Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120548
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.548, "Lanzillotta, Cynthia Alcira contra Provincia ART S.A. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida contra la Provincia de Buenos Aires, imponiéndole las costas por resultar vencida (v. fs. 332/348).
Se interpuso, por parte de la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 374/384).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo in itinere sufrido el día 25 de abril de 2013, Cynthia Alcira Lanzillota padece cervicobraquialgia post traumática, fractura C5, extrusión discal C4-C5, discopatía más protusión C5-C6 / C6-C7 y reacción vivencial anormal neurótica con manifestación depresiva. Todo ello le provoca una incapacidad laboral permanente parcial del 55,4% del índice de la total obrera (v. vered., segunda cuestión, fs. 333 in fine /334 vta.).
En lo que resulta especialmente relevante, el a quo condenó a la Provincia de Buenos Aires -autoasegurada- al pago de las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente parcial, calculadas según las pautas establecidas por el art. 2 de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 1/16, como así también a abonar la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773.
Puesto a determinar el importe del resarcimiento, señaló que el art. 2 del decreto 472/14 establece que "Los damnificados con Incapacidad Laboral Permanente superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%) percibirán una prestación de pago único calculada según la fórmula del artículo 14, apartado 2, inciso a) de la ley 24.557 que no podrá ser inferior al piso indemnizatorio instituido por el decreto 1.694 de fecha 5 de noviembre de 2009, este último con el ajuste previsto en el art. 8º de la ley que reglamenta" (fs. 340 vta.). Siguiendo tales directrices, cuantificó inicialmente la prestación dineraria en la suma de $142.653,84 -53 x $2.765,58 (valor mensual del ingreso base) x 55,4% (porcentaje de incapacidad) x 65/37-, para luego ajustar dicho importe por aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), fijando el quantum de la referida prestación en $277.493,68 (v. fs. 340 vta./341 vta.).
Empero, advirtió que el art. 2 de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16 estipula que "para el período comprendido entre el 1/3/2016 y el 31/8/2016 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del art. 14, inciso 2, apartados a) y b) de la ley 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar pesos novecientos cuarenta y tres mil ciento diecinueve ($943.119) por el porcentaje de incapacidad", por lo que estableció el resarcimiento en un valor de $522.487,92 (v. fs. 341 vta.).
En tales condiciones, y toda vez que la suma inicialmente determinada de $277.493,68 no superaba el piso mínimo que impone la ley 26.773 (resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16), juzgó que en el caso correspondía tomar el importe $522.487,92 (v. últ. fs. cit.).
Seguidamente declaró la inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14 por considerar que el índice RIPTE debe aplicarse a todos los importes por incapacidad laboral permanente contemplados en las normas que integran el régimen especial de reparación, es decir, tanto a las fórmulas sistémicas (arts. 14 y 15 de la ley 24.557) como a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único (art. 11, LRT; v. fs. 341 vta./344 vta.).
Asimismo, y como el porcentaje de incapacidad de la actora superaba el 50%, el juzgador declaró procedente el reclamo por el cobro de la prestación complementaria de pago único contemplada en el art. 11 apartado 4 inc. "a" de la ley 24.557, la que a la fecha del dictado de la sentencia ascendía a $419.164 (conf. art. 1 de la citada resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16; v. fs. 345).
También juzgó el tribunal que la actora resultaba acreedora de la compensación adicional que prevé el art. 3 de la ley 26.773, a la que cuantificó en $188.330,38 ($941.651,92 -proveniente de sumar los importes de $522.487,92 y $419.164 previamente establecidos- x 20%; v. fs. 345).
Con todo, arribó a un importe total de $1.129.982,30 ($522.487,92 + $419.164 + $188.330,38; v. fs. 345 vta. in fine y 346).
Finalmente, dispuso que al monto de condena resultante se le apliquen intereses -desde la fecha del infortunio (25 de abril de 2013) y hasta su efectivo pago- a la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a 30 días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 346).
II. Contra dicho pronunciamiento el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 3, 8 y 9 de la ley 26.773 y leyes 23.928 y 25.561; arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 de la ley 11.653; decretos 659/96 y 472/14; la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, cuestiona que el tribunal de grado decidiera la contienda sin aplicar al caso las disposiciones del decreto 659/96 (vigente a la fecha del evento dañoso sufrido por la actora) en cuanto establece que, en relación a la evaluación de las minusvalías en el supuesto de lesiones múltiples producidas por un único accidente, se debe emplear el criterio de la capacidad restante.
Refiere que en la especie se tuvo por comprobado que la señora Lanzillota padece un 35,4% de incapacidad física y un 20% de afección psicológica, por lo que, de acuerdo al mencionado criterio, no debió el a quo efectuar una sumatoria de las mismas (que totalizan un 55,4%), sino que -argumenta- correspondía tomar como base a la mayor de ellas, para luego, estimar la menor teniendo en consideración el porcentaje residual, arribándose así a un resultado del 48,32%.
Por consiguiente, continúa, no pudo tener favorable recepción la condena vinculada al otorgamiento de la compensación adicional de pago único del art. 11 apartado 4 inc. "a" de la ley 24.557, toda vez que la incapacidad es inferior al 50% y queda subsumida en el supuesto comprendido por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de dicha ley.
II.2. Por otra parte, controvierte la actualización de los montos de condena por el índice RIPTE.
II.2.a. De un lado, alega que de la correcta interpretación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, surge que no corresponde aplicar dicho mecanismo de ajuste -tal como hubo de resolverlo el tribunal a quo - como un índice por el cual se multiplica el capital obtenido (v. rec., fs. 378).
En este orden de ideas, indica que todas las resoluciones emitidas por la Secretaría de Seguridad Social (núms. 34/13, 3/14, 22/14, 6/15, 28/15 y 1/16) han actualizado los valores de las compensaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos establecidos por el decreto 1.694/09, habiendo sido inclusive mantenido dicho criterio por el decreto 472/14 al reglamentar los arts. 8 y 17 de la ley 26.773.
II.2.b. Del otro, refiere que también es errónea la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16.
Sostiene, en lo esencial, que las prestaciones dinerarias deben ser actualizadas conforme la normativa vigente a la fecha en que ocurrió el evento que generó la incapacidad de la trabajadora (en el caso, el día 25 de abril de 2013) y no, como fuera determinado en autos, por aquella que rige al momento del dictado de la sentencia.
II.2.c. En suma, expone, debe modificarse el fallo de grado y aplicar el índice RIPTE de la siguiente manera: i) en primer lugar, comparando la suma resultante de utilizar la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (53 x $2.765,58 x 48,32% x 65/37), que asciende a $123.123,62, con la resultante de multiplicar el porcentaje de incapacidad (48,32%) por $416.943, que es el piso indemnizable que prevé la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 34/13, la que totaliza $201.466,85; ii) luego, como en el caso concreto el monto de la fórmula polinómica es inferior al piso mínimo, debe tomarse este último y, sobre tal importe, adicionarse los interese desde el momento en que ocurrió el accidente de trabajo y hasta la fecha de efectivo pago.
II.3. Se agravia también de la definición del tribunal de trabajo que declaró la inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14.
Alega que dicho reglamento no hizo más que cumplir con el mandato contenido en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773. Por ende, y según los términos que definen el contenido de dicha normativa, sólo corresponde actualizar por el índice RIPTE las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 de la ley 24.557 y los valores mínimos establecidos por el decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 y 15 de la misma ley.
II.4. Critica la condena al pago de la compensación adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773 por considerar que el supuesto al que dicho precepto condiciona su aplicación no se verifica en el caso de accidentes in itinere .
II.5. Finalmente, impugna la tasa de interés según la cual se ordenaron liquidar los accesorios de carácter moratorio en la instancia ordinaria.
Aduce que la tasa de interés propuesta por el juzgador (pasiva "digital") vulnera la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana -entre otras- de las causas C. 101.774, "Ponce" (sent. de 21-X-2009) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013).
III. El recurso admite una procedencia parcial.
III.1. Ingresando en el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, anticipo que no puede tener favorable recepción el agravio por el que se objeta el porcentaje de incapacidad establecido en la sentencia de grado.
Las argumentaciones formuladas por el recurrente (por las que intenta poner de manifiesto que el tribunal de trabajo incurrió en una expresa violación de la ley al no aplicar al caso las disposiciones del decreto 659/96, vigente al momento de ocurrir el infortunio; v. rec., fs. 376/377) reflejan el fruto de una reflexión tardía, en tanto se sustentan en conceptos novedosos, cuya extemporánea articulación en esta instancia casatoria obsta al ejercicio de la función revisora de esta Corte, por no haber sido las mismas sometidas -frente al concreto planteo llevado a cabo por la actora en su escrito de inicio (v. fs. 15/23 vta.)- oportunamente a consideración de los jueces de la causa. Ni al contestar la demanda (v. fs. 102/116), ni durante la sustanciación del proceso (v. reiteradas impugnaciones a los peritajes médico y psicológico de fs. 218/219, 242 y vta., 252, 285 y vta., 291 y vta., 303 y vta. y 323), hubo de formularse consideración alguna en los términos que ahora se esgrimen ante esta sede extraordinaria.
En ese sentido, tiene dicho este Tribunal que los argumentos novedosos introducidos por primera vez ante la instancia extraordinaria resultan improcedentes para habilitar la vía recursiva a los fines de efectuar una impugnación idónea (causas L. 95.379, "Mendía", sent. de 2-VII-2010; L. 102.780, "Caime", sent. de 21-XII-2011 y L. 106.724, "Videla", sent. de 14-III-2012).
III.2. Lo precedentemente manifestado implica la confirmación del fallo de grado en cuanto tuvo por acreditada una incapacidad de la actora del 55,4% del índice de la total obrera, por lo que debe rechazarse el reproche que esgrime el compareciente al censurar la condena al pago de la compensación adicional del art. 11 apartado 4 inc. "a" de la ley 24.557 (v. rec., fs. 377).
III.3.a. En cuanto a la crítica focalizada en la aplicación del RIPTE previsto en la ley 26.773 a las prestaciones dinerarias objeto de condena, cabe inicialmente señalar que resulta errada la afirmación del recurrente por la que sostiene que el tribunal de trabajo utilizó dicho mecanismo de ajuste como un índice al que multiplicó por el capital obtenido (v. rec., fs. 378).
Ello no es lo que aconteció en autos.
Una atenta lectura del pronunciamiento permite detectar que dicho órgano jurisdiccional no resolvió la contienda en esos términos, sino que cuantificó (aunque erróneamente, conforme más adelante lo explicaré) las prestaciones dinerarias por conducto de juzgar aplicable al caso la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16.
En efecto, conforme se expuso líneas arriba, teniendo en cuenta el porcentaje de incapacidad acreditado en el veredicto (55,4%), el a quo fijó inicialmente el importe de la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 en la suma de $522.487. Arribó a ese valor aplicando las pautas del art. 2 de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16, en cuanto establece que dicha prestación no podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar pesos novecientos cuarenta y tres mil ciento diecinueve ($943.119) por el porcentaje de incapacidad (v. fs. 341 vta.).
Asimismo, y como el porcentaje de incapacidad de la actora superaba el 50%, declaró procedente el reclamo por el cobro de la prestación complementaria de pago único contemplada en el art. 11 apartado 4 inc. "a" de la ley 24.557, la que a la fecha del dictado de la sentencia ascendía a $419.164 (conf. art. 1 de la citada resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16; v. fs. 345).
Finalmente calculó la indemnización adicional del art. 3 de la ley 26.773, aplicando el porcentual del 20% sobre el monto resultante de la sumatoria de ambas prestaciones (v. fs. 345/346).
Por ende, y dado el notorio apartamiento que exhibe la impugnación respecto de lo analizado y resuelto en la causa, este tramo de la impugnación deviene manifiestamente improponible.
III.3.b. Llegados a este punto, es preciso aclarar -dada la forma en que el tribunal de origen decidió esta parcela de la controversia- que, en rigor, resultaba innecesario que dicho órgano jurisdiccional se expidiera sobre la constitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14 (v. fs. 343/344 vta.), por lo que cabe dejar sin efecto su descalificación.
III.3.c. Establecido lo que antecede, cabe ahora analizar el embate orientado a cuestionar el modo en que el tribunal cuantificó las prestaciones dinerarias (esto es, al juzgar aplicable al caso la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16).
Cabe recordar que esta Suprema Corte en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017) precisó los conceptos que están sujetos a la aplicación del índice previsto por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, señalándose en dicha oportunidad -en la que hube de acompañar el sufragio del doctor Pettigiani- que a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, alcanza a los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la ley 24.557, las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4 de la misma ley y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6 de la ley 26.773; resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-, decreto 472/14).
Luego, los argumentos por los que se objeta la aplicación al caso de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16 resultan procedentes.
Y ello es así, porque en virtud de que la resolución 34/13 de dicho organismo fija el valor de las prestaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos para el período comprendido entre el 1 de marzo de 2013 y el 31 de agosto de 2013 inclusive (conf. arts. 2 y 4 inc. "b"), y teniendo en cuenta que el infortunio ocurrió el día 25 de abril de 2013 (v. vered., segunda cuestión, fs. 331 in fine y vta.), le asiste razón al recurrente en cuanto postula que el tribunal de trabajo debió aplicar aquel reglamento, debiendo revocarse el fallo de grado en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa normativa, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena.
III.4. También prospera la impugnación vinculada al pago de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la mencionada ley 26.773.
Sobre el punto, considero suficiente -para brindar favorable respuesta al agravio- remitirme a la parte pertinente del voto emitido por el doctor Soria al sufragar en la causa L. 119.002, "Carabajal", sentencia de 25-IV-2018, en la que también se pronunció sobre la inaplicabilidad de la mentada norma en los casos de accidente in itinere .
Sostuvo allí mi distinguido colega que dentro del esquema delineado por la ley 26.773 (concretamente, atendiendo a la opción que su artículo cuarto consagra en favor del damnificado), la norma examinada, al adicionarles a las indemnizaciones sistémicas un monto equivalente al veinte por ciento, evidencia el propósito de restringir o eliminar las diferencias habidas -en cuanto a sus valores- entre dichas reparaciones y las fundadas en el derecho común. Siendo ello así, la finalidad de la disposición legal, la intención de estimular la promoción de las acciones que persiguen los resarcimientos previstos en el régimen especial por sobre las que puedan entablarse al amparo de la ley civil, posibilita interpretar que el accidente in itinere no se encuentra alcanzado por la norma. La razón emerge manifiesta: es sabido que en estos casos devienen improcedentes los reclamos que pretenden encontrar sustento en una supuesta responsabilidad civil del empleador (cfr., si bien en el contexto de la ley 24.028, causas L. 83.880, "Monesiglio", sent. de 4-X-2006 y L. 102.450, "Gómez", sent. de 10-III-2011).
También señaló que tal solución se ajusta al criterio adoptado por la Corte federal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 5°, segundo párrafo).
En tales condiciones, debe casarse lo decidido por el a quo en cuanto condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su condición de empleadora autoasegurada- a pagar la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773, pues no se verifican en ese caso los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación.
III.5. Por último, entiendo que el agravio referido a la aplicación de la tasa de interés (pasiva digital) fijada por el tribunal de grado sobre los rubros de condena debe ser desestimado a la luz de la actual doctrina legal de esta Corte -aunque, como habré de señalar luego, no haya contribuido a su conformación-. Ello, a pesar de que, a la época del dictado de la sentencia recurrida, e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Sin perjuicio de las razones que definieron el contenido de mis votos en las causas L. 119.347, "Bernardi", sentencia de 14-VIII-2019; L. 120.709, "Colaneri" y L. 119.593, "Gaveglio", sentencias de 11-III-2020 (donde sostuve que cuando se auto
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