Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121204
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.204, "Benítez, Carla Elizabeth contra Binbaires S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Pettigiani, de Lázzari, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 339/347 vta. y aclaratoria, fs. 368/371).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 379/388 y 389/414).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Ha sido bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 389/414?
En su caso:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 379/388?
En su caso:
3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del incoado a fs. 389/414?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo condenó a Binbaires S.A. a abonarle a la señora Carla Elizabeth Benítez la suma que indicó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral, a cuyo monto adicionó intereses a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia". En cambio, rechazó la acción en cuanto pretendía el cobro de la multa prevista en el art. 1 de la ley 25.323; la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y el resarcimiento por daño moral; como, asimismo, el planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora de los arts. 7 y 10 de la ley 23.828; 4 y 5 de la ley 25.561; 633 del Código Civil y 726 del Código Civil y Comercial (v. fs. 339/347 vta. y aclaratoria, fs. 368/371).
Contra la parte del pronunciamiento que rechazó la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el letrado de la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. copia, fs. 379/388, escrito presentado en soporte electrónico, con cargo de fecha 9 de mayo de 2017 a las 11:09:52 hs.), ampliándolo unos minutos más adelante en el tiempo (también en formato electrónico, según surge de la copia glosada a fs. 389/414, con cargo de fecha 9 de mayo de 2017 a las 11:12:50 hs.) respecto de la decisión sobre la tasa de interés que se adicionó al capital de condena.
A su turno, el sentenciante de mérito admitió ambos remedios extraordinarios articulados, según resolución obrante a fs. 417/418.
II. Esta decisión del tribunal de origen impone analizar si el último de los remedios interpuestos ha sido bien concedido.
En ese sentido, y tal como lo señalara en las causas Ac. 82.908, "Balda", resolución de 29-XII-2003; Ac. 104.039, "Jove", resolución de 2-IX-2009; L. 121.303, "Vargas", L. 121.376, "Aguirre" y L. 120.815, "López", resoluciones de 18-IV-2018, y sin desconocer criterios difundidos por la doctrina procesal, conforme a los cuales la preclusión opera al haberse ejercitado ya válidamente una vez la facultad de que se trate (conf. Chiovenda; "Instituciones de Derecho Procesal Civil", Tomo III, pág. 277. Palacio; "Derecho Procesal Civil", Tomo I, pág. 280), considero que las circunstancias del caso -analizadas a la luz de lo dispuesto en el art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- autorizan a considerar válidamente interpuesta la ampliación deducida en soporte electrónico y cuya copia se adunó a fs. 389/414.
III. Por lo expuesto, corresponde declarar bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contenido en la ampliación presentada a fs. 389/414.
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto la solución a la que arriba la colega ponente, si bien ello, a tenor de los argumentos que esgrimí -y a los que por celeridad envío- al sufragar en las causas L. 104.696, "Vilamani Vela" (sent. de 20-III-2013) y L. 120.815, "López" (resol. de 18-IV-2018), análogas en el punto presente.
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La decisión del tribunal de origen de fs. 417/418 impone analizar si el último de los remedios interpuestos ha sido bien concedido. En ese sentido, he de memorar que en oportunidad de expedirme en la causa L. 109.927, "Banegas", resolución de 10-IV-2013, adherí a las consideraciones efectuadas por quien fuera colega en este Tribunal, doctor Hitters (postura que he asumido en casos posteriores, v. causa L. 121.376, "Aguirre", resol. de 18-IV-2018; e.o.).
En aquella oportunidad, el distinguido ex integrante de esta Corte sostuvo, remitiendo a los principios establecidos en las causas Ac. 82.908, "Balda", resolución de 29-XII-2003 y Ac. 104.039, "Jove", resolución de 2-IX-2009 (principios a los que también adherí), en cuanto a la posible ampliación del embate, que constituiría un valladar insorteable, para integrar el recurso de inaplicabilidad de ley con la pieza presentada con posterioridad, la circunstancia de que el tribunal de trabajo ya se hubiera pronunciado respecto de la admisibilidad de la vía extraordinaria al tiempo de la presentación ampliatoria (conf. art. 281, CPCC), pues tal actividad del órgano importaba que las actuaciones ya habían sido impulsadas hacia otra etapa procesal, encontrándose clausurada la prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial. Y que, en tal contexto, resultaba irrelevante que no se hallara agotado el plazo previsto en el ritual para la presentación del recurso de inaplicabilidad de ley, pues el deber del tribunal de trabajo consiste en analizar la admisibilidad del embate una vez presentado (conf. art. 281, cit.), y no cuando se encuentre vencido el término para consumar tal cometido.
Señaló también, en aquellas ocasiones, a guisa de ejemplo, algunas consecuencias disvaliosas para el debido proceso que podrían derivar de admitirse la ampliación del recurso de inaplicabilidad de ley con posterioridad al pronunciamiento del a quo sobre la admisibilidad. A modo de ejemplo, mencionó hipotéticamente las siguientes:
I.1. Que se obligue a un tribunal a realizar tantos juicios de admisibilidad como escritos ampliatorios se presenten dentro del plazo previsto por el art. 279 del Código citado.
I.2. Que se deba dividir el análisis de la admisibilidad y el estudio de la procedencia en tantas partes como libelos recursivos se postulen dentro del plazo legal, posibilitando la declaración de admisibilidades o inadmisibilidades parciales de un ataque que debería ser efectuado en un solo escrito ("El escrito por el que se deduzca deberá contener, en términos claros y concretos, la mención de la ley o de la doctrina que se repute violada o aplicada erróneamente en la sentencia, indicando igualmente en qué consiste la violación o el error", conf. art. 279 inc. 2, CPCC).
I.3. A ello añadió que operan dos principios procesales aplicables a los recursos, el de formalidad y su paralelo de consumación, tratados -por ejemplo, citó- por el Código ritual italiano del año 1940 (arts. 358 y 387), donde expresamente se prohibía la ampliación posterior del recurso, aunque el plazo no estuviera vencido, criterio apoyado por la doctrina (Costa; " Manuale di diritto processuale " , Torino, 1980, pág. 433), y mantenido por las reformas de los años 1990 y 1991.
Se está hablando, agregó -en puridad técnica- de la preclusión que se opera a través de lo que los autores llaman consumación propiamente dicha, que se configura al haberse ejercitado ya válidamente la facultad de que se trata (Morello y otros; "Códigos Procesales...", Tomo I, pág. 624).
Y concluyó que debía quedar en claro que la postura expuesta sobre el particular no implicaba un exceso de rigor formal, sino la aplicación de los mencionados postulados procesales -preclusión y consumación-, que se erigían como clave de bóveda del enjuiciamiento sobre la base de la seguridad jurídica (Radbruch; "Los fines del derecho", México, pág. 106).
II. Finalmente, sostuvo que si bien en el precedente Ac. 82.908, citado, se expresó que la declaración de admisibilidad había sido anterior a la ampliación efectuada, ello lo fue a mayor abundamiento al detalle de aquel antecedente, pues la sola presentación del recurso por los fundamentos allí reiterados, impedía una ampliación posterior -aún en el plazo y antes de la declaración sobre la admisibilidad del recurso inicialmente deducido-.
Tal es el caso que se analiza, pues con la articulación de la medida revisora, cuya copia se agregó a fs. 379/388, quedó clausurada la etapa procesal regulada en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, no siendo viable la ampliación intentada en una pieza procesal presentada con posterioridad.
III. En razón de lo expresado, considero que corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuya copia obra a fs. 389/414.
Así lo voto.
El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la primera cuestión en el mismo sentido.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Comparto la solución a la que arriba la doctora Kogan, si bien ello a tenor de los argumentos que esgrimí -y a los que por celeridad envío- al sufragar en la causa L. 124.724, "Ibarra" (resol. de 8-VII-2020).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que aquí interesa por constituir materia de agravio, el tribunal de grado rechazó la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 339/354 vta. y aclaratoria, fs. 366/368 vta.).
Para así resolver, con sustento en lo informado por el perito a fs. 227, juzgó que la empleadora había dado cumplimiento al pago de los aportes y contribuciones de la seguridad social (v. vered., séptima cuestión, fs. 341 y sent., fs. 344). Con relación a los aportes de la seguridad social, agregó que la documental de fs. 160/162 no resultaba de entidad para dar por comprobada la conducta sancionada por la normativa, es decir que las sumas retenidas no hubieran sido ingresadas (v. sent., fs. 344).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que cita (v. fs. 379/388 vta.).
Afirma que la decisión del tribunal de rechazar la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el citado cuerpo legal, es producto de una absurda interpretación de la prueba.
Al respecto, refiere que no se encuentra controvertido que a la actora se le hubieran deducido los aportes personales destinados a jubilaciones, ley 19.032 (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –INSSJP-), obras sociales y acuerdo art. 25 Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina (ALEARA), en tanto los citados descuentos surgen de los recibos de haberes acompañados por la trabajadora y reconocidos por la empleadora demandada (v. fs. 380 y vta.).
Agrega que, mediante TCL 080177062 - CD 202 175 305 de fecha 17 de junio de 2011, cursó a su empleador la intimación prevista en el decreto 146/01, reproducida en la demanda y acompañada como prueba documental (v. fs. 379 vta./381).
Destaca que, en su contestación de demanda, Binbaires S.A. negó que no se hubieran ingresado a los organismos pertinentes los aportes jubilatorios y los correspondientes a la obra social y al sindicato retenidos a la actora -para luego- tratar de probar su efectivo ingreso a través de un peritaje contable, que se realizó sobre documentos no presentados en juicio ni de autenticidad comprobada. En este sentido, señala que la única prueba idónea para acreditar el ingreso efectivo y real de los aportes personales de la actora eran los informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -por los aportes destinados a los organismos de la seguridad social- y al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (ALEARA; v. fs. 382 y vta.).
Por último, sostiene que el tribunal de grado también interpretó absurdamente el documento de fs. 160/162 emitido por Binbaires S.A., en tanto del mismo surge en el período 11/08 la existencia de un pago parcial de las contribuciones de la seguridad social y en los meses 04/09, 05/09, 06/09 y 09/09, si bien consignó un "pago total" de los aportes retenidos a la actora para la seguridad social, a ello le añadió un asterisco en el que se explica que dichos importes están incluidos en un plan de facilidades de pago (v. fs. 383).
Para finalizar, denuncia que el pronunciamiento impugnado vulnerada la doctrina emergente del precedente L. 107.254, "Alveira Garcilazo", sentencia de 5-VI-2013 (v. fs. 383 vta./387).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Ante todo, es del caso destacar que ningún reparo relativo a su admisibilidad admite la impugnación bajo análisis, toda vez que el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos; el litigio -a los fines del recurso- resulta de "monto indeterminado" (art. 55, ley 11.653; causas L. 119.769, "Corbari", sent. de 29-VIII-2017 y L. 119.148, "Ferreira de Jesús", sent. de 20-XII-2017).
III.2. En este marco, asiste razón al recurrente en cuanto denuncia que al rechazar la procedencia de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el tribunal de grado interpretó absurdamente la prueba de autos, vulnerando el citado precepto y la doctrina legal de esta Corte.
III.2.a. En efecto, ha declarado en forma reiterada este Tribunal que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 107.254, "Alveira Garcilazo", sent. de 5-VI-2013, cuya doctrina se denuncia trasgredida en el recurso, v. fs. 383 vta./387; L. 110.591, "Arguello", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.623,"Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
Asimismo, ha precisado este Tribunal que para la procedencia de dicha sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, cit.).
III.2.b. En el caso, resultó acreditado -en conclusión que arriba firme a esta instancia-, que entre la actora y Binbaires S.A. existió un vínculo laboral subordinado, desempeñándose la primera como vendedora calificada (v. vered. pto. 1, fs. 339 vta.). Asimismo, se encuentra incontrovertido que Binbaires S.A. efectuó a la trabajadora los descuentos individualizados con las siglas "aporte jubilación (SIJP), aporte ley 19.032 (INSSJP), aporte obra social y acuerdo art. 25 CCT ALEARA" que surgen acreditados con los recibos de sueldo agregados tanto por la accionante (v. fs. 3/19) como por la demandada (v. fs. 117/153).
Luego, del certificado de trabajo acompañado a fs. 160/161 por la demandada, surge -tal como lo destaca la recurrente- que, en los meses de abril, mayo, junio y septiembre de 2009, el empleador retuvo los aportes y contribuciones de la seguridad social, y que el pago de los mismos se encuentra en "período en regularización - Incluido en plan de facilidades de pago". Asimismo, para el período del mes de noviembre 2008 se consignó un "pago parcial" a las contribuciones de la seguridad social.
A su turno, en la pericia contable el experto señaló que Binbaires S.A. dio cumplimiento al pago de los aportes y contribuciones de la seguridad social (v. fs. 226 vta. y 227).
En este contexto, el juzgador de grado rechazó el rubro en cuestión señalando, por un lado, que de lo informado por el perito contador a fs. 227, surgía que la empleadora había dado cumplimiento al pago de los aportes y contribuciones de la seguridad social (v. vered., séptima cuestión, fs. 341 y sent., fs. 344) y, por el otro, que la documentación de fs. 160/161 no resultaba "...de entidad para dar por comprobada la conducta punida por la normativa, es decir que las sumas retenidas no fueron ingresadas" (fs. 344).
III.2.c. Lo expuesto permite concluir que -como anticipé- el tribunal de grado interpretó absurdamente la prueba de autos, ya que la afirmación del perito contador no encuentra respaldo en documentación alguna incorporada a la causa y -fundamentalmente- se contradice con lo expresado por la propia empleadora en carácter de declaración jurada al confeccionar el certificado de trabajo obrante a fs. 160/162. Ello por cuanto, al momento de la extinción del vínculo (y aún con posterioridad, según da cuenta el certificado de trabajo confeccionado en fecha 15 de junio de 2011), el empleador no había depositado ante el organismo pertinente los aportes que había retenido del salario de la actora y que se encontraban incluidos -según su propia declaración- en un plan de facilidades de pago.
Consecuentemente, más allá de lo que pudiera opinarse sobre la virtualidad del acogimiento a una moratoria para enervar la procedencia de la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, lo relevante es que -como se desprende del certificado de trabajo acompañado por la propia empleadora- la demandada no ha ofrecido ni producido prueba alguna que permita comprobar que las concretas obligaciones de ingresar los aportes y contribuciones de la seguridad social que efectivamente retuvo a la actora hayan sido satisfechas o incluidas en acuerdo alguno, al punto tal que tampoco demostró haber pagado las cuotas del plan de pagos al que presuntamente se habría sometido.
III.2.d. A ello cabe agregar que la conclusión del tribunal afincada en la falta de entidad de lo informado por la propia empleadora a fs. 160/162, para dar por comprobada la conducta punida por la normativa, no reconoce sustento en el texto de la ley.
Por el contrario, en el marco de las normas antievasión en que fue dictada la ley 25.345, que incorporó el art. 132 bis al texto de la Ley de Contrato de Trabajo, la faena hermenéutica no puede concebirse con un criterio interpretativo restrictivo en beneficio del evasor, pues ello contraría la finalidad de la ley, cual es erradicar el incumplimiento al régimen de aportes y contribuciones a la seguridad social.
III.3. En definitiva, habiéndose demostrado el absurdo imputado al tribunal de grado y encontrándose acreditados los presupuestos que tornan viable la sanción conminatoria prevista en
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.