Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122044
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.044, "López, María Isabel y otros contra Canteras Piatti S.A. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres.
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 566/590 vta.).
Se dedujeron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 5 de julio de 2018 y 6 de julio de 2018).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 633/635 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad deducido por la parte actora?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
En su caso:
3ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada?
En su caso:
4ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de nulidad?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen, en lo que interesa, hizo lugar a la demanda promovida por María Isabel López y sus hijos Gabriel Szurlewicz, Bárbara Szurlewicz y Nicolás Szurlewicz contra Canteras Piatti S.A., condenando a esta última a abonar la suma que especificó en concepto de indemnización por daños y perjuicios con motivo del fallecimiento de Francisco Szurlewicz (quien fuera cónyuge y padre de los demandantes, respectivamente) producida como consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido en ocasión del trabajo (v. fs. 566/590 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de nulidad (v. presentación electrónica de fecha 5 de julio de 2018).
III. El recurso no prospera.
La irregularidad de los recursos extraordinarios interpuestos en forma promiscua -como lo destaca el señor Procurador General en su dictamen (v. fs. 635 vta.)- confiere razón suficiente para su rechazo (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Sabido es que la nota característica de esta instancia extraordinaria es la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (causas L. 104.470, "Negreti", sent. de 29-V-2013 y L. 115.885, "Ríos", sent. de 26-VI-2013), labor que no ha sido cumplida por el recurrente.
En efecto, como surge de la lectura de la presentación en examen, los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley deducidos y presentados en forma conjunta, contienen un mismo desarrollo argumental (concerniente a la valoración del convenio extrajudicial suscripto entre las partes y su gravitación en el análisis de la responsabilidad civil de la demandada) del cual no es posible deslindar aquellos argumentos referidos a uno u otro medio de impugnación.
Esto implica que el interesado hizo caso omiso del principio de especialidad de las vías recursivas y de la doctrina de esta Corte que sostiene que, por ser distintas las fuentes de impugnación a que se refieren los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, la pretensión de fundar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad de manera conjunta, con los mismos argumentos o entrelazándolos, incumpliendo de tal manera con la exigencia legal de deducirlos en términos claros y concretos, resulta improcedente, salvo supuestos excepcionales que, en la especie, no encuentro configurados (causas L. 106.794, "Buceta Fontán", sent. de 9-XI-2011; L. 106.725, "Rocha", sent. de 30-XI-2011 y L. 115.885, "Ríos", sent. de 26-VI-2013).
Sumado a ello, cabe advertir que la vía de nulidad intentada debió haber sido fundada concretamente con base en alguno de los supuestos que contemplan los arts. 168 y 171 de la Carta local, lo cual no ocurrió en autos.
Siendo ello así, corresponde el rechazo de los embates cuya promiscuidad argumental genera una confusión en la que no es posible desentrañar dónde comienza o finaliza uno u otro (causas L. 104.329, "Ayala", sent. de 15-VI-2011; L. 107.491, "V., A. R.", sent. de 3-X-2012 y L. 116.543, "Pederzoli", sent. de 5-III-2014). Tal actividad, en definitiva, es una carga propia del recurrente que no puede ser suplida por esta Corte.
IV. En este marco, entiendo que no corresponde formular más apreciaciones para rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Atento lo expuesto respecto de la primera cuestión, corresponde -por idénticos motivos- desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora, en tanto se ha fundado promiscuamente con el de nulidad (conf. arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 y modificatorias).
Con costas (arts. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Tal como se expuso, el tribunal de origen condenó a Canteras Piatti S.A. a pagar una indemnización por daños y perjuicios derivados de la muerte de Francisco Szurlewicz, producida como consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido en ocasión del trabajo (arts. 1.078 y 1.113, Cód. Civ.; v. fs. 566/590 vta.).
Por no mediar controversia, tuvo por cierto que el causante trabajó para Canteras Piatti S.A. desde el 1 de septiembre de 1996 como gerente de producción en la planta trituradora de piedra granítica en la localidad de Sierras Bayas, partido de Olavarría. Asimismo, que el 26 de noviembre de 1999 sufrió un accidente vial, que produjo su muerte, a la altura de la ruta 226 en camino al aeródromo provincial de Olavarría, cuando guiaba una camioneta Ford Ranger puesta a disposición por la empresa para la ejecución de las tareas gerenciales propias de su función.
Tras descartar la imputación efectuada al empleador en los términos de los arts. 1.074, 1.109 del Código Civil y 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, resolvió que éste debía responder civilmente pues la actividad desplegada por el trabajador debía ser calificada como riesgosa en los términos del art. 1.113 segundo párrafo del Código Civil. Citó en su apoyo precedentes de esta Corte.
A la par, concluyó que la camioneta Ford Ranger podía individualizarse como la cosa riesgosa causante del daño, cuyo dueño era la demandada, en tanto que el señor Szurlewicz (conductor) resultaba un simple tenedor de esta y no su guardián. Aclaró que el trabajador no se servía del vehículo para su provecho, sino que lo hacía en cumplimiento de su tarea, de la que, precisamente, era beneficiaria la demandada.
Juzgó acreditado el nexo existente entre el riesgo de la cosa (la actividad como elemento coadyuvante y el vehículo que conducía el trabajador) y el daño.
Luego, en el marco del art. 1.113 del Código Civil determinó que había existido un obrar culposo del causante pues al momento del accidente no llevaba colocado el cinturón de seguridad y conducía a una velocidad del orden de los 94 km./hora que, si bien estaba permitida, el perito técnico interviniente en autos entendió inadecuada para el estado del camino en el que circulaba.
Comprobada la situación antedicha, se abocó a analizar su incidencia total o parcial en la ocurrencia del daño y señaló que la demandada había logrado probar la hipótesis de "culpa concurrente". Así determinó la incidencia parcial y culpable de la velocidad desarrollada por Szurlewicz en el acaecimiento del accidente, en un 20% en tanto factor de atribución. Y respecto de la omisión de haber llevado colocada la correa de seguridad, sostuvo que ello no había contribuido al acaecimiento del suceso, mas sí había agravado la magnitud de los daños en un 20%, que también debía computarse a la hora de mensurar la reparación.
En consecuencia, con estas limitaciones, juzgó procedente la acción fundada en el art. 1.113 del Código Civil y condenó a la demandada al pago del importe que especificó en concepto de reparación integral.
En otro orden, desestimó la defensa esgrimida por la demandada acerca del cabal cumplimiento de un acuerdo extrajudicial celebrado con los derechohabientes (concomitante con el proceso concursal de la empresa), según el cual, la accionada adujo haberles abonado un importe de $2.019.169,70.
Sobre el particular explicó que, promovida la demanda (año 2000) y trabada la litis, las partes discreparon sobre la competencia laboral para conocer en el juicio. La decisión alcanzada fue motivo de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual, una vez radicado ante la Corte, fue desistido por la interesada.
Refirió que por inacción de las partes (septiembre 2002/agosto 2011) se dispuso el archivo de la causa, hasta junio de 2012. Fue entonces cuando se denunció el incumplimiento del acuerdo extrajudicial, fracasando los intentos conciliatorios promovidos por el tribunal actuante.
Ponderó que la sindicatura había informado que los actores oportunamente habían solicitado la verificación de un crédito laboral por la suma de $2.102.209, pero que este fue declarado "inadmisible" (art. 35, LCyQ). También, que los reclamantes no habían percibido suma alguna en el proceso concursal, que finalizó el 18 de septiembre de 2009 por cumplimiento del concordato (art. 59, LCyQ).
Discutido por los litigantes el pago de $2.019.169,70 con motivo del señalado convenio (en cuotas ajustadas y durante el término de suspensión del trámite del proceso), juzgó que la demandada no había satisfecho la carga de su acreditación (art. 375, CPCC).
Precisó que no había en autos constancias de tales desembolsos en los términos del art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, que tuvieran por causa el hecho de los presentes autos y como beneficiarios a los actores. Descartó asimismo la existencia de comprobantes bancarios que abonasen la percepción por estos de dinero alguno.
Al respecto, precisó que en el informe pericial contable (v. fs. 454/456) solo se verificaba una enumeración de supuestas órdenes de pago, extraídas de las constancias unilaterales de la empresa (libro Diario General y Mayor), aunque sin debido respaldo documental o comprobante de que tales importes hubieran ingresado (mínimamente) de algún modo a la esfera patrimonial de los reclamantes (arts. 725 y concs., Cód. Civ., ley 340).
En ausencia de elementos idóneos, desestimó los argumentos de la defensa.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 901, 906, 1.109, 1.111 y 1.113 del Código Civil; 73 y concordantes de la ley 5.800 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 6 de julio de 2018).
II.1. Cuestiona por absurdo el razonamiento empleado por el tribunal de grado en cuanto responsabilizó al empleador en los términos del art. 1.113 del Código Civil, habida cuenta que -alega- se corrobora con las constancias obrantes en la causa que el infortunio sufrido por el trabajador se produjo por su exclusiva culpa.
En tal sentido, según las circunstancias del acaecimiento del siniestro, endilga al fallo ausencia de toda lógica al haberle imputado un riesgo objetivo por la propiedad de la cosa riesgosa y como concausa del hecho.
Ello, porque -aduce- es indudable que el accidente se hubiese producido de todas maneras por exclusiva responsabilidad o culpa de la víctima.
Afirma que la causa adecuada del hecho -excluyente de su responsabilidad- fue la conducta de la propia víctima, quien no respetó ninguna de las normas viales, puesto que circuló a más de 94 km./hora, sin cinturón de seguridad, por un camino de tierra inestable y peligroso, cuya existencia conocía por ser vecino del lugar.
En tal sentido, reafirma que el obrar culposo del trabajador se verificó en dos aspectos: a) por no llevar colocada la correa de seguridad; y b) desarrollar una velocidad mínima del orden de los 94 km./hora que el perito entendió "inadecuada" para el estado del camino por el que circulaba. Extremos admitidos en la decisión de origen.
II.2. En segundo lugar, impugna la valoración efectuada por el a quo sobre el convenio extrajudicial celebrado por la parte actora a raíz del fallecimiento del trabajador.
Controvierte que no se tuviera por demostrado el cumplimiento de los pagos extrajudiciales con motivo del siniestro de autos.
Sostiene que en su presentación de fs. 288/291 del 16 de septiembre de 2014, los propios reclamantes admitieron en forma expresa la existencia del acuerdo celebrado en noviembre de 2001 y que, producto del mismo, recibieron pagos en forma extrajudicial, mas sin precisar cantidades de cuotas ni valores totales.
Censura que el tribunal interviniente no hubiera conferido validez a tales desembolsos como pago a cuenta del monto total que debiera abonarse en autos, convalidando de esa forma un abuso de derecho y un enriquecimiento sin causa de la contraparte.
Reafirma que dicha circunstancia quedó acreditada mediante la pericia contable que determinó que la empresa abonó a los actores la suma total de $2.386.598,70, referentes al convenio obrante a fs. 288/289. Ello entre los años 2001 y 2014 (según Anexo 1 del responde de observaciones del perito contador Ochoa). Invoca en su apoyo lo normado por el art. 260 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Como ilustra el relato de antecedentes, el agraviado, censura, de un lado, la atribución de responsabilidad civil en los términos del art. 1.113 del Código Civil, en razón de postular que, en la especie, ha mediado culpa excluyente de la víctima en el infortunio que le ocasionó su muerte.
Del otro, cuestiona el rechazo de la defensa opuesta por su parte en razón del acuerdo extrajudicial que adujo haber satisfecho íntegramente entre los años 2001 y 2014 por un importe de dos millones trescientos ochenta y seis mil quinientos noventa ocho con setenta centavos ($2.386.598,70).
III.2. Siguiendo el orden de tales cuestionamientos, resulta necesario adentrarse en la pretendida exoneración de la responsabilidad civil que le fuera endilgada con los alcances ya descriptos en los antecedentes.
III.2.a. De inicio, debo recordar que determinar la responsabilidad ante un hecho concreto -ya sea en lo que hace al factor de atribución, como a la entidad de la incidencia causal- es una típica cuestión de hecho inabordable -en principio- en esta instancia extraordinaria (causas L. 116.696, "Sosa de Correa", sent. de 31-X-2016; C. 89.243, "Pérez Levalle", sent. de 9-VI-2010; C. 107.517, "Herrera", sent. de 2-XI-2011 y C. 109.384, "Rodríguez Oliveira de Dalmao", sent. de 24-IV-2013). También lo es establecer si ha mediado prueba indubitable de liberación de la responsabilidad que contempla el art. 1.113 del Código Civil. Por ende, en tanto fruto de una valoración que incumbe privativamente a los tribunales del trabajo, la revisión de tales extremos queda subordinada a la cabal demostración del absurdo (causas L. 103.984, "Müller", sent. de 12-X-2011; L. 103.686, "A., M. C.", sent. de 15-VII-2015; L. 116.696, "Sosa de Correa", sent. de 31-X-2016 y L. 120.043, "Idalgo", sent. de 4-VIII-2020).
III.2.b. En el caso, el interesado objeta la apreciación de la prueba pericial técnica, alegando, en lo sustancial, que la velocidad establecida, el estado del camino y la falta de uso de cinturón de seguridad, demuestran la exclusiva culpa de la víctima en el siniestro objeto de reclamo.
III.2.c. Cabe resaltar que tras un minucioso cotejo de los resultados del informe técnico accidentológico obrante a fs. 36/38 de la IPP agregada por cuerda, y del elaborado por el perito técnico desinsaculado en autos (comprensivo de las aclaraciones efectuadas), formó su convicción acerca de un actuar culposo del trabajador en dos aspectos: a) Al no llevar colocado el cinturón de seguridad; y b) al desarrollar una velocidad mínima del orden de los 94 km./hora pero que el experto entendió "inadecuada" para el estado del camino.
Con tales elementos de juicio, y respecto de la responsabilidad por el acaecimiento del accidente en general, estimó que la demandada había logrado probar la llamada "culpa concurrente" de la víctima que, por no ser exclusiva, conculca o desgrava parcialmente el acaecimiento del daño, debiendo expresarse su incidencia valorativa mediante un porcentaje.
Sobre los extremos fundantes de tal conclusión, evaluó que la velocidad alcanzada (mínima de 94 km./hora), no era precautoria (conf. arts. 50, ley 24.449 y modif.; 1, ley provincial 13.927 y sigs.) en la medida que -según la pericia vial- no le permitió a su conductor sostener el control del vehículo, aunque se encontrara dentro del límite de velocidad legalmente permitido -hasta 110 km./hora para camionetas en zona rural- (arts. 51 inc. "b".1, ley 24.449 y modif.; 1, ley provincial 13.927 y sigs.).
Refirió que el informe pericial era concluyente al advertir que la velocidad desarrollada por Szurlewicz resultó "inadecuada" y al menos imprudente para el estado del camino rural transitado, que en ese tramo se hallaba sin pavimentar, sin consolidar y sin mejoras. Esa medida de contribución al accidente, cabía mensurarla en un veinte por ciento (20%), que debía detraerse de la atribución total de responsabilidad del empleador.
En cuanto a la defensa opuesta por la demandada concerniente a la falta de uso del cinturón de seguridad, resolvió que ello había contribuido a la magnitud del daño, pero en modo alguno podía erigirse -al menos en el caso de autos- como un factor de atribución, dado que, en la hipótesis contraria (es decir, de haberse utilizado la correa), en nada hubiera favorecido a la estabilidad del rodado y con ello a evitar el vuelco.
Por lo tanto, entendió que ese aspecto, incidiría en todos los rubros reclamados, conculcando los mismos en un veinte por ciento (20%) de agravamiento.
III.2.d. Se observa, entonces, que la crítica se yergue sobre idénticos extremos valorados por el a quo , aunque postulando una solución diversa y favorable a los intereses del agraviado, método que, como es sabido, resulta ineficaz para demostrar la existencia de absurdo.
Es evidente que la exposición de meras discrepancias subjetivas, como las que contiene la impugnación en tratamiento, no resulta apta para concitar la revisión de lo decidido en la instancia de grado pues, conforme lo ha declarado este Tribunal, es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se agota en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de grado por el propio, en orden a los medios probatorios considerados y a las conclusiones arribadas. La exhibición de una opinión discrepante no basta para acreditar el error grave, grosero y fundamental configurativo de absurdo y susceptible de invalidar el pronunciamiento (art. 279, CPCC; causas L. 99.061, "Sacchi", sent. de 20-V-2009 y L. 89.305, "De La Tebez", sent. de 14-IV-2010).
III.3. El agravio referido a los pagos derivados del acuerdo extrajudicial celebrado durante la suspensión del trámite consensuado entre las partes tampoco prospera.
En el caso, el tribunal de origen estableció que no había mediado en la especie la existencia de pag
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