Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123410
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.410, "Cabrera, Alejandro Alberto contra Sentra S.A. Despido" con arreglo al siguiente orden de votación (Acuerdo 2078): doctores Kogan, Torres, de Lázzari, Genoud, Pettigiani.
El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la pretensión deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 301/310 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6 de junio de 2018).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Alejandro Alberto Cabrera contra Sentra S.A., condenando a esta última al pago de las sumas que estableció en concepto de las indemnizaciones previstas en los arts. 18 segundo párrafo -última parte- de la ley 22.250; 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 53 ter de la ley 11.653. Asimismo, dispuso que abonara el agravamiento contemplado en el art. 52 de la ley 23.551, integrado por los salarios devengados desde el momento de la extinción de la relación de trabajo hasta la finalización del período de protección de la estabilidad sindical, más un año adicional de remuneraciones.
Rechazó, en cambio, la acción dirigida al cobro del fondo de desempleo, de los salarios del mes de julio de 2014, de las vacaciones proporcionales y sueldo anual complementario de ese mismo año, de horas extraordinarias trabajadas y no abonadas; así como de las indemnizaciones previstas en los arts. 18 segundo párrafo -primera parte- y 19 de la ley 22.250; 2 de la ley 25.323; de aquellas previstas en la ley 24.013 y de la sanción por temeridad y malicia.
Finalmente -en lo que aquí interesa-, con expreso fundamento en el art. 19 de la ley 11.653, impuso las costas a la parte demandada en un 38% y a la actora en un 62%, y reguló los honorarios de los letrados intervinientes en el proceso con fundamento en las leyes arancelarias vigentes (dec. ley 8.904/77 y ley 14.967; v. sent., fs. 309).
II. Contra dicho pronunciamiento, el accionante deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis y 18 de la Constitución nacional; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 19 y 22 de la ley 11.653; 730 último párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación y la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, se agravia del criterio empleado por el sentenciante para la distribución de las costas.
Tras objetar -por exorbitante- los honorarios regulados en autos, controvierte el porcentaje de costas impuesto a cargo de cada una de las partes (38% a la demandada y 62% al actor).
Manifiesta que no es posible que el fundamento del fallo de grado para resolver en ese sentido haya sido la "regla objetiva de vencimiento", cuando -alega- ese principio resulta injusto, arbitrario y antijurídico. Aduce que, en el caso, no caben dudas de que la accionada es "la vencida".
Explica que, a pesar de que esta última sostuvo que el demandante carecía de derechos para iniciar el presente reclamo, finalmente fue condenada a abonarle un año de indemnizaciones por haberlo despedido durante el período de protección sindical, seis meses de salarios caídos, multas de los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 18 de la ley 22.250. Por ello, sostiene que no debió haber sido calificada como "ganadora" en un 62% del juicio, por el simple hecho de que el trabajador no pudo probar que se le debían horas suplementarias o que percibía sumas "en negro".
Argumenta que la empleadora nunca ofreció o se allanó a pagarle suma alguna, por lo que el trabajador no encontró otra alternativa más que interponer demanda judicial tendiente al reconocimiento de sus derechos. En este contexto, entiende que no puede aquella ser considerada como "vencedora" de la contienda.
En suma, postula que, a la vista del principio objetivo de la derrota, el tribunal no debió distribuir las costas del pleito del modo en que lo hizo.
II.2. Por otro lado, denuncia que el órgano de grado vulneró los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 730 del Código Civil y Comercial de la Nación y 19 y 21 de la ley 11.653.
En este orden, afirma que los honorarios de los profesionales intervinientes fijados en el fallo de origen en el monto de $242.704, resultan exorbitantes con relación al monto de condena, sin que el sentenciante haya procedido a efectuar el prorrateo pertinente, de conformidad con la limitación porcentual establecida en la normativa citada precedentemente.
Considera que la decisión de grado quebranta la doctrina legal sentada en el precedente L. 89.569, "Farías" (sent. de 15-VI-2011).
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. En primer lugar, corresponde señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -tal como refirió el tribunal de origen en el auto de concesión del remedio bajo examen; ver fs. 314/315- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), de modo que su tratamiento habrá de situarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 116.822, "Lozano", sent. de 6-V-2015; L. 118.753, "Márquez", sent. de 15-XI-2016; L. 118.456, "Martínez", sent. de 29-III-2017; e.o.).
III.2. Bajo tales premisas, el primer agravio traído por el recurrente debe ser desestimado.
En efecto, no se verifica la concurrencia de la hipótesis de excepción prevista en la citada norma del régimen procesal laboral, desde que el interesado omite denunciar en la parcela la eventual violación de doctrina legal relacionada con el tópico que impugna (v. punto III. del escrito recursivo), razón por la cual el recurso deviene en este aspecto inadmisible (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013; L. 117.832, "Campos", sent. de 2-XI-2016; e.o.).
Para más, y aun en una hipótesis más favorable al recurrente, corresponde memorar que esta Corte ha declarado que no se verifica la concurrencia de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653, si el planteo propuesto en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se vincula a la imposición y distribución de costas (causas L. 98.017, "Alegro", sent. de 31-VIII-2011 y L. 123.863, "Tana", resol. de 12-II-2020).
III.3. Considero, en cambio, que le asiste razón al recurrente cuando denuncia que el órgano judicial de grado se apartó -aun en el contexto definido por los matices propios del precedente cuya transgresión invoca- de la doctrina legal de esta Corte, vinculada al límite en la responsabilidad por el pago de las costas (con cita de los arts. 730, Cód. Civ. y Com. y 277, LCT -t.o. ley 24.432-).
III.3.a. A los efectos de abordar el tratamiento del presente agravio, habré de remitir a los términos de la adhesión que efectuara al votar en la causa L. 91.884, "Arzamendía Rolón" (sent. de 18-VIII-2010).
Lo expresado en dicha causa, entre otras, se encuentra en la misma línea de ideas ya volcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Abdurraman" (Fallos: 332:921) y "Villalba" (Fallos: 332:1276), ratificados en fallos dictados por el Alto Tribunal, en las causas "Canosa, Javier Eduardo c/ Canal del Este S.A. y otros s/ despido"; "Malynowyc, Ignacio Javier c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y otros s/ despido", sentencias de 6-VIII-2015 y en "Tarantino, María de los Ángeles c/ Refinería del Norte S.A. y otro s/ accidente acción civil", sentencia de 15-X-2015.
III.3.b. En el caso, corresponde señalar que, tras determinar la distribución de las costas del proceso, el sentenciante propuso regular los honorarios de los profesionales intervinientes en los límites establecidos por esta Corte en los precedentes L. 77.914, "Zúccoli" (sent. de 2-X-2002) y L. 77.859, "Acosta" (sent. de 27-VII-2005; v. fs. 309).
Sin embargo, más allá de la mencionada aclaración, de la liquidación obrante a fs. 311/312 y de los cálculos aportados por el interesado, es dable advertir que si bien el tribunal de grado fijó los emolumentos según la legislación arancelaria local -aspecto que no merece reproche-, en la estimación de los conceptos integrantes de la condena en costas, rebasó la limitación porcentual (25% del monto de la sentencia) establecida en el art. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.3.c. En tales condiciones, corresponde revocar el pronunciamiento de grado en esta parcela y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, teniendo en cuenta los lineamientos de la doctrina legal transgredida, dicte nuevo pronunciamiento observando los límites fijados por el legislador nacional, de modo tal que la responsabilidad de la recurrente por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de la condena.
IV. Por todo lo dicho, propongo hacer lugar parcialmente al recurso examinado y revocar la sentencia impugnada, con el alcance establecido en el punto III.3.c. del presente voto. Los autos deben remitirse al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Las costas se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr., y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo manifestado por la doctora Kogan en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. También comparto lo expuesto por la mencionada colega en el punto III.3. de su sufragio y la solución a la que finalmente arriba, en cuanto postula la modificación de lo decidido en la instancia de grado respecto de la imposición de las costas, en tanto se corresponde con la doctrina legal que emerge de, entre otras, la causa L. 77.914, "Zúccoli", sentencia de 2-X-2002 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
II. Por todo lo expuesto, considero que debe hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en los términos establecidos en el apartado final del voto que abre el acuerdo.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por la doctora Kogan en los puntos III.1. y III.2. de su voto, pero no comparto la decisión que finalmente propone en el capítulo III.3.
En mi opinión, no le asiste razón a la recurrente cuando denuncia que el órgano judicial de grado, al regular los honorarios de los profesionales intervinientes en los montos en que lo hizo, trasgredió la doctrina establecida, entre otras que cita, en la causa L. 77.914, "Zúccoli" (sent. de 2-X-2002).
Siempre he entendido que la doctrina que se desprende de dicho precedente (reiterada en otros pronunciamientos posteriores) indica que lo prescripto por los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, resulta no una restricción a la facultad de los jueces para aplicar las reglas locales sobre, por ejemplo, los honorarios que pudieran regularse, sino un límite a la responsabilidad del deudor (condenado en costas) a quien no puede serle exigido un pago que supere el porcentaje fijado por la ley. Es más: pueden hallarse precedentes donde se ha dicho que el art. 505 del Código Civil contiene una limitación respecto del alcance de la responsabilidad por las costas y no respecto de los honorarios profesionales que resulta un capítulo dentro de ese rubro (causas L. 117.427, "Caraballo", sent. de 20-V-2015; L. 111.176, "Gómez", sent. de 21-VIII-2013; e.o.).
Pues bien: si lo que se instruye con tal doctrina es que no hay una limitación a la regulación de honorarios según la ley local (o cualquier otro rubro que integre las costas), no ocurre la violación de estas normas si los miembros de un tribunal estiman regulaciones que superan aquel límite, como aduce la recurrente. En todo caso, tal trasgresión ocurrirá si luego se hace lugar a una ejecución por el total de los honorarios porque, según nuestro criterio, lo que se ha limitado es la responsabilidad del deudor que quedará eximido de responder cuando el total de lo que se le reclama por costas supere el 25% del monto definitivo del juicio.
En consecuencia, en tanto no se haga un reclamo por el pago total de las costas no habrá violación de esa doctrina legal ni razón para modificar el pronunciamiento.
II. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso prospera en forma parcial.
I.1.a. Surge de las constancias de la causa que tras declarar parcialmente procedente la demanda instaurada, el tribunal de origen resolvió que las costas debían ser distribuidas entre las partes del siguiente modo: 38% a cargo de la demandada y 62% del actor, conforme "la regla objetiva del vencimiento (art. 19 ley 11.653)".
Por su parte, estableció los honorarios de los profesionales intervinientes en la causa al amparo -sostuvo- de los límites establecidos por la doctrina legal de la Corte sentada en los precedentes "Zúccoli, Marcela A. c/ SUM S.A. s/ Daños y perjuicios" (L. 77.914, sent. de 2-X-2002; JA 2003 II, 260; DT 2002 B, 2352) y "Acosta, Victorino A. c/ Expreso Nueve de Julio S.A. s/ Daños y perjuicios y ley 24.028" (L. 77.859, sent. de 27-VII-2005).
En la liquidación practicada fueron volcados los guarismos indicados en la sentencia: los ítems de condena exclusivamente a cargo de la demandada; y de ambas partes (en la proporción antedicha) los estipendios de todos los profesionales intervinientes (fijados en la sentencia de mérito con cita de las leyes arancelarias respectivas), con más la tasa de justicia, que -vale recalcar- también fue motivo de intimación de pago a ambos litigantes.
I.1.b. Me he detenido en la descripción de las constancias de la causa, en cuanto su íntima vinculación con los agravios que porta el recurso.
I.1.c. Como es sabido, la distribución de costas es una típica cuestión de índole fáctica, privativa de los jueces de grado y -como tal- irrevisable en casación, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 51.571, "Russo", sent. de 26-X-1993; L. 80.398, "Ramírez", sent. de 31-III-2004; L. 89.901, "Cuevas", sent. de 6-II-2008; e.o.).
Es por ello que, en el restringido ámbito de revisión que provee el art. 55 de la ley 11.653, el cuestionamiento no puede tener cabida y debe ser rechazado (causas L. 89.437, "Oliveri", sent. de 12-IX-2007; L. 80.607, "Leiva", sent. de 3-IV-2008; L. 113.641, "Díaz", resol. de 1-VI-2011 y L. 115.242, "Bermani", resol. de 7-IX-2011).
I.1.d. Firme este aspecto de la decisión, me sumo a la propuesta de los colegas que me preceden en el orden de votación de admitir el segundo agravio traído.
El particular modo de resolver del tribunal impone, de modo prioritario, memorar algunos conceptos vinculados a la temática bajo análisis.
En el caso, el cuestionamiento versa sobre los gastos causídicos a cargo del accionante, merced a la desestimación parcial de la demanda (causa L. 121.256, "Juárez", sent. de 4-III-2020).
Y en ese orden, al margen de la distribución de las costas -extremo que se mantiene incólume- cabe resaltar que el actor, por su condición de trabajador, se encuentra amparado por el beneficio de gratuidad.
En repetidas ocasiones esta Corte ha señalado que la dispensa prevista en el art. 22 de la ley 11.653 opera de pleno derecho como una eximente de pago hasta que los trabajadores condenados en costas mejoren de fortuna (causas L. 101.820, "Palavecino", sent. de 29-VI-2011; L. 103.580, "Sánchez", sent. de 14-XII-2011; L. 106.998, "Fani de Berardo", sent. de 3-VII-2013; L. 116.740, "Vergara Escobar", sent. de 18-VI-2014; L. 120.523, "Acosta", sent. de 11-IV-2018; e.o.).
Es sabido también que el art. 8 de la ley 24.432 -aplicable en el ámbito provincial y receptado por el art. 730 del Código Civil y Comercial- establece una limitación respecto del alcance de la responsabilidad por las costas (sea que la demanda prospere o se rechace) y no sobre los honorarios profesionales que resulta un capítulo dentro de ese rubro, más no el único (causas L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011 y L. 105.296, "Rodriguez", sent. de 4-IV-2012).
La pauta rectora establecida en la disposición mencionada ha sido convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Latino, Sandra Marcela c/ Sancor Coop. de Seg. Ltda. y otros s/ daños y perjuicios", sentencia de 1-VII-2019 (Fallos: 342:1193) al pronunciarse sobre la validez del citado art. 730 del Código Civil y Comercial. En efecto, valiéndose del temperamento adoptado en los precedentes "Abdumarran" (Fallos: 332:921); "Brambilla" (Fallos: 332:1118) y "Villalba" (Fallos: 332:1276), recordó que la norma sustantiva tiene como propósito central la disminución del costo de los procesos judiciales (causa L. 121.702, "Conforti", sent. de 27-VII-2020).
En el caso, el tribunal de origen mensuró los gastos bajo un particular razonamiento, sin observar los lineamientos de las doctrinas antes mencionadas.
En consecuencia, corresponde rescindir este aspecto de la decisión y devolver la causa al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento con apego a los señalamientos aquí formulados.
II. Con el alcance indicado adhiero a la solución propuesta por la doctora Kogan de admitir parcialmente el recurso traído. Costas en el orden causado (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por la doctora Kogan en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. En lo relativo a la limitación de la responsabilidad por el pago de las costas, con la aclaración de que los honorarios fueron fijados con fundamento en la ley arancelaria vigente al momento de practicarse la regulación (esto es, el dec. ley 8.904/77 y la ley 14.967), considero que acierta el quejoso cuando denuncia que el judicante se apartó de lo que -en la materia- disponen los arts. 505 del Código Civil (que fuera receptado en idénticos términos en el art. 730 del actual ordenamiento de fondo) y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (modif. ley 24.432). Al respecto, comparto la propuesta decisoria de la doctora Kogan, para lo cual habré de remitirme -por razones de brevedad- a los fundamentos que he manifestado -entre otros- en las causas L. 89.569, "Farías" y L. 84.950, "Cadez", sentencias de 15-VI-2011; L. 97.549, "Marini", sentencia de 30-XI-2011 y L. 117.724, "Recalde", sentencia de 26-X-2016.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con los alcances establecidos por la doctora Kogan en el punto IV de su opinión.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.