Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121445
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.445, "Balbi, Adriana Miriam contra Frigorífico Don Luis S.R.L. y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, de Lázzari, Pettigiani, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 365/386).
Se dedujo, por los codemandados Frigorífico Don Luis SRL y Diego Sebastián Mattera, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 398/416).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo acogió la acción deducida por Adriana Miriam Balbi y condenó en forma solidaria a Frigorífico Don Luis S.R.L., Cooperativa de Trabajo Costa Sur Limitada y -por mayoría- a Diego Sebastián Mattera, Ciro Guillermo Di Meglio y Salvador Alfonso Di Meglio al pago de la suma que especificó en concepto de haberes adeudados, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, diferencias por horas extraordinarias, indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323 (v. fs. 365/386).
Para así decidir, en lo que interesa, juzgó acreditado que la accionante prestó servicios desde marzo de 2005 hasta el mes de abril de 2009 cumpliendo tareas de envasadora para el Frigorífico Don Luis S.R.L. y que fraudulentamente se le abonaba su remuneración a través de la Cooperativa de Trabajo Costa Sur Ltda. Surgía de ello -dijo el tribunal-, por aplicación de lo dispuesto en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, la existencia de un contrato de trabajo que uniera a la actora con ambos codemandados y que fuera disuelto por ella con justa causa ante el desconocimiento de la relación laboral (v. fs. 372 y vta.).
En ese contexto, puntualizó que la cooperativa demandada era una "cáscara jurídica vacía de contenido" que intentó un evidente fraude en los términos del art. 14 de la Ley de Contrato de Trabajo con la finalidad de eludir su responsabilidad de empleador y de la empresa a la cual prestaba servicios. En consecuencia, concluyó que se verificaba en autos el supuesto previsto en el art. 29 de la ley citada, por lo que resultaban solidariamente responsables Frigorífico Don Luis S.R.L. y la Cooperativa de Trabajo Costa Sur Ltda. por todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y las derivadas del régimen de la seguridad social.
Asimismo, juzgó -por mayoría- que correspondía extender la responsabilidad a Diego Sebastián Mattera (socio gerente de Frigorífico Don Luis S.R.L.) y a Ciro Guillermo Di Meglio y Salvador Alfonso Di Meglio (presidente y tesorero respectivamente de la cooperativa) en los términos del art. 54 de la ley 19.550, en virtud de la falta de registración de la relación laboral (v. fs. cit.).
En ese sentido, los magistrados que conformaron el voto mayoritario señalaron que compartían los fundamentos vertidos por la minoría de esta Suprema Corte en la causa L. 94.909, "Coito" (sent. 5-IX-2012) al juzgar que "la ausencia de registro de la relación laboral constituye fraude y justifica la extensión de la responsabilidad en forma solidaria a los socios (art. 54, ley 19.550) si se comprueba la existencia de un ardid destinado a ocultar hechos y conductas con la finalidad de sustraer al empleador del cumplimiento de sus obligaciones legales en materia laboral y previsional que perjudican no sólo al trabajador sino también al sector pasivo -que es víctima de la evasión- y a la comunidad comercial que, al disminuir los costos laborales pone al autor de la maniobra en mejor condición para competir en el mercado con relación a los empleadores que han sido respetuosos de la ley" (fs. 373 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alzan los demandados Frigorífico Don Luis S.R.L. y Diego Sebastián Mattera -en su calidad de socio gerente de la firma- mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 39, 44 y concordantes de la ley 11.653; 4 de la ley 20.337; 14, 29, 30 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; 75 inc. 22 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. fs. 398/416).
II.1. Afirman que reconocida por la propia actora su participación en la cooperativa demandada, pesaba sobre ella la carga de demostrar que el vínculo era laboral y no asociativo, además del fraude laboral denunciado; por lo cual, sostiene que el sentenciante le atribuyó erróneamente a su parte la carga de acreditar la relación asociativa que -al cabo- juzgó no demostrada.
Desde este punto de vista, y bajo la denuncia de absurdo en la valoración de la prueba -especialmente la informativa y pericial contable- impugnan la conclusión por la que, a partir de haber tenido por acreditada la existencia de una relación de trabajo entre la cooperativa y la actora, juzgara responsable solidariamente a Frigorífico Don Luis S.R.L. en los términos del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.2. Luego, se agravian de la condena impuesta en forma personal y solidaria al señor Diego Mattera por su condición de socio gerente de la firma Frigorífico Don Luis S.R.L. en los términos del art. 54 de la ley 19.550.
Sostienen que el fallo -como lo reconocen los propios magistrados que forman la mayoría- se aparta de la doctrina legal que emana de la causa de esta Corte L. 94.909, "Coito" (sent. de 5-IX-2012).
Postulan que en el caso no se configuran los presupuestos fácticos que habilitarían la desestimación de la personalidad jurídica societaria pues la extensión de la responsabilidad prevista en la norma no resulta aplicable por el solo hecho de verificarse una eventual irregularidad en el registro de la relación laboral.
II.3. En otro orden, controvierten la procedencia de los recargos indemnizatorios establecidos en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013.
Alegan que al momento en que la accionante cursó la intimación en los términos del art. 11 de dicho dispositivo legal, el vínculo que ligaba a las partes ya se encontraba extinguido. Afirman que -contrariamente a lo resuelto por el juzgador- la ruptura de la relación se produjo cuando la actora fue excluida de la cooperativa de trabajo y que ello ocurrió con anterioridad a la fecha de la invocada intimación.
Por lo tanto, concluyen que más allá de la naturaleza de la relación (laboral o asociativa), el vínculo fue extinguido al momento de producirse la referida exclusión y, por ende, la intimación resultó extemporánea.
II.4. Finalmente, cuestionan la condena a entregar las certificaciones establecidas en el art. 80 de la ley 20.744 que recae sobre los recurrentes.
Destacan que tanto Frigorífico Don Luis S.R.L. como Diego Mattera no fueron empleadores de la actora y, por lo tanto, fueron condenados por una obligación de cumplimiento imposible en tanto la actora no se desempeñó bajo su dependencia.
Reiteran que el vínculo fue anudado con la cooperativa, de manera que resulta absurdo condenarlos a la entrega de la certificación, máxime cuando la propia norma señala como legitimado pasivo de tal carga únicamente al empleador, mas no al tercero u obligado solidario.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen efectuar un primer estudio referido a la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, más precisamente, en lo referido al valor del litigio.
III.1.a. En tal sentido, es menester destacar que en atención a que los cuestionamientos traídos versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), se constata que una de ellas -la vinculada con la entrega de las certificaciones contempladas en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo- resulta de monto indeterminado (causas L. 103.117, "Sorli", sent. de 18-V-2011; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014 y L. 119.571, "Belmonte", resol. de 22-III-2016). En cambio, la cuantía de las restantes no supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para su admisibilidad (Ac. 3840/17).
III.1.b. Como he hecho referencia, entre otras, en las causas L. 97.982, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011); L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013) -y, más recientemente, al emitir mi voto en primer término en la causa L. 119.148, "Ferreira de Jesús" (sent. de 20-XII-2017)-, a fin de examinar la concurrencia de tal requerimiento, entendí necesario el análisis de la normativa vigente y así determinar si resultan pasibles de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de recurso en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos, a cuyos fundamentos remito en honor a la brevedad.
La decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria y, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), analizaré la impugnación -excepto la relativa a la entrega de los certificados que prevé el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo- en el estrecho marco que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.1.c. En consecuencia, la función revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.283, "Guzmán", sent. de 24-IX-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.642, "Short", sent. de 21-IX-2016).
III.2. En ese marco de análisis, no es atendible la crítica que, bajo la denuncia de absurdo, censura las conclusiones en torno a la responsabilidad que le cabe a Frigorífico Don Luis S.R.L.
Como hube de señalar en reiteradas oportunidades, participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 95.733, "Mouzo", sent. de 30-III-2011; L. 104.096, "Aranda", sent. de 29-II-2012; L. 117.323, "Garnica", sent. de 25-X-2017; e.o.).
Sin embargo, en el caso, si bien la recurrente se agravia de la presunta indebida atribución de la carga probatoria, omite denunciar la eventual violación de doctrina legal relacionada con el tópico, razón por la cual, la crítica deviene inadmisible en este tramo (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013; L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016; e.o.).
De otro lado, tampoco es atendible el reproche fundado en el análisis que propone el interesado de la configuración -o no- de los presupuestos a los que la Ley de Contrato de Trabajo subordina la aplicación del art. 29, pues impone necesariamente renovar el examen de los hechos y pruebas que concurren en el caso; cuestión ésta que -sabido es- se encuentra excluida del ámbito de la casación por la ya mencionada vía de excepción (causas L. 103.530, "Franchica", sent. de 7-IX-2011 y L. 119.787, "Bianchi", sent. de 25-X-2017).
Por lo demás, cabe recordar que la doctrina vinculada al vicio de absurdo y la valoración de la prueba no es idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 de la ley ritual (causas L. 98.025, "Giménez", sent. de 24-VIII-2011; L. 93.692, "Archetti", sent. de 14-III-2012 y L. 119.636, "Medina", sent. de 28-II-2018).
En tales condiciones, en suma, se define la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral respecto al primero de los agravios planteados.
III.3.a. En cambio, por las razones que seguidamente expondré, corresponde habilitar la instancia casatoria en cuanto se cuestiona la condena solidaria a Diego Mattera como socio gerente de Frigorífico Don Luis S.R.L. -por conducto de la aplicación del art. 54 de la ley 19.550, con motivo de la ausencia de registración del contrato de trabajo- bajo la denuncia de violación de la doctrina legal establecida por esta Corte en la causa L. 94.909, "Coito" (sent. de 5-IX-2012).
En este orden, cabe recordar que en aquella causa, reiterando conceptos expuestos anteriormente (v. causas L. 81.550, "Avila", sent. de 31-VIII-2005; L. 85.741, "Cortina", sent. de 25-IV-2007; L. 102.643, "De Melo", sent. de 4-V-2011; e.o.) esta Suprema Corte, por mayoría, resolvió que no corresponde la aplicación de la desestimación de la personalidad jurídica del ente societario, en aquellos casos -como el presente- en que se comprueba la existencia de empleo no registrado o deficientemente registrado.
Ahora bien, como he manifestado en anteriores oportunidades en que se sometió a debate esta misma problemática, no comparto esa doctrina.
He sostenido reiteradamente que la ausencia de registro de la relación laboral -conclusión que en la presente causa arriba firme a esta instancia- constituye fraude y justifica la extensión de la responsabilidad en forma solidaria a los socios (art. 54, ley 19.550) si se comprueba la existencia de un ardid destinado a ocultar hechos y conductas con la finalidad de sustraer al empleador del cumplimiento de sus obligaciones legales en materia laboral y previsional que perjudican no sólo al trabajador sino también al sector pasivo que es víctima de la evasión; y a la comunidad comercial que, al disminuir los costos laborales pone al autor de la maniobra en mejor condición, para competir en el mercado, con relación a los empleadores que han sido respetuosos de la ley.
Tal ha sido la postura que plasmé en el citado precedente L. 94.909; como también en las causas L. 100.212, "Cockshott" (sent. de 19-XII-2012) y L. 112.851, "Calmens" (sent. de 28-VIII-2013) -entre otras- a cuyos fundamentos en extenso remito, en honor a la brevedad.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), y en el acotado marco de revisión bajo análisis, la decisión del tribunal de grado que extendió la responsabilidad de los codemandados en los términos del art. 54 de la ley 19.550 en virtud de la falta de registración laboral, conculcó la doctrina legal vigente al tiempo del dictado de la sentencia, razón por la que corresponde hacer lugar a esta parcela del recurso y revocar este aspecto del fallo impugnado.
A tenor de lo expuesto, y sin que corresponda formular consideraciones de otra naturaleza -atento el contenido del recurso y el estrecho marco en que fue concedido- cabe casar este aspecto del pronunciamiento.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que proceda de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
III.3.b. Señalo, además, que la solución que propicio deberá extenderse a los condenados que no han recurrido la sentencia de origen (Ciro Guillermo Di Meglio y Salvador Alfonso Di Meglio); ello en atención a lo resuelto en forma mayoritaria por esta Corte en el precedente C. 96.831, "Ocon" (sent. de 14-IV-2010); C. 92.176, "Quintana" (sent. de 13-VIII-2008) y posteriormente, en las causas C. 102.410, "Nuñez" (sent. de 4-IV-2012); C. 108.300, "Rivadeneira" (sent. de 27-VI-2012); C. 109.572, "Scazzetta" (sent. de 8-VIII-2012); C. 111.976, "Gutiérrez" (sent. de 26-VI-2013) y L. 111.291, "Soubie" (sent. de 15-VII-2015); entre muchas otras (arts. 289, CPCC; 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.4. En otro orden, no es de recibo la impugnación en cuanto cuestiona la declarada procedencia de las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013.
No obstante observar el notorio desencuentro que revela la réplica con el desarrollo reflexivo seguido por el sentenciante en cuanto determinó el carácter laboral del vínculo que unía a la actora y los demandados y la forma en que se produjo su extinción; el recurso, como anticipé, debe examinarse en el acotado al margen que provee la hipótesis contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, el agravio debe ser desestimado habida cuenta que no se ha denunciado a su respecto la vulneración de doctrina legal alguna (v. rec., fs. 414 y vta.), presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto en el presente ámbito de excepción (causas L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013; L. 110.768, "Guzmán", sent. de 7-VIII-2013 y L. 108.167, "Guevara Velázquez", sent. de 12-III-2014).
III.5. Finalmente, y conforme lo señalé en el inicio, con relación al reproche vinculado a la entrega de las certificaciones que estatuye el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, corresponde habilitar la instancia extraordinaria sin restricciones a su admisibilidad (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653), toda vez que el valor del litigio, en tal caso, debe considerarse indeterminado (conf. causas citadas en el punto III.1.a.).
Luego, no desvirtuada la definición de grado que juzgó demostrada la relación de trabajo entre la accionante y Frigorífico Don Luis S.R.L., la impugnación no merece respuesta favorable en tanto se encuentra sustentada únicamente en la pretendida inexistencia de tal vinculación.
Por otro lado, en atención a que la solución propuesta en el punto III.3.a. importa revocar la condena impuesta al codemandado Mattera en los términos del art. 54 de la ley 19.550, se torna inoficioso abordar la crítica a su respecto.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con el alcance establecido en el punto III.3 de este voto.
Costas por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
II.1. Respecto al valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, adhiero a lo expresado por la doctora Kogan en los puntos III.1.a. y III.1.c. de su voto.
II.2. Luego, comparto la solución alcanzada en el punto III.2., con excepción de lo expuesto en sus párrafos segundo y tercero.
II.3. En otro orden, acompaño la propuesta de la distinguida colega de admitir el agravio referido a la extensión de la responsabilidad en forma solidaria a Diego Mattera como socio gerente de Frigorífico Don Luis S.R.L. -fundada en el art. 54 de la ley 19.550 con motivo de la ausencia de registración del contrato de trabajo- conforme lo que sigue.
Tal como lo denuncia la impugnante -y asimismo lo reconoce el propio tribunal al fundar su voto en la opinión que resultó minoritaria en la causa L. 94.909, "Coito" (sent. de 5-IX-2012)- la decisión cuestionada se aparta de la doctrina legal que emerge del citado precedente de este Tribunal.
Cabe recordar que en aquella causa, reiterando conceptos expuestos anteriormente (v. causas L. 81.550, "Avila", sent. de 31-VIII-2005; L. 85.741, "Cortina", sent. de 25-IV-2007; L. 102.643, "De Melo", sent. de 4-V-2011; e.o.) esta Suprema Corte, por mayoría, resolvió que no corresponde la aplicación de la desestimación de la personalidad
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