Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120182
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se revoca el pronunciamiento impugnado, en los términos y con los alcances establecidos en los puntos III.1.b. y III.2.b. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con nueva integración, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas se imponen por su orden, en razón de la naturaleza y el modo en que se resuelve la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.182, "B., C. M. contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y otro. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, de Lázzari, Pettigiani, Torres.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó el "recurso de reposición", los planteos de nulidad y suspensión de términos y el pedido de levantamiento de la medida cautelar presentados por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires con motivo de la resolución obrante a fs. 166/168 (v. fs. 605/606).
Se interpuso, por aquella, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 618/627), el que denegado por el órgano jurisdiccional de grado (v. fs. 632/633), haciendo lugar a la queja interpuesta (v. fs. 690/695 vta.) fue concedido por este Tribunal (v. fs. 703/704 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 746/749 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En las presentes actuaciones el señor C. M. B. (quien falleció durante el trámite de la causa) promovió acción sumarísima contra Provincia ART S.A. y San Cristóbal Seguro de Retiro S.A., pretendiendo el cobro en un pago único de la prestación por incapacidad permanente, parcial y definitiva, y oponiéndose así al sistema de renta periódica mediante el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 15 y 19 de la ley 24.557. También objetó allí la constitucionalidad del art. 16 del decreto reglamentario 1.694/09. A su vez, peticionó se ordene una medida cautelar contra las codemandadas (v. fs. 133/165).
I.2. En lo que interesa, el tribunal de trabajo entendió que "a la petición en análisis" correspondía darle curso de proceso sumarísimo conforme el art. 496 del Código Procesal Civil y Comercial, en virtud de ello, resolvió dar traslado de la demanda a Provincia ART S.A. por el término de cinco días.
Además, hizo lugar a la medida cautelar requerida. Sostuvo que la apariencia del derecho aparecía manifiesta con la documental allegada. En orden al recaudo del peligro en la demora, expresó que, si bien el trámite sumarísimo habría de impedir el transcurso de un extenso lapso de tiempo, se advertía que el capital originario que es abonado en forma de renta va disminuyendo en desmedro del trabajador. Con todo, ordenó a las accionadas -por el plazo que indicó- efectuar la transferencia del "saldo total" correspondiente al actor a una cuenta judicial a abrirse en la Sucursal Junín del Banco de la Provincia de Buenos Aires, bajo apercibimiento de aplicar astreintes (v. fs. 166/168 vta.).
I.3. A fs. 449/454 vta. se presentó en el litigio el letrado Juan Horacio Fay, quien manifestó ser abogado de Provincia ART S.A. y de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Sostuvo que el contrato de afiliación existente entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y Provincia ART S.A. fue rescindido por el decreto 3.858/07 ("Convenio de Rescisión del Contrato de Afiliación nº 46.864 y de Administración del Autoseguro entre la Provincia de Buenos Aires y Provincia ART. S.A."), siendo dicha rescisión retroactiva al 1 de enero del año 2007, fecha desde la cual la Provincia asume el carácter de autoasegurada. Explicó que a partir de la habilitación del autoseguro, la Provincia a través de la Fiscalía asumía la representación judicial en orden a litigios en los que intervenga la mencionada aseguradora por siniestros de trabajadores de la Provincia con fecha anterior al 1 de enero del 2007 y por contingencias previas. Afirmó entonces que se adjudicaba la representación de la aseguradora, pero que, además, el Estado provincial asumía en virtud del convenio de rescisión el total de la condena que hipotéticamente pudiese recaer en autos.
En dicha oportunidad interpuso "formal recurso de reposición" contra la resolución arriba descripta, toda vez que, a su entender, a tenor de lo regulado en el decreto ley 7.543/69 (t.o. 1987) y modificatorias de la ley 12.748, debió correrse traslado de la demanda al señor Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires en su despacho y por el término de treinta días. Bajo ese razonamiento, y agregando variados argumentos contrarios a la vía procesal blandida por el accionante, peticionó que se declare la nulidad de la notificación, se ordene una nueva, y hasta tanto, se suspendan los plazos procesales.
Por otro lado, persiguiendo la revocación de lo resuelto en orden a la medida cautelar solicitada y la aplicación de astreintes, destacó que la aseguradora de riesgos demandada cumplimentó el traspaso de capital ($120.203,95) a San Cristóbal Seguros de Retiro S.A., y efectuó pagos adicionales al actor (de aproximadamente $42.000), razón que explica que en todo caso es la mentada compañía de seguros de retiro quien debe cumplir con el traspaso de capital ordenado. Agregó, con distintas aseveraciones, que los recaudos propios de las medidas cautelares tampoco se verifican en el caso.
Finalmente, invocando el principio de eventualidad, efectuó una negativa de distintos hechos alegados por la parte actora, opuso una excepción de prescripción y ofreció prueba, ello, dejando a salvo la "precariedad" de la presentación por el exiguo plazo otorgado.
I.4. Por su parte, la demandante se presentó espontáneamente oponiéndose a los planteos esgrimidos por la contraria (v. fs. 456/463 vta.).
I.5. Con posterioridad, ante la denuncia pertinente (v. fs. 474/480, donde la parte actora también expuso otras consideraciones), entre otras disposiciones, el tribunal tuvo por acreditado el fallecimiento del señor C. M. B. y por presentada a la doctora Rolandi en representación -según se indicó- de la concubina supérstite -por sí y por sus dos hijos menores- y del único de los hijos mayor de edad del trabajador, según se manifestó. En esa ocasión, también se ordenó correr traslado de la demanda a San Cristóbal Compañía de Seguros de Retiro S.A. y dar vista al Asesor de Incapaces (v. fs. 481 y vta.). Con respecto a ello, este último tomó intervención a fs. 482 y la firma de seguros de retiro se presentó en autos a fs. 556/572 contestando la demanda (v. además proveído de fs. 581).
I.6. Finalmente, resulta relevante destacar que el tribunal rechazó el "recurso de reposición" y los planteos de nulidad y suspensión de términos presentados por la Fiscalía de Estado. Refiriéndose al art. 31 del decreto ley 7.543/69 (según ley 12.748), dijo que se desprendía a contrario sensu que no surgía de su enumeración taxativa el plazo a otorgarse en un juicio sumarísimo y que en consecuencia debía ser el de cinco días, tratándose aquel de un precepto de excepción.
Respecto de la medida cautelar resuelta, destacando que las demandadas no habían cumplido con lo ordenado a fs. 168, afirmó que debía efectivizarse el apercibimiento allí dispuesto y aplicar astreintes "hasta la fecha del efectivo pago". Sin más, dispuso a continuación el rechazo del pedido de levantamiento efectuado por la demandada (v. fs. 605/606).
En la misma resolución, desestimó el pedido de rebeldía formulado por la actora y tuvo a Provincia ART S.A. por presentada en el plazo legal.
II. La Fiscalía de Estado deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 618/627).
II.1. Sostiene que el pronunciamiento que rechaza la revocatoria carece de fundamento y peca de arbitrario.
Afirma que el art. 31 del decreto ley 7.543/69 resulta claro y no deja lugar a interpretaciones como la que efectuó el sentenciante de grado, ya que de su lectura resulta nítido que el plazo por el que debe darse traslado es de treinta días.
Tachando de arbitrario al pronunciamiento, indica que el tribunal si bien denegó la presentación, hizo caso omiso al pedido de suspensión de plazos procesales allí efectuado.
En apoyo de su tesitura, concluye su discurso con la cita de un precedente de este Tribunal.
II.2. Se agravia del rechazo al requerimiento de levantamiento de la medida cautelar ordenada en autos.
Expresa que el a quo desestimó el pedido sin siquiera analizar los argumentos expuestos en su oportunidad, pues no expuso fundamento alguno.
Y ello, subraya, a pesar de encontrarse acreditado que la aseguradora cumplió con sus obligaciones legales, ya que consta en el expediente que efectivizó el traspaso de capital a San Cristóbal Seguros de Retiro S.A. y realizó pagos adicionales al trabajador, con lo cual, eventualmente, es la mencionada compañía quien debería dar cumplimiento con lo dispuesto en la medida cuestionada. Lo expuesto, sostiene, justifica dejar sin efecto las astreintes aplicadas.
Agrega que no se encuentran acreditados los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la medida dispuesta.
De este modo, señala que la verosimilitud del derecho no se luce prima facie verificada, ya que es menester que previamente se determine la inconstitucionalidad de una ley nacional y ello solo procede para el caso concreto.
Dice que, a pesar de corresponder, no se hizo prestar a la parte actora caución juratoria en los términos del art. 22 de la ley 11.653.
Esgrime que no se comprueba el peligro en la demora, pues la naturaleza del presente proceso permite obtener un pronunciamiento a la brevedad. Destaca que no resulta evidente la urgencia de la medida y que el actor no invocó ni acreditó en qué consistiría el estado de necesidad insalvable tendiente a justificarla. Por otra parte, manifiesta que siendo la demandada la Provincia de Buenos Aires, la solvencia del posible condenado se encuentra garantizada.
Advierte que tratándose de una cuestión patrimonial el peligro o daño que la demora pudiere ocasionar quedará compensado con la aplicación de los pertinentes intereses. Apoyándose en doctrina autoral, indica que dicho riesgo en los procesos laborales está vinculado con conductas patronales que pueden hacer presuponer un estado de crisis o alteración de la empresa que no se verifica en el caso.
Asimismo, cuestiona la finalidad de inmovilizar una suma de dinero en una cuenta judicial a bajo interés, sin ningún tipo de fundamento de hecho o de derecho.
Por último, sostiene que la medida dictada importa un adelanto de jurisdicción porque se identifica plenamente con la pretensión esgrimida en la demanda como cuestión de fondo a decidir en la sentencia, por lo que -dice- no guarda la ponderación debida ni la prudencia del caso.
III. El recurso ha de prosperar.
III.1. Merece favorable recepción el liminar agravio que trae el interesado.
III.1.a. En primer lugar, he de señalar que lo argumentado por el recurrente en el medio de impugnación evidencia que subsiste el interés de que se acojan sus planteos.
En efecto, aun cuando se ha contestado la demanda en el plazo fijado por el tribunal al ordenar el traslado pertinente (v. fs. 168 y 605 vta.), dicha presentación ha sido diseñada -como bien se recalcó en dicha ocasión- en forma "precaria" y en el marco de aquella solicitud efectuada en el recurso de revocatoria rechazado por el a quo tendiente a que se ordene un nuevo traslado al despacho oficial del señor Fiscal de Estado por el plazo de treinta días y se acepte la representación por parte de la Provincia de Buenos Aires de la aseguradora de riesgos del trabajo demandada (v. lo expuesto a fs. 449/454 vta. con basamento en el dec. ley 7.543/69 y el dec. 3.858/07).
III.1.b. Los términos de la resolución impugnada dan cuenta de que el tribunal ha aceptado la intervención del Fisco provincial en representación de la aseguradora demandada según lo regulado en el decreto 3.858/07, criterio que luce concordante con el que surge de los pronunciamientos de esta Corte (causas L. 109.571, "Silva", sent. de 24-X-2012; L. 112.662, "Romero", sent. de 5-IV-2013 y L. 114.491, "Solda", sent. de 5-VI-2013).
En este marco, cabe considerar si la impugnación debe prosperar en cuanto denuncia violado el decreto ley 7.543/69 (y modif.), en sustancia, a partir de su art. 31 y la errónea lectura que se le atribuye al tribunal de la instancia.
Esta Corte ha resuelto que el plazo estipulado en la norma mencionada para contestar la demanda, resulta aplicable en los juicios en los que la representación procesal de Provincia ART S.A. sea ejercida por la Provincia de Buenos Aires a través de la Fiscalía de Estado en virtud de las previsiones contenidas en el decreto 3.858/07 (conf., además de las causas arriba citadas, L. 109.570, "Mendes Neto", sent. de 5-XII-2012 y L. 120.912, "F., M. O.", sent. de 26-IX-2018; e. o.).
Y frente a tan consolidadas directrices, los débiles argumentos esgrimidos por el tribunal no dan adecuado sustento a la solución que contiene el pronunciamiento en crisis, cuando en rigor, la fisonomía de la pretensión de autos tampoco justificaría la abreviación del proceso resuelta por aquel, sin perjuicio de que deba permanecer firme -a falta de impugnación en esta sede- la opinable solución a la que se arribó en la instancia al imprimirle a la presente las reglas del proceso sumarísimo, siendo que -además- no se ventila aquí una acción de amparo (hipótesis que conduciría al menos a atender lo dispuesto en la ley 13.928 y sus modificatorias).
Corresponde entonces casar el pronunciamiento de origen en cuanto es materia de agravio y ordenarse un nuevo traslado de la demanda entablada contra Provincia ART S.A. por el plazo de treinta días (arts. 155, Const. prov.; 31 y concs.; dec. ley 7.543/69 y modif.; dec. 3.858/07).
Definido lo anterior, es pertinente aclarar que el caso se diferencia de aquellos en los cuales el mismo tribunal que aquí intervino juzgó inaplicable el plazo del mentado art. 31 del decreto ley 7.543/69, pero ello, al conferir traslado de la expresión de agravios del trabajador con motivo de la "apelación" deducida contra lo resuelto por una de las Comisiones Médicas a tenor de lo reglado en el art. 30 del decreto nacional 717/96 (en este sentido, ver causas L. 121.029, "Romero"; L. 120.301, "Bruno" y L. 120.737, "Cardozo", sents. de 29-X-2020).
III.1.c. Para más, y aun cuando hipotéticamente no exhibiera el pronunciamiento el grave yerro apuntado, puede observarse que ningún argumento brindó el tribunal de la instancia en dicha oportunidad para fundar la denegación del pedido de "suspensión de términos procesales" también efectuado por la demandada, mostrando nuevamente la arbitrariedad de la decisión.
III.1.d. Por último, no resulta ocioso señalar que lo aquí resuelto no implica que se modifique la relación jurídico procesal entablada con Provincia ART S.A., a quien la Provincia de Buenos Aires, a través del señor Fiscal de Estado, representa judicialmente en los términos del decreto 3.858/07. Antes bien, la solución constituye una recta derivación de los preceptos invocados por la interesada.
III.2. Toca ahora analizar el cuestionamiento vinculado con la desestimación del pedido de levantamiento de la medida cautelar.
III.2.a. Como acertadamente lo expresa el impugnante, la decisión carece de toda fundamentación.
Al abordar la oposición planteada por la Fiscalía de Estado, el a quo se limitó a expresar que las accionadas no habían cumplido con lo ordenado en la medida cautelar resuelta en autos (v. fs. 168), por lo cual -dijo- debía hacerse efectivo el apercibimiento allí dispuesto y aplicarse astreintes (v. fs. 605 vta.). Sin embargo, y a pesar de que expresamente dispuso su rechazo (v. fs. 606), nada dijo respecto de los argumentos que la accionada trajo al proceso a los fines de fundamentar su petición orientada a lograr el levantamiento de la medida ordenada (v. fs. 452 vta./453 vta.).
Desprovisto entonces de una motivación que encuentre apoyo en los planteos sometidos a su consideración, lo resuelto por el tribunal de la instancia se encuentra teñido de arbitrariedad y obstaculiza el debido ejercicio de la competencia revisora de esta Corte, ameritando su revocación (causas L. 66.489, "Pedrozo", sent. de 22-IX-1998 y L. 109.287, "De Campos", sent. de 22-X-2014).
III.2.b. Luego, cabe también aquí acoger la impugnación y dejar sin efecto la decisión de grado en cuanto desestimó el pedido de levantamiento de la medida precautoria decretada a fs. 166/168 vta. y decidió aplicar astreintes al impugnante. Los autos deberán regresar al tribunal de origen, para que -nuevamente integrado- se pronuncie al respecto.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la resolución de fs. 166/168 vta., en los términos y con los alcances indicados precedentemente.
Atento la naturaleza y el modo en que se resuelve la impugnación, las costas se imponen por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Me sumo a la propuesta que formula el doctor Soria en atención a las particulares y específicas circunstancias del caso, distintas de aquellas ventiladas en el antecedente L. 112.487, "Miño" (sent. de 30-X-2013).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero a cuanto expone el doctor Soria en el punto III.1. de su voto, y -en tal sentido- corresponde hacer lugar a este aspecto del recurso.
Luego, aunque coincido con el distinguido colega en que el pronunciamiento carece por completo de motivación, soy de opinión de que, en razón de ello, corresponde utilizar la excepcional herramienta que tiene la Corte para resguardar el acatamiento de una de las garantías básicas de nuestro sistema constitucional, como es la de defensa en juicio y el debido proceso legal. Es decir: entiendo que debe decretarse, de oficio, la nulidad de esta parcela del resolutorio, ante la falta de observancia de las formas instituidas en procura de la correcta administración de justicia (arts. 10, 15, 169 y 171 de la Constitución provincial) lo que, en el caso, se traduce en la imposibilidad del ejercicio de la facultad revisora propia de este Tribunal (causas L. 99.248, "Rodriguez", sent. de 4-V-2011; L. 98.099, "Galvan", sent. de 13-VII-2011; L. 107.395, "Sueyro", sent. de 25-IV-2012 y L. 109.366, "Herrera", sent. de 13-XI-2013; e. o.).
La anulación que propugno acarrea con ella la caída de la imposición de astreintes a la demandada.
Los autos deberán volver a la instancia de origen para que, una vez debidamente integrado el tribunal, se resuelva la cuestión con cumplimiento de las exigencias legales pertinentes.
Con tal alcance, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se revoca el pronunciamiento impugnado, en los términos y con los alcances establecidos en los puntos III.1.b. y III.2.b. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con nueva integración, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas se imponen por su orden, en razón de la naturaleza y el modo en que se resuelve la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registra
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