Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65469
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.469, "Fernández, Anuncia B. contra Municipalidad de Lomas de Zamora. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, Torres, Borinsky.
I. La señora Anuncia Beatriz Fernández, por su propio derecho y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa por retardación contra la Municipalidad de Lomas de Zamora y solicita que, en su carácter de agente municipal -categoría 6-, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 228 de la ordenanza municipal 5.498, se ordene su promoción a la categoría 10.
Asimismo, pide que se le abonen las diferencias salariales correspondientes a la pretendida categoría desde los dos años anteriores a la presentación de su reclamo ante la autoridad municipal, con más intereses hasta su efectivo pago.
Por último, ofrece prueba e introduce el caso federal.
II. Corrido el traslado de ley, a través de su apoderado, se presenta a juicio la Municipalidad de Lomas de Zamora, contesta la demanda y solicita el rechazo de la acción (v. fs. 34/36).
III. Agregado -sin acumular- el legajo personal (v. fs. 112); incorporado el cuaderno de prueba actora único formado- (v. fs. 71/117), declarado perdido el derecho de las partes a alegar sobre el mérito de la prueba (v. fs. 121) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundada la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Desde qué fecha corresponde reconocer el derecho al ascenso?
3ª) ¿Cómo deben ser liquidadas las diferencias salariales reclamadas por la actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La actora relata que es agente municipal y que revista en la categoría 6. Agrega que al haber cumplido 60 años inició el trámite a los efectos de obtener el beneficio jubilatorio. Postula que de conformidad con lo dispuesto en el art. 228 de la ordenanza municipal 5.498, al estar en edad de acceder al aludido beneficio previsional, se le debía otorgar la máxima categoría dentro de su agrupamiento ocupacional.
Manifiesta que, encontrándose en tal situación, con fecha 16 de agosto de 2001, remitió telegrama al Intendente municipal intimando a que se la promoviera a la categoría 10 bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales.
Apunta que, ante la falta de respuesta de la aludida misiva, con fecha 2 de julio de 2002 solicitó pronto despacho.
Finalmente, señala que avala su pretensión el hecho de que entre los meses de mayo y septiembre de 1997 la Junta de Calificaciones promovió distintos ascensos, de los que da cuenta la publicación "El Municipal" de diciembre de 1997 que acompaña a estos autos.
II. La Municipalidad de Lomas de Zamora, en primer lugar, niega los hechos y circunstancias expuestos en la demanda. En particular, rechaza que a la señora Fernández le asista el derecho a que se le otorgue la categoría 10 del escalafón municipal. Asimismo, refuta que la accionante tenga derecho a percibir las diferencias salariales que reclama.
Dice que la actora no pretende un control jurisdiccional de legalidad de un acto administrativo o del accionar municipal, sino que insta la violación del principio republicano de división de poderes. Ello así, pues aduce que intenta que el Poder Judicial invada el ámbito de incumbencias o competencias que material y formalmente le corresponden a la Administración o Poder Ejecutivo, al pretender que el órgano jurisdiccional supla la voluntad del órgano administrativo so pretexto de que éste habría incumplido u omitido un deber legal.
Solicita se rechace la demanda por cuanto la pretensión de autos se vincula con la actividad administrativa comprendida en la zona de reserva del Poder Ejecutivo que impide su cuestionamiento judicial.
III. De la prueba producida en autos, resultan acreditadas las siguientes circunstancias útiles para la decisión de la causa:
III.1. Con fecha 16 de agosto de 2001 la agente Fernández envió un telegrama ley 23.789 en el que expresó: "... Ref. legajo 4314/1 Agente Municipal. Grupo Ocupacional no jerárquico. Sin perjuicio de lo solicitado mediante telegrama 349068426 del 15-8-01, el que aquí ratifico y teniendo en cuenta que me encuentro en edad de acceder al beneficio jubilatorio intimo por este medio y en los términos del art. 228 de la Ordenanza 5498 se me otorgue la categoría más alta (10) bajo apercibimiento de recurrir ante los organismos jurisdiccionales en el término y por la vía y forma que corresponda ..." (fs. 2).
III.2. Con fecha 2 de julio de 2002, la aquí actora envió el telegrama cuya copia luce agregada a fs. 3, por medio del cual solicitó pronto despacho del reclamo presentado el 16 de agosto de 2001.
III.3. Ejemplar del periódico El Municipal Lomense (publicación del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lomas de Zamora) en cuya página 7 se encuentra un artículo titulado "Casi 300 ascensos en distintas áreas". En el mismo se detalla que conforme la labor de la Junta de Calificación, Ascenso, Promociones y Disciplina, se produjeron en la Administración municipal 284 ascensos y 19 confirmaciones de cargo (v. fs. 78).
III.4. Informe elaborado por la perito contadora designada en autos (v. fs. 83, 93/104 y 110/111).
III.5. Legajo 4.314 en el que consta que la señora Anuncia Beatriz Fernández, nacida el 15 de julio de 1942, ingresó a la Administración municipal el 15 de marzo de 1976, registrando 26 años, 2 meses y 26 días de antigüedad a la fecha de su egreso ocurrido el 11 de junio de 2002.
IV. Tal como han quedado expuestos los antecedentes del caso y las posiciones de las partes, la cuestión sometida a juzgamiento reside en determinar si asiste a la accionante, en su carácter de empleada municipal, el derecho a ser promovida a la categoría 10 del escalafón municipal en el marco de lo dispuesto en el art. 228 de la ordenanza 5.498.
IV.1. Primeramente y en atención al planteo formulado por la demandada en su responde (v. fs. 35, primero y segundo párrafo), es dable recordar que la fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos, aun de aquellos que traducen el ejercicio de las atribuciones de la autoridad pública en materia de organización administrativa, calificación y promoción de su personal, no exhibe como tal -en principio- elemento estructural alguno que conlleve un trato diferencial a la hora de establecer su impugnabilidad en sede procesal administrativa, ni menos todavía, que acote las causales determinantes de una eventual invalidez.
Bajo la observancia de la regulación material que les sea aplicable, tales actos también están comprendidos por las normas y principios informadores de la juridicidad administrativa. Ellos traducen un quehacer sujeto a control y eventual invalidación judicial, al comprobarse no solo la arbitrariedad, irrazonabilidad o lesión de derechos consagrados en la Constitución provincial como lo proclama la citada doctrina jurisprudencial, sino también la concurrencia de cualquier otra circunstancia determinante de nulidad prevista en el ordenamiento positivo (arts. 15, Const. prov.; 103, 108 y concs., ord. gral. 267; conf. voto del doctor Soria en la causa B. 55.971, "Pulvermacher", sent. de 29-VIII-2007, al cual adherí; causa B. 63.879, "Rivarola", sent. de 11-VI-2014; e.o.).
IV.2. Sentado ello, es preciso destacar que son hechos reconocidos por ambas partes que la señora Anuncia Beatriz Fernández se desempeñó como agente de la Municipalidad de Lomas de Zamora en el grupo ocupacional no jerárquico, categoría 6.
Ahora bien, mientras la accionante postula que en el marco del art. 228 de la ordenanza 5.498, al cumplir los 60 años de edad y reunir las condiciones para obtener el beneficio jubilatorio, la Administración debía ascenderla a la categoría 10; el Municipio sostiene que la promoción en el escalafón que pretende la accionante es una figura de excepción (v. apdo. IV.1.a. a fs. 35 vta.).
IV.3. En atención al modo en que resultó trabada la litis, deviene esencial determinar el alcance de la norma contenida en el art. 228 de la ordenanza 5.498, pues constituye el único fundamento que la actora invoca para la procedencia de la acción.
IV.3.a. Esta norma disponía: "Durante el período comprendido por los tres últimos años anteriores a la obtención del beneficio jubilatorio otorgado por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, los agentes beneficiarios serán ascendidos a la clase 'A' de su grupo ocupacional siempre que acrediten tener una antigüedad mínima de quince (15) años de servicio como agentes municipales de Lomas de Zamora".
En la actualidad, la ordenanza 11.756 Estatuto y Escalafón de los Empleados Municipales de Lomas de Zamora sancionada el 27 de septiembre de 2005, en su art. 234, mantiene este beneficio, remarca que constituye una obligación de la comuna promover el ascenso y contempla la posibilidad de otorgar la diferencia salarial correspondiente en caso de no existir vacante para ello. Expresamente dice: "A todos los agentes que estando comprendidos en el Grupo Ocupacional Personal no Jerárquico y que tenga más de 15 años de antigüedad y les faltare tres años para acceder al beneficio jubilatorio la administración municipal estará obligada a promover su ascenso a la categoría más alta del grupo referido de no existir la vacante correspondiente, deberá otorgar la diferencia salarial resultante" (publicada en http://delamuni.lomasdezamora.gov.ar/Legislacion).
IV.3.b. De las constancias del legajo personal de la accionante, acompañado a estos autos, resulta que la señora Fernández ingresó a la Municipalidad de Lomas de Zamora el 15 de marzo de 1976, por lo que, en agosto de 2001, fecha en que solicitó que se le otorgara la categoría 10 en el marco del art. 228 de la ordenanza 5.498 ya había cumplido holgadamente los quince años de antigüedad requeridos por dicha norma.
A su vez, de la documentación agregada al legajo surge que la agente Fernández cesó en el servicio activo el 10 de junio de 2002, y a partir del 11 de junio de 2002 la comuna comenzó a abonarle el anticipo jubilatorio en el marco del convenio suscripto con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 3 del aludido legajo).
IV.3.c. La norma contenida en el art. 228 de la ordenanza 5.498 invocada por la accionante es clara en cuanto consagra el derecho de todos los agentes de la Municipalidad de Lomas de Zamora a ser ascendidos a la máxima categoría dentro de su agrupamiento ocupacional, durante los tres años anteriores al cese a los efectos de acogerse al beneficio jubilatorio, sin más exigencias que registrar una antigüedad mínima de quince años.
Entonces, si de las normas que regulan la cuestión en debate, resulta expreso y claro su alcance, no corresponde apartarse de sus términos, debiendo aplicarlas en el sentido estricto que más directamente surge de su letra (conf. doctr. causas B. 60.491, "Rodríguez", sent. de 5-IV-2006; B. 61.397, "Sociedad Española", sent. de 8-VII-2008; B. 59.480, "Galván", sent. de 11-III-2013; e.o.).
Esta Suprema Corte ha dicho reiteradamente que constituye una elemental regla de hermenéutica que cuando el texto de la norma es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarla estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido (conf. doctrina causas B. 51.125, "Yovine", sent. de 7-II-1989; B. 54.534, "Siemens", sent. de 16-IV-1991; B. 65.396, "ESSO", sent. de 22-VI-2016; B. 65.185, "YPF", sent. de 20-IX-2017; entre muchas otras).
V. En consecuencia, corresponde reconocer el derecho de la actora a ser ascendida a la máxima categoría dentro de su agrupamiento ocupacional personal no jerárquico.
Voto por la afirmativa .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Los señores Jueces doctores Soria y de Lázzari , la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani , Torres y Borinsky , por los fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión planteada por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La actora pretende que la promoción a la categoría más alta de su grupo ocupacional le sea reconocida desde los dos años anteriores al pedido efectuado mediante el telegrama de fecha 16 de agosto de 2001.
II. El reconocimiento no puede prosperar con este alcance.
Si bien el aludido art. 228 de la ordenanza 5.498 confiere el derecho a los agentes municipales a ser ascendidos a la máxima categoría de su agrupamiento durante los últimos tres años anteriores a la obtención del beneficio jubilatorio, ello no implica que deba ser otorgado con retroactividad.
Es al agente a quien incumbe la carga de hacerle saber a la Administración su voluntad de acogerse al beneficio previsional en un tiempo determinado y, por consecuencia de ello, requerir su ascenso en el marco de la referida norma.
En la especie, la señora Fernández solicitó el ascenso en cuestión el 16 de agosto de 2001, por lo que el mismo debe serle reconocido a partir de esa fecha y hasta su cese ocurrido el 11 de junio de 2002.
III. Por ello juzgo que corresponde reconocer el derecho de la actora a que se le otorgue la categoría más alta del grupo ocupacional personal no jerárquico, desde el 16 de agosto de 2001 hasta su cese ocurrido el 11 de junio de 2002, y ordenar a la comuna demandada a reubicar a la accionante en la máxima categoría del Grupo Ocupacional no Jerárquico y abonar las respectivas diferencias salariales en el período antes indicado.
Así lo voto.
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Los señores Jueces doctores Soria , de Lázzari y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión planteada en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Disiento con el ponente en cuanto limita el acogimiento de la pretensión traída a la fecha de petición por parte de la trabajadora municipal.
Ello, así pues, en mi parecer, el instituto que nos ocupa (art. 228, ordenanza 5.498 de la Municipalidad de Lomas de Zamora) tiene un doble propósito, de un lado un reconocimiento salarial por vía de ascenso en su situación de revista a quienes en la culminación de su carrera administrativa contaban con una antigüedad establecida como piso al servicio de la comuna y, en paralelo, la fijación de un mejor cargo testigo a los fines de la determinación del haber jubilatorio (art. 41, dec. ley 9.650/80).
Es clara la norma sub examen en cuanto determinaba "Durante el período comprendido por los tres últimos años anteriores a la obtención del beneficio jubilatorio otorgado por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, los agentes beneficiarios serán ascendidos a la clase 'A' de su grupo ocupacional siempre que acrediten tener una antigüedad mínima de quince (15) años de servicio como agentes municipales de Lomas de Zamora (art. 228, Ordenanza 5498)".
De un lado, como vemos, tal beneficio no era a instancia de parte.
Del otro, no podemos soslayar que al determinar la norma una única caja otorgante, la empleadora conocía los requisitos establecidos en la ley que la rige para la obtención de la jubilación ordinaria (60 años de edad y 35 años de servicios) y, a su vez, contaba con el legajo personal de la trabajadora de donde debían surgir tales extremos.
En virtud de lo expuesto, juzgo que debe acogerse la pretensión computando el ascenso por los últimos tres años inmediatos anteriores al cese, debiendo efectuarse las diferencias de aportes pertinentes al Instituto de Previsión Social y notificar el mejor cargo desempeñado por treinta y seis meses consecutivos.
Voto por la afirmativa .
Costas en el orden causado (art. 17, ley 2961 por remisión del 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Los señores Jueces doctores Torres y Borinsky , por los fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión planteada en el mismo sentido.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Las diferencias salariales reclamadas deberán ser liquidadas de acuerdo a su valor histórico.
A tales sumas deberán adicionarse intereses que, en este supuesto, serán calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables a cada caso (arts. 7 y 10, ley 23.928 -texto según ley 25.561-, coincidentes en ambas redacciones en su contenido; 622, Cód. Civ.; 7, 767, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; doctrina de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
Voto por la afirmativa .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Suscitándose la controversia en el ámbito de una relación de empleo público y tal como tuve oportunidad de pronunciarme in extenso en las causas B. 65.702, "Gallo", sentencia de 24-X-2018 y B. 63.460, "Corigliano", sentencia de 29-V-2019, para cuantificar el resarcimiento por el período identificado en el punto III del voto del doctor Genoud relativo a la segunda cuestión, se tomará en cuenta el salario neto a valor actual correspondiente al cargo que se le reconoce a la accionante.
Consecuentemente, los intereses deberán calcularse empleando una tasa pura consistente en una alícuota del 6% anual, la que le será impuesta al crédito indemnizatorio desde el momento de la solicitud de la promoción y hasta la fecha de esta sentencia (arts. 772 y 1.478, Cód. Civ. y Com.). De allí en más, resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago (conf. doctrina causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
El importe que resulte de la liquidación a practicarse deberá depositarse dentro de los sesenta días de quedar firme la resolución que lo apruebe (arts. 163 y 215, Const. prov.).
Así lo voto.
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari, dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria.
En orden a la liquidación de las diferencias salariales reconocidas en autos, debo señalar que una nueva reflexión de la cuestión me lleva a dejar de lado mi opinión personal expuesta en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sentencia de 18-V-2016, la cual no devino en la posición mayoritaria de este Tribunal.
Concuerdo con el doctor Soria en que las diferencias salariales a cuyo pago se condena a la comuna demandada deberán ser liquidadas conforme el sueldo neto actual de la categoría más alta del grupo ocupacional personal no jerárquico desde el 16 de agosto de 2001 hasta el cese ocurrido el 11 de junio de 2002, con más un interés puro calculado con una alícuota del 6% anual, desde el 16 de agosto de 2001 hasta la fecha de la sentencia (arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.). De allí en más deberá aplicarse la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ
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