Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125018
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.018, "Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Amparo Sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, de Lázzari, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 36/52).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7 de noviembre de 2019; v. copia fs. 56/62 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) contra la Provincia de Buenos Aires y declaró la inconstitucionalidad del art. 101 de la ley 14.983 mediante el cual se derogó el inc. "p" del art. 177 del Código Fiscal (t.o. 2011). Consecuentemente, condenó a la accionada "...a dejar sin efecto los cargos deudores del impuesto inmobiliario correspondientes al año 2018 y 2019" emitidos por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) sobre los inmuebles que fueran de titularidad de la asociación sindical actora, y -además- a mantener la exención del impuesto inmobiliario para el futuro.
Aseveró que la admisión de una exención impositiva, dado su carácter excepcional, debe resultar de modo inequívoco de la expresión de la voluntad legislativa.
Destacó, asimismo, la jerarquía superior a las leyes que poseen los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, destacando especialmente el n° 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, de rango constitucional.
Señaló que el art. 39 de la ley 23.551 -apartado segundo- no admite, a su modo de ver, una interpretación en el sentido de una "invitación" a las provincias y municipios a adecuar su normativa al régimen de exenciones establecido por la norma nacional, sino que el legislador nacional asigno a dicha norma carácter imperativo. Agregó que, sin perjuicio de las autonomías provinciales en política tributaria, en tanto la ley nacional establece que los actos y bienes de las asociaciones sindicales con personería gremial destinados al ejercicio específico de las funciones propias previstas en sus arts. 5 y 23 estarán exentos de toda clase de gravamen, contribución o impuesto de manera automática y por la sola obtención de dicha personería gremial, "...mal podría reputarse circunscripta a la entelequia que representa el Estado nacional, despojado de la composición de los Estados provinciales" (sent., fs. 44 y vta.).
Expresó que la normativa mencionada en el párrafo precedente fue objeto de adhesión por la Provincia de Buenos Aires mediante la ley provincial 13.758, la cual no fue derogada y permanece aún vigente.
Resaltó el sentenciante que la doctrina y jurisprudencia imperantes sobre el tema se mantuvieron invariables por más de tres décadas y que el principio de exención tributaria fue refrendado por leyes posteriores, ello, hasta el dictado de la ley 14.983 que modificó la ley impositiva para el ejercicio fiscal 2018. Refirió que la mentada ley derogó "...lisa y llanamente y sin fundamento alguno" (sent., fs. 45 vta.), en sus considerandos, el inc. "p" del art. 177 del citado Código (art. 101) y el inc. 1 de su art. 243 (art. 108).
En este contexto, sostuvo que correspondía resolver cual norma debía prevalecer, si la propia del derecho tributario o la referida a los derechos sindicales. Liminarmente, afirmó que ninguna medida impositiva podía lesionar ni afectar los derechos sociales y sindicales, en contraposición con lo dispuesto en los arts. 14 bis de la Constitución nacional, 39 de la Constitución provincial y 47 de la ley 23.551 (v. sent., fs. 47 y vta.).
Despejado ello, ya refiriéndose a las leyes provinciales, expresó que la ley de adhesión 13.758 era especial y de carácter permanente, mientras que la ley 14.983 -puntualizó- era general y se refería específicamente al ejercicio fiscal del año 2018. Desde esta óptica, concluyó que una ley especial anterior no podía ser derogada implícitamente por una ley general posterior (v. sent., fs. 47 vta.).
Seguidamente, sostuvo que la tutela supralegal y la progresividad previstas en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y el art. 39 de la Constitución provincial obligan a proteger a los trabajadores y auspician con carácter progresivo su organización sindical libre y democrática. Destacó que, en cumplimiento de ese mandato, tanto el art. 39 de la ley 23.551 como la ley 13.758 eximieron de impuestos a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial y que a partir de allí durante décadas estas últimas vieron favorecidas su administración y financiamiento (v. sent., fs. 48).
Manifestó que la ley 14.983 retrograda, arbitraria e infundadamente, el beneficio sindical "pacíficamente reconocido durante años", lo que resulta incompatible con el orden supralegal precedentemente citado.
A continuación, reiteró que el texto del art. 39 de la ley 23.551, en su segundo párrafo, va más allá de una mera invitación, erigiéndose en un principio jurídico normativo que compromete a los estados provinciales a corregir sus respectivos códigos fiscales (v. sent., fs. 48 vta. y 49).
Con el basamento descripto en párrafos anteriores, decretó -como se anticipó- la inconstitucionalidad del art. 101 de la ley 14.983 y su inaplicabilidad al caso, y dejó sin efecto los cargos deudores del impuesto inmobiliario correspondientes a los años 2018 y 2019 sobre los inmuebles cuya titularidad corresponda al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), manteniendo dicha exención hacia el futuro. Juzgó aquí que esa decisión conducía a mantener incólumes las motivaciones del legislador de aquel momento y las razones que llevaron a determinar la exención impositiva sobre inmuebles y/o bienes registrables a nombre de las asociaciones sindicales, atendiendo, por sobre todas las cosas, los fines perseguidos por las mismas (v. sent., fs. 49 y vta.).
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 28, 31, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; Convenios 87, 98 y 135 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 15 y 39 de la Constitución provincial; 5, 23, 39, 47 de la ley 23.551; 2 del Código Civil y Comercial; 177 inc. "p" (art. 112, texto original de la ley 10.397) y 243 inc. 1 del Código Fiscal; 101 y 108 de la ley 14.983; 19, 26, 28, 29, 32, 39, 44 inc. "d", 47 y 63 y concs. de la ley 11.653; 34 inc. 4, 68, 163 inc. 6 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; decreto nacional 760/01; ley 13.758 y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, objeta la decisión del juzgador de grado de dar curso a la acción por conducto de la vía sumarísima (v. págs. 6/9).
Sostiene que al contestar la demanda y oponerse a su progreso formal, se expusieron "sólidos" fundamentos que no fueron tratados por el tribunal ni siquiera implícitamente, pese a que -según alega- la complejidad y trascendencia de la cuestión debatida en autos, exigían al sentenciante un análisis a conciencia sobre el cumplimiento de los recaudos para tornar viable la acción por el carril cognoscitivo elegido.
Señala que, en esa oportunidad, manifestó que la discusión relativa a la legitimidad de la norma cuestionada en la demanda resulta ajena a la vía procesal de un amparo sindical elegida por el accionante pues no reúne -a su juicio- ninguna de las cualidades previstas en el art. 47 de la ley 23.551, en tanto se halla ausente la afectación a la libertad sindical del sindicato reclamante. Asimismo, sostiene que el cuestionamiento está orientado a controvertir la política legislativa en materia tributaria -potestad provincial no delegada a la Nación- y no una conducta que configure una violación del ejercicio de la libertad sindical y, por ende, que amerite el progreso de la protección invocada por el sindicato actor.
Denuncia que la entidad sindical actora, por la vía sumarísima escogida, intentó eludir el insoslayable tránsito por el proceso ordinario pertinente, en atención a la especificidad y complejidad de la cuestión (art. 683 y sigs., CPCC), instando ante el fuero laboral la discusión sobre la legalidad del ejercicio de potestades tributarias por parte del legislador, lo que, según afirma, constituye una "...materia que debe ser debatida ante otros jueces" (pág. 7).
Manifiesta que la fundamentación del fallo se basó en la dogmática afirmación de que pagar -o no- impuestos está vinculado con la financiación y administración de las asociaciones profesionales de trabajadores, en el marco de su actividad sindical y, a partir de ello, que el objeto de litis encuentra amparo en la ley 23.551. Entiende que esta declaración importa un artilugio argumental destinado a receptar un reclamo que -arguye- en modo alguno fue planteado en términos jurídicos adecuados.
En este orden, alega que la sentencia no explica de qué forma la exigencia de pagar el impuesto inmobiliario puede afectar el funcionamiento de un gremio de las características del SMATA.
Concluye que la decisión adoptada conlleva una clara desnaturalización de la acción de amparo sindical prevista en el citado art. 47 de la mencionada ley 23.551, una tergiversación del contenido de la libertad sindical y el desatinado juzgamiento de una cuestión constitucional tributaria ajena a la jurisdicción y competencia laboral.
II.2. Por otro lado, asegura que el sentenciante incurrió en absurdo y arbitrariedad al declarar la inconstitucionalidad del art. 101 de la ley 14.983.
Alega que la sentencia de grado soslayó considerar que mucho tiempo antes de la sanción de la ley 13.758 (de adhesión a la ley nacional 23.551) se había incorporado a nuestro derecho la citada exención impositiva en beneficio de los sindicatos (mediante ley 11.265, promulgada el día 23 de junio de 1992), por lo que -afirma- la línea argumental en que se sustenta el fallo es portadora del citado vicio invalidante. A ello se suma que la única cuestión de hecho tratada en el veredicto evidencia un desconocimiento del reparto constitucional de competencias en materia de tributos locales, al tenerse por probado que las citadas partidas inmobiliarias fueron directamente beneficiadas con la exención impositiva prevista en el art. 39 de la ley 23.551.
Plantea que en el caso no se encuentran en pugna normas de distintos ámbitos y alcance, sino que se ventila una cuestión relativa a disposiciones de naturaleza impositiva de idéntica jerarquía a las dictadas por la Provincia de Buenos Aires en ejercicio de facultades propias e indelegables (v. págs. 9/12).
Aduce, asimismo, que no se configura en la especie conflicto normativo alguno, desde que la adhesión al art. 39 de la ley nacional 23.551 por la ley -local- 13.758 quedó tácitamente derogada por la posterior ley 14.983 de orden provincial. Ello así, destaca, por imperio del principio jurídico en virtud del cual las normas especiales -en el caso, la ley 13.758- que resultan incompatibles quedan derogadas.
Luego de destacar el carácter -restrictivo y excepcional- de las exenciones impositivas, afirma que el juzgador de grado en su intento de justificar la supremacía del derecho sindical por sobre el tributario, incurrió en un grave yerro, desde que este último viene a sufragar el interés superior del bien común.
Finalmente, expone que el asunto reviste una cuestión de gravedad institucional, pues se desconocen las competencias fiscales no delegadas al Estado federal y su autonomía normativa, que condujo a la sanción de la ley 14.983 de orden local, motivo de impugnación.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, no cabe recepcionar la crítica dirigida a objetar el trámite procesal que se le atribuyó al pleito.
De la reseña efectuada en el liminar apartado de la presente, surge que el tribunal de grado expuso las razones que lo condujeron a dar curso a la acción de amparo por la vía sumarísima (v. fs. 21 y sent., fs. 41 y vta.).
En efecto, el ahora recurrente reedita argumentos empleados en ocasión de contestar la demanda, sin hacerse cargo de rebatir la esencial motivación que contiene la sentencia de grado sobre ese particular aspecto que critica.
Soslaya en su embate que el tribunal juzgó adecuado dar curso a la pretensión con fundamento en el art. 47 de la ley 23.551, al reparar que la cuestión ponía en juego garantías sindicales que dicha norma está orientada a tutelar. Ello así, porque consideró que el pago de gravámenes o su legal eximición llevanínsita la financiación y administración de las asociaciones para el logro de los fines sindicales. En este orden, destacó que los trabajadores gozan del derecho a organizar su administración, debiendo las autoridades públicas abstenerse de toda intervención que lo cercene (conf. art. 3, Convenio 87, OIT).
Este central razonamiento que el tribunal inferior en grado hiló para admitir la acción intentada en el marco de conocimiento que provee el citado art. 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales, orientado a la protección del principio de la libertad sindical como garantía constitucional (arts. 14 bis y 75 inc. 22, Const. nac.; Convenio 87, OIT de igual jerarquía; causa L. 79.331, "Ferulano", sent. de 5-X-2011), no resulta conmovido -insisto- por las meras manifestaciones de la quejosa, basadas en idénticas declaraciones a las formuladas en su responde, que fueron descartadas por las concluyentes definiciones plasmadas en el fallo atacado.
Recuérdese que este Superior Tribunal ha descalificado la aptitud de aquel medio de impugnación que, a través de la mera reiteración de los argumentos sometidos ya a consideración del órgano de origen, no consigue concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido ni evidenciar la existencia de error en la aplicación de las normas actuadas en el fallo (causas L. 117.071, "García", sent. de 9-IV-2014; L. 106.313, "Panigutti", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.812, "Bianchi", sent. de 4-VII-2018; e.o.).
III.2. Tampoco prospera el agravio dirigido a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad del art. 101 de la ley provincial 14.983, en cuanto -en lo relevante- derogó el inc. "p" del art. 177 del Código Fiscal.
A esta altura, cabe aquí recordar que esta última norma establecía que se hallaban exentos del impuesto inmobiliario "Los inmuebles ocupados por asociaciones gremiales de trabajadores con personería jurídica y/o gremial, siempre que les pertenezcan en propiedad, usufructo, o les hayan sido cedidos gratuitamente en uso, siempre que el uso y/o la explotación sean realizadas exclusivamente por dichas entidades".
La señalada definición sustancial del pronunciamiento objetado -cuyas motivaciones han sido puestas de manifiesto en el liminar apartado de la presente- no es idóneamente atacada por la impugnante.
En efecto, no obstante cuestionar la decisión mediante el reproche que formula con respecto a la ponderación de la naturaleza de las normas involucradas (especialmente, en lo vinculado con la distinción entre leyes "especiales" y "generales"), deja sin réplica idónea el esencial argumento esgrimido por el tribunal de grado para adoptar su decisión, fundado en el principio de progresividad que tutela a los trabajadores y a las organizaciones sindicales conforme los términos del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y del art. 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En tal sentido, se sostuvo en el fallo que la norma legal descalificada colisiona con dicho postulado, en tanto retrograda el "beneficio sindical pacíficamente reconocido durante años" concedido a los sindicatos (v. fs. 48 y vta.).
De este modo, resultan de aplicación aquellas directrices sentadas por esta Suprema Corte que establecen que constituye un requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnar en forma concreta, directa y eficaz todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que se asienta (causas L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014; L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015 y L. 120.374, "Brufau", sent. de 29-VIII-2018; e.o.).
III.3. A tenor de las señaladas deficiencias de fundamentación en que incurre la réplica, el fallo de origen ha de permanecer incólume.
IV. Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/02/2021 13:00:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/02/2021 15:07:36 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2021 12:31:30 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2021 12:32:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2021 13:03:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia