Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122370
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 13 de marzo de 2020;
2Tener por no presentado el escrito de fecha 29 de julio de 2020, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 24 de febrero de 2020 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit.; 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
C. 122.370 "QUIMICA SUDAMERICANA SAIC Y F (EN QUIEBRA) C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ EXPROPIACION INVERSA"
I. Con la presentación de fs. 1172/1177 vta., téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 13 de marzo del corriente año.
II. La apoderada del Fisco de la Provincia de Buenos Aires deduce mediante soporte papel y presentación electrónica, ambos de fecha 20 de diciembre de 2019, recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que -por mayoría- rechazó el de inaplicabilidad de ley articulado, con costas (arts. 68 y 289, CPCC; v. sent. de 6-XI-2019).
En el caso, la Cámara interviniente confirmó la sentencia del magistrado de origen que, a su turno y en lo que interesa destacar, declaró operada la expropiación y fijó el monto de la indemnización por la tierra expropiada con criterio de actualidad (v. sents. de 4-VII-2017 y 8-II-2018).
III. En la vía ahora intentada, la recurrente funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de igualdad, propiedad, defensa en juicio y debido proceso (arts. 16, 17, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 21, CADH; v. págs. 2/4, 7/9, 14 y 16/17, soporte digital cit.).
III.1. Cuestiona que la sentencia en crisis convalidó el criterio seguido en las anteriores instancias en cuanto a sostener que existieron actos turbatorios en la propiedad por parte del Estado, rechazando -en consecuencia- la defensa de falta de acción opuesta por el Fisco en los términos del art. 41 de la ley 5.708. Y agrega que se limitó a corroborar la declaración de utilidad pública como recaudo para iniciar el proceso expropiatorio, sin ponderar que dicho acto resulta -según su punto de vista- insuficiente per se para constituir alguno de los extremos previstos en el citado art. 41.
Explica que, en el caso, no existieron medidas que hayan restringido a los propietarios en el pleno goce de sus derechos para reivindicar los bienes declarados de utilidad pública. Y concluye que resultaba facultad discrecional del poder ejecutivo provincial ejecutar -según razones de oportunidad merito o conveniencia- la expropiación (v. págs. 4/7, soporte digital cit.).
III.2. Sostiene que este Tribunal vulneró la regla emanada del art. 8 de la ley 5.708 que establece que la indemnización debida por el expropiante debe ser fijada a la época de la desposesión. Ello pues, afirma que el valor del bien calculado a dicha fecha integra el concepto de "justa indemnización" establecido conforme el sistema regulado por la citada ley. De allí que entiende que la interpretación que efectuó el voto mayoritario de la sentencia atacada -que confirmó la fijación de la indemnización a valores actuales- no sólo se apartó de la normativa aplicable al caso, sino que resultó violatoria del derecho de defensa en juicio e implicó -en definitiva- invalidar la norma aplicable sin declarar su inconstitucionalidad (v. págs. 7/13, soporte digital cit.).
Y en ese sentido, agrega que la valuación efectuada a la fecha de desposesión se ajusta con los intereses establecidos, para compensar la trasmisión de la posesión del bien expropiado sin pago previo (v. págs. 13, soporte digital cit.).
III.3. Aduce, también, que dicha postura se aparta de la doctrina sentada por la Corte nacional en los precedentes que cita -y entiende atinentes- en particular, la causa "Rodríguez de Cayado, María Lydia y otro contra Provincia de Buenos Aires. Expropiación Inversa." (R.22.XLVII, sent. de 28-XI-2013), que ordenó -según su entender- a este Tribunal provincial el dictado de una nueva sentencia fijando el quantum indemnizatorio a la fecha de toma de posesión del bien expropiado, conforme lo establecido por las normas locales aplicables (v. págs. 8 y 12/14, soporte digital cit.).
Asimismo, alega que la interpretación que realiza la Corte Interamericana sobre el art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también establece que debe determinarse el valor comercial del bien expropiado "anterior" a la declaración de utilidad pública, en sintonía -a su modo de ver- con el criterio del art. 8 de la ley 5.708 (v. págs. 14/17, soporte digital cit.).
III.4. Denuncia, por último, la trascendencia del presente caso, que excede el interés particular de las partes y consagra un precedente que califica como "grave" en tanto transgrede las normas aplicables en materia de expropiaciones, con directa afectación al derecho de propiedad del erario público provincial (v. págs. 16/17, soporte digital cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 19 de febrero de 2020), el mismo fue contestado por el apoderado de la parte actora (v. escrito electrónico de fecha 24 de febrero de 2020 y soporte papel de fecha 29 de julio de 2020).
En relación a dicha pieza, cabe destacar que en la misma no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones a fs. 1172 vta./1177 vta.; v. págs. 2/12 del archivo adjunto identificado como "C. 122.370 Cont. Ref.pdf" del trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO - CONTESTA TRASLADO" de fecha 29-VII-2020; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa esa actuación, así como su par electrónico de fecha 24 de febrero del corriente año (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit.; 257 y sigs., CPCCN).
V.1. Respecto de la vía federal, corresponde destacar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las vinculadas con la interpretación y aplicación del derecho público y procesal local (en el sub lite , la procedencia de la defensa de falta de acción, la fijación del valor indemnizatorio del bien expropiado a la luz del art. 8 de la ley 5.708 y la suficiencia del recurso de inaplicabilidad de ley, art. 279, CPCC) son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal, por lo que en estos casos se torna particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112, 306:443, 324:1721, 2672, entre otros).
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que los motivos formulados por la recurrente sólo trasuntan su personal discrepancia con los del voto mayoritario de la sentencia atacada, ineficaces -como tales- para habilitar la instancia federal (doctr. art. 15, cit.).
V.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de apartamiento de la normativa aplicable e irrazonable interpretación de la misma, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la acreditación de un supuesto excepcional (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
V.3. Tampoco se avizora un arbitrario apartamiento del precedente invocado por la interesada ("Rodríguez de Cayado", R.22.XLVII, sent. de 28-XI-2013; v. págs. 8 y 12/14, soporte digital cit.) pues las circunstancias allí juzgadas no pueden ser asimiladas a las planteadas en el presente proceso, pues en aquel antecedente el Fisco expropiante -al momento de la sentencia- no había tomado posesión del inmueble en cuestión. De allí que la crítica ensayada en este aspecto deviene -también- ineficaz para habilitar la instancia federal.
V.4. Por otro lado, es dable apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de igualdad, propiedad, defensa en juicio y debido proceso; arts. 16, 17, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 21, CADH; v. págs. 2/4, 7/9, 14 y 16/17, soporte digital cit.) así como la mención de los fallos internacionales que cita (v. págs. 12/14, soporte digital cit.) no abastece el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 118.204, "Antiguas Estancias Don Roberto", resol. de 31-VIII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017, C. 113.190, "Albisu De Soler", resol. de 7-III-2018; C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 122.829, "Gimenez", resol. de 29-IV-2020; entre otros).
V.5. Resta agregar que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. págs. 16/17, soporte digital cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 13 de marzo de 2020; 2) tener por no presentado el escrito de fecha 29 de julio de 2020, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 24 de febrero de 2020 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit.; 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/10/2020 10:44:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 13:01:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 17:39:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/10/2020 16:50:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/02/2021 12:06:53 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia