Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122679
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.679, "Abrego, Rubén Darío contra Galeno ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la accionada, imponiendo las costas a la parte actora vencida (v. fs. 240/242).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5 de octubre de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró operada la cosa juzgada con relación a la pretensión deducida por el señor Rubén Darío Abrego contra Galeno ART S.A., en procura del cobro de las prestaciones de la ley 24.557 -y sus modificatorias-, vinculadas al accidente de trabajo acaecido el día 19 de mayo de 2012. Finalmente, impuso las costas a la accionante en su calidad de vencida, con el beneficio establecido en el art. 22 de la ley adjetiva laboral (v. fs. 240/242).
II. Frente a dicho pronunciamiento, esta última deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 11, 15 y 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 29 de la ley 11.653 y 188 a 194, 347, 363 y 364 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (v. presentación electrónica de fecha 5 de octubre de 2018).
II.1. En primer término, bajo la mentada invocación del absurdo en la interpretación de la prueba y el derecho aplicable, cuestiona que el tribunal de grado considerara a la sentencia dictada por el Juzgado Federal del Trabajo n° 73 como un hecho nuevo presente en la causa.
En sustento de su crítica, manifiesta que -contrariamente a su parte-, la aseguradora demandada tenía conocimiento de la existencia de ambos procesos desde el inicio de este último. Añade, que por tal razón su planteo resulta extemporáneo.
En apoyo de su tesis, alega que la doctrina de esta Corte ha establecido en cuanto a la admisibilidad de los hechos nuevos, que en aquellos casos en que constituyen circunstancias preexistentes a la traba de la litis, su incorporación posterior vulnera el principio de preclusión.
Reitera que, frente al desconocimiento del actor de la demanda entablada en el mencionado órgano laboral de Capital Federal, el accionado tenía la certeza de que "inexorablemente" se produciría su rechazo, ante la falta de comparecencia del trabajador a la pericia médica. Señala que no surge acreditación alguna que permita corroborar que se le hubieren cursado notificaciones al domicilio real del trabajador relacionadas al mencionado proceso judicial.
En ese orden, expone que este último únicamente suscribió una carta poder para un abogado de aquella matrícula, desconociendo por falta de comunicación entre ellos que, casi dos años después de su firma, el profesional sin anoticiarlo, había iniciado aquella acción.
Seguidamente, afirma que el juzgador de grado infringió lo normado en los arts. 29 de la ley 11.653 y 363 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, al vulnerar las oportunidades procesales para denunciar la existencia de este tipo de hechos.
En ese contexto, argumenta -respecto al primero-que, al momento de contestar el presente reclamo, la aseguradora demandada debió haber opuesto la excepción de litispendencia y, en ese caso, correspondía que la acción quedara radicada en el Juzgado Nacional del Trabajo en el cual tramitó la primera. A su vez, aduna que tampoco fue denunciado en la ocasión fijada en el mencionado art. 363 (es decir, dentro del plazo de cinco días después de notificado el auto de apertura a prueba), razón por la cual -explica- no concurría ningún supuesto previsto en las normas para admitir su inclusión al caso.
Por otro lado, señala que la copia del mencionado fallo fue incorporada por el accionante a estos autos diez meses después de que le fuera notificada. Relata que, en un primer momento, el tribunal provincial desestimó -por improcedente- la incorporación de esta documental presentada, ordenando su desglose y devolución al presentante. Refiere que el mentado proveído fue oportunamente notificado por nota y adquirió firmeza.
De tal manera, postula que posteriormente el a quo incurrió en un error al admitir la citada documentación (que anteriormente había excluido por extemporánea), recepcionándola en esta nueva oportunidad como un hecho nuevo y ordenando su traslado. Sostiene que, frente a ello, en su contestación manifestó la improcedencia de debatir su existencia en esa oportunidad, exposición que -aduce- fue desoída por el sentenciante de grado.
II.2. En segundo término, postula que al pronunciarse sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, el tribunal de trabajo incurrió en el vicio de absurdo.
Entiende que la única problemática a resolverse debió haber sido la existencia de dos procesos simultáneos. Insiste en que dicha circunstancia no aconteció por la falta de planteo de la excepción de litispendencia por parte de la demandada.
Desde esa perspectiva, asevera que en el caso de autos no correspondía aplicar los efectos de la cosa juzgada, puesto que la sentencia definitiva del juzgado federal jamás debió haber formado parte de este proceso con el alcance de un hecho nuevo.
Por otra parte, manifiesta que el juzgador de grado debió evaluar los roles asumidos por las partes durante la tramitación del pleito y explica que, de haber tenido conocimiento del anterior proceso, no tendría lógica para el trabajador iniciar dos demandas simultáneas y no asistir a las revisaciones médicas para perder el juicio de Capital Federal, mientras que sí lo hizo a la primera convocatoria formulada por el galeno en esta causa.
Comparativamente, aduce que se encuentra acreditado que la accionada siempre tuvo pleno y preciso conocimiento de la existencia de ambos litigios.
Por tal razón, manifiesta que para dar sustento y contenido al fallo, el tribunal de trabajo debió explicar las razones de su decisión que cronológicamente consistieron en: (i) descartar la incorporación al proceso de la copia de la sentencia, ordenando su desglose, (ii) luego, receptarla y (iii) determinar, finalmente, la cosa juzgada. Aduce que todo ello se encuentra en franca contradicción con lo anteriormente actuado y vulnera los principios de congruencia, preclusión, propiedad y debido proceso, pues constituye la admisión de actitudes especulativas de la demandada mediante el uso malicioso de las herramientas procesales disponibles.
II.3. Para el hipotético supuesto que se rechace el recurso deducido, peticiona se tenga en consideración una excepción al principio objetivo de la derrota a los fines de la imposición de las costas.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Con la finalidad de justificar mi respuesta afirmativa a la cuestión planteada, considero necesario -de modo liminar- reseñar los antecedentes que cobran especial relevancia en el caso.
El actor promovió demanda en los presentes autos contra Galeno ART S.A., procurando el cobro de las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo por el accidente laboral que protagonizó (v. fs. 14/48).
A su turno, la aseguradora demandada contestó la acción entablada, reconoció el contrato de afiliación con la empleadora del trabajador y opuso excepción de prescripción -alegando que a la fecha de la interposición de la demanda ya había transcurrido el plazo establecido en el art. 44 apartado 1 de la ley 24.557- y defensa de falta de legitimación pasiva -ante la falta de cumplimiento del trámite obligatorio ante las Comisiones Médicas- (v. fs. 64/106 vta.).
Al contestar el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653, la accionante peticionó el rechazo de las referidas defensas (v. fs. 115/118 vta.).
Trabada la litis, se abrieron a prueba las actuaciones (v. fs. 120 y vta.).
Posteriormente, se presentó la accionada mediante escrito electrónico -fechado el día 24 de octubre de 2016-, denunciando la existencia de una sentencia dictada en los autos "Abrego, Rubén Darío c/ Galeno ART S.A. s/ accidente de trabajo-ley especial", tramitados -según manifestó- ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n° 73 (expte. 58.537). Señaló que en esa causa se había rechazado el reclamo del accionante, por supuestas patologías idénticas a aquéllas invocadas en los presentes actuados. Sostuvo que, con la finalidad de que el tribunal de trabajo provincial no dictara pronunciamientos contradictorios, adjuntaba una copia del mencionado fallo (v. fs. 208 y vta.).
Por su parte, el órgano de mérito desestimó la incorporación de la documental acompañada por juzgarla improcedente, ordenó su desglose y oportuna devolución al interesado, mediante auto obrante a fs. 218.
Con posterioridad, la demandada presentó otro escrito, denunciando la existencia de un hecho nuevo que -conforme apuntó- guardaba atinencia con el objeto de la presente causa (con cita del art. 203 del Código Procesal Civil y Comercial). Manifestó que se trataba de la sentencia recaída en los autos tramitados ante el mencionado organismo nacional. Explicó que su dictado había sido posterior a la interposición de la demanda. Acompañó nuevamente una copia de la sentencia y solicitó que se hiciera lugar a la excepción de cosa juzgada, que trajo en la presentación de referencia (v. fs. 230/234 vta.).
En esta ocasión, el órgano de origen confirió traslado de dicha petición a la contraria (v. fs. 235 y vta.), el que fue contestado. Expuso la actora -en lo que aquí interesa- que dicho acontecimiento había sido alegado por segunda vez en el proceso, por lo que -a su criterio- no constituía un hecho nuevo. Sostuvo que -contrariamente a lo aquí sucedido- para admitirse tal encuadre, los mencionados hechos deben ocurrir o conocerse luego a la traba de la litis. Destacó -además- que resultaba relevante que aquella primera decisión del tribunal, con arreglo a la cual se dispuso el rechazo de la incorporación de la documental mencionada, había sido consentida por la demandada, de modo que -enfatizó- se encontraba firme (v. fs. 236/237 vta.).
Luego, el órgano de grado tuvo por evacuado el traslado conferido y juzgó que correspondía resolver la excepción de cosa juzgada opuesta por Galeno ART S.A. (v. fs. 238).
Al momento de dilucidar la cuestión sometida a análisis, el a quo evaluó los escritos constitutivos de la litis y -especialmente- lo denunciado por la aseguradora a fs. 230/233, vale decir, la excepción de cosa juzgada opuesta, con fundamento en que el mismo reclamo había sido resuelto en otra jurisdicción, así como el contenido del traslado de la actora (v. fs. 240).
Tras valorar las manifestaciones expuestas, el tribunal de grado juzgó -con cita de doctrina legal- que el principio de cosa juzgada residía "en la necesidad de que imperen el orden y la seguridad jurídica, poniendo fin a los litigios y evitando que los debates entre las partes se renueven indefinidamente". Sostuvo, también, que el mencionado instituto era materia de orden público, por lo que debía ser declarado -aún de oficio- por los jueces, incluso en la instancia extraordinaria, dada su jerarquía constitucional (v. fs. cit.). Concretamente, concluyó que resultaba improcedente reabrir el debate y acogió -por las motivaciones que expuso- la defensa introducida por la aseguradora (v. fs. 241).
III.2. Por razones metodológicas he de alterar el orden de los agravios traídos a los fines de su tratamiento.
III.2.a. Sabido es que examinar y ponderar las constancias de las actuaciones constituye una facultad privativa del tribunal de grado, salvo que el recurrente denuncie absurdo y demuestre cabalmente su configuración (causas L. 87.545, "G., A. O.", sent. de 27-III-2008; L. 104.679, "Chaparro", sent. de 10-VI-2015 y L. 121.164, "Cardozo", sent. de 17-XII-2019).
Para juzgar verificado dicho vicio se requiere la existencia de error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 110.253, "Diez", sent. de 11-VII-2012; L. 118.169, "Pucheta", sent. de 14-X-2015 y L. 116.628, "Coscarelli", sent. de 22-III-2016).
III.2.b. En el caso, no puedo sino concluir que el impugnante consigue acreditar que el pronunciamiento es portador del señalado déficit y, anticipo -también, a influjo de ello- la violación del principio de preclusión y la garantía del debido proceso.
En efecto, tal como apunta el interesado, el órgano interviniente se apartó abiertamente de las constancias objetivas de la causa.
Ello es evidente: en un primer momento -y sin abrir juicio aquí sobre el grado de acierto de esa decisión- desestimó -por improcedente- la documental aportada por la demandada, ordenando -incluso- su desglose y devolución al interesado. Sin embargo, a posteriori y en franca contradicción con lo resuelto, no sólo admitió su incorporación al proceso en una etapa posterior, sino que valiéndose de ella acogió la defensa de cosa juzgada y desestimó la acción promovida.
En razón de lo expuesto, es mi conclusión que la resolución resulta absurda, a la par que transgrede -de modo incontrastable- el principio de preclusión procesal (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC) y el debido proceso adjetivo (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8, Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; 15, Const. prov.), en tanto reabre el debate sobre un tema sobre el que ya se había emitido una decisión en la causa.
Recuérdese que esta Suprema Corte ha descalificado pronunciamientos en los cuales el tribunal de origen había conculcado el citado principio de preclusión al emitir el fallo en franca contradicción con otra decisión anterior firme, lo que -sostuvo- importaba trasgresión flagrante de la defensa en juicio y debido proceso (causas L. 98.435, "Pedroso", sent. de 16-IX-2009 y L. 102.098, "Llera", sent. de 16-II-2011). Y esto es lo que, insisto, precisamente acontece en el caso bajo juzgamiento.
III.2.c. Lo dicho hasta aquí resulta suficiente para hacer lugar al remedio extraordinario traído, casar la decisión impugnada y desestimar la presentación de fs. 230/234 vta., ordenado su desglose y devolución al interesado.
Los autos deberán remitirse al órgano de grado para que, con otra integración, continúe con el trámite de la causa según su estado.
III.3. En virtud de lo resuelto en el apartado anterior, no corresponde abordar los restantes cuestionamientos que porta la impugnación.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance establecido en el punto III.2.c. de la presente propuesta que elevo al Acuerdo.
Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
II.1.a. El 23 de octubre de 2014, el señor Rubén Darío Abrego promovió demanda contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (antes Mapfre Argentina ART S.A.), con motivo del accidente de trabajo que adujo haber padecido el 19 de mayo de 2012, en la Clínica Privada JJ Vaccarini S.R.L. de La Plata (v. fs. 48).
Al describir el infortunio, relató que mientras cumplía tareas habituales, procedió a colgar un suero en una cama de terapia intensiva utilizando una escalera para RCP. Explicó que al hacer el retroceso resbaló y pisó mal, situación que le provocó la ruptura del ligamento cruzado anterior, desgarro en el cuerno posterior del menisco interno y fractura tabecular asociada al traumatismo.
Adujo que Mapfre Argentina ART S.A. (hoy Galeno ART S.A.) le proporcionó "las prestaciones de la ley" (v. fs. 14 vta.) y que el 10 de enero de 2013 le otorgaron el alta médica por curación y con capacidad a determinar, después fijada en el orden del 6% del índice de la total obrera (v. fs. 16 vta.).
Fundó su reclamo en las leyes 24.557, 26.773 y en el decreto 1.694/09 (v. fs. 37 vta.).
II.1.b. Trabada la litis y en período probatorio, la demandada presentó un escrito en el que manifestó la existencia de otro expediente iniciado por la parte actora caratulado "Abrego, Rubén Darío c/Galeno ART S.A. s/ Accidente-Ley especial" (n° 58.537/14), en trámite por ante el Juzgado n° 73 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual el trabajador reclamó por las mismas supuestas patologías que en los presentes actuados.
En dicha presentación del 24 de octubre de 2016, denunció que en la causa mencionada se había dictado sentencia (acompañada en copias) en la que se rechazó la acción instaurada. Precisó que la manifestación se hacía a fin de evitar que el tribunal interviniente no se pronunciara nuevamente, en forma contradictoria (v. fs. 208).
II.1.c. El 19 de diciembre de 2016, la actuaria informó que dicho escrito -y otro también agregado- se había "traspapelado"; en tanto el 22 de diciembre de ese año, en lo que aquí interesa destacar, se resolvió -sin otro fundamento ni mediar traslado a la contraria- que la documentación acompañada por la demandada debía ser desglosada por improcedente, lo que así se concretó (v. fs. 281 y vta.).
II.1.d. El trámite continuó hasta que el 8 de mayo de 2018, cuando nuevamente la demandada presentó copia de la sentencia definitiva emitida en la causa precitada, del 21 de diciembre de 2015. En esa oportunidad solicitó la declaración de la cosa juzgada argumentando, ya bajo la denuncia de "hecho nuevo", que desconocer la virtualidad emergente del referido expediente y de la decisión de mérito allí recaída, generaba un verdadero escándalo o inseguridad jurídica (v. fs. 232 vta.).
Alegó quebrantamiento del más elemental principio de seguridad jurídica, defensa en juicio, debido proceso y del derecho de propiedad.
Citó el art. 203 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, fundó su petición en doctrina de autores y jurisprudencia.
II.1.e. El 9 de mayo de 2018, se suspendió la audiencia de vista de la causa y se confirió traslado a la contraparte de la presentación y documentación acompañada.
A su turno, la parte actora rehusó que el suceso denunciado por segunda vez constituya un "hecho nuevo" (sic., v. fs. 236). Impugnó la cita legal y señaló que, "trabada definitivamente la litis", no podían surgir ciertos acontecimientos desconocidos que alterasen el rumbo del proceso, pudiendo influir en el fallo, en mayor o menor medida, sin quebrantar el art. 29 de la ley 11.653.
Señaló que el expediente que tramitó en extraña jurisdicción fue iniciado el 7 de octubre de 2014 y reprochó que, por el conocimiento que tenía la demandada sobre la existencia del trámite, debió haberlo invocado oportunamente, pudiendo alegar litispendencia. Solicitó sanción por temeridad y malicia.
II.2. A su turno, el tribunal de origen admitió el planteo de la demandada.
En atención a los términos volcados en los escritos constitutivos de la litis y el contenido de la sentencia que fue acompañado, declaró la existencia de cosa juzgada.
Con cita de doctrina legal de esta Corte, señaló que el principio de autoridad de cosa juzgada reside en la necesidad de que imperen el orden y la seguridad jurídica, poniendo fin a los litigios y evitando qu
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