Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122063
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, se revoca el fallo de grado y se declara la incompetencia en este estado del tribunal de trabajo interviniente para entender en autos con los alcances indicados en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se dispone su remisión a la sede de origen a sus efectos.
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, en atención a las dificultades interpretativas y a la naturaleza de la cuestión tratada (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial deberá reintegrarse en su totalidad a la recurrente (arts. 293, CPCC y 63, ley 11.653).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.063, "Cáceres, Víctor Hugo contra Experta ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.997 y la consecuente inaplicabilidad de los arts. 1 a 4 de la ley 27.348, y su competencia para intervenir en las presentes actuaciones (v. fs. 43/50).
Se dedujo, por la legitimada pasiva, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10 de julio de 2018) el que, denegado por el juzgador de grado (v. fs. 62/63), fue concedido por esta Corte (v. fs. 125/127) al resolver la queja interpuesta (v. fs. 117/120).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de grado declaró -como cuestión previa- la inconstitucionalidad de la ley 14.997 y la consecuente inaplicabilidad de los arts. 1 a 4 de la ley 27.348, y su competencia para entender en la presente causa, promovida por el señor Víctor Hugo Cáceres contra Experta ART S.A., en reclamo del pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de reparación de infortunios laborales (leyes 24.557 y 26.773), por la incapacidad que contrajera a consecuencia del accidente de trabajo que denunció ocurrido el día 2 de agosto de 2016, mientras prestaba tareas (v. fs. 43/50).
Para así decidir, indicó que la contingencia por la que se reclama en autos se encuentra regida por la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por las leyes 26.773 y 27.348, y que dicho plexo normativo sustrae de la competencia de los tribunales ordinarios todos los litigios que tengan como objeto una pretensión indemnizatoria vinculada a accidentes y enfermedades del trabajo -arts. 8 apartado 3, 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo y 1 a 4 de la ley 27.348- (v. fs. 43 y vta.).
En tales condiciones, sostuvo que correspondía dilucidar -inicialmente- si la acción intentada podía tramitarse por la vía elegida y por ante ese órgano jurisdiccional, aunque no estuviera aún trabada la litis, en tanto su tratamiento no implicaba adelantar opinión con relación a las cuestiones que hacían a la esencia de los asuntos en debate, debiendo estas últimas quedar diferidas para luego de sustanciarse la causa, de conformidad con las normas del debido proceso (v. fs. 43 vta.).
En ese sentido, anticipó su competencia en tanto, si bien las disposiciones de la ley 27.348 resultarían -en principio- aplicables en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires en virtud de la adhesión que a ese régimen legal hubo de llevar a cabo la ley provincial 14.997 (B.O. de 8-I-2018), al aceptar la "invitación" cursada por el gobierno nacional, esta última no superaba el test de constitucionalidad, toda vez que vulnera la autonomía provincial y la garantía de acceso irrestricto a la justicia (v. fs. 43 vta./46 vta.).
Sobre tales bases, declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.997 en cuanto adhiere expresamente al régimen legal instituido por el Título I de la ley 27.348, pretendiendo vedar a los trabajadores siniestrados el ilimitado acceso a la justicia del que gozan, al imponerles un recorrido previo por la instancia administrativa, vulnerando de tal modo las disposiciones de los arts. 5, 75 inc. 12, 121 y 122 de la Constitución nacional y 15 de la Constitución provincial (v. fs. 46 vta.).
Desactivada la aplicación al caso concreto de dicha normativa y, por su conducto, de los arts. 1 a 4 de la ley 27.348, el tribunal de origen también decretó la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 -en la redacción original- y del decreto reglamentario 717/96, y su competencia para intervenir en autos (v. fs. 47/48).
II. Contra la resolución del tribunal de grado la aseguradora demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10 de julio de 2018).
Manifiesta que la supuesta delegación de atribuciones propias de los estados locales en materia de justicia no es tal, pues el propio art. 2 de la ley 27.348 (al que adhiere la ley 14.997 tachada de inconstitucional) establece que una vez agotada la instancia administrativa "...el trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la comisión médica jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...". De allí que, afirma, no se verifica renuncia ni delegación de ninguna facultad, pues todos los sinestros -sin distinción o límite- pueden ser sometidos a la instancia revisora judicial provincial.
Señala que es falsa la aseveración de que la adhesión efectuada al sistema que establece la ley 27.348 importa violentar la autonomía provincial a través de delegaciones inadmisibles de facultades reservadas.
Argumenta que ni la Provincia ha dejado de administrar justicia, ya que habrá de resolver en la instancia judicial los casos en que un trabajador considere que sus derechos no han sido reconocidos en las instancias administrativas previas, ni tampoco ha habido una renuncia a dictar normas de procedimiento. Alega que tampoco existe una supuesta violación de las garantías constitucionales de acceso irrestricto a la justicia y del debido proceso.
En este último aspecto, refiere que la configuración de una instancia administrativa previa especializada ha sido admitida por la jurisprudencia, aunque condicionándola a la ulterior revisión judicial suficiente.
Sostiene que la declaración de inconstitucionalidad de las Comisiones Médicas incorporadas en el régimen anterior, eran solo recurribles por recurso de apelación ante la Cámara Nacional de la Seguridad Social o ante los juzgados federales, situación muy diferente al establecido por el régimen actual que claramente atribuyen jurisdicción a la justicia ordinaria del fuero laboral provincial, por lo que los fundamentos expuestos por el tribunal carecen de sustento alguno.
III. El recurso prospera.
III.1. En primer lugar, cabe precisar que reiteradamente esta Corte ha expresado que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de decidir la causa, aunque éstas resultaren sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (causas L. 88.094, "Borda", sent. de 21-VI-2006; L. 82.813, "Rocha", sent. de 7-V-2008 y L. 104.668, "Bravo", sent. de 21-XII-2011).
III.2. Luego, corresponde señalar que este Tribunal ya se ha pronunciado sobre el tópico aquí debatido -en sentido favorable a la pretensión del recurrente- declarando, por mayoría de fundamentos que integré, la validez constitucional de la ley 14.997 (v. causas L. 121.939, "Marchetti", sent. de 13-V-2020; L. 124.309, "Delgadillo" y L. 123.792, "Szakacs", sents. de 2-VI-2020).
En este sentido, en lo sustancial, se estableció en los citados precedentes que la adhesión dispuesta en el art. 1 de la ley 14.997 a la ley 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente) complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo supera, en el contexto del posterior dictado de la ley 15.057 (arts. 2 inc. "j" y 103), el test de constitucionalidad desde que no importa delegación de facultades propias del gobierno local, ni su contenido se observa sustraído del conocimiento de las controversias del fuero provincial del trabajo, quedando garantizados los derechos de defensa, debido proceso y acceso a la justicia de los trabajadores víctimas de infortunios laborales y sus derechohabientes, así como el control judicial suficiente en el esquema organizacional del régimen de riesgos del trabajo.
Por ello, y demás argumentos expuestos en las causas mencionadas a los que remito por razones de brevedad, juzgo que la impugnación debe declararse procedente.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocar el pronunciamiento de grado en cuanto decretó la inconstitucionalidad de la ley 14.997, cuya validez constitucional y aplicabilidad al caso, así como la de la ley 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente, dado el estricto marco de debate aquí traído) se declaran. Asimismo, debe decretarse la incompetencia en este estado del tribunal interviniente para entender en la presente causa, debiendo disponerse el archivo de las actuaciones.
Atento las dificultades interpretativas y dada la naturaleza de la cuestión tratada, las costas de ambas instancias deberán ser soportadas en el orden causado (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial deberá reintegrarse en su totalidad a la recurrente (arts. 293, CPCC y 63, ley 11.653).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, se revoca el fallo de grado y se declara la incompetencia en este estado del tribunal de trabajo interviniente para entender en autos con los alcances indicados en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se dispone su remisión a la sede de origen a sus efectos.
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, en atención a las dificultades interpretativas y a la naturaleza de la cuestión tratada (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial deberá reintegrarse en su totalidad a la recurrente (arts. 293, CPCC y 63, ley 11.653).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/02/2021 13:00:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/02/2021 14:29:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2021 12:31:37 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2021 12:33:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2021 13:03:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia