Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63745
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 63.745, "Automóvil Club Argentino contra Municipalidad de La Plata. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, de Lázzari, Torres.
I. El Automóvil Club Argentino (en adelante, ACA), por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de La Plata, con el objeto de que se anulen las resoluciones 10.363 y 10.365 de la Dirección de Rentas de fecha 1 de noviembre de 2000, y los decretos 1.002 y 1.322 dictados por el Intendente comunal el 31 de julio y el 26 de octubre de 2001, respectivamente. A través de estos últimos actos se le impuso un ajuste en la liquidación de la Tasa por Inspección en Seguridad e Higiene por los períodos 1 a 6 de 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999 y, 1 a 4 de 2000.
Por consecuencia de la nulidad pretendida, pide la repetición del monto abonado por ese concepto (capital, intereses y/o recargo y multas), con más actualización monetaria e intereses hasta el día del efectivo pago.
Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita que las costas sean impuestas a la demandada.
II. A fs. 56/60 la parte actora amplía la demanda incluyendo en el reclamo la repetición de lo abonado en los períodos 5 y 6 de 2000, 1 a 6 de 2001 y 1 a 3 de 2002.
III. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la representante de la Municipalidad de La Plata y opone excepción de inadmisibilidad de la acción.
IV. A fs. 74/76 la actora contesta el traslado que, de la excepción deducida por la accionada, se le confirió a fs. 73.
V. Agregado -sin acumular- el expediente administrativo 4061-32915/86, glosados el alcance 1 -en fotocopias, a fs. 42/52-, el cuaderno de prueba actora (v. fs. 81/110) y su alegato (v. fs. 114/116), declarado por perdido a la parte demandada el derecho que tenía de alegar (v. fs. 117) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundada la oposición formal al progreso de la acción?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La parte actora manifiesta que el 27 de noviembre de 2000 le notificaron dos resoluciones de la Dirección de Rentas de la Municipalidad de La Plata, por las cuales se le reclamaba un ajuste en el pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, más intereses, recargos y multas, las que recurrió de acuerdo con el art. 42 de la ordenanza fiscal 8.753.
Señala que, al ser rechazada la impugnación por decreto 1.002, presentó un recurso de nulidad conforme el art. 44 de la mencionada ordenanza que, una vez desestimado, habilitó la instancia contencioso administrativa ante este Tribunal. Agrega, por último, que el 28 de febrero de 2002 abonó bajo protesto los importes reclamados.
II. La Municipalidad opone excepción de incompetencia en los términos del art. 41 de la ley 2.961 por entonces vigente porque, a su juicio, la parte actora no cuestionó los actos administrativos en forma concreta.
Expresa que la pretensión de la demandante está dirigida hacia las resoluciones de la Dirección de Rentas y que, en modo alguno, cuestiona los decretos posteriores dictados por el Intendente municipal.
Postula que estos han quedado firmes por haber sido consentidos en la instancia administrativa.
Sostiene que no alcanza con mencionar en la demanda el número de los mismos sino que, además, deben cuestionarse puntualmente sus fundamentos, extremo este último que -según afirma- no se advierte en la especie.
III. Al contestar el traslado, la accionante afirma que atacó todos los actos dictados durante la tramitación administrativa y que la instancia judicial se encuentra habilitada. Con cita de doctrina y jurisprudencia, destaca que la anulación de los decretos del Intendente es, justamente, el objeto central de la acción.
IV. Definido de ese modo el debate, estimo oportuno recordar que este Tribunal ha declarado la aplicación de las disposiciones de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- a las causas iniciadas antes del 15 de diciembre de 2003, en tanto resulten compatibles con la jurisdicción atribuida a esta Suprema Corte por el art. 215 segunda parte de la Constitución provincial, con las excepciones previstas en el referido cuerpo legal (doctr. causas B. 64.996, "Delbés", resol. de 4-II-2004; B. 59.618, "Suárez", resol. de 11-II-2004 y posteriores; art. 78 inc. 3, ley cit.). De modo tal que la excepción deducida habrá de resolverse a la luz de lo establecido en el art. 35 inc. 1 apartado "i" de dicho cuerpo legal.
A mi juicio la oposición formal al progreso de la acción no puede prosperar.
En efecto, en su escrito inicial la parte actora puntualiza la impugnación de los decretos del Intendente en forma expresa en el capítulo "objeto", en el cual enumera en forma detallada todos los actos administrativos contra los cuales dirige su embate.
Si bien en el desarrollo argumentativo posterior no discrimina la crítica particular de cada una de las disposiciones, los fundamentos vertidos en los decretos 1.002 y 1.322 del señor Intendente se encuentran todos debidamente rebatidos y a todo evento destaco que el mayor o menor desarrollo de la pieza puede influir en la eficacia del reclamo, pero no obsta a su admisibilidad.
Por otro lado, cabe tener en cuenta que en el art. 27 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- se prevén los requisitos que debe tener la demanda contencioso administrativa, y en los incs. 3 y 4 no se exige la individualización e impugnación pormenorizada de actos, sino la exposición del contenido de la actuación u omisión que configura el caso, más la relación metódica y explicada de sus circunstancias, con particular referencia a los hechos. Que es, ni más ni menos, lo que hizo la actora en el escrito de demanda.
Por último, la necesaria correspondencia entre la pretensión esbozada ante la Administración y la contenida en el escrito inicial del proceso, como derivado del proclamado "carácter revisor" asignado anteriormente al régimen de enjuiciamiento de los casos administrativos, ya no es predicable, sin más, a tenor de lo dispuesto por la cláusula constitucional en la materia (art. 166 párr. final, Const. prov.), cuya operatividad, por cierto, fue declarada por esta Suprema Corte aún antes de la puesta en vigencia del nuevo sistema contencioso administrativo (conf. doctr. causas B. 64.745, "Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca", resol. de 23-X-2002; B. 57.498, "Ceballos", sent. de 29-X-2003; B. 61.817, "Gomez", sent. de 8-II-2006; B. 63.808, "Sastre", sent. de 9-V-2007; B. 59.867, "Madagán", sent. de 18-II-2009; B. 60.825, "Rojas", sent. de 2-IX-2009 y B. 65.699, "Pace", sent. de 11-III-2013).
Por otra parte, no puede perderse de vista que en la especie el reclamo versa sustancialmente sobre los mismos hechos y derechos en ambas instancias y todos los fundamentos expuestos durante la tramitación administrativa han sido detalladamente rebatidos en el escrito de demanda, por lo que juzgo que la oposición formal al progreso de la acción debe ser rechazada, debiendo ahondarse en el tratamiento de la cuestión de fondo.
Voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
El señor Juez doctor Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores de Lázzari y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La actora señala que los días 10 y 16 de octubre de 1996 se constituyeron dos funcionarios de la Dirección de Rentas municipal en dependencias del ACA a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, respecto de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.
Recuerda que el 30 de octubre 1996 contestó la intimación y que, luego de algunas conversaciones, el 2 de abril de 1997 recibió una liquidación de la mentada tasa por los períodos 1/92 a 6/96, que abonó bajo protesto.
Detalla que, con posterioridad, el 26 de diciembre de 1997, recibió una nueva intimación -suscripta por funcionarios distintos- vinculada con los mismos conceptos.
Explica que el 8 de junio de 2000 fijó su posición ante la Municipalidad destacando que, a su juicio, no le correspondía incluir en la base imponible para el cálculo de la referida tasa el importe equivalente a los ingresos brutos por venta de combustibles y lubricantes, porque dicha actividad la realizaba un tercero consignatario.
Aclara que en la ciudad de La Plata, el ACA sólo realiza actividades de venta de material cartográfico, seguros y turismo.
No obstante, aduce que el 27 de noviembre de 2000 recibió las actas determinativas 10.363 y 10.365, que impugnó.
Cuestiona la legitimidad de tales actos y denuncia la existencia de los siguientes vicios:
I.1. En el procedimiento: postula que no tuvo oportunidad de tomar vista de las actuaciones con anterioridad al dictado de las resoluciones determinativas, por lo cual plantea la inconstitucionalidad de la ordenanza tributaria; y además alega que la imprecisión en la imputación de una conducta punible afectó sus posibilidades defensivas.
I.2. En la motivación: aduce que no se expresaron las razones o fundamentos de la medida adoptada, ni se consignó el número de acta de inspección u otros datos para identificarla, ni se adjuntó el informe del Departamento de Fiscalización.
Destaca que no se citaron las normas que daban fundamento a la actuación, no se refirieron en forma clara los hechos antecedentes ni tampoco se describieron correctamente las conductas punibles. Sostiene que el término "infracción" es demasiado amplio, pudiendo abarcar cuestiones formales y sustanciales, y que las palabras "omisión" y "evasión" engloban conductas culposas y dolosas que no fueron especificadas.
Cuestiona que no haya identificado la norma jurídica en que se fundó la aplicación de intereses y recargos a la deuda reclamada. Afirma que estas irregularidades afectan el principio de legalidad tributaria.
I.3. En el objeto: interpreta que el ACA no es sujeto pasivo de la deuda porque no vende combustibles y lubricantes en la ciudad de La Plata, dado que esa actividad está a cargo de un tercero concesionario. Afirma que su tarea como comitente la realiza en la ciudad de Buenos Aires y que, en virtud del principio de territorialidad tributaria, el Fisco platense no puede pretender gravar una actividad que no tiene lugar dentro de su jurisdicción.
Agrega que se otorgó la habilitación comercial para el rubro de venta de combustibles al concesionario y que, en la actualidad, el tributo es abonado por este en función de los volúmenes de venta.
En subsidio plantea que está exento de los gravámenes que incidan en la actividad comercial, en tanto se trata de una asociación civil sin fines de lucro, y que además cuenta con el decreto 4.980 dictado por el Intendente el 27 de julio de 1967 que lo reconoció expresamente.
Por otra parte, también alega acerca de la irrazonabilidad de la tasa en cuestión porque no se corresponde con un servicio real y concreto que preste la Municipalidad de La Plata, y porque existe una notoria desproporción entre el monto que debe abonarse y el supuesto servicio que se brinda a cambio.
Señala que, en los hechos, la única inspección que recibió data del 31 de octubre 2000 y fue del área de bromatología.
Por último, postula la inconstitucionalidad de la imposición, por encontrarse en conflicto con la ley 23.966 de combustibles y lo dispuesto en el convenio multilateral.
Refiere que la Provincia de Buenos Aires adhirió a aquella norma por ley 11.244 y que por efecto de ambas sólo pueden gravarse las actividades de industrialización y expendio de combustibles, con un límite del 3,5% en el proceso global, pudiendo tomarse como base imponible el precio de venta.
Todo lo cual fue complementado, según aduce, por la disposición normativa serie B de Rentas 60/96, cuyo texto pertinente cita.
En esa línea sostiene que el Fisco provincial tácitamente excluyó del gravamen a los ingresos brutos a los distribuidores mayoristas de combustibles, para no superar el máximo del 3,5% establecido en la previsión nacional; y que si se adicionara la tasa municipal pretendida, tendría una incidencia del 0,8% que extralimitaría ese tope (detalla que la refinería abona el 0,1% de sus ingresos brutos y el distribuidor minorista el 3,4%).
II. A su turno, la Municipalidad de La Plata defiende la legitimidad de los actos administrativos atacados.
Señala que el ajuste tributario se determinó con estricto apego a las reglas del convenio multilateral, resume el contenido de la tramitación administrativa y destaca que en los decretos en crisis se analizaron todos los planteos efectuados por la actora.
Repara que la habilitación comercial fue otorgada al ACA, entre otras cosas, como "estación de servicios para combustibles líquidos [...] venta de lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios para automotores"; y que a todo evento si el contribuyente hubiera tercerizado los servicios se trataría de una cuestión inoponible al Fisco a los efectos de la obligación tributaria.
Niega que el concesionario abone tasas por el mismo concepto; aduce que la causa de su contribución es la intermediación y que la base imponible son las comisiones que recibe.
Respecto de la aludida irrazonabilidad del tributo, manifiesta que en el caso sólo se discute qué rubros deben integrar la base imponible para su cálculo, pero que ya en la instancia administrativa la parte actora consintió la legitimidad de la imposición al haber abonado la tasa por los demás rubros que reconoce.
Al mismo tiempo, postula que se efectuaron inspecciones que la propia interesada reconoció en sus presentaciones y, con cita de jurisprudencia, arguye que el monto de las tasas no necesariamente debe ser equivalente al valor del servicio prestado.
Por último, en lo que se refiere al planteo de inconstitucionalidad refleja, por afectación a la ley de combustibles, alega que no se mencionó ningún precepto constitucional que se viera afectado y que la Provincia no comprometió la adhesión de los municipios a esa norma.
III. De las constancias del expediente administrativo 4061-032915/86 surgen los siguientes elementos útiles para decidir:
III.1. A fs. 2 obra una certificación de la Inspección General de La Plata según la cual el 22 de septiembre de 1971, por expediente 1109/49, se habilitó el local de calle 9 esquina 51 a nombre del "Automóvil Club Argentino" como estación de servicios, venta de repuestos y accesorios para automóviles.
III.2. En la memoria descriptiva presentada en diciembre de 1986, la interesada consignó: "este establecimiento dedica su actividad al expendio de combustibles envasados (aceites, grasas, etc.) y a granel mediante el sistema tradicional medido. Posee un sector de lavado y engrase con personal idóneo, así como también un centro administrativo contable y cocheras para socios adherentes" (fs. 24/26). Lo mismo fue repetido en la solicitud de localización industrial obrante a fs. 82 y en la de fs. 102 del 1 de octubre de 1996.
III.3. Por resolución del Instituto Municipal de la Producción y el Empleo de fecha 16 de diciembre de 1997 se autorizó el funcionamiento de la estación de servicios ubicada en calle 51 esquina 9 (v. fs. 149).
III.4. Expediente 4061-68229/00 (acumulado al anterior como fs. 152).
III.4.a. El ACA dedujo recurso de reconsideración, en los términos del art. 42 de la ordenanza 8.753, contra las determinaciones de oficio instrumentadas en las actas 10.363 y 10.365 de la Dirección de Rentas municipal (v. fs. 1/31).
III.4.b. A fs. 47/48 obra una síntesis de los argumentos expuestos por el ACA y a fs. 49 se agregó una factura emitida por LEGNA S.R.L. en concepto de "cuenta venta y líquido producto" al comitente ACA, con domicilio legal en Avenida del Libertador n° 1850 de Capital Federal.
III.4.c. A fs. 61 obra una boleta de pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene a nombre de Manuel López, con domicilio en diagonal 79 n° 958 "ed. ACA", por las actividades de intermediación, venta de repuestos y accesorios, lavado y auxilio.
III.4.d. A fs. 64/84 se encuentran agregadas copias de los contratos de concesión celebrados por el ACA.
III.4.e. A fs. 86 se agregó una copia del decreto del señor Intendente 4.980 de 27-VII-1967, por el cual se reconoció la exención del ACA de la tasa de "industria y comercio", en razón del carácter no lucrativo de las actividades desempeñadas.
III.4.f. A fs. 93/97 se agregaron copias de las actas determinativas del tributo 10.363 y 10.365.
III.4.g. A fs. 98 obra un informe de la contadora Gari del Departamento de Fiscalización de la Dirección de Rentas municipal de 27 de diciembre de 2000.
III.4.h. La Dirección de Rentas informó el 15 de marzo de 2001 que existía registrada, para el local ubicado en diagonal 79 entre 4 y 5 una cuenta corriente a nombre de Manuel López, con alta el 1 de marzo de 2000 y código de actividad n° 85301-04, "comisiones por intermediación".
III.4.i. La Dirección de Asuntos Jurídicos se expidió el 6 de abril de 2001 y aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 153/155), lo que así se resolvió por decreto 1.002 de 31-VII-2001 (v. fs. 156/158).
III.4.j. El 17 de agosto de 2001 la interesada tomó vista de las actuaciones (v. fs. 177).
III.5. Expediente 80558/01 (agregado como fs. 178).
III.5.a. El 3 de septiembre de 2001 el ACA dedujo recurso de nulidad en los términos del art. 44 de la ordenanza 8.753 (v. fs. 1/17).
III.5.b. El 14 de septiembre de 2001 la Dirección de Asuntos Jurídicos aconsejó el rechazo de la nueva impugnación (v. fs. 179) y así se resolvió el 26 de octubre de 2001 a través del decreto 1.322.
IV. De acuerdo a los antecedentes reseñados y las posiciones de las partes, la cuestión a decidir se circunscribe a determinar si la deuda tributaria impuesta al ACA por la Municipalidad de La Plata se ajusta a derecho.
Preliminarmente resulta del caso precisar que en la organización institucional, las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación y, sobre esa base, la Constitución de la Provincia establece como atribución inherente al régimen municipal la de votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo (arts. 192 inc. 5, Cont. prov.; 109 y sig., dec. ley 6.769/58).
Por su parte la Ley Orgánica de las Municipalidades ha conferido a las comunas la potestad de crear tributos, mediante cláusulas no taxativas, y dentro de ellos está comprendido el gravamen por inspección de seguridad, salubridad e higiene e industrias, comercios y actividades equiparables (conf. doctr. causas I. 1.243, "Empresa Hípica Argentina", sent. de 6-X-1988; I. 1.286, "Papelera Juan V.F. Serra S.A.C.I.F.", sent. de 18-VI-1991 y B. 58.119, "Pharmaka S.A.", sent. de 5-X-2005).
El art. 192 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los arts. 226 incs. 17 y 31, 25, 26, 27 inc. 1, 117 y 227 del decreto ley 6.769/58 delimitan tanto de manera general lo atinente a los límites y naturaleza de la tributación municipal, como de forma específica lo relativo a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.
En síntesis, la facultad de los municipios bonaerenses para crear y exigir el pago del tributo en cuestión, a la luz de lo dispuesto en la Constitución de la Provincia y la Ley Orgánica de las Municipalidades, resulta indudable (arts. 190, 191, 192 incs. 4, 5 y 6 y 193 inc. 2, Const. prov.; 226 incs. 17 y 31, 227, dec. ley 6.769/58 y su doctr.).
V. Sentado ello, he de adentrarme en los postulados vicios en el objeto de las decisiones.
En este aspe
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