Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125678
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la Fiscalía de Estado (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1.790).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. En el caso, Marcelo Eduardo Pascual, denunciando su condición de empleado de planta permanente de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial -Ferrobaires, previo a su supresión por decreto provincial 1.100/17-, promovió una acción sumarísima contra el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que, previa revocación de la declaración de su prescindencia, se lo reasigne al puesto laboral equivalente en condiciones y salario al que detentaba con anterioridad al despido, cursado en los términos del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y notificado con fecha 19 de marzo de 2018, oportunidad en la que solicitó su reinstalación con carácter cautelar (v. fs. 22/34 vta.).
II. A su turno, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, por mayoría, haciendo lugar a la medida precautoria peticionada en el escrito liminar por el señor Pascual, ordenó a la Provincia de Buenos Aires a que lo reincorpore a su puesto de trabajo (o uno equivalente, sin disminución de sueldo) y le abone los salarios caídos existentes entre el despido y la efectiva reincorporación, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento (v. pronunciamiento de fecha 22 de mayo de 2020).
En sustancia, juzgó que en el caso se encuentran reunidos los extremos de la pretensión cautelar reclamada, en especial, la verosimilitud en el derecho a la estabilidad que le corresponde al actor en su condición de trabajador estatal de planta permanente. Además, destacó configurado el requisito del peligro en la demora, pues surge evidente, afirmó, que el accionante depende del salario para satisfacer sus necesidades materiales de existencia y las de su familia, por lo que -entendió- no resultaría razonable obligar a un sujeto de tutela preferente -como lo es el litigante de autos- a aguardar el resultado del juicio para recobrar el derecho a percibir el crédito alimentario.
III. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, oportunidad en la que denunció que el decreto precautorio cuestionado reporta una extensión anticipada de la sentencia que persigue el actor en su presentación de promoción, en la que no requirió expresamente la nulidad del despido, cercenando así, destacó, su derecho de defensa consagrado en los arts. 15 de la Constitución provincial y 18 de la Constitución nacional (v. escrito electrónico de fecha 10 de junio de 2020).
Observó en dicha ocasión que el a quo resolvió ordenar la medida precautoria, cuyo objeto es de cumplimiento imposible pues la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial fue suprimida a partir del 15 de marzo de 2018 por decreto provincial 1.100/17, sobre la base de meras afirmaciones dogmáticas.
Asimismo, denunció que el tribunal laboral anticipó su jurisdicción al expedirse en torno a la denuncia efectuada por su parte, en la que destacó la inexistencia de la configuración en el sub lite de los presupuestos de viabilidad de la cautela, que el actor se sometió al régimen establecido por la Ley de Contrato de Trabajo al haber promovido contra su representada una acción por despido con fundamento en aquella norma que tramita por ante el Tribunal de Trabajo n° 5 de La Plata, además de haber percibido una suma de dinero en concepto de indemnización en los términos de lo dispuesto por el art. 245 de la citada ley.
IV. Finalmente, el sentenciante de grado, denegó la vía impugnativa deducida por el Fisco, por considerar no definitivo el pronunciamiento puesto en tela de juicio (v. pronunciamiento de fecha 22 de junio de 2020), dando lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial; v. escrito electrónico de fecha 2 de julio de 2020).
En concreto, con apoyo en el derecho constitucional de defensa en juicio y la garantía del debido proceso, la recurrente alega que la decisión impugnada mediante la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley produce un perjuicio irreparable, no contando con otra vía jurídica para reparar el agravio que le ocasiona.
En tal sentido, reitera que se impuso al Estado provincial la reinstalación del actor a un organismo en la actualidad inexistente, por lo que la manda se torna de imposible cumplimiento.
Desde otro costado, con cita expresa de la doctrina legal que individualiza, alega que lo resuelto en la instancia de grado, al omitir considerar como un hecho relevante que el actor no requirió en el escrito liminar la nulidad del despido al tiempo de solicitar su reinstalación, y sortear el tratamiento de los agravios desarrollados en torno a la viabilidad de la cautelar decretada, agota de modo anticipado la jurisdicción. Solicita se habilite la instancia extraordinaria local, con cita expresa del Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Barrera, Echavarría, María Marta y otros c. Lotería Nacional Sociedad del Estado s. Acción de amparo", sentencia del 29 de agosto de 2017 y del Fallo: "Laurenzo, Juan Manuel c. Unión Platense SRL s/amparo", sent. de 4 de junio de 2020.
V. La queja prospera.
V.1. Al respecto, corresponde señalar que si bien esta Suprema Corte tiene dicho que las decisiones relativas a medidas cautelares no poseen -por regla- naturaleza definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 113.444, "Santucho", resol. de 10-III-2011; L. 116.920, "González Cabrera", resol. de 22-VIII-2012; L. 119.532, "Cardozo", resol. de 22-XII-2015; e.o.), también ha sostenido que si existiera la posibilidad de que la resolución genere un perjuicio de insusceptible reparación ulterior, debe equiparársela a tal (cfr. causas L. 119.005 "Malizia" y L. 119.071 "Guerrero", ambas res. de 7-X-2015; e.o.).
En el caso, como se señaló supra , la impugnante esgrimió, en prieta síntesis, que el tribunal de grado otorgó la cautela peticionada en autos sin reparar, entre otras defensas opuestas, en que el actor no solicitó expresamente en su escrito liminar se decrete la nulidad del despido que la motivó, agotando así en forma anticipada el objeto de la cuestión sin mayor debate y prueba que el del proceso cautelar.
Así, en el sub lite , la decisión atacada debe considerarse equiparable a definitiva, toda vez que los agravios desplegados por la demandada aportan argumentos aptos a los fines de evidenciar, prima facie y sin que ello implique emitir juicio sobre la solución que en definitiva corresponda dar en la etapa procesal oportuna, que la decisión puesta en tela de juicio es susceptible de generar un agravio de imposible o muy dificultosa reparación posterior.
V.2. En atención a lo dicho, carece de virtualidad el análisis de los restantes agravios traídos en la queja que se provee.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la Fiscalía de Estado (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1.790).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", Resol. 10/20) y pasen los autos a despacho.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/02/2021 12:59:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/02/2021 15:11:29 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/02/2021 17:42:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/02/2021 20:18:28 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2021 11:35:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia