civil (v. fs. 24 vta./26, e.o.).
Por cierto, no está demás señalar que, al intervenir en el litigio, la propia aseguradora de riesgos del trabajo demandada dijo que la accionante había concurrido "invocando las disposiciones de la ley 24.557" (v. fs. 74), ello, sin perjuicio de negar su eventual responsabilidad con basamento en el derecho común (v. fs. 79 y vta.).
III.1.b. La reseña que antecede conduce a receptar el grave yerro que se le atribuye al tribunal de la instancia al ponderar el escrito de la demanda y soslayar todo análisis de la pretensión en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Puede reconocerse -ello está presente en la sentencia- que conforme lo tiene dicho este Tribunal frente a un accidente in itinere devienen improcedentes los reclamos que pretenden encontrar sustento en una supuesta responsabilidad civil del empleador (causas L. 83.880, "Monesiglio", sent. de 4-X-2006 y L. 102.450, "Gómez", sent. de 10-III-2011 recordada más recientemente en el precedente L. 119.002, "Carabajal", sent. de 25-IV-2018).
Pero tales directrices, si bien muestran la debilidad que subyace en el cuestionamiento constitucional al art. 39 apartado 1 de la ley 24.557 (vale memorar: texto legal que con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773 por regla eximía a los empleadores de toda responsabilidad civil), no pudiendo conducir a los magistrados de la instancia a pronunciarse si más por el rechazo de la acción. Es que, compartiendo la línea argumental del recurrente, una interpretación válida del escrito de demanda muestra que la parte actora no resignó en el caso la posibilidad de reclamar contra la aseguradora de riesgos del trabajo las prestaciones sistémicas, antes bien, sostuvo que ellas resultaban insuficientes, y esto último constituyó el fundamental motivo por el cual -aunque desacertadamente- mediado aquella impugnación constitucional peticionó una reparación más amplia.
Ha quedado entonces evidenciado el absurdo en el que incurrió el órgano jurisdiccional de la instancia al valorar los alcances de lo pretendido en autos, y a la par, la transgresión del postulado de la congruencia consagrado en los arts. 47 de la ley 11.653 y 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial.
Circunscripta la revisión extraordinaria al tenor de los agravios traídos, lo anterior amerita la revocación de la sentencia en el aspecto indicado y la devolución de las actuaciones a la instancia de grado a los fines de que el tribunal del trabajo -con renovada integración- determine la eventual responsabilidad de la codemandada Asociart ART S.A. en el marco de la ley 24.557.
III.2. En cambio, luce palmariamente inhábil el agravio emparentado con el art. 6 de la ley 11.653.
Basta señalar que la motivación que contiene el pronunciamiento ninguna relación tiene con una cuestión anidada en la competencia material del tribunal, tópico del que se ocupa la citada norma adjetiva al regular puntualmente la hipótesis de inhibición de oficio del órgano judicial.
III.3. Igualmente infructuoso es el reproche tocante a lo decidido respecto del sindicato accionado.
En modo alguno se encarga de explicar el recurrente cuál sería el fundamento jurídico para que la incomparecencia de la referida demandada a la audiencia de vista de causa pueda generar una inversión de la carga de la prueba con virtualidad para definir la acreditación del hipotético vínculo laboral alegado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso deducido en los términos plasmados en el punto III.1.b. de la presente. Costas por su orden, atento a la procedencia parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con renovada integración, obre de conformidad con lo que aquí se resuelve.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia