Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121731
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.731, "Ocampo, Antonio Cirilo contra Unilever Argentina S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, de Lázzari .
El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas en el modo que especificó (v. fs. 226/245 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 261/276).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Antonio Cirilo Ocampo y condenó a Unilever de Argentina S.A. al pago de la suma que indicó en concepto de remuneración por días de mayo del año 2007, vacaciones no gozadas, sueldo anual complementario proporcional, indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido (adicionando a estos rubros intereses desde el 8 de mayo de 2007 hasta el 8 de junio de 2007 a la tasa pasiva), y de las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323; 16 de la ley 25.561 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
A su vez, dispuso que el saldo resultante a favor del trabajador devengará intereses con arreglo a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósitos a treinta días hasta el 18 de agosto de 2008, y desde el día siguiente -o desde que cada suma es debida- hasta su efectivo pago, según fecha de cumplimiento impuesta en la sentencia, a la tasa pasiva digital que utiliza dicha entidad a través del Sistema Banca Internet Provincia (v. fs. 241 y vta.).
II. Contra este último aspecto del pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 261/276).
En primer lugar, respecto a la admisibilidad del medio de impugnación, sostiene que al estar en juego la adecuación de un fallo de un tribunal inferior a la doctrina del máximo Tribunal de Justicia de la Nación y a la Constitución nacional, se justifica la intervención del Tribunal Superior de la Provincia para agotar la instancia local, sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales. En este camino, afirma que los fallos y precedentes de la Corte Suprema deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario federal (v. fs. 261 vta.).
Luego, en lo medular de su crítica, se agravia de "...la combinación de tasas pasivas comunes y tasas pasivas B.I.P." que el tribunal de grado aplicó al capital de condena. Señala que las tasas mensuales nominales -ya sea activas o pasivas- son sensiblemente inferiores a las tasas mensuales de inflación, vulnerando el derecho de los acreedores a que se les respete el poder adquisitivo de sus créditos (v. fs. 263 vta./265 vta.).
A continuación, afirma que al fallar en las causas S.722.XXIV, "Simonet, Mario A. c/ La primera de Ciudadela S.A. s/ Despido", sentencia de 4-X-1994 y C.161.XXV, "Chaine, Gerardo M. c/ OLDE S.A. s/ Despido", sentencia de 13-X-1994, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la tasa pasiva de interés no es aplicable a los créditos laborales, por lo que el juzgador de grado no sólo ha violado esa doctrina, sino también la de esta Suprema Corte en orden a los citados efectos vinculantes de los fallos emitidos por el máximo Tribunal (v. fs. 266).
Con el objeto de acreditar el perjuicio invocado, cuantifica el crédito de autos aplicando un "coef. Ajuste por depreciación monetaria (591%)" e intereses al 6% anual, siendo esta una de las posibilidades que expone para evitar la confiscación de los créditos alimentarios del acreedor laboral y la violación a su derecho de propiedad (v. fs. 269).
En ese orden, aduce que la aplicación de tasas de interés inferiores a la inflación afecta gravemente el poder adquisitivo del accionante, en tanto no se reparó en la depreciación monetaria que, como consecuencia del proceso inflacionario, ha sufrido el crédito de naturaleza alimentaria que le fuera reconocido en la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional de origen, violándose de tal modo su derecho de propiedad tanto en materia de capital como de intereses, consagrado en el art. 17 de la Constitución nacional (v. fs. 265 vta./271).
Plantea diversos métodos para evitar la confiscación a favor del deudor de los créditos alimentarios del acreedor laboral y la vulneración de aquel derecho.
Así, enumera la declaración de inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación de los créditos de dinero (v. fs. 271/272 vta.); la fijación prudencial de los intereses por parte de los jueces teniendo en cuenta la actual inflación y los aumentos de salarios (v. fs. 273); y- por último- la aplicación de intereses bancarios a la tasa activa con capitalización mensual (v. fs. cit.).
Concluye que la sentencia atacada vulnera los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil; 768, 769, y 1.738 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 273 vta. y 274).
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente es menester destacar que, verificándose en la especie que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones por las que la recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
III.2.a. Establecido lo anterior, cabe destacar que el planteo por el que se cuestiona la tasa de interés moratorio que aplicó el tribunal a quo al monto de condena (pasiva, en su variante denominada "digital"), ya ha sido resuelto en casos análogos y en sentido adverso a la pretensión del impugnante (causas L. 121.207, "Castillo", resol. de 11-IV-2018; L. 119.461, "Toranzo", sent. de 22-VIII-2018; L. 119.520, "Silva", sent. de 3-VII-2019; L. 120.898, "Albarracín", sent. de 12-II-2020; L. 121.678, "Huide", sent. de 26-V-2020; e.o.).
En las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), esta Suprema Corte, por mayoría que conformé, estableció con carácter de doctrina legal que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Conforme lo señalado, dado que la decisión adoptada por el órgano de grado encuentra respaldo en la mentada directriz, corresponde desestimar el cuestionamiento traído en este aspecto.
III.2.b. A la par, cabe agregar que resulta equívoca la lectura por parte del interesado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación individualizados como S.722.XXIV, "Simonet" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV, "Chaine" (sent. de 13-X-1994), toda vez que en estos pronunciamientos en modo alguno el alto Tribunal hubo de expedirse por la inaplicabilidad en los "juicios laborales" de tasas de interés como la dispuesta en autos.
III.2.c. Luego, no queda margen para ingresar en el análisis de la denunciada inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el planteo fue traído por el recurrente como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, en una tesis que -a mayor abundamiento- es contraria a lo expresado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011 y L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012), sin que se aporten nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la doctrina citada.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por el doctor Genoud, y con relación a lo indicado en el punto III.2.a., lo hago remitiéndome -por razones de brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente", sentencias de 31-X-2016 -entre otras-, pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v.gr. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, también habré de compartir -dejando a salvo mi opinión- la propuesta decisoria del colega ponente.
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en los puntos III.1., III.2.b. y III.2.c., de su voto.
II. En lo concerniente a los intereses que corresponde aplicar sobre el capital de condena, habré de señalar que tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
III. No obstante la suficiencia de lo expuesto para resolver la suerte de la cuestión que nos convoca, la lectura de la pieza recursiva presentada me lleva a formular algunas otras consideraciones.
El objetivo natural de cualquier recurso, pero especialmente el del recurso extraordinario, es criticar la resolución que se considera perjudicial de manera de lograr su cancelación, revocación o anulación. Se trata de un discurso donde han de desarrollarse argumentos que convenzan al organismo revisor del error en que se habría incurrido por parte del a quo o de su falta de consideración de algún extremo que pudo cambiar el sentido del pronunciamiento. Tal finalidad no se logra con una pieza donde abundan los subrayados y entrecomillados superfluos, las transcripciones innecesarias, los énfasis tendenciosos, las mayúsculas, bastardillas y negritas redundantes, las alusiones -nunca especificadas- a errores que pudieron haberse cometido, las citas incompletas, las remisiones a datos absolutamente inatinentes, el lenguaje de barricada, las preguntas irónicas (que, una vez analizadas, ni siquiera llegan a retóricas), etcétera.
Tampoco llevarán mejor suerte las descomedidas solicitudes especiales para que esta Corte notifique la providencia de autos, dé fundamentación autónoma a sus resoluciones, se ocupe del caso concreto y no de simples remisiones a otros juicios. En todo caso, los reclamos referidos a "la mal llamada 'doctrina legal' que aplica V.E. [que] carece de fundamentos -económicos, financieros, jurídicos y morales- serios", así formulados, hacen sospechar del conocimiento y manejo de la más elemental técnica recursiva.
En definitiva: es con razones que se debe convencer; y las razones auténticas nunca suenan insolentes.
IV. En función de lo expresado en los puntos I y II, concluyo en que el recurso presentado debe desestimarse, con costas (art. 289, CPCC)
Doy, entonces, mi voto por la negativa .
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/02/2021 13:00:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/02/2021 14:29:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/02/2021 15:07:41 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2021 12:31:44 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2021 10:45:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia