Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74809
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 74.809, "Supermercado Mayorista Yaguar S.A. contra Tribunal Fiscal de Apelación. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Kogan , Genoud, Pettigiani, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar a la pretensión deducida por la parte actora y declaró prescriptos los créditos fiscales objeto del proceso, ordenando, en consecuencia, la devolución de las sumas ingresadas en concepto de pago previo, según se determine en la etapa de ejecución de sentencia. Impuso las costas a la demandada vencida (conf. arts. 15 y 166, Const. prov.; 3.956, 3.980, 4.027 inc. 3 y concs., Cód. Civ. -ley 340- y 12, 51 y concs., ley 12.008 –texto según leyes 13.101 y 14.437; v. fs. 416/422).
Contra tal pronunciamiento, el Fisco interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 426/439), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 441/442.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 447), agregado el memorial de la parte actora (v. fs. 452/456) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar a la pretensión deducida por la parte actora y declaró prescriptos los créditos fiscales objeto del proceso, ordenando, en consecuencia, la devolución de las sumas ingresadas en concepto de pago previo, según se determine en la etapa de ejecución de sentencia.
I.1. Para así decidir preliminarmente señaló, respecto al planteo de prescripción, que el conflicto sometido a autos quedó consumado bajo la vigencia del Código Civil (ley 340 y sus modif.), puesto que no se trataba de un término de prescripción en curso, sino de uno ya cumplido a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (ley 26.994) y por lo tanto fuera del alcance de su art. 2.537, sin que promedie tampoco una hipótesis susceptible del art. 2.532.
Indicó que el señor Fiscal de Estado pregona la aplicación de la norma local (art. 160 inc. 1, Cód. Fiscal, t.o. 2011) para establecer la vigencia o la extinción de los poderes tributarios, mientras que la contribuyente y su responsable solidario remiten a la contenida en el art. 3.956 del Código Civil entonces vigente.
Al efecto se remitió a la doctrina de ese Tribunal para dejar establecido que en el inicio del cómputo de la prescripción debe estarse a lo dispuesto por el art. 3.956 del Código Civil (ley 340), norma esta que, de conformidad a lo dispuesto por la cláusula del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, forma parte de las atribuciones delegadas y exclusivas del Gobierno federal.
Sostuvo, para construir ese entendimiento, que la prescripción constituye una materia de fondo, ligada al derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.) y por ello susceptible al ejercicio de las indicadas potestades legislativas (art. 75 inc. 12, Const. cit.), no solo en cuanto concierne al plazo sino también al inicio de su cómputo, a las causales de suspensión e interrupción y a todo cuanto tribute a ella.
I.2. Sentada esa premisa, analizó cada período fiscal, comenzando por el correspondiente al año 2001.
Afirmó que conforme el art. 3.956 del Código Civil, el comienzo del lapso extintivo resultó el 1 de enero de 2002 y por lo tanto su expiración fue el 1 de enero de 2007, de conformidad a lo dispuesto por el art. 4.027 inc. 3 del Código de fondo.
Indicó que la resolución 760 fue notificada el 20 de diciembre de 2007 (según resulta a fs. 4.188, expte. 2306-79336/03), momento en el que el crédito fiscal ya se hallaba prescripto, y consideró que las actuaciones administrativas sustanciadas luego carecen de efecto alguno a ese respecto, por lo que admitió el reclamo de demanda en ese fragmento (conf. arts. 3.956 y 4.027 inc. 3, Cód. Civ. -ley 340-).
Manifestó que igual suerte corren los períodos fiscales 2002 y 2003, pero por otros motivos.
Sostuvo que la notificación de aquella determinación de oficio (resol. 760, cit.) no solo fue previa al fin de los años 2008 y 2009 (20 de diciembre de 2007), sino que también resultó hábil para suspender por un año más el término de exigibilidad (conf. art. 3.986, Cód. Civ.); pero indicó que, no obstante, durante el trámite posterior ante el Tribunal Fiscal de Apelación expiró el plazo restante de prescripción.
Advirtió que, pese a que resulta aplicable la dispensa de la primera parte del art. 3.980 del Código Civil (en tanto sostuvo que los eventos de trámite ante el Tribunal Fiscal de Apelación carecen de efectos suspensivos o interruptivos, de conformidad a la legislación aplicada -ley 340-), no se invocaron acontecimientos de actividad útil durante el período de gracia, por lo que concluyó que correspondía declarar también extinguidos los períodos 2002 y 2003 del impuesto objeto de debate.
Finalmente, señaló que habiéndose cumplido con la exigencia de pago previo (art. 19, ley 12.008, -texto según ley 13.101-), correspondía ordenar su devolución a la parte actora, toda vez que prospera la demanda.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia errónea aplicación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal; 5, 75 inc. 12, 121 y 123 de la Constitución nacional; 3.956 y 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340).
II.1. En primer lugar, denuncia la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que -a su entender- modifica sustancialmente el plexo normativo sobre cuya base se construyó la doctrina utilizada por el tribunal a quo para fundar su sentencia.
Sostiene que es el propio legislador nacional quien se encargó de demostrar la falsedad de las premisas de las cuales han partido los postulados de la doctrina "Filcrosa", quedando confirmado que siempre fue, es y será una facultad provincial regular los plazos de prescripción de sus tributos.
Señala que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación a través de los arts. 2.532 y 2.560 reforzaron la postura que define las facultades provinciales en la materia.
Alega que resulta erróneo prescindir de su aplicación por haber entrado en vigencia con posterioridad a la promoción de la demanda, ya que no pretende una aplicación retroactiva sino tan solo recurrir al criterio interpretativo del legislador contenido en la misma.
Agrega que las provincias deben asegurar su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria (conf. exigen los arts. 5 y 123, Const. nac.). Plantea que a esos fines les resulta primordial contar con la autonomía financiera necesaria, materializada a través de la prerrogativa de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención de autoridad extraña (Fallos: 7:373; 105:273; e.o.). En ese orden, acusa que aplicar las normas del Código Civil a las potestades impositivas provinciales conduce a sentencias que perjudican la renta pública local, atentando contra la autonomía, afectando la conservación y vigorización del federalismo. Aduce que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció, durante la casi totalidad de su historia, que la creación de impuestos, elección de objetos imponibles y formalidades de percepción constituían la garantía directa de la autonomía de las provincias.
Sostiene que estas, como entidades públicas preexistentes al Estado nacional, han conservado todo el poder no delegado expresamente al Gobierno federal mediante la Constitución nacional (arts. 121 y 75 inc. 12) y que el derecho tributario resulta una rama integrante del derecho público local, cuya regulación las provincias mantuvieron dentro de las facultades conservadas (arts. 121, 122 y 126, Const. nac.). Denuncia que una interpretación que excluya estas normas viola el sistema federal impuesto por el art. 1 de la Constitución nacional.
De todo ello extrae que la entrada en vigencia del nuevo Código viene a despejar las dudas expuestas por la doctora Argibay en su voto en el caso "Filcrosa", demostrando que esa doctrina no fue más que una errónea interpretación jurisprudencial; y que de la interpretación conjunta de los nuevos arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial surge que no se trata de una delegación legislativa de Nación a las provincias, sino de una necesaria precisión, que las provincias introdujeron a la norma, que había sido mal interpretada por dicha doctrina. Transcribe fragmentos del debate parlamentario que adunan su postura.
Agrega que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pronunció en idéntico sentido en la causa "Fornaguera Sempe" (AR/DOC/4380/2015).
II.2. En cuanto al alcance de la potestad local para regular la prescripción sostiene que si bien el art. 2.532 establece que las provincias podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos, considera que ello abarca todas las cuestiones atinentes a la prescripción y no solo el tiempo del plazo prescriptivo. Ello en tanto si el legislador hubiera querido limitar la potestad a la definición del lapso de prescripción, hubiera bastado con el plazo genérico dispuesto por el art. 2.560, que en su parte final establece: "excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local", y que sin embargo también lo contempla en el Capítulo 1, referido a las "Disposiciones comunes a la prescripción liberatoria y adquisitiva".
Alega que quien tiene facultad de crear la obligación tributaria también está habilitado para regular la forma de su extinción, conforme el dictamen de la Procuración General de la Nación en la causa "Ullate", sentencia de 16-V-2011.
II.3. En esa inteligencia denuncia violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (aplicable al caso), que regulan el inicio del plazo prescriptivo y las causales de suspensión. En consecuencia, sostiene que la acción entablada por el Fisco, en las presentes actuaciones, se encontraba vigente al tiempo de su ejercicio.
Señala que el sistema diseñado por el legislador provincial en materia de prescripción coordina cuestiones vinculadas al impuesto a los ingresos brutos con otros dos asuntos relevantes: el carácter anual del tributo y la cantidad de sujetos pasivos del impuesto (a quienes habrá que fiscalizar y -en su caso- constreñir al cumplimiento de las obligaciones formales y materiales mediante el procedimiento de determinación del art. 112 y sigs., Cód. Fiscal).
Y que tales cuestiones justifican, con un grado de razonabilidad incuestionable, que se hayan fijado vencimientos generales para todos los contribuyentes, uniformando así tanto los plazos de cumplimiento de las obligaciones vinculadas al impuesto examinado, como el día de inicio de la prescripción de las acciones derivadas de los incumplimientos.
Señala que la obligación fiscal solo se perfecciona luego de cerrado el ejercicio, una vez que se resume toda la actividad realizada en el año concluido, lo cual se plasma en la pertinente declaración jurada anual, acto jurídico que establece la exigibilidad del pago del tributo.
Sostiene que la firma contribuyente se encuentra inscripta en el impuesto sobre los ingresos brutos bajo el régimen del Convenio Multilateral y que por lo normado por el tercer párrafo del art. 210 del Código Fiscal debe presentar declaración jurada anual determinativa de los coeficientes de ingresos y gastos a aplicar por jurisdicción y demás requisitos que establezca la Comisión Arbitral, en la forma y plazos que la misma disponga.
Agrega que se violó asimismo el art. 135. inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2004, actual 161) que establece la suspensión del plazo de prescripción durante el tiempo que tramita el recurso de apelación del contribuyente por ante el Tribunal Fiscal de Apelación, el cual se extiende hasta noventa días después de notificada la sentencia o de que se apruebe la liquidación practicada en su consecuencia.
Indica que la contribuyente interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación el día 18 de febrero de 2008 (conf. cargo de fs. 4.192, cuerpo 21, expte. adm. 2306-79336/2003) y que el expediente siguió en trámite ante ese organismo hasta el 22 de agosto de 2013, cuando se aprobó la liquidación respectiva, la cual fue notificada al Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) el 29 de agosto de 2013 (v. fs. 4.442 vta., expte. adm.).
Con ello sostiene que no puede estar prescripta la potestad fiscal si, incluso al momento de promoverse la demanda que dio inicio al presente juicio (18 de junio de 2013), el referido plazo prescriptivo se encontraba suspendido (desde el día 18 de febrero de 2008), a la espera de la aprobación de la liquidación por parte del Tribunal Fiscal de Apelación; plazo que finalmente se reanudó, cuando se notificó la resolución de aprobación de la liquidación al ente recaudatorio.
Denuncia que la parte actora especuló con el vencimiento de los plazos de prescripción, resultando su conducta incompatible con la buena fe, puesto que el Código Fiscal establece la suspensión en beneficio del contribuyente, permitiéndole ejercer su derecho de defensa mediante el recurso articulado ante el Tribunal Fiscal, sin necesidad de cumplir con el pago del tributo, de manera tal que violó el art. 1.198 del Código Civil y el principio de actuar de buena fe.
II.4. Sostiene que esta Corte en la causa C. 99.854, "Fisco C/ Haras San Pablo Club de Campo S.A. s / Apremio", sentencia de 7-X-2009, dispuso que "...no existiendo dudas acerca de las facultades de la autoridad legislativa local para crear obligaciones tributarias, tampoco la debe haber respecto de la potestad para determinar su extinción"; lo que implica la defensa de las potestades legislativas en materia tributaria y puntualmente en materia de extinción de las obligaciones, incluida la prescripción. Pretende que se tenga presente el supuesto error en que incurre el tribunal a quo al fundar su decisión en el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tal como han quedado expuestos los antecedentes del caso, la cuestión se ciñe a dilucidar si la derogación del Código Civil (ley 340) y la implementación de los nuevos arts. 2.535 y 2.560 del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) implica un reconocimiento de la preminencia de las normas locales tributarias en materia de prescripción, o si, por el contrario, la sentencia recurrida se ajusta a derecho.
Así planteados los términos de la controversia, se advierte que el tema en debate ha sido resuelto por este Tribunal en un caso sustancialmente análogo al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (conf. art. 31 bis, ley 5.827, modif. por ley 13.812).
En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte entendió aplicable la doctrina legal de esta Corte emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, en lo atinente a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello aplicó las normas del Código Civil vigente a la época de los hechos debatidos y no lo dispuesto por el Código Fiscal local.
III.2. Ahora bien, respecto de la denuncia de violación de la doctrina legal, considero que tampoco puede prosperar.
En efecto, y contrariamente a lo denunciado por la recurrente, la sentencia recurrida aplica el criterio que esta Suprema Corte estableciera en la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, que como se indicara supra , fue confirmada recientemente en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018.
Me permito agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de confirmar el criterio que da sustento a la decisión propiciada (conf. "Volkswagen de Ahorro para fines determinados c/ Prov. de Misiones", sent. de 5-XI-2019).
III.3. Tampoco prosperan los planteos relativos a la anualidad del tributo, por cuanto el tribunal a quo -más allá de su acierto o error- computó la prescripción aplicando el criterio de anualidad del impuesto.
IV. Por todo lo expuesto y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes citados, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar la sentencia del Tribunal de Alzada (conf. art. 31 bis, cit.).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101, 68 y 289 in fine, CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Por los fundamentos que seguidamente expondré, me aparto de la opinión del ponente.
I. En el sub lite se configura una cuestión análoga a la resuelta en el precedente "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de créditos" (causa A. 71.388, sent. de 16-V-2018). En aquel caso, al igual que en el presente, la Cámara interviniente efectuó el cómputo de la prescripción fijando su inicio de acuerdo a lo preceptuado por el art. 3.956 del Código Civil, en virtud de lo cual acogió la excepción de prescripción opuesta por el accionado.
Contra ese pronunciamiento el Fisco de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Allí, tal como surge de la reseña efectuada en el voto que abre el acuerdo, esencialmente se reivindica la potestad local para regular todo lo referido a la materia tributaria, incluida la prescripción de las deudas.
II. Corresponde pues reproducir el voto que emitiera en "Recuperación de Créditos" (cit.), adelantando que el recurso articulado por la representación fiscal prospera.
II.1. Preside el debate de autos la cuestión acerca de la aplicabilidad del precedente emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, registrado en Fallos: 326:3899 (causa "Recurso de hecho deducido por Abel Alexis Latendorf -Sindico- in re Filcrosa S.A. s/quiebra. Incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda", sent. de 30-IX-2003). De mantenerse el criterio de ese fallo, habría que establecer por añadidura si la prevalencia de la legislación civil allí postulada remite sólo a la extensión o magnitud del plazo de prescripción o si, como alguna vez se ha dicho (CSJN in re , P.154.XLV "Provincia del Chaco c/ Rivero, Rodolfo Aníbal s/ Apremio", sent. de 1-XI-2011, por remisión al dictamen de la señora Procuradora Fiscal) se aplica también al cómputo de dicho plazo. A partir de allí cabría cotejar las soluciones provistas por la ley tributaria y por el art. 3.956 del Código Civil.
II.2. Antes de expedirse la Corte nacional en el caso "Filcrosa" mantuve un criterio diferente al que luego hubo de adoptarse en ese fallo, por entender que la legislación de los tributos provinciales (lo que incluye el diseño de la prescripción en esa órbita material) atañe al derecho público local, resorte de las provincias; que refiere a una materia no delegada por estas a la Nación, ni por ende incluida en la esfera de competencias previstas en la cláusula de los códigos del citado art. 75 inc. 12 (v.gr. causa C. 82.405, sent. de 23-XII-2002). Las normas del derecho común sólo serían aplicables por analogía, vale decir, en defecto de previsiones del derecho tributario local previa adecuación a las peculiaridades de esta materia. Una vez dictado y mantenido
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.